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CSDJ - F11001010200020160098300ADJUNTA20160831113030-2016

Consejo Superior de la Judicatura

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Título
CSDJ - F11001010200020160098300ADJUNTA20160831113030-2016
Autor
Consejo Superior de la Judicatura
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., 24 de agosto de 2016 Aprobado según Acta de Sala No. 081 de la fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes Radicado N° 110010102000201600983 00

ASUNTO A DECIDIR Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada por los JUZGADOS TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y la de lo Contencioso Administrativo en cabeza del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO PASTO, por el conocimiento de la demanda ordinaria laboral instaurada mediante apoderado judicial por el HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., contra LA NACIÓN –

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

ANTECEDENTES El apoderado judicial del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., interpuso demanda ordinaria laboral el 13 de enero de 2015 contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL con la cual busca el reconocimiento y pago de $14.960.928 por concepto de suministro de servicios médicos quirúrgicos que fueron prestados a las víctimas de eventos catastróficos o 2

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110010102000201600983 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones accidentes de tránsito, representados en unas facturas de venta relacionadas en el libelo introductorio.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COLISIONANTES Por reparto correspondió la demanda al JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, el cual mediante proveído de 8 de mayo de 2015, la rechazó de plano por falta de competencia y ordenó su remisión a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá (Reparto), por las siguientes consideraciones: “(…) no es competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, como quiera que, por expresa disposición del artículo 622 del Código General del Proceso, el cual ya se encuentra vigente, señala: “Modifíquese el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así: 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.” Como quiera que la citada norma excluyó de la competencia de ésta Jurisdicción el conocimiento de las controversias que se susciten en relación “con contratos” derivados de la seguridad social, encontrando que en éste caso las facturas de venta tienen como origen recobros correspondientes al suministro y/o prestación de los servicios médico – hospitalarios, quirúrgicos y medicamentos, procedimientos y

servicios lo que en manera alguna puede entenderse como una controversia relativa a la prestación de servicios de seguridad social por lo que dicho conocimiento le corresponde a la jurisdicción civil, y no a la jurisdicción ordinaria laboran quien no tiene competencia funcional para adelantar dicho proceso.” Para apoyar su decisión citó una providencia proferida el 26 de febrero de 2015, por el Tribunal Superior de Bogotá, en la que al dirimir un conflicto negativo de competencia propuesto por esa Agencia Judicial, en torno a un proceso en el que una entidad promotora de salud pretendía el cobro de unas facturas por servicios médicos no incluidos en el POS, contra la misma demandada, asignó la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Civil. 3

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110010102000201600983 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Según acta de reparto de 27 de mayo de 2015, correspondió la demanda al JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, despacho que mediante auto de 16 de junio de 2015, la rechazó por falta de competencia territorial, consideró que de conformidad con el numeral 17 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, la competencia para conocer del litigio recaía en los Juzgados Civiles del Circuito de Pasto, a donde ordenó remitir las diligencias, por encontrarse en esa ciudad el domicilio de la entidad demandante.

Allegada la demanda al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO, por

medio de auto de 13 de agosto de 2015, declaró su falta de competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía y dispuso remitir el libelo a los Juzgados Civiles Municipales de Pasto (Reparto). Según acta de reparto de 24 de agosto de 2015, correspondió la demanda al JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO, despacho que mediante auto de 22 de septiembre de 2015, la rechazó por falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto a los Juzgados Administrativos del Circuito de Pasto (Reparto), por considerar que las facturas que se pretenden cobrar provienen de un contrato estatal. Arribadas las diligencias a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, correspondieron al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO PASTO, el cual en proveído de 19 de noviembre de 2015, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto, sustentando su decisión en la providencia proferida por esta Sala el 11 de agosto de 2014, en el radicado Nº 110010102000201401722 00 en la que se dirimió un conflicto de Jurisdicciones suscitado en torno a una demanda que buscaba el reconocimiento y pago de las facturas glosadas por concepto de suministro de procedimientos médicos no incluidos en el POS, asignando la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. 4

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110010102000201600983 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones De acuerdo al mencionado pronunciamiento, el titular del Juzgado indicó: “La parte demandante presentó la demanda ante los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá, atendiendo a que la entidad demandada (Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social) tiene su domicilio en ese lugar.

En ese sentido, le correspondería conocer del presente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá, atendiendo a las normas de competencia vigentes y a la elección hecha por el demandante. No obstante, como se mencionó con antelación, el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. rechazó la demanda por falta de competencia, circunstancia que, en este momento, generaría un conflicto de competencias negativo entre la jurisdicción ordinaria laboral y esta jurisdicción, contencioso administrativa.” Por lo anterior, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó la remisión de las diligencias a la Corte Constitucional, para dirimirlo. Mediante auto de 10 de marzo de 2016, la doctora Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaría General de la Corte Constitucional, remitió las diligencias a esta Corporación, para dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el artículo 256 numeral 6º de la Constitución Política, y en concordancia con el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales...”. Dable es señalar que tal facultad Constitucional y Legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector 5

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110010102000201600983 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones disciplinable, pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional mediante diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 de fecha 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se

posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”. Por consiguiente, “(…) para que la Corte Constitucional pueda ejercer la nueva función de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones…solo tiene lugar una vez cesen los efectos de las normas transitorias…”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo o por considerar que no les corresponde, evento en el cual será negativo. Para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo y 6

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Radicado N° 110010102000201600983 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones c) Que el proceso se halle en trámite.

Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará la Sala a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la competencia de la demanda a uno de los funcionarios judiciales.

Solución del mismo: El ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse en las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos jueces y tribunales del Territorio Nacional. Los términos jurisdicción y competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia, viene de “juris” (derecho) y “dictio” (declarar), esto es, poder de declarar o definir un derecho; y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto; sin embargo, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria en sus diferentes especialidades, de lo contencioso administrativo, penal militar, eclesiástica, indígena, etc., siendo apenas lógico, que si el funcionario carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carezca de competencia.

Como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por el legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional. La definición de los conflictos por el conocimiento de

un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un juez unipersonal o colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que el legislador ha señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del juez natural llamado por la ley a conocer de determinado litigio. 7

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones De acuerdo con dichas reglas, la competencia generalmente se determina por ciertos factores como: el objetivo, delimitado por la naturaleza del asunto y la cuantía; el subjetivo, referido a la calidad de las partes que intervienen en el litigio; el funcional, relativo a la instancia; el territorial, respecto al domicilio de las partes y el de conexión o fuero de atracción, en virtud del cual un solo juez puede decidir distintas pretensiones acumuladas que por su naturaleza u otros factores que le correspondería conocer a jueces distintos.

Frente a la materia o naturaleza del asunto encuentra la Sala, que a través de demanda ordinaria laboral el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., pretende recibir de LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, el pago de $14.960.928 por concepto de suministro de servicios médicos quirúrgicos que fueron prestados a las víctimas de eventos

catastróficos o accidentes de tránsito, representados en unas facturas de venta relacionadas en el libelo introductorio. La Constitución Política consagró en el artículo 48 como derecho fundamental la Seguridad Social, en éste se establece que el Estado con participación de los particulares, ampliara progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. Así mismo, dispuso que el servicio será prestado por entidades públicas o privadas, y sus recursos no se podrán destinar ni utilizar para fines diferentes. La Seguridad Social Integral, adquiere unidad conceptual de la propia Constitución para obtener su protección el Legislador desarrolló la Ley 100 de 1993. Dentro de este estamento indicó que para materializar el derecho se exige el conocimiento de una Jurisdicción Especializada, bajo las reglas de un proceso especial. La norma citada dispuso dirimir las controversias que se relacionen con esta materia a la Jurisdicción 8

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Ordinaria en su especialidad Laboral con las excepciones contempladas en los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993.

Para aterrizar el sub lite, la Sala revisara sucintamente las normas que fijan la competencia en las Jurisdicciones Colisionantes. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su aparte 104 esboza los casos

en los que tiene aptitud competencial, siendo importante señalar en particular el numeral 4°, que al tenor literal expresa: “ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto) Vista la norma transliterada y en especial las líneas resaltadas, puede la Sala colegir que existen dos hipótesis dentro del canon normativo. La primera, consiste en las controversias producto de la relación legal y reglamentaria entre las Entidades Públicas y sus funcionarios, que sin lugar a dudas es de su órbita el conocimiento de tales asuntos.

La segunda, va ligada a los temas de la Seguridad Social de los servidores públicos; cuando el artículo se refiere a los mismos, lo hace con miras a concatenar la indicación previa con la inmediatamente posterior. Es decir, no puede malinterpretarse 9

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones la norma al pensar que el numeral 4 del artículo en cita, admite conocer de casos en los que no se vea involucrado el Estado y sus servidores.

Ahora bien, el artículo 105 numeral 4 de la misma norma plasma un criterio exclusivo y excluyente de conocimiento, que desliga de su responsabilidad el asunto de marras, siendo del caso resaltar que en “Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales” (Subrayado fuera de texto), es una excepción a la cláusula especial de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Debe indicarse que el caso de marras ya ha sido resuelto por esta Alta Corte, en sesiones pasadas. Pronunciamientos en los que por mayoría de los participantes se ha aprobado la decisión de asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral. Cabe resaltar las siguientes providencias: - Ponencia del Honorable Magistrado ANGELINO LIZCANO RIVERA, aprobada en Sala No. 048 del 03 de julio de 2014, bajo el Radicado No. 201400962 00, en la cual resolvió dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del mismo Circuito, respecto de la demanda laboral ordinaria de mayor cuantía, instaurada a través de apoderada judicial por la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. - EPS Sura contra la NaciónMinisterio de Salud y de la Protección Social, asignando la competencia a la jurisdicción ordinaria laboral. - Ponencia del Honorable Magistrado JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO, aprobada en Sala No. 002 del 14 de enero de 2016, bajo el Radicado No. 201503425 00; en la cual resolvió dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones 10

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Ordinaria Laboral, asignándole el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, representada en el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral. Con ocasión de una Demanda de Salud Total EPS S.A., contra la NaciónMinisterio de Salud y Protección Social, a fin de obtener el pago de perjuicios materiales daño emergente y lucro cesante correspondientes a valores asumidos por servicios no POS. - Ponencia de la Honorable Magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, aprobada en Sala No. 015 de fecha 24 de febrero de 2016, bajo el Radicado No. 201503921 00, en la cual resolvió dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Oralidad - Sección

Tercera de la misma ciudad, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Ordinaria con ocasión del medio de control de Reparación Directa, el demandante solicita a la entidad accionada se declare la existencia de una obligación de recobro, y como consecuencia de lo anterior se le ordene cancelar por concepto de servicios médicos quirúrgicos prestados a las víctimas de eventos catastróficos o accidentes de tránsito, con intereses moratorios y costas. Para desdibujar por completo el conocimiento de parte de la autoridad judicial Administrativa en el sub examine, es pertinente traer a colación un extracto de la providencia fallada y aprobada en Sala 005 del 27 de enero de 2016, bajo el Radicado No. 201503531 00 por el Honorable Magistrado PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO, al respecto adujo: “el organismo que por ley le corresponde el reconocimiento y pago de los recobros por servicios de salud no contemplados en el POS, es el FOSYGA, el cual por expresa 11

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones disposición legal, integra el Sistema de Seguridad Social en Salud como organismo de administración y financiamiento, al igual que lo son las entidades promotoras de salud y las Direcciones Seccionales y Territoriales de salud, de suerte que los conflictos que se

susciten entre los mismos, o entre estos con cualquiera de los integrantes del sistema, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, ello, en virtud de los dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social” (Subrayado y negrilla fura de texto) Finalmente, como el litigio versa sobre una suma de dinero que tiene directa e inequívoca relación con un aspecto de la seguridad social, es el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 2°, modificado por la Ley 712 de 2001 en su numeral 4 artículo 2°, a su vez modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso el encargado de fijar la competencia en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria. Estamento que prescribe: “ARTÍCULO 2. Competencia general: La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…)

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. (Negrilla fuera de texto) El artículo referido desciende sobre la Jurisdicción Ordinaria Laboral la competencia del asunto bajo estudio, en vista de la cláusula general y residual que le asiste.

Así mismo, el artículo 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece: ARTICULO 5°. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL LUGAR. <Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, declarado INEXEQUIBLE. El texto vigente antes de la

modificación introducida por el artículo 45 de la Ley 1395 de 2010, que corresponde a la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley 712 de 2001, es el siguiente:> La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante. 12

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Entonces tal como lo advirtió el JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO PASTO le corresponde conocer del presente asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá, atendiendo a las normas de competencia vigentes y a la elección hecha por el demandante.

Por consiguiente, esta Superioridad acogiendo lo preceptuado en la Ley y en los precedentes jurisprudenciales de la Sala, concluye que el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada por los JUZGADOS TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y la de lo Contencioso Administrativo en cabeza del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO PASTO, debe desatarse asignando la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de

la Judicatura, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, RESUELVE Primero.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada por los JUZGADOS TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y la de lo Contencioso Administrativo en cabeza del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO PASTO, respecto de la demanda ordinaria laboral instaurada mediante apoderado judicial por el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E., contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, asignando la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Laboral representada por el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, acorde con lo 13

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones expuesto en la parte considerativa de este proveído. En consecuencia, envíese de inmediato el expediente a ese despacho para su conocimiento.

Segundo.- REMITIR copia de esta providencia al JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO PASTO, para su información.

Tercero.- Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 14

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones

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Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016) Magistrado Ponente: Dr. CAMILO MONTOYA REYES Radicación No. 110010102000201600983 00 Aprobado en Sala No. 81 de la misma fecha SALVAMENTO DE VOTO Con el respeto acostumbrado me permito manifestar que SALVO VOTO en relación con la decisión aprobada por la Sala. En el caso que nos ocupa, se dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones, atribuyendo el

conocimiento de la demanda ordinaria laboral promovida por el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E, a la Jurisdicción Ordinaria representada por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, básicamente al considerar que se debe dar aplicación a la cláusula general y residual prevista en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, a su vez modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso. Mi disentir deviene, en que considero, se debió tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 28 del Código General del Proceso, que prevé lo siguiente: “Artículo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: 15

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones

9. En los procesos en que la nación sea demandante es competente el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado y en los que la nación sea demandada, el del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante.

Cuando una parte esté conformada por la nación y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquella.” Así las cosas, lo procedente era remitir las diligencias a la Jurisdicción Ordinaria pero representada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, para que por factor territorial

conociera del asunto, ello sin atribuirse funciones de dirimir conflictos en la misma jurisdicción; pero con el ánimo de evitar un desgaste mayor tanto al usuario como a la administración de justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta el auto del 16 de junio de 2015, del Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, que rechazó las diligencias por falta de competencia territorial. De los Señores Magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto. Atentamente,

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Magistrada

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