CSDJ - F11001010200020150158800ADJUNTA20150702105423-2015

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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Bogotá, D. C., 26 de junio de 2015 Aprobado según Acta No. 050 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 110010102000201501588 00 Referencia Conflicto de Jurisdicciones.

Colisionantes: Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá - Sección

Segunda. Tema Demanda Ejecutiva Laboral instaurada a través de apoderado judicial por la señora Fanny García Bernal contra La Nación - Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Bogotá y Fiduciaria la Previsora S.A. Decisión Asignar el conocimiento al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá. ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión de la demanda ejecutiva laboral presentada a través de apoderado judicial, por la señora Fanny García Bernal contra

LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE

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M.P. DR. ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicado No. 110010102000201501588 00

Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DE BOGOTÁ y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL La señora Fanny García Bernal, mediante apoderado judicial, presentó el 23 de julio de 2013, Demanda Ejecutiva Laboral contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, con el fin de obtener el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas mediante la Resolución N° 5332 del 26 de octubre de 2010, las cuales solo fueron canceladas el 1 de septiembre de 2011. PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES COLISIONANTES La demanda incoada le correspondió por reparto al JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, despacho que mediante auto del 16 de enero de 2015, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá (Reparto), bajo las

siguientes consideraciones: “En esta jurisdicción se tiene por establecido mediante precedente jurisprudencial que las sanciones moratorias no operan en forma automática, pues en ellas se debe apreciar la mala fe con que el empleador haya incurrido en la mora. Así, no puede por la vía ejecutiva presumirse la mala fe y proferir mandamiento de pago a razón de un día de salario por cada día de retardo; en esa perspectiva, no puede hablarse de la totalidad de los elementos del título ejecutivo. (…) Así, esa buena o mala fe debe analizarse en un proceso declarativo; y en el caso bajo estudio, ese declarativo no es competencia del juez ordinario laboral sino de la jurisdicción contencioso administrativa.”

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Señaló además que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer todo lo relacionado con los conflictos laborales y de seguridad social en los que medie una relación legal y reglamentaria; y la Jurisdicción Ordinaria Laboral, de los conflictos entre la administración y sus trabajadores oficiales, vinculados mediante contrato de trabajo.

Arribadas las diligencias al JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA, mediante proveído del 30 de

abril de 2015, declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso. Sustentó su decisión en el pronunciamiento de esta Superioridad proferido el 3 de diciembre de 2014, dentro del radicado Nº 2014-02162 00, en el que al resolver un conflicto de jurisdicciones entre un Juzgado Administrativo y un Juzgado Laboral del Circuito, por cuenta de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con la cual se buscaba el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías, se resolvió asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Señaló esa Agencia Judicial que revisada la demanda se advertía la existencia de un título ejecutivo complejo que reúne las condiciones para ser cobrado por la vía ejecutiva en la jurisdicción ordinaria laboral cuya competencia está prevista en el numeral 5° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001, por tanto no le correspondía a esa jurisdicción declarar su viabilidad o reconocimiento a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, teniendo en cuenta que, en este caso la fuente de la obligación es la ley, por cuanto prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

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Radicado No. 110010102000201501588 00

Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Por lo anterior, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó la remisión de las diligencias a esta Colegiatura, para dirimirlo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia.- De conformidad con el numeral 6 del artículo 256 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional”. En consecuencia, esta Sala tiene competencia para conocer y decidir respecto del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión de la demanda ejecutiva laboral, presentada a través de apoderado judicial, por la señora Fanny García Bernal contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DE BOGOTÁ y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más

funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo o por considerar que no les corresponde, evento en el cual será negativo y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a)

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo y c) Que el proceso se halle en trámite.

Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará la Sala a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la competencia de la demanda a uno de los funcionarios judiciales. Del asunto a resolver. Se discute el conocimiento en este asunto de la demanda ejecutiva laboral promovida a través de apoderado judicial por la señora Fanny García Bernal contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., con el fin de obtener el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago

tardío de las cesantías parciales reconocidas mediante la Resolución N° 5332 del 26 de octubre de 2010, las cuales solo fueron canceladas el 1 de septiembre de 2011.

Solución del mismo: Ahora bien, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos jueces y tribunales del Territorio Nacional, ya que los términos jurisdicción y competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria, de lo contencioso administrativo, penal y penal militar, eclesiástica, etc., siendo apenas lógico entonces que si el funcionario carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carezca de competencia.

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M.P. DR. ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicado No. 110010102000201501588 00

Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES En todo caso, como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por el Legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el

conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un juez unipersonal o colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que el Legislador ha señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del juez natural llamado por la ley a conocer de determinado litigio. Es así, de acuerdo con dichas reglas, la competencia generalmente se determina por ciertos factores, como el objetivo, delimitado por la naturaleza del asunto y la cuantía; el subjetivo, referido a la calidad de las partes que intervienen en el litigio; el funcional, relativo a la instancia; el territorial, respecto al domicilio de las partes y el de conexión o fuero de atracción, en virtud del cual un solo juez puede decidir distintas pretensiones acumuladas que por su naturaleza u otros factores que le correspondería conocer a jueces distintos. Ha de indicarse en concreto, que lo que se pretende es el pago de la indemnización moratoria la cual es reconocida de forma taxativa por la Ley, sin que sea necesario de manera alguna entrar a debatir si se tiene o no el derecho a la misma, mediante el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho, toda vez que el debate no radica en el derecho a ser reconocida la indemnización por pago tardío de las cesantías ya que la misma legislación la reconoce, por tal motivo lo procedente es reclamar su pago a través de la Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, como efectivamente lo hizo el apoderado de la demandante en razón a que no tiene encuadramiento jurídico alguno en los eventos que consagra el numeral 6 del

artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.” Así las cosas, la Ley es la fuente de la obligación constituyéndose un título ejecutivo complejo integrado por la resolución a través de la cual fueron previamente reconocidas las respectivas cesantías y la constancia de la fecha de pago extemporáneo de las mismas, ahora atendiendo a los parámetros establecidos en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 que al tenor literal reza:

“Artículo 2º (subrogado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006), La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste. (Se Subraya Texto) Tales soportes jurídicos conllevan a la viabilidad de hacer efectivo la reclamación pecuniaria de la sanción moratoria acorde a los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995, subrogados por los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006, por intermedio de la vía ejecutiva laboral, obteniendo certeza como requisito sine qua non la existencia

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES del derecho invocado, es decir que para tal reclamación es necesario que se encuentre debidamente conformado el título ejecutivo complejo.

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriormente esbozados, para la integración de un título ejecutivo complejo se requiere el aporte de los siguientes documentos: - Copia auténtica de la resolución por medio de la cual la administración reconoce las cesantías parciales o definitivas del artículo 254 del C.P.C., con la respectiva constancia de notificación y ejecutoria. - Comprobante de no pago o del pago tardío, ya que el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, que subrogó el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, señala hacer efectiva la sanción allí prevista “bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en el artículo.” - Acreditarse la fecha en que se eleva la solicitud de reconocimiento de cesantías ante la Administración, a efectos de contabilizar el término de los 65 días hábiles; al igual que el salario devengado para la época en que se adquiere el derecho a la sanción moratoria, tratándose de cesantías y del último salario, para el caso de las definitivas. Luego la demandante puede reclamar el pago de la mora una vez presentes los presupuestos que consagró la Ley 244 de 1995, en su artículo 2°,norma que concede a los pagadores de las Entidades Públicas un plazo razonable de 45 días para erogar las sumas reconocidas por concepto de cesantías, por consiguiente estamos frente a la ejecución de una suma determinada de dinero y por tanto no es competencia de la

Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, por cuanto no se pretende el reconocimiento como tal de un derecho, sino se reitera la mora en la efectividad del

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES mismo por lo que es viable el ejercicio de la acción ejecutiva a la luz de lo normado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 488. Títulos Ejecutivos: pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él , o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia (…)” A su turno, el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, modificatoria del Código de Procedimiento Laboral y de seguridad social, en materia ejecutiva contempla: “Artículo 2. Competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de:

(…)

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del

sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”. En concordancia con la norma anteriormente citada el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo establece: “Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.” Así las cosas, no hay duda que el conocimiento del presente asunto pertenece a la Jurisdicción Ordinaria Laboral representada por el JUZGADO OCTAVO LABORAL

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, al constatarse que en el plenario obra copia autentica de la Resolución Nº 5332 del 26 de octubre de 2010, por medio de la cual la

Secretaría de Educación de Bogotá D.C. reconoció a la señora Fanny García Bernal

las cesantías parciales, con la respectiva constancia de notificación y ejecutoria; y la constancia de la fecha de pago extemporáneo de las mismas. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y Constitucionales, RESUELVE Primero.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión de la Demanda Ejecutiva Laboral presentada a través de apoderado judicial, por la señora Fanny García Bernal contra LA NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, asignando el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, representada por el JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído, en consecuencia envíese inmediatamente el expediente al citado Despacho Judicial. Segundo.- REMITIR copia de esta providencia al JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - SECCIÓN SEGUNDA, para su información. Tercero.- Por secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrada Magistrado

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA WILSON RUIZ OREJUELA

Magistrada Magistrado

PAULA JULIE CARILLO CASTAÑO

Abogada Grado 21