CSDJ - F11001010200020160147700ADJUNTA20170828094829-2017

COLISIÓN

Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esta Sala encuentra que la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VEGACHÍ, es el competente para conocer del proceso de la demanda de nulidad de una escritura pública de venta suscrita entre la Alcaldía de Vegachí y un particular, porque los demandantes consideran que en calidad de herederos tienen derecho a las mejoras realizadas por sus padres en dicho bien.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Magistrada Ponente: Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicación No. 110010102000201601477-00 (12306-29) Aprobado Según Acta de Sala No. 69 ASUNTO Procede la Sala a resolver el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VEGACHÍ, con ocasión de la demanda de nulidad de la Escritura Pública 029 de 2010, suscrita entre LUIS FERNANDO IBARRA IBARRA en calidad de Alcalde del Municipio de Vegachí y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA, por medio del cual se realizó la venta de un lote de terreno. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- El apoderado judicial de los señores LIBARDO HERRERA

RAMIREZ, presentó demanda ordinaria con la finalidad de que se declara la nulidad de una Escritura Pública por medio del cual el Alcalde Municipal de Vegachí vendió un lote de terreno al señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA, al considerar los demandantes que se les debían cancelar mejoras. 2.- Llegada la actuación al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VEGACHÍ, el Despacho mediante auto del 5 de junio de 2015, admitió la demanda, ordenando imprimirle el trámite establecido para el proceso verbal sumario (Folio 50 c.o), una vez contestada la demanda, el Despacho de oficio mediante Auto de fecha 6 de octubre de 2015, resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda por falta de Jurisdicción, indicando que el presente caso versa en lograr la nulidad de una escritura pública suscrita entre un particular y un ente público, en este caso el municipio de Vegachí, razón por la cual debe ser la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo quien debe conocer del asunto con base en lo reglado en el artículo 104 inciso 2 del CPACA. (Folio 62 a 63 c.o. 1ra instancia) 3.- Recibida la actuación en el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, mediante auto del 11 de abril de 2016, indicó que el objeto del presente proceso no es otro que la protección de los derechos subjetivos de unos particulares sobre un inmueble, frente al que alegan tener derechos como herederos, debido a unas mejoras realizadas por sus difuntos padres, correspondiendo conocer del

asunto por concepto de la cuantía a los Juzgados Civiles Municipales en única instancia, proponiendo el conflicto negativo de competencia y enviando el proceso a esta Colegiatura para lo de su cargo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos, por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no les corresponde, evento en el cual será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido

fallado. Por otra parte, y previo a analizar el asunto puesto en atención de la Sala, es necesario precisar, respecto los pronunciamientos efectuados por esta Colegiatura, en los cuales han de desarrollarse los principios rectores que enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, generándose así variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Corporación, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior que a la letra reza: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en aras de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el

verdadero acceso a la administración de justicia, por ello esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)”. Por otra parte, esta Colegiatura dejó sentado con carácter de uniformidad y vocación de permanencia, que los asuntos sometidos a su conocimiento en sede de conflicto, atenderán, desde luego, a las pretensiones de la demanda, pero especialmente a aquellas que resulten viables de cara a la definición del asunto, obviando las de imposible cumplimiento o de equivocada concepción, y estándose más a la realización de la justicia material que no a las simples formalidades de la demanda, siempre que ello no coarte el derecho de acción de los ciudadanos. 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para conocer de la demanda de nulidad de una escritura pública de venta suscrita entre la Alcaldía de Vegachí y un particular, porque los demandantes consideran que en calidad de herederos tienen derecho a las mejoras realizadas por sus padres en

dicho bien.

3. Del caso en concreto El apoderado judicial de los señores LIBARDO HERRERA RAMIREZ, presentó demanda ordinaria con la finalidad de que se declara la nulidad de una Escritura Pública por medio del cual el Alcalde Municipal de Vegachí vendió un lote de terreno al señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERRERA, al considerar los demandantes que se les debían canelar mejoras.

Ahora bien la escritura pública es un documento público en el que se hace constar ante un notario un determinado hecho o un derecho autorizado por tal Autoridad quien da fe de lo señalado por los que suscriben dicho documentos, sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. La escritura pública es un instrumento notarial que contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en un acto o contrato, emitidas ante el notario que lo complementa con los requisitos legales propios y específicos de cada acto, para su incorporación al protocolo del propio notario y, en su caso, para que pueda inscribirse en los registros públicos correspondientes. De conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Decreto Ley 960 de 1970 la escritura pública es el instrumento que contiene de declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora a protocolo. El Decreto Ley 960 de 1970, por el cual se expide el estatuto de Notariado, establece en su artículo 13: ARTICULO 13. PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA. La escritura pública es el instrumento que contiene

declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el Notario, con los requisitos previstos en la Ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Al revisar la escritura pública No 29 de 2010, mediante la cual el Alcalde del Municipio de Vegachí en uso de las facultades otorgadas por el acuerdo 011 del de 30 de mayo de 2008 del Concejo Muricipal, transfiere a título de venta y en favor del señor CARLOS ALBERTO MARTINEZ, el derecho de propiedad, posesión y dominio que el municipio tiene sobre el inmueble ubicado en la carrera 53 No 54 – 34, se tiene que corresponde a un acto donde se manifiesta la voluntad de las partes de vender y adquirir un bien, entre vendedor y comprador, es decir aquí no interesa la calidad de personas de los mismos, pues lo que se estudia es la titularidades de un inmueble. Además, tal como lo indicó el Juzgado Adminsitrativo, de lectura de la escritura pública origen de la Litis, la misma no contiene una declaración de voluntad del Municipio de Vegachí en desarrollo de una facultad o función administrativa, pues en ella se transfiere un inmueble a un particular a título de venta, y en se orden no puede afirmarse que contenga un acto administrativo y que pueda ser solicitada su nulidad ante esta jurisdicción. De tal forma si los demandantes consideran que con el acto de transferencia a título de venta se desconocen sus derechos de posesión sobre el inmueble ubicado en la carrera 53 No 54 - 34., dicha actuación no constituye a un trámite administrativo en el que se defina

una situación jurídica de los señores LIBARDO HERRERA RAMIREZ y JOSE JAIRO HERREA GUTIERREZ, sino que es un contrato en el que se transfirió un inmueble a título de venta, a un tercero en relación con los demandantes. La pretensión de los demandantes es que sean reconocidos los derechos subjetivos que alegan tener sobre el mencionado inmueble, que consideran desconocidos con la venta del mismo. Como se observa pretenden el reconocimiento de un derecho subjetivo sobre un bien inmueble y no cuestionan la legalidad de la escritura pública, como expresión de una manifestación de voluntad de la administración, pues en este caso ella solo constituye la forma bajo la cual el ordenamiento jurídico ha dotado de eficacia el acto de venta de inmuebles. A todas luces, la pretensión de la demanda tiene un carácter de defensa de derechos subjetivos de unos particulares sobre un bien inmueble, frente el que alegan tener derechos desconocidos por otros particulares, lo cual queda definido con el contenido de la pretensión segunda: "Solicitar a la alcaldía que se realice proceso de adjudicación a favor de los herederos de la Señora ELOISA RAMIREZ ESTRADA, para que se les proteja el derecho fundamental a una vivienda digna". Por tanto lo que se busca con la demanda es la protección de unos derechos patrimoniales, los cuales se encuentran reglados dentro de la Jurisdicción Civil, son derechos de primera generación y todo lo concerniente a la propiedad está reglamentado en el derecho civil, correspondiéndole a los jueces civiles municipales en única instancia cuando la pretensión es de mínima cuantía, en primera instancia

cuando es de menor cuantía y de los jueces del Circuito cuando la cuantía es mayor, en todos los casos sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. En consecuencia por las razones anteriores, esta Sala encuentra que la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VEGACHÍ, es el competente para conocer del proceso de la demanda de nulidad de una escritura pública de venta suscrita entre la Alcaldía de Vegachí y un particular, porque los demandantes consideran que en calidad de herederos tienen derecho a las mejoras realizadas por sus padres en dicho bien. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VEGACHÍ y el JUZGADO QUINTO ORAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, declarando que el conocimiento de la presente actuación corresponde al primero de los despachos citados, a donde se remitirá la actuación.

SEGUNDO: ENVÍESE la presente actuación al el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VEGACHÍ y copia de esta providencia al JUZGADO QUINTO ORAL ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, para su correspondiente información.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial