CSDJ - F11001010200020150348100ADJUNTA20151111172023-2015

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa La Jurisdicción Ordinaria es a quien le corresponde dirimir la presente litis, toda vez que la controversia se suscitó entre una entidad administrativa prestadora del servicio de salud de carácter particular y una entidad pública, situación que sin lugar a dudas, se enmarca en lo normado y ya referido numeral 4 del artículo 2 del Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral. Asignó el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201503481 00 (11559-28) Aprobado según Acta de Sala No. ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre el JUZGADO TREINTA Y CINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, con ocasión del conocimiento de la demanda interpuesta, a través de apoderado judicial por la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

SANITAS S.A., contra la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El 13 de enero de 2015, la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

SANITAS S.A., mediante apoderado judicial presentó ante el Juez Administrativo, acción de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, cuyas pretensiones son: “PRIMERA: Que se declare administrativa, contractual y solidariamente responsable a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social por los perjuicios materiales causados a la Empresa Promotora de Salud Sanitas S.A. – EPS Sanitas, con ocasión de la falta de reconocimiento y pago de los ochenta (80) recobros objeto de esta demanda, por concepto del suministro o provisión de los servicios, insumos, medicamentos y/o procedimientos NO incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, y, por consiguiente, NO costeados por las Unidades de Pago por Capitación, UPC, de manera que están a cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, y los cuales fueron efectivamente suministrados y cubiertos en su momento por ESP Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos y cuyos respectivos recobros fueron glosados. SEGUNDAQue como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social a cancelar a la demandante por concepto de perjuicios materiales, las siguientes cifras: 2.1 Daño Emergente: 2.1.1. La suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($240.424.727), correspondiente a las ochenta (80) solicitudes de recobro. Dichas sumas corresponden a procedimientos, servicios o Medicamentos NO incluidos en el Plan Obligatorio de Salud,

POS, o no costeados por las Unidades de Pago por Capitación, UPC que el Sistema General de Seguridad Social en Salud le reconoce a la EPS mensualmente por cada afiliado y beneficiarlo, de manera que están a cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, los cuales fueron efectivamente cubiertos y suministrados en su momento por EPS Sanitas en favor de afiliados y beneficiarios suyos, de tiempo atrás. 2 1.2.1. La suma de VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($24.042.472), por concepto de los gastos administrativos inherentes a la gestión y al manejo de las prestaciones excluidas del POS o no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación, UPC, a los que se refieren las ochenta (80) solicitudes de recobro objeto de la presente acción, efectivamente suministrados a sus usuarios, monto que equivale al diez por ciento (10%) del valor de las mismas, sobre la base de aplicar por analogía el porcentaje de gasto administrativo aplicable por las EPS a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, por los servicios medico asistenciales derivados de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, o la suma que por este mismo concepto resulte probada en el curso del proceso jurisdiccional. 2.2. Lucro Cesante: 2.2.1 La suma que resulte liquidada entre la fecha de exigibilidad del respectivo concepto y el momento de proferirse la sentencia, a título de intereses, a favor de EPS Sanltas S.A., sobre el monto de que trata la pretension 2,1.1., a la tasa máxima de interés moratorio

establecida para los tributos administrados por la DIAN, conforme al artículo 4 del Decreto Ley 1281 de 2002. TERCERAQue se declare y ordene que la condena a que se refiere la pretensión 2.1., se le aplique la indexación y/o corrección monetaria, conforme a los criterios señalados por la jurisdicción contenciosa administrativa, desde el momento en que debieron sufragarse y hasta que se efectúe el pago total de la obligación. CUARTAQue se condene a la demandada al pago de costas y agendas en derecho que se ocasionaren con motivo de la presentación de esta demanda. QUINTALas condenas impuestas deberán cumplirse en las condiciones y términos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los artículos 187.189, 192,194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso AdministrativoLey 1437 de 2011, so pena que vencidos los términos de ley se paguen intereses moratorios, de conformidad con la certificación que para el efecto expide la Superintendencia Bancaria.” Señaló el apoderado judicial de la demandante, que su representada en cumplimiento de los Comités Técnicos Científicos y fallos de tutela asumió el costo económico de prestación de servicios de salud a sus afiliados, no incluidos en el POS o costeados por la Unidad de Pago por Capitación, UPC, como se acredita con las respectivas facturas con el sello de cancelado, y posteriormente radicó ante el consorcio Fosyga 2005, 80 solicitudes de recobro, respecto de las cuales el

administrador fiduciario en su oportunidad decidió no cancelarlas y en su lugar glosarlas por diversas razones, y una vez corregidos los defectos o las insuficiencias que habían motivado las glosas, las radicaron de nuevo, pero ninguna de las solicitudes fue aprobada ni se ordenó el pago correspondiente, razón por la cual las están presentando para su cobro (fls. 1 a 31 cuaderno principal). 2.- Sometido a reparto el asunto le correspondió conocer del proceso al JUZGADO TREINTA Y TRES ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, despacho judicial que mediante auto del 20 de mayo de 2015, inadmitió la demanda por razones de competencia, indicando que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra reza: ‘La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa’, también debe tenerse en cuenta lo previsto por el artículo 2 numeral 4° de la Ley 712 de 2001, que atribuye a la jurisdicción ordinaria, en la especialidad del trabajo y la seguridad social los siguientes asuntos: ‘Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la

relación Jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan’, concluyendo en consecuencia que “Conforme a lo anterior, dado que en el caso concrete el conflicto se circunscribe a obtener el pago de servicios y suministros que prestó la demandante y no le han sido cancelados por el demandado, al no estar autorizados en el plan obligatorio de salud - POS, se deduce que estamos frente a una controversia propia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que en términos del artículo 2 numeral 4° de la Ley 712 de 2001, su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Ordinaria”. (fls. 34 a 35 cuaderno principal). 3.- Allegado el asunto a la Jurisdicción Laboral, correspondió su trámite al JUZGADO TREINTA Y CINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, despacho judicial que mediante auto del 4 de septiembre de 2015, indicó su falta de competencia para conocer del proceso, bajo el argumento de que el presente caso no hace parte del sistema de seguridad social consagrado en la Ley 100 de 1993, sino que corresponde al cumplimiento de las obligaciones emanadas del giro ordinario de la actividad comercial, cuya competencia pertenece a la jurisdicción civil ordinaria, por lo cual ordenó enviar el asunto al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá para lo pertinente (fls. 37 a 39 cuaderno principal). 4.- Sometido el asunto a reparto de la Jurisdicción Civil, correspondió su conocimiento al JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, despacho judicial que en proveído del 29 de septiembre de

2015, indicó su falta de competencia para conocer del proceso, con apoyo en jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, bajo el argumento de que “La entidad PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A, instaurar la presente acción a efecto de que se declare responsable administrativa extracontractual y solidariamente a la Nación Ministerio de Salud y de la Protección Social, por los perjuicios con ocasión al no pago de 80 solicitudes de recobro por concepto de insumos, servicios y medicamentos NO POS. Lo anterior, tiene come trasfondo obtener el cobro judicial de los valores por conceptos NO POS, que el Sistema General de Salud y Seguridad Social en salud reconoce con cargo a la Subcuenta del FOSYGA. Conforme a la decisión tomada por El Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria el 11 de agosto de 2014, en donde resolvió un conflicto de competencia sobre un tema similar entre los juzgados 34 Administrativo Oral de Bogotá y 31 Laboral del Circuito de Bogotá, dicha corporación determinando que el conocimiento de esta clase de asuntos corresponde a la jurisdicción laboral. Decisión que se fundó en la interpretación del artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo Y Seguridad Social y la cláusula residual del art. 12 de la ley 270 de 1996, que incluyen por vía directa dentro de los asuntos que corresponden a la Jurisdicción Ordinaria Laboral y Seguridad Social los procesos judiciales de recobro al Estado por prestaciones NO POS” (fls. 40 a 44 cuaderno principal). En consecuencia, dispuso la remisión de la actuación a esta

Colegiatura para lo de su competencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala,

las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria,

sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y

permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la acción de reparación directa, que a través de apoderado judicial interpuso la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A., contra la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con ocasión de la falta de pago de las facturas presentadas por la demandante, por concepto de la cobertura y suministro efectivo de los insumos, medicamentos y servicios, que se mencionan en los hechos de ésta demanda y los cuales al momento de la prestación del servicio o suministro, NO se encontraban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, o no se encontraban costeados por las Unidades de Pago por Capitación, UPC, ordenados a sus afiliados, en cumplimiento de los Comités Técnicos Científicos y fallos de tutela. 3.- Del caso en concreto. En el Sub - examine, el demandante pretende el pago de la suma de dinero adeudada por el ente accionado, en razón a los gastos en que incurrió su representada para la cobertura y suministro efectivo de los insumos, medicamentos y servicios, los cuales al momento de la prestación del servicio o suministro, NO se encontraban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, o no se encontraban costeados por las Unidades de Pago por Capitación, UPC, ordenados a sus afiliados, en cumplimiento de los Comités Técnicos Científicos y fallos de tutela, como se acredita con las respectivas facturas con el sello de

cancelado, y que fueran radicados ante la entidad competente para el correspondiente recobro, y respecto de los cuales el administrador fiduciario en su oportunidad rechazó por diversas razones, que son los que se están presentando para su cobro. Definido lo anterior, la Sala entra a estudiar y analizar la normatividad en la cual se amparan los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ordinaria, para proponer el conflicto que nos ocupa. Al respecto se tiene que con la Ley 100 de 1993 se creó el “Sistema de Seguridad Social Integral”, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, con el fin de brindar una calidad de vida de acuerdo con el postulado constitucional de un orden social justo e igualitario, mediante la protección de las contingencias que la afecten, y estando sujeta a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. También se concibió constitucional y legalmente la Seguridad Social como un servicio público obligatorio el cual está direccionado, coordinado y bajo control del Estado siendo este último el rector y los particulares sus prestadores, quedando así este sistema sin lugar a duda, atado visiblemente a la Ley 100 de 1993, en el sentido de que comprende los sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos profesionales y los servicios sociales obligatorios, definidos en dicha normatividad, por manera que no reviste duda alguna que lo que no está comprendido dentro de los respectivos regímenes no hace parte del sistema de seguridad social integral. Por otro lado, encontramos que el artículo 48 de la Constitución Política

consagró como derecho fundamental la garantía a todos los habitantes del derecho irrenunciable a la seguridad social, y establece que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. Así mismo, dispone que la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de acuerdo con la ley, y que sus recursos no se puedan destinar ni utilizar a fines diferentes. Así las cosas se aduce además que la Seguridad Social Integral, cuya unidad conceptual que viene dada desde la propia Constitución y es desarrollada por la Ley 100 de 1993, exigen la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada en orden a dirimir las controversias que se relacionen con esta materia que no es otra que la ordinaria laboral, con las excepciones contempladas en los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993. A su turno la Ley 712 de 2001 modificatoria del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que a su vez fue reformado por la Ley 1564 de 2012, señaló en cuanto a la Jurisdicción Ordinaria lo siguiente: “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. Sobre el tema ha expresado la Corte Constitucional, al ocuparse de una demanda de inexequibilidad contra el artículo 4°, numeral 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, arriba transcrito

en la cual reafirmó sus enseñanzas sobre la materia en los siguientes términos: “De conformidad con el ordenamiento superior, en sus artículos 48 y 365, la distribución de la competencia que trae la norma demandada, en el sentido de que la jurisdicción del trabajo conocerá de las controversias producidas entre entidades públicas y privadas del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados proviene, adicionalmente a lo señalado en el acápite anterior, de la facultad del legislador de establecer el régimen jurídico al cual se verá sometida la prestación de un servicio público. El ámbito de aplicación de la regulación que ocupa la atención de la Corte es el de la seguridad social, la que por mandato del artículo 48 de la Carta Política, forma parte de los derechos sociales y económicos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, debiendo prestarse en la forma de un servicio público de carácter obligatorio, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador creó el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente a las contingencias económicas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. Así, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas “obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen

normativamente en el futuro” (art. 1o.). La anterior concepción del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la población colombiana en materia de salud y pensiones, con especial atención de las personas que carecen de capacidad económica, para brindarle suficiente protección ante eventuales contingencias. De este modo, la implantación de un sistema en estos términos se evidencia como un conjunto armónico de “entidades públicas y privadas, normas y procedimientos” para la prestación de los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.). (…) La creación de un sistema integral de seguridad social, con el cual se pudiese establecer una organización institucional y normativa especial para brindar una mejor prestación de ese servicio público, era requerida dada la multiplicidad de situaciones que existían antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que ésta normatividad debió diseñar un sistema único que abarcase progresivamente la totalidad de la población colombiana, bajo la vigencia de unos principios rectores, como son los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (art. 2o.). La articulación de las políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un régimen jurídico unificado y específico, proviene precisamente del cumplimiento de ese principio de unidad (art. 2o. literal e); con ello, el legislador integró tanto los asuntos de orden sustantivo, en la medida en que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, como los de orden procedimental, los cuales facilitan su

prestación efectiva; a éstos últimos, pertenecen las reglas de jurisdicción y competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de esos asuntos. De esta manera, la atribución de la solución de las controversias suscitadas entre las entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. (…) Así las cosas, siendo el objeto de la norma acusada la atribución de una competencia a una determinada jurisdicción con el fin de precisar la autoridad judicial que dilucide las controversias de los sujetos que, bajo un mismo régimen jurídico, integran el sistema de seguridad social integral, es claro que la clase de vinculación al Estado no puede configurar un criterio válido para alegar una desigualdad de trato entre servidores públicos, pues se reitera que es en razón de la condición de afiliado a dicho sistema que se estructura la competencia judicial, en la forma de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuración”1. (negrillas y subrayado fuera de texto) Más adelante, precisa la Corte Constitucional sobre el tema materia de litis lo siguiente: "Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C-111 de 2000 imponen la

necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción. Así las cosas, la Corte no comparte la opinión del Procurador en 1 CORTE CONSTITUCIONAL , SENTENCIA c-111 DE 2000, expediente D-2465, M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, 9 de febrero de 2000 el sentido de que lo procedente es declarar inexequible la expresión “integral” del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, pues ha quedado claramente establecido que las personas pertenecientes a los regímenes de excepción, al igual que los afiliados al sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, también tienen derecho a acceder a la administración de justicia con arreglo a los criterios tradicionales que determinan el juez natural para conocer de las controversias relacionadas con la aplicación de dichos regímenes de excepción. En suma, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras,

cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula. Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutandi igual al artículo 2º de la ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la exégesis que las altas Corporaciones de justicia le habían impartido. Valga recordar que en esas sentencias se precisó que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo ni los actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia, sin