CSDJ - F11001010200020160085300ADJUNTA20160701111043-2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., junio veintidós de dos mil dieciséis Magistrada Ponente: Dra. MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA Radicación No. 110010102000201600853 00 Aprobado según Acta No. 058 de la misma fecha OBJETO DE LA DECISIÓN Dirimir el conflicto negativo de competencias entre la Jurisdicción Ordinaria Laboral, representada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería y, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo representada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de esa ciudad, con ocasión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho –de carácter laboral-, incoado por Alfaro Félix Medellín López por intermedio de apoderada judicial, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional-, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, la Secretaría de Educación de Montería y/o Fiduprevisora S.A. I.- ANTECEDENTES PROCESALES El presente conflicto de competencia entre las jurisdicciones citadas, se generó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (fls 1 al 20), radicado el 14 de agosto de 2015 (fl 21) por el apoderado judicial de ALFARO FÉLIX MEDELLÍN LÓPEZ, con la finalidad que se declare la nulidad del acto ficto respecto de la petición que formulara el 20 de febrero de 2013, mediante el cual el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de Montería, le negó el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria de las cesantías a que tenía derecho. Que como consecuencia de la nulidad declarada, se le pague a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento de la indemnización o sanción moratoria en cuantía de 258 días de salario a razón de $62.164 cada uno, teniendo en cuenta que para la fecha de causación de la mora el salario devengado del demandante fue de $1.864.926, lo anterior conforme las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Finalmente, pidió se le paguen las agencias en derecho y los gastos procesales. Mediante auto del 4 de septiembre de 2015 (fls 23 al 25) el Juzgado Trece Segundo Laboral del Circuito de Montería, declaró la falta de competencia por jurisdicción para conocer del referido proceso y, lo remitió al turno de los juzgados administrativos del circuito para su reparto. Remitida la demanda, correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Montería, Despacho judicial que mediante providencia del 16 de febrero de 2016 (fls 28 al 30), resolvió promover conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y, ordenó remitir el proceso a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. II.- POSICIÓN DE LOS COLISIONADOS El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, apoyó su falta de competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

y para ordenar la nulidad del acto ficto referido, en Jurisprudencia del Consejo de Estado, indicó que la competencia en tratándose de asuntos donde verse la controversia sobre la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, corresponde a la Jurisdicción ordinaria siempre y cuando exista el acto administrativo donde se reconozca la misma, pues en caso contrario correspondería su conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y según la documentación allegada se observa que el demandante solicitó el pago de la sanción moratoria pero no aporta el acto administrativo reconociendo ésta, lo que los deja sin competencia para seguir con el asunto. Por su parte Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Montería fundamentó su incompetencia en la providencia del 16 de julio de 2015, radicación 20030040 02 proferida por el Consejo de Estado, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y en la del 7 de octubre de 2015, radicación 201503176 00 proferida por esta Sala, M.P. Wilson Ruiz Orejuela, afirmando que se trata de un caso idéntico, en el cual se indicó que el elemento central de estos procesos es la consecuencia jurídica por la mora y no la discusión de la legalidad del acto que niega el pago de la sanción, la cual opera ipso iure, es decir, de pleno derecho. Agregó que de no requerirse un proceso de conocimiento lo que procede es el ejecutivo del resorte de los jueces laborales ya que no encuadra en las hipótesis del artículo 104 de la Ley 1437 de

2011. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Y DECISIÓN A ADOPTAR 1.- Competencia De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 61 del artículo 256 de la Constitución Política, y en armonía con lo preceptuado por el numeral 22 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les ha atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 33 del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Del mismo modo, la Corte Constitucional en el Auto de Sala Plena No. 278 del 9 de julio de 2015, al interpretar lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, sostuvo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 1 Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (…)” 2 Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional. 3 Corresponde a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

(…) Dirimir los conflictos de competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre jueces o fiscales e inspectores de policía. Judicatura continuará ejerciendo sus funciones, hasta tanto no se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 2.- Problema jurídico a resolver y metodología a seguir para solucionarlo. Le corresponde a esta Sala definir si le compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o a la ordinaria laboral, conocer sobre la demanda dirigida hacia el reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada por el demandante por la cancelación tardía de las sumas de dinero correspondientes a sus cesantías reconocidas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante Resolución No. 0757 del 22 de noviembre de 2011. La Sala precisa que el problema jurídico planteado, se resolverá aplicando la normatividad que guía el asunto, así como el precedente horizontal de esta Sala sobre la materia, vertido en la providencia del 3 de diciembre de 2014, radicado No. 110010102000201401755 00, en la cual reorientó su jurisprudencia sobre la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los servidores públicos y unificó la posición al respecto. A partir de ese momento y hasta la actualidad esta Sala ha seguido su precedente horizontal4, el cual deberá mantenerse, mientras no se presente una nueva posición cumpliendo con los requisitos de transparencia y de razón suficiente, esto es, indicar expresamente la tesis anterior y explicar las razones infirmantes o de derrotabilidad

a partir de nuevos criterios reinterpretativos de las normas constitucionales y legales5. 4? Sobre el seguimiento del citado precedente, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: del 15 de octubre de 2015, Sala No. 086, radicado No. 201503194 -00, M.P. Wilson Ruiz Orejuela; del 14 de enero de 2016, Sala No. 002, radicado No. 201504004-00, M.P. María Rocío Cortés Vargas y, del 18 de mayo de 2016, Sala No. 043, radicado No. 2016000370-00, M.P. María Lourdes Hernández Mindiola. 5 Sobre el tema, la Corte Constitucional en las sentencias T-1625 de 2000, T-698 de 2004, T-683 de 2006 y T-766 de 2008 y, T-161 de 2010, sostuvo: “Para efectos de separarse del precedente (…) son necesarios dos elementos. De una parte referirse al precedente anterior y, por otra, ofrecer un 3.- Siguiendo el precedente horizontal de esta Sala se asignará el asunto a la jurisdicción ordinaria laboral. En la providencia mencionada que sirve de precedente horizontal, esta Sala se refirió expresamente a las tesis sobre la materia que venía sosteniendo hasta ese momento y advirtió la disparidad de criterios mantenidos, lo que generaba un aumento de conflictos negativos de competencia entre las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y ordinaria laboral por el conocimiento de las demandas en las que se pretende el pago de indemnización moratoria por falta de pago oportuno de las cesantías reconocidas, debido a la incertidumbre imperante en los

despachos judiciales a nivel nacional. Fue por ello que se expresaron argumentos suficientes para la orientación de una posición coherente que ofreciera a los ciudadanos y a los despachos judiciales certidumbre sobre el mecanismo idóneo para reclamar el pago de la aludida acreencia laboral. argumento suficiente para el abandono o cambio. El primer requisito es respuesta al principio de interdicción de la arbitrariedad, pues sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia. El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen. A partir de la referencia al precedente anterior, es posible entrar a ofrecer argumentos suficientes que justifiquen su abandono o revisión. No se trata, en este orden de ideas, simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta indispensable demostrar que los argumentos que soportan el precedente no son válidos, suficientes, correctos, etc. El juez tiene la obligación de motivar sus decisiones. Ello implica el justificar su postura frente a otras consideraciones que han sido base de decisiones anteriores. Sólo este proceso permite superar la barrera que el derecho a la igualdad

impone en la aplicación e interpretación del derecho. Sin dichas razones, el cambio de jurisprudencia será simplemente la introducción de un acto discriminatorio, incompatible con la Constitución. En el fundamento 10 b) de esa sentencia se han presentado razones que hacen válido y admisible el cambio o separación del precedente”. Previo análisis del contenido y alcance de lo regulado en la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006) sobre la regulación de la indemnización moratoria por el no pago oportuno del auxilio de cesantía a favor del trabajador, a cargo del empleador moroso, la Sala expuso las siguientes reglas jurisprudenciales: La pretensión formalmente manifestada por los demandantes canalizada mediante el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho –nulidad del acto expreso o fictono determina por sí sola la jurisdicción competente para este tipo de litigios, cuando las normas jurídicas de derecho objetivo que delimitan la jurisdicción y competencia son de orden público y, por ello no pueden desconocerse por las partes del proceso, así como tampoco por las autoridades judiciales, a quienes no les está permitido convalidar tal voluntad cuando resulta contraria al ordenamiento jurídico. Basta recordar que en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, el legislador dispuso directa e inmediatamente que la entidad obligada reconocerá y cancelará la sanción moratoria al beneficiario, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en esa norma.

No es el nomen juris de la demanda lo que determina la jurisdicción a tramitar el proceso, sino la pretensión real y el objeto del litigio, integrando las circunstancias de hecho y de derecho que la rodean y condicionan la que permite establecer la autoridad judicial competente para su conocimiento y definición. Lo pretendido desde el punto de vista sustancial o material en estos casos, es obtener por vía judicial el pago de la sanción moratoria prevista en la ley por el pago inoportuno de las cesantías que ya han sido reconocidas –con orden de pago-, por parte de la entidad estatal demandada. El litigio o controversia judicial que surge tiene como elemento central determinante la consecuencia jurídica por el hecho de la mora en el pago efectivo de las cesantías del servidor público, de tal suerte que el pretendido debate sobre el control de legalidad a la respuesta negativa dada por la autoridad administrativa obligada por ley al pago de la sanción moratoria, es accesoria, innecesaria o irrelevante, pues la sanción prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006 opera por ministerio de la ley y el derecho a su pago no depende, de reconocimiento o declaración por parte del obligado, ni tampoco de autoridad judicial. Al no requerirse un proceso judicial declarativo y de condena, lo procedente es la acción ejecutiva, dirigida a la jurisdicción ordinaria, pues tal proceso ejecutivo no se subsume ni encuadra dentro de los 4 supuestos contemplados en el artículo 104-6 de la Ley 1437 de 2011, motivo por el cual la ejecución corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2-5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por

la Ley 712 de 2001, según el cual, la “Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, conoce de (…) la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”. Norma concordante con la cláusula general y residual de competencia que distingue a la jurisdicción ordinaria, tal como lo regula el artículo 12 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996). Como la fuente directa de la obligación de pagar la sanción moratoria en materia de cesantías es la ley, el proceso ejecutivo debe fundarse en título ejecutivo complejo, sin el cual no es posible la ejecución, integrado por: (i) el acto administrativo en firme que previamente reconoció, liquidó y ordenó el pago de las cesantías al servidor público; y (ii) la prueba del pago extemporáneo y de su fecha. Esos son los requisitos mínimos que deberán verificar los jueces laborales dentro de la jurisdicción ordinaria. Finalmente, consideró la Sala que la posición fijada permite garantizar de la mejor manera posible al Tribunal Supremo de Conflictos de Competencia entre distintas Jurisdicciones, el derecho fundamental de toda persona para acceder a la administración de justicia, en los términos del artículo 229 de la Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al acceso, no sólo formal sino sustancial, real y efectivo a la justicia. 3.1. Aplicación del precedente horizontal de la Sala al caso concreto. En el caso examinado, la Sala encuentra que la pretensión real de la demanda

incoada mediante apoderado judicial por el señor Alfaro Félix Medellín López, tiende indudablemente a obtener el pago de la sanción moratoria a su favor, por la cancelación presuntamente extemporánea de las cesantías parciales, cuyo reconocimiento, liquidación y pago fue ordenado por la Secretaría de Educación de Montería – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, mediante Resolución No. 0757 del 22 de noviembre de 2010, cuyo desembolso, según afirmación del demandante, se hizo efectivo el 12 de septiembre de 2011 mediante consignación en el Banco BBVA. Al encontrarse acreditado que la pretensión real de la demanda consiste en el pago de la indemnización por la cancelación extemporánea de las cesantías parciales previamente reconocidas, corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social, representada en este caso por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, el cual deberá evaluar si la presente demanda, reúne en concreto las exigencias mínimas en los términos descritos en el precedente horizontal de esta Sala. En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE: PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería y, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de esa ciudad, asignando el conocimiento de la demanda incoada por ALFARO FÉLIX MEDELLÍN LÓPEZ por intermedio de

apoderado judicial, contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y, LA SECRETARÌA DE EDUCACIÓN DE MONTERÍA, a la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, representada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería. En consecuencia, procédase al envío inmediato del expediente a ese Despacho Judicial.

SEGUNDO: REMÍTASE copia de esta providencia al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Montería, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada Continúan Firmas……..

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria judicial