CSDJ - F11001010200020160317800ADJUNTA20171002130020-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Magistrado Ponente: Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Radicación No. 110010102000 201603178 00 Aprobado según Acta de Sala N° 69 de la misma fecha.

REF. CONFLICTO DE COMPETENCIAS ENTRE LAS

JURISDICCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y

ORDINARIA LABORAL.

ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado 8° Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá- Sección Segunda, con ocasión del conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora FANNY CHICA VILLEGAS a través de apoderado, contra de LA NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y PAR ISS LIQUIDADO (representado por FIDUAGRARIA)

HECHOS

REF. CONFLICTO DE COMPETENCIAS RAD. 110010102000 201603178 00

M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO El día 18 de diciembre de 2015, la señora FANNY CHICA VILLEGAS, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, con el fin de obtener

la nulidad de la resolución N° 10.909 del 31 de marzo de 2015 expedida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, mediante la cual negó el reconocimiento de intereses moratorios generados por la demora en el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada el 4 de diciembre de 2007 que fue pagada el 14 de julio de 2012 y en consecuencia el reconocimiento y pago de los mismos. La señora Fanny Chica laboró en el Instituto de Seguros Sociales como Ayudante de Servicios Generales en la Clínica León XIII, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2002, siendo desvinculada de forma unilateral e injustificada Mediante sentencia adiada el 21 de noviembre de 2007 la Corte Suprema de JusticiaSala de Casación Laboral, reconoció la condición de trabajadora oficial de la señora CHICA VILLEGAS y dispuso su reintegro con el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir La demanda le correspondió al Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Bogotá- Sección Segunda, el cual mediante auto adiado el 20 de enero de 2016, se declaró incompetente para conocer del asunto, manifestando que es la Jurisdicción Ordinaria la que debe asumir el conocimiento por cuanto a la señora FANNY CHICA VILLEGAS mediante sentencia judicial se le reconoció la calidad de trabajadora oficial, conforme a la excepción prevista en el artículo 104 del Código de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispuso entonces remitir a los juzgado

REF. CONFLICTO DE COMPETENCIAS

RAD. 110010102000 201603178 00 M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO laborales de Medellín dicho asunto por cuanto fue en esta ciudad donde se prestó el servicio. Por su parte, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín, propuso conflicto negativo de competencia porque la accionante pretende la nulidad de un resolución, asunto de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 del decreto 254 de 2000, que advierte: “ARTÍCULO 7º-De los actos del liquidador. Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyen ejercicio de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación.” En consecuencia, dispuso la remisión de la actuación a esta Corporación. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria está facultada para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la Ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales salvo lo consagrado el numeral 3º del artículo 114 de la Ley

270 de 1996.

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14).

En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Reiteró la Corte Constitucional que “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomen posesión, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. El objeto de la demanda incoada por la señora FANNY CHICA VILLEGAS, es la nulidad de la resolución N° 10.909 del 31 de marzo de 2015, 2015

expedida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN,

mediante la cual negó el reconocimiento de intereses moratorios generados por la demora en el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada el 4 de diciembre de 2007 que fue pagada el 14 de julio de 2012. Entonces, corresponde a la Sala dirimir el conflicto de competencias surgido entre diferentes jurisdicciones, en tanto el Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito de Bogotá considera que la competencia para conocer del asunto es de la Jurisdicción Ordinaria dada la calidad de trabajador oficial desempeñada por la demandante; mientras el Juzgado 23 del Circuito de Medellín aduce que por tratarse de la nulidad de un acto administrativo, es la

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Jurisdicción Contencioso Administrativa la competente para conocer de la demanda indicada. LA DECISIÓN Pues bien, para desatar el conflicto nos remitimos al contenido de la Ley 712 de 2001, tal como con acierto lo hizo Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, al disponer en el artículo 2º: “…Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de: 1. “Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo“. (Negrilla nuestra). De acuerdo con lo anterior, la Jurisdicción Laboral Ordinaria es la encargada de juzgar las controversias y litigios originados en las actividades de las entidades públicas derivados de la prestación de servicios generales, y en

este caso, quedando demostrado que la demandante se desempeñó en labores correspondientes a un trabajador oficial, esto es, como Ayudante de Servicios Generales en la Clínica León XIII, en la ciudad de Bogotá, como se reconoce en los hechos de la demanda, no hay discusión alguna que la demanda promovida por la señora CHICA VILLEGAS le corresponde a la Jurisdicción Laboral.

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Para que no quede atisbo de duda alguna sobre lo anterior, debemos acudir a la Ley 10 de 1990, que se refiere a la estructura administrativa de la Nación, al clasificar en el artículo 26 los empleos de la siguiente manera: “Artículo 26. Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción:

1. En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1o. de la Ley 61 de 1987. 2. En las entidades territoriales o en sus entes descentralizados: a) Los de Secretario de Salud o Director Seccional o local del sistema de salud, o quien haga sus veces, y los del primer nivel jerárquico, inmediatamente siguiente; b) Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada, y los del primero y segundo nivel jerárquicos, inmediatamente

siguientes; c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Todos los demás empleos son de carrera. Los empleados de carrera, podrán ser designados en comisión, en cargos de libre nombramiento y remoción, sin perder su pertenencia a la carrera administrativa. Parágrafo. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”. De acuerdo con lo anterior, sólo el personal dedicado al mantenimiento de la planta física o de servicios generales ostenta la calidad de trabajadores oficiales.

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO En similar sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en cuanto a la condición de trabajadores oficiales: “No hay una definición legal o reglamentaria que establezca qué actividades comprende el mantenimiento de la planta física, como tampoco las que integran los servicios generales. No obstante, se ha entendido que serían (i) actividades de mantenimiento de la planta física, “aquellas operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones de la planta física hospitalaria, puedan seguir funcionando adecuadamente1. Por su parte serían (ii) servicios generales, “aquellos servicios auxiliares de carácter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria.” (…) “Dichos servicios no benefician a un área o dependencia específica, sino que facilitan la operatividad de toda organización y se caracterizan

por el predominio de actividades de simple ejecución y de índole manual.”2 Dentro tales servicios generales se han incluido los servicios de suministro, transporte, correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafetería”3. Es decir, que a pesar del criterio orgánico que instituye la Ley 1107 de 2006 para establecer qué juez es el competente para conocer de los procesos relativos a controversias y litigios originados en las actividades de las entidades públicas, en lo relativo a temas laborales, es necesario distinguir si se trata de trabajadores oficiales, vinculados a la administración por contrato de trabajo, o de empleados oficiales, los cuales por regla general adquieren tal estatus por situación legal o reglamentaria, pues si se encuentran en el primer grupo, conforme al citado parágrafo de la Ley 1107, el competente para conocer en este caso, es el Juez ordinario, por ser el 1 2 3 Sentencia T-485 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO empleador una entidad pública, con vinculación que se asemeja a un contrato laboral de trabajo. Se concluye entonces, que el conocimiento de la demanda instaurada a través de apoderado judicial por la señora CHICA VILLEGAS, es del resorte de la Jurisdicción Laboral Ordinaria y así lo determinará la Sala en la parte resolutiva de esta decisión. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y

constitucionales, RESUELVE: PRIMERO: DIRIMIR el conflicto suscitado entre jurisdicciones, asignando el conocimiento de este asunto a la Jurisdicción Laboral Ordinaria.

SEGUNDO: REMITIR el presente proceso al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín y copia de esta providencia al Juzgado 8 Administrativo Oral del

Circuito de Bogotá-Sección Segunda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial

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M.P. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO