CSDJ - F1100101020002016028540020170327075323-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Magistrado ponente: Doctor JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicación No. 110010102000201602854 00 Aprobado según Acta No. 19, de la misma fecha. ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a dirimir el conflicto Positivo de competencias suscitado entre la FISCAL 67 ESPECIALIZADO UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, y el JUZGADO VEINTIUNO DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR, con ocasión de la investigación penal que se adelanta por el delito de HOMICIDIO, cometido por miembros en averiguación del Batallón de Artillería No la popa, dando como resultado en hechos dudosos la muerte del señor NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO. ANTECEDENTES PROCESALES El 24 de abril de 2013, se presentaron los hechos en los que falleció el señor NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO, en el Corregimiento el Llerasca en el municipio de Becerrilr (Cesar)), los sucesos ocurrieron en desarrollo de la operación ATILA al sector de la finca el Prado de propiedad del Diputado Gabriel Rodríguez ubicada en el corregimiento el desastre jurisdicción del municipio de San Diego (Cesar), donde acudieron tropas del Batallón de Artillería No 2 la Popa, ante la

información de un secuestro colectivo que había efectuado un grupo subversivo de la cuadrilla 41 de la ONT FARC, sosteniendo un enfrentamiento armado en las horas de la noche, dando como resultado la muerte NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO, y la liberación de los secuestrados República de Colombia 2 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones Actuación Procesal: -mediante oficio No.0010 el Comandante de la Sección de Inteligencia sargento primero EFRAIN ANDRADE señala que NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO, fue dado de baja por tropas orgánicas, del batallón la popa, el día 22 de abril de 2003, en la finca conocida como el Prado en desarrollo de la operación de registro de control militar del área. -En primera instancia el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, fue quien conoció de la investigación preliminar. -La indagación preliminar fue remitida al Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar con fecha del 17 de diciembre de 2004, pronunciándose sobre la solicitud de remisión por competencias realizada por el fiscal 67 especializado de la UNDH y DIH, avocando conocimiento el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, mediante auto de fecha del 30 de diciembre de 2004.

-Mediante auto del 30 de diciembre de 2004, el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar decidió inhibirse de iniciar acción de penal dentro de la investigación. -El 08 de junio de 2001, mediante denuncia hecha por la madre de la víctima la señora DIOCELINA VILLADIEGO ORTEGO residente en Agustín Codazzi (Cesar), ante la Unidad Nacional De Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario, quien solicitó se reabriera la investigación que en su momento se rescontraba archivada en el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO VEINTIUNO DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR Pronunciándose sobre la solicitud de remisión por competencias realizada por el fiscal 67 especializado de la UNDH y DIH, es importante traer a colación el análisis de comportamiento criminal de fecha 30 de octubre de 2009, que la Fiscalía integra al proceso pruebas que no son conducentes ya que se República de Colombia 3 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones desconocen su contenido completo, ya que al no haberse cumplido el debido proceso con la carga probatoria. Para este juzgado no existen las dudas que las circunstancias que rodearon los hechos donde resultó muerto NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO, fue dentro

del desarrollo de la operación ATILA No. 2 dando cumplimiento al artículo 217 de la constitución, surgió un enfrentamiento y ellos en defensa de su vida surgió un enfrentamiento con personal de las FARC las cuales tenían secuestradas a 11 personas quienes en su momento eran 11, ( 7) adultos y (3) niños en la finca el Prado jurisdicción del municipio de San Diego (Cesar), siendo la conducta propia a su función. En desarrollo de la jurisprudencia constitucional, analizando la órbita de competencia de la jurisdicción penal militar en forma restrictiva y excepcional, veremos porque el presente caso es de competencia nuestra; exponiendo Lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C - 358 de 1997”. un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor - es decir del servicio - que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública...") la conducta sub examine se deriva estrechamente de la ejecución de una misión táctica u operación militar legal, precisamente posee su origen en el contexto del cumplimiento de la labor o misión asignada por la propia constitución a la fuerza pública, con el fin preservar el orden constitucional, en riesgo y quebrantado copiosamente por el accionar indiscriminado de las organizaciones armadas al margen de la ley, que contrarían la observancia de los fines estatales preceptuados en el artículo 2 de la norma superior; en este caso no han surgido elementos de convicción que válidamente contraríen nuestra competencia, toda vez que no se encuentra demostrado, ni existe duda razonable que indique que

los agentes estatales comprometidos tuviesen propósitos criminales ab initio, o que hayan empleado su investidura para reprochablemente realizar el punible sub examine. República de Colombia 4 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones Con las anteriores precisiones, este despacho de Instrucción Penal Militar considera que hasta el momento, de las pruebas arrimadas la a investigación, emerge con claridad que la jurisdicción aplicable a este caso es la jurisdicción penal militar, porque se dan los elementos objetivo de que habla la Carta Magna en su artículo 221, en consecuencia, solicitó que la investigación se remita a la Justicia Penal Militar CONSIDERACIONES FISCAL 67 ESPECIALIZADO UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO De los hechos se desprende que estamos frente al homicidio del señor NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO, crimen que está expresamente en el excluido del ámbito de competencia de los tribunales militares, en este caso se encuentran vinculados miembros del tercer pelotón de la BATERA C EL BATALLON LA POPA, quienes sostienen que no es un homicidio si no una muerte que se dio dentro del combate contra las milicias de las FARC, para este despacho existe

confusión en los hechos ya que de cuerdo a lo anterior se advierte la existencia de dos versiones de como falleció la víctima, una la que sostienen los militares para arribar a esa conclusión realizo un análisis de la figura del fuero militar en el derecho internacional, el ámbito de competencia de la justicia ordinaria y el de la justicia penal militar, y la incompetencia de la justicia penal militar para conocer de violaciones graves de derechos humanos, para finalizar argumentando que: “2.3.2 Caso Concreto. Para este despacho no existe el menor equivoco que las personas supuestamente involucradas en la muerte del señor NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO eran miembros activos de la fuerza pública para la fecha que ocurrieron los estos hechos, también no es cierto que ene l presente caso se cumple con los requisitos funcionales que enuncia el artículo 221 de la constitución política: “Artículo 221. De las conductas punibles cometidas por los miembros de la República de Colombia 5 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario. La Justicia Penal Militar o Policial será independiente del mando de la Fuerza Pública”. En el caso subjudice estas pruebas son las que nos llevan a firmar que conductas como esas, no pueden tener ninguna relación con el servicio militar o policial y estas no corresponden en ningún momento a las funciones que se le han encomendado a los miembros de la fuerza pública. Dentro de la investigación al parecerla muerte de la víctima no obedece a un enfrentamiento, ante grupos subversivos como lo afirma los miembros el ejército nacional si no, en una actuación contraria a sus afirmaciones, ajenas a cualquier misión y a las legítimas funciones del ejercicio de las fuerzas militares En este caso bien podríamos hablar de una extralimitación de las funciones de las fuerzas militares ya que se abstienen del procedimiento constitucionalmente dispuesto al no dar cumplimiento del debido proceso dando aprehensión y colación de manera inmediata a órdenes de la autoridad judicial competente encargada de investigar el delito de rebelión y sus conexos. Para la fiscalía es esta jurisdicción la que debe proseguir con el tramite República de Colombia 6

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones investigativo de estos hechos; propuesto por el Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar Por lo anterior propone el CONFLICTO DE COMPETENCIAS ante CONSIDERACIONES DE LA SALA De la competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir conflictos de jurisdicciones, en virtud del mandato consagrado en el artículo 256, numeral 6, de la Carta Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 112, numeral 2, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004. La competencia ha sido definida como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, bien porque ambos funcionarios estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no le corresponde, evento en el cual será negativo, y para que este se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que al funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso. b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros

acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo. República de Colombia 7 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones Antes de entrar a decidir lo que en derecho corresponda, es pertinente señalar que en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada "equilibrio de poderes", en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: "(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas

de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que "la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela". Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: "Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial", en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional República de Colombia 8

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Por lo anterior, si bien la Norma constitucional previó la creación del Tribunal de Garantías Penales para los miembros de la Fuerza Pública, el ejercicio de su funciones quedó sujeto a la expedición de una norma de carácter estatutario; de allí, que la atribución otorgada a esta Corporación y prevista en el numeral 3 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, sigue en plena vigencia. La Competencia de la Justicia Penal Militar con ocasión del Fuero Castrense. Se ha entendido tradicionalmente la expresión fuero militar como la institución por la cual los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en cumplimiento de la misión que la Constitución les ha asignado, son conocidos por tribunales militares, no por un mero privilegio, sino atendiendo a la gran especialidad que reviste la labor que tales servidores públicos desarrollan, que igualmente requiere un especializado conocimiento del juez sobre los procedimientos y muy particulares actividades que en cumplimiento de tales cometidos constitucionales les corresponde adelantar. Se entiende entonces que las conductas que se convierten en hechos punibles,

ocurren en cumplimiento del servicio militar o policial que les corresponde, constituyendo extralimitaciones, omisiones, excesos, abusos en tal servicio que ingresan al campo delictivo y, por lo mismo, son los mismos miembros de la fuerza pública quienes podrán tener los elementos de juicio necesarios para establecer la ocurrencia de los hechos y las responsabilidades penales a que haya lugar, porque nadie como ellos conoce el modus operandi de las fuerzas armadas y la policía para llegar a conocer de la manera más precisa las circunstancias y móviles que determinaron en un momento dado a uno de sus miembros a desviar el cumplimiento de la misión. Por esta misma razón, no es cualquier delito el que pueden conocer los tribunales militares, sino el que se desprenda del cumplimiento de sus especializadas República de Colombia 9 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones labores según la misión que la Constitución les ha encargado cumplir dentro de la sociedad, porque si el delito nada tiene que ver con la misma, no hay razón para que un juez especializado lo conozca, pues ningún conocimiento especializado requiere para adelantar el juzgamiento. Simplemente se trataría de un delito que tiene idénticas características al que comete una persona que no tiene la calidad de miembro de la fuerza pública en servicio activo.

Esto nos muestra que la razón de la aplicación del fuero militar para un caso determinado debe tener un carácter sustancial, y no meramente formal, porque como vimos son sustanciales las razones de la existencia de la institución del fuero militar. Entenderlo de otra manera desvirtuaría su esencia misma y lo convertiría en un puro privilegio estamental; su acción se desligaría del elemento funcional y se terminaría por discernir el fuero por la sola circunstancia de que el sujeto activo del delito es miembro de la fuerza pública, todo lo cual resultaría inaceptable en un Estado de Derecho. Como adelante se verá, lo que hasta aquí se ha dicho explica la forma en la que la Constitución Política de Colombia reguló el tema del fuero militar. Hay que decir también que la justicia castrense puede conocer tanto de los denominados delitos militares como de delitos comunes, porque unos y otros pueden tener relación con el servicio, porque ambos están dentro del Código Penal Militar y porque la Corte Constitucional declaró exequible la norma del antiguo Código Penal Militar que así lo establecía expresamente1, jurisprudencia que en vigencia del nuevo ha reiterado2. Dijo en aquella ocasión la Corte: “Así las cosas, es claro que el Código Penal Militar consagra no sólo hechos punibles militares, sino también ordinarios o comunes en los que pueden quedar incursos los miembros de la Fuerza Pública, al cumplir la misión o servicio que les ha sido asignado… De acuerdo con estos lineamientos para que un delito común cometido por un miembro de la fuerza pública sea objeto del conocimiento de la justicia 1 Sentencia C-561 de 1997. MP. Carlos Gaviria Díaz.

2 Sentencias C-368 de 2000 y C-361 de 2001. República de Colombia 10 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones penal militar y, por ende, se le apliquen las normas contenidas en el Código Penal Militar, se requiere: primero, que dicho sujeto sea miembro activo del cuerpo militar o policial, y segundo, que el ilícito se produzca en el ejercicio de actos del servicio, es decir, de las tareas o funciones que el constituyente y el legislador le han asignado a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional… En consecuencia, no son todos los delitos comunes los que debe investigar y juzgar la justicia penal militar, sino única y exclusivamente aquellos que guardan íntima relación de conexidad con los actos propios de la función pública que le corresponde desarrollar a la fuerza pública”. Elementos del Fuero Castrense. Pues bien, los elementos que determinan la aplicación del fuero militar en Colombia se extractan claramente de la descripción que el constituyente de 1991 hizo de esta institución en el artículo 221, modificado por el Acto Legislativo 02/95, artículo 1º, en los siguientes términos: "De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio,

conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro". De conformidad con la norma precedente, se colige que son tres los requisitos que se exigen para que el fuero especial de juzgamiento ante la Justicia Penal Militar tenga operación, a saber:

1. Ser la persona investigada o juzgada, miembro de la fuerza pública.

2. Estar la misma persona en servicio activo, aspecto funcional y,

3. Que el delito tenga relación con el servicio.

Y en punto a ello la jurisprudencia constitucional, en sentencia C -358 de 1997 ha definido tres factores para solucionar estos conflictos de competencia a saber: República de Colombia 11 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones

1. La existencia de un vínculo claro de origen entre el delito y la actividad del servicio dentro del marco de la función propia del cuerpo armado, excluyendo por supuesto cuando el agente tiene un propósito criminal y el ejercicio de las funciones militares constituye un enmascaramiento de la actividad delictiva.

2. La gravedad inusitada del delito. Esta regla tiene como fundamento, que delitos como los de lesa humanidad, que desconocen abiertamente el

principio de la dignidad humana y que conllevan la vulneración de derechos fundamentales de los asociados, no podrán ser considerados como actos relacionados con el servicio. 3.- El análisis de relación con el servicio debe provenir claramente de las pruebas que obran en el proceso. La regla se basa en que la Justicia Penal Militar constituye la excepción a la norma ordinaria, y ésta solo será competente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Del Caso en Concreto. Se trata de la investigación penal que se adelanta por el delito de homicidio, cometido con ocasión de la investigación preliminar que se adelanta, con ocasión de la investigación penal que se adelanta por el delito de HOMICIDIO, cometido por miembros en averiguación del Batallón de Artillería No la popa, dando como resultado la muerte del señor NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO. Respecto de las acciones desplegadas por los miembros Batallón de Artillería No 2 la popaPelotón Trueno, los hechos ofrecen serias DUDAS, respecto a las acciones desplegadas , conforme lo dispuesto claramente en nuestra constitución política, ninguna autoridad de la república para el caso en concreto la militar puede disponer de la vida de las personas, en esta medida cualquier hecho punible que se cometa con desconocimiento de ese deber no guarda ninguna relación con el servicio institucional, por cuanto en nuestro país no existe la pena República de Colombia 12 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones de muerte y toda acción que vaya en contra de la función constitucional asignada a las fuerzas militares se investigara y será adelantada por la jurisdicción penal militar Los delitos, investigados surgen toralmente contrarios a los derecho humanos, cuya vulneración jamás podrá considerarse relacionada con el servicio, para este caso los militares comprometidos, en el desarrollo de la acción contra integrantes de grupos subversivos, no podían disponer de la vida de esas personas, so no que era su deber protegerlas, bajo ningún pretexto, estaban facultados para vulnerar los derechos fundamentales de esos individuos puesto que la realización conductas criminales o es un medio aceptable para cumplir las misiones confiadas a la fuerza pública. para la Sala es claro que la existencia de una misión táctica por sí sola no es prueba de haberse suscitado un combate en desarrollo de la misma, ni mucho menos que cualquier acto desarrollado por los miembros de la Fuerza Pública que indiquen actuar en cumplimiento de esa misión, tiene relación directa con el servicio y su investigación y juzgamiento corresponde a la justicia penal militar, pues bajo tal apreciación bastaría contar con una misión para estimar que cualquier conducta, incluso graves violaciones de los derechos humanos, tienen relación con el servicio y escapan de la justicia penal ordinaria, por lo cual resulta abiertamente inadmisible la fundamentación al Juzgado 21 de Instrucción Penal, para asignarla a la jurisdicción Penal Militar

En este sentido cabe reiterar lo expuesto en la sentencia C-358 de 1997, por esta Corporación: “La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este sentido, no todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o policiva.”3 3 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-358-97.htm República de Colombia 13 Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones De lo anterior se deduce que hay serias dudas sobre las circunstancias en que se produjo la muerte NEIL EDUARDO HOYOS VILLADIEGO y en cuanto está en entredicho que fue en enfrentamiento y pudo haber sucedido por fuera del escenario de confrontación armada descrito por los investigados, por ser la jurisdicción penal militar de carácter excepcional y especial, el conocimiento de la investigación y el juzgamiento del delito de homicidio debe ser atribuido a la jurisdicción penal

ordinaria. De lo anterior, se estima que no es una conducta de la competencia de la Jurisdicción Penal Militar porque no existe un vínculo claro de origen entre la conducta punible y la actividad del servicio, no existe la certeza de la existencia del combate en forma real y espontánea, solo existen las dudas ya señaladas y no la nitidez exigida para la aplicación a la excepción del principio del juez natural, por lo tanto, se le deberá atribuir el conocimiento a la Justicia Penal Ordinaria. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: DIRIMIR el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, ASIGNANDOLE el proceso a la justicia penal ordinaria. Representada por la FISCALÍA 67 ESPECIALIZADO UNIDAD

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Fiscalía Sesenta y Siete (67) Especializada de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados, para que investigue el asunto, y copia de esta decisión al JUZGADO VEINTIUNO (21) DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR , para su información.

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M.P. Dr. José Ovidio Claros Polanco Radicado N° 110010102000201602854 00 Conflicto de Jurisdicciones Por la Secretaría Judicial de la Sala se comunicará a los sujetos procesales lo aquí decidido.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VÍCTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial