CSDJ - F11001010200020160190400ADJUNTA20170908091210-2017

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Laboral y Jurisdicción Contencioso Administrativa Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, y el JUZGADO VENTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ con ocasión a la demanda ordinaria laboral instaurada por el señor JAVIER SALAS VALENZUELA contra la sociedad

ALVAREZ Y COLLINS S.A.

Asignó el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., cinco (05) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Rad. No. 110010102000201601904 00 (12431-30) Aprobada según Acta de Sala No. 74 ASUNTO Corresponde a la Sala dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, y la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por el JUZGADO VENTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ con ocasión de la demanda ordinaria laboral instaurada por el señor JAVIER SALAS BALLESTEROS contra la empresa ALVAREZ Y COLLINS S.A. y otros.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

1.- El apoderado del señor JAVIER SALAS BALLESTEROS, presentó ante la jurisdicción ordinaria, una demanda ordinaria laboral contra la empresa ALVAREZ Y COLLINS S.A., CONSORCIO AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, MINISTERIO DE TRANSPORTE, por cuanto la demandante laboró para la empresa ÀLVAREZ Y COLLINS S.A., en la Concesión Bogotá Girardot, en el cargo de Ingeniero desde el mes de mayo 2011 y fue despedido el 14 de junio de 2012, dándose por terminado su contrato de trabajo, señalandose en el documento “Terminación del Contrato de Trabajo con justa causa”, por unas razones que aduce el demandante no estar de acuerdo. Razón por la cual en la demanda solicita de declare que existió una terminación sin justa causa de su contrato de trabajo y por tanto se le cancelen en legal forma sus prestaciones sociales así como la indemnización por despido injusto (fls. 1 – 47 c.o.) 2.- Una vez sometida a reparto la demanda, correspondió al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, el cual en providencia del 4 de septiembre de 2015 decidió rechazar el conocimiento de las diligencias por su falta de jurisdicción, al considerar que el conocimiento de la presente demanda corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no la Ordinaria Laboral, dado que lo que pretende la demandante es el pago de las sumas de dinero por conceptos laborales, que surgieron de un contrato suscrito con una entidad por Ley 80 de 1993 donde se pactaron cláusulas exorbitantes.

En consecuencia, ordenó remitir la actuación a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, para lo de su asunto. (fls. 4950 c.o.) 3.- Correspondió al JUZGADO VENTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ autoridad judicial que el 19 de febrero de 2016, inadmitió la demanda, razón por la cual el apoderado el demandante presentó escrito subsanando la misma e indicando que los empleadores de su cliente eran ÀLVAREZ Y COLLINS S.A. trabajo en la Concesionaria Bogotá Girardot, existió contrato laboral con dichas firmas de carácter privado. Mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2016 el Juzgado Administrativo, resolvió declarar la carencia de jurisdicción para conocer el asunto de marras, señalando que en el presente caso se busca el pago de unas prestaciones sociales por un despido al parecer sin justa causa entre un ingeniero (trabajador) y una empresa privada, quien deberá responder por los salarios y prestaciones sociales a que eventualmente pueda tener derecho la demandante, toda vez que es con ésta sociedad con quien suscribió el contrato laboral como ingeniero residente adicionalmente, en caso de existir solidaridad con el Departamento de Antioquia, es el Juez laboral quien debe decidir al respecto y las consecuencias que de ella se derivan, además el artículo 105 del CPACA consagró como excepciones el conocimiento de las controversias de carácter laboral surgidas entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales; por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 ordenó el

envío de la demanda a esta Colegiatura para lo de su cargo. (fls. 6468 c.o.)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación

a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente

habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de

la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor:

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del presente conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la demanda ordinaria laboral, presentada por el apoderado del señor JAVIER SALAS BALLESTEROS, contra la empresa ALVAREZ Y COLLINS S.A., CONSORCIO AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT, MINISTERIO DE TRANSPORTE, por cuanto el demandante laboró para la empresa ÀLVAREZ Y COLLINS S.A., en la Concesión Bogotá Girardot, en el cargo de Ingeniero desde el mes de mayo 2011 y fue despedido el 14 de junio de 2012, dándose por terminado su contrato de trabajo, señalandose en el documento “Terminación del Contrato de Trabajo con justa causa”, por unas razones que aduce el demandante no estar de acuerdo. Razón por la cual en la demanda solicita de declare que existió una terminación sin justa causa de su contrato de trabajo y por tanto se le cancelen en legal forma sus prestaciones sociales así como la indemnización por despido injusto. 4.- Del caso en concreto Así pues, encuentra la Sala en aras a dirimir la controversia planteada, se procederá a atender la pretensión principal de la demanda, pues ésta se dirige al pronunciamiento por vía judicial del reconocimiento y pago de las acreencias laborales adeudadas por la demandada en favor del señor JAVIER SALAS BALLESTEROS.

Resulta importante señalar en el presente caso que el demandante, laboró mediante contrato de trabajo como Ingeniero Residente de Obra en la Concesión Bogotá Girardot, siendo su empleador la empresa ÁVAREZ Y COLLINS S.A., sociedad esta que hacía parte de la Concesión. Si bien es cierto ese contrato de Concesión surgió de un contrato estatal suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI y la Concesionaria Bogotá Girardot, el contrato suscrito entre este último y el demandante es un contrato individual de trabajo, que al ser suscrito entre personas del régimen privado no tiene cláusulas exorbitantes. Como primera medida, en materia de Seguridad Social, el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en su artículo 104 numeral 4º consagra lo siguiente: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.” Así, de acuerdo con lo anterior, el control y juzgamiento de los actos de las autoridades públicas, en desarrollo de esa actividad administrativa,

corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la medida que tal actividad revista en su contenido, proyección y finalidad en el ejercicio de funciones estrictamente administrativas, la cual se exterioriza generalmente en actos administrativos unilaterales destinados a producir efectos jurídicos o a través de los contratos estatales. Adicionalmente se conoce con exactitud de lo que no conoce la Jurisdicción Administrativa, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 105 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 que a la letra reza: Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

Deviene entonces de las referidas normas, que para el caso de marras es imperante analizar la calidad del demandante como empleado de la empresa ÁLVAREZ Y COLLINS S.A., socio de la Concesionaria Bogotá Girardot, quien tenía como objetivo la construcción y mantenimiento de la Autopista Bogotá Girardot, vía concesionada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, el demandante era el Ingeniero de Obra de dicha carretera vinculado mediante contrato de trabajo, razón por la cual dicha relación contractual (mediante contrato individual de trabajo) entre el demandante y la empresa demandada, la Jurisdicción Contencioso Administrativa está exceptuada de conocer de sus controversias, pues lo que busca el actor es demostrar que su desvinculación fue realizada sin justa causa y por tal razón está solicitando unas acreencias

laborales entre ellas, la indemnización por despido injusto. Por lo tanto se trata de un Ingeniero Residente que busca demostrar que la terminación del contrato de trabajo suscrito entre él y una empresa privada quien está ejecutando un contrato de Concesión que suscribió con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, entidad adscrita el Ministerio de Transporte. A su vez, se tiene que el Decreto 3135 de 1968, “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, ha definido en su artículo 5 quienes son denominados empleados públicos y trabajadores oficiales, resaltando lo siguiente: “Artículo 5º.- Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) De esta forma resulta concluyente para esta Sala, a través de la prueba aportada por el demandante, es decir, la terminación del contrato de trabajo por justa causa y de la normatividad antes invocada es claro que el Ingeniero trabajó para una empresa de carácter privado como lo es la sociedad ÁLVAREZ Y COLLINS S.A., quien está ejecutando una obra de construcción que suscribió con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, es decir es un empleado de carácter privado, que suscribió un contrato de trabajo es decir, el demandante

en ningún momento estuvo vinculado con el Ministerio Transporte o la Agencia Nacional de Infraestructura ni por un contrato de trabajo ni mediante una relación legal y reglamentaria, por lo cual no cuenta con la calidad de servidor público. Por lo anterior, es que se puede inferir que no se reúnen los supuestos fácticos establecidos por el legislador, para que el Juez Contencioso Administrativo conociera de procesos en seguridad social, en tanto la controversia involucra a un empleado privado. Por otra parte, tenemos que el Legislador expidió la Ley 712 de 2001, la cual dispone en su artículo 2º, lo siguiente: “ARTÍCULO 2o. El artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de: (…)

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

Evidentemente el presente litigio surge primero por un tema que es inherente al Sistema de Seguridad Social Integral; y segundo, se origina entre un empleado privado y su empleador, por lo que la norma citada en precedencia se ajusta a los hechos descritos en las pretensiones del acto. Con todo lo afirmado, al ser el objeto de la litis una controversia relacionada con el Sistema de Seguridad Social Integral, la jurisdicción para conocer el asunto, radica en la Jurisdicción Ordinaria, tal como lo

dispone el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, sentido en el que se dirimirá el presente conflicto. Por lo anterior, la Sala encuentra acierto en lo manifestado por el Juez Administrativo, al identificar la relación laboral entre la persona laboral y la persona jurídica de carácter privado, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto. Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, para lo de su jurisdicción. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, RESUELVE Primero.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el JUZGADO VENTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al primero de los mencionados. Segundo.- REMITIR el presente proceso a conocimiento del JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, y copia de la presente providencia al JUZGADO VENTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ para su información.

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PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial