CSDJ - F11001010200020160210300ADJUNTA20160929101514-2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) Magistrada Ponente Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicado No. 110010102000201602103 00 Aprobado según Acta de Sala No. 90 de la misma fecha. VISTOS Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre el JUZGADO

VEINTIDOS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA y el JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, con ocasión del conocimiento del medio de control de reparación directa interpuesto a través de apoderado judicial de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A, contra la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN SOCIAL. SITUACIÓN FÁCTICA El 2 de julio de 2014, le correspondió conocer al JUZGADO VEINTIDOS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA, la demanda instaurada por la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A, de reparación directa a fin de que se declare a los demandados, administrativa, extracontractual y solidariamente responsables por los perjuicios materiales causados a los demandantes, con ocasión de la falta de reconocimiento y pago, correspondiente a la provisión efectiva de los servicios a la salud, no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS y por consiguiente, no

costeados por las Unidades de Pago por Captación, UPC, de manera que están a cargo de la subcuenta de compensación del FOSYGA, los cuales fueron cubiertos por la EPS SANITAS, a favor de afiliados y beneficiarios suyos, por concepto de 61 facturas de recobro, junto con los correspondientes soportes, por concepto de insumos de nueva tecnología para el tratamiento República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones quirúrgico y/o diagnóstico de patologías neurológicas, efectivamente suministrados a usuarios suyos, durante enero de 2011 a diciembre de 2012

Mediante auto del 30 de julio de 2014, el JUZGADO VEINTIDOS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA 1, declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá (Reparto). Correspondió por reparto conocer al JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, despacho que el 16 de octubre de 2015, resolvió declarar que ese despacho no era el competente para adelantar el trámite, provocar conflicto negativo de competencia con el

JUZGADO VEINTIDOS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA, y remitir las actuaciones ante esta Corporación2.

El demandante presentó recurso de reposición el 19 de octubre de 20153, resuelto en auto del 20 de abril de 2016, no reponiendo4.

ARGUMENTOS DEL JUZGADO VEINTIDOS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA Este despacho judicial resolvió no conocer del asunto apoyándose en la Jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, radicado 201302472 00 M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, donde se resolvió un asunto igual en el mismo sentido, pronunciamiento que señaló fue acogido en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera. 1 Folios 25 -26 c.o 2 Folios 284 – 289 c.o 3 Folios 290 a 291 c.o 4 Folio 292 c.o República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones

ARGUMENTOS DEL JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ En este caso el presente estrado judicial, expresó apartarse del precedente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto el alcance del artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social, no es del presente asunto, por cuanto se pretende el reconocimiento, la compensación y la

solidaridad por parte del Estado Colombiano respecto de recobros al FOSYGA, por lo tanto advierte que la controversia suscitada no deriva de controversias referentes al sistema de seguridad social integral que susciten sus afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras del sistema, al tiempo que expresa que los servicios del sistema que conoce esa jurisdicción ya fueron prestados por la Entidad demandante, que respecto de los beneficiarios o afiliados del sistema no existe incumplimiento por parte de E.P.S o I.P.S alguna, por lo tanto descartan que deban conocer de la demanda. Reafirma su postura trayendo a colación jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional Sentencia C-1027 de 2002. Afirma que debe conocer la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, acorde con el artículo 104 del C.P.A.C.A., e indica que la competencia de la Superintendencia de Salud dada en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 adicionada por la Ley 1438 de 2011, en la cual se indicó que dicha Entidad, podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un Juez, entre otros, los conflictos derivados de las devoluciones o glosas de las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no excluye la regla general de dicha normatividad. De otra parte citó la Jurisprudencia del Consejo de Estado, radicado 2012-00107-00 del 22 de enero de 2015, en la cual se indicó que cuando se acude a demandar los cobros del FOSYGA la competencia es del Contencioso Administrativo. Finalmente reseñó concepto de la Procuraduría General de la Nación, en el cual se

esbozó conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa al tratarse de un medio de República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones control previsto para ventilar los procesos relacionados con la Responsabilidad extracontractual del Estado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372

del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,

ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento del medio de control de reparación directa, interpuesto a través de apoderado judicial por ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A, contra la

NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN SOCIAL.

En el Sub - examine, el demandante pretende el pago de la suma de dinero adeudada por el ente accionado, en razón a la cobertura y suministro efectivo de los servicios no incluidos en el plan obligatorio de saludPOS y a su vez no costeados por las unidades de pago por capitación UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a sus usuarios y están a cargo de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA, así como las indemnizaciones y demás emolumentos que le corresponden por ley. República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones Al respecto se tiene que con la Ley 100 de 1993 se creó el “Sistema de Seguridad Social Integral”, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, con el fin de brindar una calidad de vida de acuerdo con el postulado constitucional de un orden social justo e igualitario, mediante la protección de las contingencias que la afecten, y estando sujeta a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.

Por otro lado, encontramos que el artículo 48 de la Constitución Política consagró como derecho fundamental la garantía a todos los habitantes del derecho irrenunciable a la seguridad social, y establece que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. Además, dispone que la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de acuerdo con la ley y que sus recursos no se puedan destinar ni utilizar a fines diferentes. Al igual, la Seguridad Social Integral, cuya unidad conceptual que viene dada desde la propia Constitución y es desarrollada por la Ley 100 de 1993, exige la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada en orden a dirimir las controversias que se relacionen con esta materia que no es otra que la ordinaria laboral, con las excepciones contempladas en los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993. A su turno el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el numeral 4° del artículo 2° de

la Ley 712 de 2001 (que reformó el código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) señaló lo siguiente: ARTÍCULO 2º. Competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de: “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos” Respecto al tema en estudio, la Corte Constitucional al ocuparse de una demanda de inexequibilidad contra el artículo 4°, numeral 2° de la ley 712 de 2001(modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012), reafirmó su postura sobre el asunto en referencia: “De conformidad con el ordenamiento superior, en sus artículos 48 y 365, la distribución de la competencia que trae la norma demandada, en el sentido de que la jurisdicción del trabajo conocerá de las controversias producidas entre entidades públicas y privadas del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados proviene, adicionalmente a lo señalado en el acápite anterior, de la facultad del legislador de establecer el régimen jurídico al cual se verá sometida la prestación de un servicio público.

El ámbito de aplicación de la regulación que ocupa la atención de la Corte es el de la seguridad social, la que por mandato del artículo 48 de la Carta Política, forma parte de los derechos sociales y económicos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio NACIONAL, debiendo prestarse en la forma de un servicio público de carácter obligatorio, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador creó el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente las contingencias económicas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. Así, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas “obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro” (art. 1o.). La anterior concepción del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la población colombiana en materia de salud y pensiones, con especial atención de las personas que carecen de capacidad económica, para brindarle suficiente protección ante eventuales contingencias. De este modo, la implantación de un sistema en estos términos se evidencia como un conjunto armónico de “entidades públicas y privadas, normas y procedimientos” para República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones la prestación de los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.). (…) La creación de un sistema integral de seguridad social, con el cual se pudiese establecer una organización institucional y normativa especial para brindar una mejor prestación de ese servicio público, era requerida dada la multiplicidad de situaciones que existían antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que ésta normatividad debió diseñar un sistema único que abarcase progresivamente la totalidad de la población colombiana, bajo la vigencia de unos principios rectores, como son los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (art. 2o.).

La articulación de las políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un régimen jurídico unificado y específico, proviene precisamente del cumplimiento de ese principio de unidad (art. 2o. literal e); con ello, el legislador integró tanto los asuntos de orden sustantivo, en la medida en que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, como los de orden procedimental, los cuales facilitan su prestación efectiva; a éstos últimos, pertenecen las reglas de jurisdicción y competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de esos asuntos. De esta manera, la atribución de la solución de las controversias suscitadas entre las

entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. (…) Así las cosas, siendo el objeto de la norma acusada la atribución de una competencia a una determinada jurisdicción con el fin de precisar la autoridad judicial que dilucide las controversias de los sujetos que, bajo un mismo régimen jurídico, integran el sistema de seguridad social integral, es claro que la clase de vinculación al Estado no puede configurar un criterio válido para alegar una desigualdad de trato entre servidores públicos, pues se reitera que es en razón de la condición de afiliado a dicho sistema que se estructura la competencia judicial, en la forma República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuración”5. (negrillas y subrayado fuera de texto) Más adelante, precisa la Corte Constitucional sobre el tema materia de litis lo siguiente: "En suma, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los

afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula. Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutandi igual al artículo 2º de la ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la exégesis que las altas Corporaciones de justicia le habían impartido. Valga recordar que en esas sentencias se precisó que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo ni los actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia, sino la relación afiliado, beneficiario o usuario, con la respectiva entidad administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral. Por tanto, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador. Igualmente se destacó que el legislador en ejercicio de la libertad política de configuración de normas jurídicas y en armonía con los artículos 150-23 y 228 Superiores, tiene un amplio margen de decisión para distribuir una competencia judicial dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicción del Estado en un asunto previamente señalado, bajo estrictos contornos de protección de la vigencia y primacía del debido proceso (C.P. art. 29). Por tanto, bien podía el

legislador en ejercicio de esas innegables potestades asignar la competencia a la jurisdicción 5 CORTE CONSTITUCIONAL , SENTENCIA c-111 DE 2000, expediente D-2465, M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, 9 de febrero de 2000 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones ordinaria para conocer de las controversias referentes a sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de su relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan6”.

Por consiguiente, el tema puesto a consideración de esta Sala, no es otro que el referente al Sistema de Seguridad Social Integral, por cuanto el interés principal de la parte demandante, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A, contra la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD PROTECCIÓN SOCIAL, son los valores contenidos en solicitudes de recobro referentes a la cobertura y suministro efectivo de servicios, no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, reconocidas mensualmente a sus usuarios y que están a cargo de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA, a su vez las indemnizaciones y demás emolumentos que le corresponden al demandante por Ley. En consecuencia, ha encontrado la Sala que es la Jurisdicción Ordinaria a quien le corresponde

dirimir la presente litis, como quiera que la controversia se suscitó entre una entidad prestadora del servicio de salud de carácter particular y una entidad pública, situación que sin lugar a dudas, se enmarca en lo normado y ya referido numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 (modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012), pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral. Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema que nos ocupa, se remitirán las diligencias al JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, para que asuma la competencia del mismo. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 6 CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-1027 DE 2002, expediente D-4027, M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, 27 de noviembre de 2002 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Ordinaria, representado en

el JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y copia de la presente providencia al

JUZGADO VEINTIDOS ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C - SECCIÓN TERCERA, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial