CSDJ - F11001010200020160117600ADJUNTA20170331195455-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., febrero veinticuatro de dos mil diecisiete Magistrada Ponente Doctora MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA Radicación No. 110010102000201601176-00 Aprobado en Acta No. 016 de la fecha

Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ASUNTO Aceptado el impedimento de la Doctora Julia Emma Garzón de Gómez1, procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de competencias suscitado entre el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el apoderado judicial del señor JOSÉ DEL CARMEN

GRANADOS MARTÍNEZ contra la NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 1 Aceptado en la Sala 101 del 2 de noviembre de 2016.

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

I.- ANTECEDENTES PROCESALES El apoderado judicial del señor JOSE DEL CARMEN GRANADOS MARTINEZ el 15 de octubre de 2013, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE

PROTECCIÓN SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, a fin de que : "“Declarar la Nulidad del acto administrativo expreso, contenido en la Resolución No. 001408 del 26 de septiembre de 2008, expedida por el Coordinador General del Grupo Interno de Trabajo Para La Gestión del Pasivo Social de Puerto de Colombia - Ministerio de la Protección Social, Hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en la cual se dispuso la revocatoria de la Resolución No. 517 de 1995 que ordenó la reliquidación de la Pensión del señor JOSE DEL CARMEN GRANADOS MARTINEZ” Refirió que la Resolución No. 001408 del 26 de septiembre de 2008, se dio como consecuencia de la sentencia anticipada del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión, Foncolpuertos –Cajanal, proferida el 30 de mayo de 2008, por medio de la cual se condenó a Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, por el delito de peculado, y se ordenó declarar sin efectos los actos administrativos de los cuales se derivaron los pagos objeto de dicho delito; considerando el accionante que la Resolución No. 517 de 1995, no fue controvertida dentro del referido proceso y por tanto goza del principio de presunción de legalidad y no debió ser revocada. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 001408 del 26 de septiembre de 2008, y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada al pago de la pensión de jubilación

completa en el monto que venía percibiendo el actor de acuerdo a la Resolución No. 517 de 1995. (f. 158 a 187 del c.o.). Mediante auto del 05 de diciembre de 2013 (f. 213 a 2015 c.o.1) el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, declaró su falta de competencia remitió el asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de Santa Marta para su reparto. Remitida la demanda, correspondió al JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, autoridad judicial que mediante auto del 02 de mayo de 2014(f. 309 a 310 c.o. 1), manifestó no ser competente para resolver la demanda y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Laborales de Bogotá D.C. Repartido el asunto correspondió al JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, despacho judicial que mediante auto del 15 de marzo de 2016 (fl. 109 a 110 c.o. 2), resolvió promover conflicto negativo de competencia y, ordenó remitir el proceso a esta Superioridad. II.- POSTURA DE LAS AUTORIDADES COLISIONADAS El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, se declaró incompetente para conocer del proceso señalando que “no es esta Jurisdicción la competente para conocer del presente asunto, aclarando que se descarta que la misma se pudiera circunscribir a la contenciosa administrativa por encontrarse en discusión la legalidad de actos proferidos por la administración, en tanto lo que otorga la competencia en el sub-lite es

la naturaleza jurídica del cargo que ostentaba el actor en una empresa industrial y comercial del estado, esto es trabajador oficial correspondiendo el estudio del asunto a la jurisdicción ordinaria laboral”. (f. 213 c.o. 1). Por su parte, el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, apoyó su falta de competencia al señalar que “en atención a que el acto administrativo cuya nulidad se demanda no fue emitido por el empleador del demandante, si no por el otrora Ministerio de la Protección Social; y por tanto mientras no se declare por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa su ilegalidad o no o su nulidad, no le es posible al Juez del trabajo entrar a disponer que se siga pagando o no la reliquidación de la pensión(…)” (f. 110 c.o 2). Por tal motivo, declaró su falta de competencia y propuso colisión negativa, remitiendo el expediente a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a fin que se determinara la autoridad competente para conocer del asunto en litigio. III.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 62 del artículo 256 de la Constitución Política, y en armonía con lo preceptuado por el numeral 23 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les ha atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 34 del artículo 114 de la

Ley 270 de 1996. Del mismo modo, la Corte Constitucional en el Auto de Sala Plena No. 278 del 9 de julio de 2015, al interpretar lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, sostuvo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuará ejerciendo sus funciones, hasta tanto no se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 2.- Del asunto objeto de estudio Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, en aras de establecer la jurisdicción competente para conocer del Medio de Control de Nulidad Restablecimiento del derecho, promovido por el apoderado judicial del señor 2 Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (…)” 3 Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional. 4 Corresponde a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura: (…) Dirimir los conflictos de competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre jueces o

fiscales e inspectores de policía.

JOSÉ DEL CARMEN GRANADOS MARTÍNEZ contra el MINISTERIO DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP. 3.- Solución del mismo En el sub lite, encuentra la Superioridad que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta a través de apoderado judicial por el señor JOSÉ DEL CARMEN GRANADOS MARTÍNEZ contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP., lo que pretende es que se declare la nulidad del acto administrativo expreso, contenido en la Resolución No. 001408 del 26 de septiembre de 2008, expedida por el Coordinador General del Grupo Interno de Trabajo Para La Gestión del Pasivo Social de Puerto de Colombia - Ministerio de la Protección Social, Hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en la cual se dispuso la revocatoria de la Resolución No. 517 de 1995 que había ordenado la reliquidación de su pensión de jubilación. Teniendo en cuenta que la demanda originaria de la presente controversia, se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, advierte la Sala, que el presente asunto se atenderá con lo dispuesto en dicha norma, pues de conformidad con lo señalado en el inciso 3º del artículo 308 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011), el

legislador dispuso: “Los procedimientos y actuaciones administrativas, así como las demandas u procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Sea lo primero indicar que el presente litigio se circunscribe a controvertir la Resolución No. 001408 expedida por el Coordinador General del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puerto de Colombia – Ministerio de la Protección Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual se produjo en razón a una orden judicial proferida al interior del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Foncolpuertos – Cajanal, de Bogotá dentro del proceso penal No. 2007-0020 seguido contra LUIS HERNÁNDO RODRÌGUEZ RODRÍGUEZ en su condición de Gerente General del Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia por el delito de peculado por apropiación, ordenando revocar varias resoluciones pensionales entre las cuales se encontraba la No. 517 de 1995 mediante la cual le fue reliquidada la pensión de jubilación al actor. Resalta esta Colegiatura, que en el presente caso el actor asegura que dentro del acto administrativo atacado con la presente acción judicial fue incluida su reliquidación pensional sin que la misma hubiera estado contenida dentro del listado de la providencia judicial proferida por el Juez Penal, pretendiendo con ello que se declare la nulidad de la Resolución No. 001408 de 2008 y a título de restablecimiento del derecho solicitó se le pagara su reliquidación pensional tal y como fue reconocida en el acto

administrativo No. 517 de 1995. De lo anterior, se tiene que a efectos de controvertir o atacar actos administrativos el C.P.A.C.A. contiene el medio de control señalado por el artículo 138 “Nulidad y Restablecimiento del Derecho”, como mecanismo para evitar la lesión de un derecho subjetivo de cualquier persona, y que establece: “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.” (Subrayado fuera de texto) Por otra parte, evidencia la Sala que en punto de la configuración de un acto administrativo el artículo 88 del C.P.A.C.A. establece que “los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente

sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar” (Negrilla fuera de texto). Al respecto la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia como se demuestra en sentencia T-400 de 1993, que los actos administrativos gozan de “presunción de legalidad” por lo cual deben cumplirse en tanto no sean incompatibles con la Constitución, anulados o suspendidos por la Jurisdicción contencioso Administrativa o revocados por la misma administración” (negrilla y subrayado fuera de texto). En consideración, la Sala encuentra que lo pretendido por el señor JOSÉ DEL CARMEN GRANADOS MARTÍNEZ es dejar sin efectos la Resolución No. 001408 expedida por el Coordinador General del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social, hoy Unidad Administrativa Especial de gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, proferida en cumplimiento de orden judicial, con la cual se le vulneraron sus derechos fundamentales, pues se dejó sin efectos jurídicos la Resolución No. 517 de 1995 que le había reconocido la reliquidación pensional, situación que sin lugar a dudas debe ser del conocimiento del Juez Contencioso Administrativo, pues se está controvirtiendo la legalidad de un acto administrativo proferido en cumplimiento de una orden judicial. Por lo anterior, esta Superioridad en concordancia con las normas y jurisprudencia citada, señala que corresponde el conocimiento del asunto a la Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativa en cabeza del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA, el despacho judicial a donde se dispondrá el envío inmediato de las presentes diligencias.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Contenciosa, en este asunto, representada por el primero de los Despachos mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y copia de la presente providencia al JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada Continúan Firmas……..

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., noviembre dos de dos mil dieciséis

Magistrada Ponente: Dra. MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Radicación No. 110010102000201601176 00 Aprobado según Acta No. 101 de la misma fecha ASUNTO Procede la Sala a decidir sobre la manifestación de impedimento para conocer del conflicto negativo de competencia suscitado entre el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el JUZGADO QUINCE LABORAL

DEL CIRCUITO de Bogotá, manifestó la Magistrada JULIA EMMA GARZÓN

DE GÓMEZ.

ANTECEDENTE En el asunto referido, la magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ argumentó su impedimento en que, “… con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de JOSÉ DEL CARMEN GRANADOS MARTÍNEZ contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES –UGPP-, y revisada la página de una de las entidades demandadas-http://www.ugpp.gov.co/table/nuestra-ugpp/equipo-de-trabajo/-, se estableció que el señor CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO, funge como Director Jurídico de la entidad demandada (UGPP), y como es de conocimiento de la Sala, el referido doctor UMAÑA LIZARAZO en su calidad de Contralor Delegado para el Sector Social, fue el funcionario a cargo del proceso de responsabilidad fiscal UCC-PFR-006-12, investigación fiscal a la cual fui vinculada, considero que en este caso se podría comprometer mi imparcialidad, la cual me es exigible como funcionaria judicial, pero además por cuanto fui reconocida como víctima en el proceso penal que contra

dicho funcionario se adelanta en la Fiscalía General de la Nación”. Señaló como fundamento de derecho los numerales 1º y 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. CONSIDERACIONES La jurisprudencia ha destacado el carácter excepcional de los impedimentos y las recusaciones y por ende el carácter taxativo de las causales en que se originan, lo cual exige una interpretación restrictiva de las mismas: “Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (Artículo 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida”5. De otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado que “(…) Las normas legales nacionales e internacionales sobre independencia judicial son imperativas para todo tipo de proceso judicial o administrativo, puesto que se trata de un elemento fundamental del derecho al debido proceso (Art. 8.1 Convención)”6. La relevancia de la imparcialidad como atributo nuclear de la administración de Justicia ha sido destacada por la jurisprudencia interamericana, al señalar

que la imparcialidad del Tribunal, implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del Tribunal como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de 5 Corte Constitucional, sentencias T-176 de 2008. 6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi vs. Perú (1999). todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales7. Bajo los anteriores presupuestos, se tiene que la norma invocada por la doctora JULIA EMMA GARZÓN GÓMEZ, como soporte de la petición, en su tenor literal dispone lo siguiente: “Artículo 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento. “1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal. […]

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.” Verificando los argumentos con base en los cuales la Magistrada se declaró impedida la sala procede a aceptarlo por las siguientes razones:

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paramana Iribarne vs. Chile (2005). Fundamentos jurídicos 146 y 147. La Magistrada GARZÓN DE GÒMEZ, señaló que el Director Jurídico de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, doctor CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO, cuando fungía como Contralor Delegado para el sector social, fue el funcionario a cargo del proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-006-12, investigación a la cual fue vinculada, por lo que puede estar comprometida su imparcialidad. Adicionalmente, indica que fue reconocida como víctima en el proceso penal que contra dicho funcionario se adelanta en la Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, estos hechos se enmarcan dentro de la hipótesis legal y, siendo los impedimentos concebidos en forma taxativa por el legislador como mecanismos de protección de la imparcialidad de la justicia que ha de prestársele a la ciudadanía, este operador jurídico debe apegarse a esas reglas o institutos jurídicos y en consecuencia, habrá de despacharse en forma favorable la petición presentada por la Magistrada JULIA EMMA

GARZÓN DE GÓMEZ.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus facultades legales y constitucionales, RESUELVE PRIMERO: ACEPTAR EL IMPEDIMENTO puesto de presente por la Magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ para conocer del presente conflicto, conforme con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

CUMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada Continúan Firmas……..

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria judicial