CSDJ - F11001010200020160277600ADJUNTA20170824145809-2017

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Laboral y Jurisdicción Contencioso Administrativa Corresponde a la Sala resolver el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL CAQUETÁ y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIACAQUETÁ, por el conocimiento de la demanda laboral de los señores

JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO ARTURO GARRO GÓMEZ,

ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE, JUAN CARLOS PAI CASTRO, EIDER

QUINTANA CHILITO Y DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL contra el MUNICIPIO DE

FLORENCIA - ALCALDIA MUNICIPAL.

Se envía a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Magistrada Ponente: Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado: 110010102000201602776 00 (12654-30) Aprobado según Acta de Sala No. 69 ASUNTO Corresponde a la Sala resolver el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL CAQUETÁ y el JUZGADO

TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIACAQUETÁ, por el

conocimiento de la demanda laboral de los señores JUAN CARLOS

LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO ARTURO GARRO GÓMEZ,

ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE, JUAN CARLOS PAI CASTRO,

EIDER QUINTANA CHILITO Y DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL contra

del MUNICIPIO DE FLORENCIA - ALCALDIA MUNICIPAL.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Los señores JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO ARTURO

GARRO GÓMEZ, ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE, JUAN CARLOS PAI CASTRO, EIDER QUINTANA CHILITO Y DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL, el 20 de octubre de 2011 según acta individual de reparto, mediante apoderado, interpusieron demanda ordinaria laboral contra el MUNICIPIO DE FLORENCIA - ALCALDIA MUNICIPAL, a fin de que se reconozca el pago de salarios, cesantías, intereses de cesantías, prima, vacaciones, subsidio de transporte y horas extras, correspondientes a la labor desempeñada como vigilantes de la Alcaldía Municipal de FlorenciaCaquetá desde el 1 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2009, adicionalmente solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización, sanción moratoria e intereses. (fls. 2 – 18 c.o.)

2. Arribada la actuación al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA, este Despacho en Audiencia del 16 de agosto de 2012, negó la solicitud de la parte demandante de volver a

citar los testigos que no comparecieron en esa Audiencia, por lo cual dicha decisión fue apelada enviando las diligencias a su superior jerárquico para lo pertinente. (fl. 208 c.o. cd 2) 3.- Una vez conoció el Recurso interpuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL CAQUETÁ, dicha Corporación mediante en Audiencia del 24 de febrero de 2016, decretó la nulidad de todo lo actuado toda vez que consideró que no era competente para conocer del asunto debido a que la parte demandada era una entidad pública y los demandantes tenían la calidad de empleados públicos, razón por la cual el conocimiento del mismo debía ser de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa enviando el asunto de marras a esa jurisdicción. (fl. 14 c.a. cd 1 ).

4. Recibida la actuación en el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIACAQUETÁ, el operador judicial en auto del 13 de julio de 2016, resolvió proponer conflicto negativo de jurisdicciones, al considerar que: “solamente al tenerse la certeza sin lugar a dudas que el asunto ventilado trata de empleados públicos será la jurisdicción contenciosa administrativa a quien le atañe conocer de tales asuntos, no obstante, al tratarse de trabajadores oficiales, ante la duda sobre su condición o ante otra forma de vinculación irregular, será la jurisdicción ordinaria laboral a quien le corresponderá dirimir las controversias que se presenten entre la entidad pública y quienes les presten sus servicios.” Por lo anterior, dispuso el envío del expediente a esta Superioridad

para dirimir el conflicto negativo planteado (fls. 23 a 25 c.o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación

a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente

habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de

la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia NACIONAL, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor:

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)”

2. Del objeto del presente conflicto El objeto del presente conflicto se encamina a establecer si en atención a la demanda laboral que instauró los señores JUAN CARLOS LÓPEZ

RAMÍREZ, BRAULIO ARTURO GARRO GÓMEZ, ALEXANDER

SALAZAR AGUIRRE, JUAN CARLOS PAI CASTRO, EIDER

QUINTANA CHILITO Y DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL contra del MUNICIPIO DE FLORENCIA - ALCALDIA MUNICIPAL, la competencia debe ser atribuida a los Jueces Administrativos o por el contrario, a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral. 2.1. Caso Concreto Corresponde a la Sala, acorde al presupuesto consignado en el numeral 1º del acápite de “Antecedentes y actuación procesal” de esta decisión, entrar a establecer cuál es la Jurisdicción competente para conocer de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el apoderado judicial de los señores JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO

ARTURO GARRO GÓMEZ, ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE,

JUAN CARLOS PAI CASTRO, EIDER QUINTANA CHILITO Y

DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL contra MUNICIPIO DE FLORENCIAALCALDIA MUNICIPAL.

Dentro de las pretensiones de la parte actora se busca sean reconocidas y canceladas las prestaciones sociales, cesantías,

intereses sobre las cesantías, primas de servicios, bonificación por servicios prestados, primas de navidad, primas de vacaciones, indemnización por vacaciones, auxilio de transporte y demás prestaciones salariales a que tiene derecho, adjuntando para ello las minutas de los días laborados elaboradas por los demandantes que se encuentran del folio 150 al 194 esto por cuanto según los hechos de la demanda los contratos realizados con los vigilantes fue de forma verbal en reunión convocada por la alcaldesa de la entidad territorial demanda. Como primera medida, la Sala encuentra que en el proceso de marras, según se señaló en la demanda los actores contrataron con el Municipio de Florencia, con el objeto de prestar sus servicios como Guardas de Seguridad, entidad territorial que de conformidad con el Decreto 1333 de 1986 por el cual se expidió el Código de Régimen Municipal dispone en su artículo 292 lo siguiente: “Artículo 292º.- Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempañadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.” Ahora bien, con fundamento en la naturaleza jurídica de la entidad demandada y en la normatividad anterior, cabe aclarar que evidentemente con lo único que se cuenta para establecer el vínculo laboral son las minutas elaboradas por los demandantes por lo cual de probarse esta relación laboral sería procedente determinar las calidades de servidor público que ostentan los demandantes, ya que ésta circunstancia es un factor determinante para fijar la competencia

en esta clase de asuntos, clasificación que la previó el legislativo en la norma antes citada, la cual establece que en los Municipios sus servidores tendrán la calidad de empleados públicos, salvo los que son trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física, quienes tendrán la condición de trabajadores oficiales como es el caso de los señores JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO

ARTURO GARRO GÓMEZ, ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE, JUAN

CARLOS PAI CASTRO, EIDER QUINTANA CHILITO Y DELFIN

SÁNCHEZ PIMENTEL.

Es así, como en el presente evento los actores solicitaron por vía judicial el reconocimiento y pago de varias acreencias de carácter laboral adeudadas por la entidad demandada a partir del reconocimiento de la relación laboral. Por lo anterior, la Sala encuentra preciso resaltar que en este sentido la Corte Suprema de Justicia trazó unas directrices legales muy claras en sentencia CSJ SL, 4 Jun 2008, Rad. 33465, reiterada en la CSJ SL4234-2014, cuando dijo: “Al margen de la decisión, y en procura de su función unificadora de la jurisprudencia, considera la Sala oportuno reiterar que la jurisdicción laboral está instituida para conocer de los conflictos jurídicos emanados directamente del contrato de trabajo, sean de carácter particular o de carácter oficial. En este último ámbito, no toda relación de dependencia y subordinación puede asimilarse a un contrato de trabajo, pues existen otras

modalidades de vinculación, que si bien comparten algunos rasgos comunes con la estrictamente laboral, se rigen por otras pautas, como por ejemplo las relaciones legales y reglamentarias, cuyos conflictos, incluso los derivados del principio de primacía de la realidad, deben ser resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa. En ese mismo orden de ideas, no todo conflicto de reclamación de salarios o de prestaciones sociales por una relación entre el servidor oficial, real o ficto, y un ente oficial corresponde dilucidarlo a los jueces laborales, pues solamente les está dado conocer de aquellos en que subyace un contrato de trabajo, ya que los restantes son del resorte de los jueces administrativos. Determinar si en un caso concreto hay o no contrato de trabajo en una relación con una entidad oficial es asunto que se resuelve en atención a las directrices legales que se han trazado sobre la materia. En ese orden de ideas, se conoce que hay siempre contrato de trabajo cuando el trabajador presta sus servicios a una empresa industrial y comercial del Estado, con las excepciones establecidas en la ley, o en entidades equiparables a ésta; también cuando la persona labora en una entidad pública en actividades de construcción o sostenimiento de obras públicas; cuando el legislador así lo ordena, por ejemplo en la Ley 10 de 1990, frente al personal de servicios generales. Congruente con lo preceptuado en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en su artículo 104 numeral 4º que consagra lo siguiente en materia de Seguridad Social: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.” Por el contrario el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, que a la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades, laboral y de seguridad social le corresponde definir los asuntos referidos a “los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.

Es por ello, que observa la Sala que tanto el C.P.A.C.A. al igual que la Ley 712 de 2001, mantiene claramente definida la competencia de cada una de las jurisdicciones en aspectos laborales, correspondiendo a la ordinaria la definición de conflictos originados en el contrato de trabajo y a la administrativa los ocasionados a partir de la relación laboral legal o reglamentaria, es decir el de empleado público. Así las cosas, como las pretensiones contenidas en la demanda se desprenden del vínculo laboral como empleados públicos en el cargo de Guardas de Seguridad que no se encuentra en un contrato, el juez natural del presente asunto no es otro que el juez Contencioso Administrativo, por lo tanto se dirimirá el presente conflicto asignándole

a éste el conocimiento de la acción incoada por los señores JUAN

CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO ARTURO GARRO GÓMEZ,

ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE, JUAN CARLOS PAI CASTRO,

EIDER QUINTANA CHILITO Y DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL contra

la Del MUNICIPIO DE FLORENCIA - ALCALDIA MUNICIPAL.

En consecuencia, esta Colegiatura asignará la competencia para conocer de la demanda propuesta por el señor JUAN CARLOS

LÓPEZ RAMÍREZ, BRAULIO ARTURO GARRO GÓMEZ,

ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE, JUAN CARLOS PAI CASTRO,

EIDER QUINTANA CHILITO Y DELFIN SÁNCHEZ PIMENTEL contra

el EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CUNDAY Y EL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA, a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada en esta oportunidad por el JUZGADO

TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIACAQUETÁ.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales. RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL CAQUETÁ y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIACAQUETÁ, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, representada por el segundo de los Despachos mencionados.

SEGUNDO: REMITIR el presente asunto al conocimiento del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIACAQUETÁ para lo de su asunto y copia de la presente decisión al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL CAQUETÁ, para su información correspondiente.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial