CSDJ - F11001010200020160370600ADJUNTA20170927112034-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Magistrada Ponente: MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación Número 110010102000201603706 00 Aprobado según Acta Número 38, de la misma fecha TEMA A DECIDIR Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Tercera, la Jurisdicción Ordinaria Laboral en cabeza del Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud, con ocasión al conocimiento de la acción promovida por la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A., a través del medio de control de reparación directa, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONSORCIO

FIDUFOSYGA 2005.

ANTECEDENTES Y ACONTECER PROCESAL

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M.P. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicado Nro. 110010102000201603706 00

CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES EPS Sanitas promovió demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005, como consecuencia de “falta de reconocimiento y pago por concepto de la cobertura y suministro efectivo del procedimiento quirúrgico denominado Cirugía Micrográfica de Mohs, efectivamente suministradas a usuarios suyos, durante el periodo comprendido entre junio de 2007 y septiembre de 2009, No incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y, por consiguiente, No costeados por las Unidades de Pago Por Capitación, UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud le reconoce mensualmente por cada afiliado y beneficiario, de manera que están a Cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, y las cuales fueron efectivamente cubiertas por EPS Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos, de tiempo atrás ”. Siendo repartido el asunto en los Juzgados Administrativos, y una vez surtido todo el trámite, estando el proceso para sentencia, el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, a través de auto del 19 de agosto de 2014, declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente para ser repartido ante los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá. Contra esta decisión el apoderado del CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 interpuso recurso de apelación; por su parte, el apoderado del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL presentó recurso de reposición contra el auto señalado. Ambos recursos fueron declarados improcedentes por la Juez Administrativa, por proveído del

30 de septiembre de 2014. Hecha la remisión del expediente a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, su conocimiento le fue asignado Juzgado Dieciocho (18) Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que por auto del 23 de junio de 2015, decidió rechazar la demanda por falta de competencia República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES y remitir las diligencias a la Superintendencia de Salud Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación. La Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A., a través de apoderado, radicó recurso de reposición contra esta decisión. El Juzgado Laboral decidió no reponer su decisión y concedió el recurso de apelación ante el superior. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala Laboral el 03 de agosto de 2015, negó la apelación y ordenó la devolución del expediente al juzgado de origen para continuar con el respectivo trámite. Arribadas las diligencias a la Superintendencia de Salud Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación, mediante Auto 2016-001629 del 02 de agosto de 2016, rechazó la demanda por falta de competencia y en consecuencia, ordenó remitir el asunto a esta Superioridad para dirimir el conflicto suscitado.

CONSIDERACIONES DEL JUZGADO VEINTIDÓS (22) ADMINISTRATIVO DE

DESCONGESTION DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -SECCIÓN TERCERAManifestó, después de citar lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y jurisprudencia de esta Corporación del 30 de octubre de 2013 y del República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, que a la Jurisdicción Contencioso Administrativa no le es dable conocer de este tipo de controversias, pues la misma es propia del Sistema Integral de Seguridad Social, por lo que en ese sentido es la Jurisdicción Ordinaria la autoridad judicial que debe resolver sobre el asunto. Declaró la falta de jurisdicción, y ordenó remitir a los Juzgados Laborales1. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO DIECIOCHO (18) LABORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Señaló que según las directrices del artículo 2 del CPT modificado por la Ley 712 de 2001, la jurisdicción laboral es la competente para conocer las diferencias que surjan entre las entidades públicas y privadas del régimen de seguridad social integral y sus afiliados, no obstante la regla general también existen excepciones generadas por la subsistencia de regímenes que no encuadran completamente dentro del sistema, en ese sentido trajo a colación lo dispuesto en la Ley 1122 de 2007, por la cual se otorgó

función jurisdiccional a la Superintendencia Nacional de Salud, y la Ley 1438 de 2011 1 Folios 1522 y 1523 República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES que adicionó en el artículo 126 de la citada norma, la competencia para conocer de otros asuntos. Por tanto, al quedar claro que la Superintendencia quedó investida de funciones jurisdiccionales, con una competencia concreta y como quiera que la demanda se encuentra dentro de dichos lineamientos, resolvió el despacho rechazarla por falta de competencia y remitirla a la Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación2.

CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN

JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Aclaró las competencias tanto de la Superintendencia, como de esa delegada, señalando que en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado y adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, se especificaron los asuntos respecto de los cual podría conocer y fallar en derecho. Competencia que además fue analizada por la Corte 2 Folios 1578 y 1579. República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES Constitucional en la sentencia C-119 de 2008, y por tanto solo podrá conocer y fallar de asuntos a petición de parte y en temas taxativamente señalados. Igualmente manifestó que al otorgarse competencia judicial a esa entidad administrativa, en ningún momento se está excluyendo a las autoridades que integran la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral del conocimiento de los asuntos, conforme al artículo 2 del CPT y SS modificado por la Ley 712 de 2001 en su artículo 2 y lo dispuesto por el artículo 622 del Código General del Proceso, máxime cuando la competencia que se le otorgó a esa Superintendencia es de carácter preventivo y no privativa o exclusiva, como lo pretende hacer ver el Juzgado Laboral. Por lo tanto propuso el conflicto negativo por falta de competencia y al considerar que es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la que le corresponde definir la entidad competente para conocer de este asunto, remitió las diligencias3. CONSIDERACIONES DE LA SALA De la competencia. 3 Folios 1592 y 1593 República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir conflictos de jurisdicciones, en virtud del mandato consagrado en el artículo 256, numeral 6, de la Carta Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 112, numeral 2, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004. La competencia ha sido definida como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, bien porque ambos funcionarios estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no le corresponde, evento en el cual será negativo, y para que este se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que al funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso. b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo, y República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo. Antes de entrar a decidir lo que en derecho corresponda, es pertinente señalar que en

razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Número 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada "equilibrio de poderes", en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: "(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Número 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al

conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que "la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela". Reiteró la Corte Constitucional que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: "Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial", en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Generalidades sobre la Jurisdicción. Se hace necesario en primer término y a efectos de resolver el presente conflicto, precisar que la jurisdicción es entendida como el ejercicio soberano del Estado para administrar justicia entre sus asociados, la cual siendo una, ha sido dividida por el legislador teniendo en cuenta las diversas materias de orden jurídico a que ella se

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES aplica, de una parte, creando funcionalmente diversas clases de jurisdicciones (pluralidad jurisdiccional: Ordinaria, Contencioso Administrativa, Constitucional, Especial [Indígena, Jueces de Paz, Coactiva, Penal Militar], sin ser ésta una enumeración excluyente); y de otra, mediante la atribución de competencias entre la pluralidad de órganos, según la naturaleza del derecho sustancial cuya protecciónn se invoque. Al respecto, el doctrinante Jaime Azula Camacho ha considerado: “La palabra jurisdicción, etimológicamente, proviene del latín iurisdictio, integrado por los vocablos iuris, que significa ‘derecho’, y ‘dicere’, que quiere decir ‘declarar’, ‘dar’. Desde este punto de vista, puede concebirse como la facultad de declarar el derecho. Empero, esa función -como observa BONJEAMtiene un campo de aplicación muy extenso, pues se refiere también al legislativo y al ejecutivo, por cuanto dar o declarar el derecho es reglamentar las relaciones sociales, sea creándolo o aplicándolo. Entonces, el legislativo al dictar una ley y mediante ella adoptar un República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES código o el ejecutivo al proferir un decreto y reglamentarla, crean derecho. Empero, no es este el sentido que tiene el vocablo, esto es, de establecerlo, que es su sinónimo, sino decirlo o aplicarlo, por lo cual la jurisdicción, específicamente considerada, alude a esa facultad que el Estado atribuye a una de sus ramas con la finalidad precisa de administrar justicia. Con fundamento en lo expuesto, puede definirse la jurisdicción, en sentido propio, como la soberanía del Estado ejercida por conducto de los órganos a los cuales se le atribuye la función de administrar justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y, secundariamente, aplicar el derecho sustancial o material a un caso concreto”. En ese entendido, dicho autor definió la competencia etimológicamente de la siguiente manera: República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES “(…) proviene del latín competeré, ‘atribuir’, ‘incumbir’, ‘corresponder’. En su aceptación corriente se concibe como algo que le está atribuido a alguien. Desde el punto de vista jurídico, por competencia se entiende –según el acertado y unánime reconocimiento hecho al concepto de MATTIROLOla medida en que se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales.

Una acepción más amplia y que resalta todos los distintivos que presenta el fenómeno, es la que traía el Código de Procedimiento Civil derogado en su artículo 143, al decir que “es la facultad de un juez o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio, la jurisdicción que corresponde a la República”. El anterior concepto resalta, en primer lugar, el origen legal de la competencia, y, en segundo, que ella constituye el ejercicio de la jurisdicción, la cual por su parte, es la manifestación de la soberanía del Estado atribuida a uno de sus órganos y con la específica finalidad de administrar justicia”. República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES De lo anteriormente expuesto, se infiere que la competencia implica necesariamente el ejercicio de la jurisdicción. Sobre su distinción, otro tratadista, Luis Mattirolo expone lo siguiente: “a) La jurisdicción emana de la ley y ninguno puede ejercerla si ésta no le ha sido conferida, mientras que la competencia puede proceder de la sola voluntad de las partes, lo que ocurre en el supuesto de la prórroga. b) La jurisdicción comprende toda clase de asuntos, mientras que la competencia queda circunscrita a los designados por la ley o acordados por las partes. República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES c) No es aceptable un juez sin jurisdicción, al paso que sí los hay sin competencia para ciertos negocios. d) La jurisdicción es potestad en abstracto, en cambio la competencia versa sobre casos concretos. e) La competencia para conocer de un proceso lleva envuelta la jurisdicción, pero quien ejerce esta última no está capacitada para conocer indistintamente de todos los procesos”. Así pues, puede afirmarse que la competencia no es otra cosa, que la facultad que tiene el tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un asunto determinado por República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES autoridad de la ley; es la medida de la jurisdicción asignada, a efectos de conocer de los procesos por razón de materia, cuantía, o lugar, según sea el caso. Ahora bien, el artículo 116 de la Constitución Política establece taxativamente quiénes ejercen funciones jurisdiccionales dentro del ordenamiento colombiano, empero, dada la diversidad de los sistemas jurisdiccionales y de las mismas competencias que rigen el ordenamiento jurídico colombiano, en ocasiones pueden presentarse con razonable fundamento, dudas en relación con la naturaleza jurídica de las pretensiones que se

debaten y las acciones judiciales incoadas, por lo que el mismo ordenamiento ha previsto la solución oportuna a cualquier conflicto (de jurisdicciones o de competencias), para evitar así la inseguridad jurídica y las consecuencias que pueden acarrear no sólo a los particulares, sino también a la administración de justicia. Del Caso en Concreto. Esta Sala debe determinar si corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o a la Ordinaria Laboral y de Seguridad Social o a la Superintendencia de Salud Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación, conocer, tramitar y definir la controversia suscitada a partir del recobro a la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL de lo pagado por una Entidad Promotora de Salud – E.P.Spor prestaciones de salud que se encuentran por fuera del Plan Obligatorio de Salud –POSque fueron efectivamente prestadas a sus usuarios. Precisa la Sala que el problema jurídico se resolverá siguiendo el precedente horizontal vertido en la providencia del 11 de agosto de 2014, radicación número República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES 110010102000201401722-004, en donde se decidió el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 34 Administrativo Oral y el 31 Laboral del Circuito de Bogotá, en un tema análogo del que ocupa ahora la atención de esta Superioridad, es decir, el asunto se asignará a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. En

efecto, en la providencia que se cita, en lo esencial, esta Sala al referirse al marco normativo aplicable, (i) examinó la cláusula general o residual de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social; (ii) hizo referencia al criterio exclusivo y excluyente con la asignación a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de los litigios en materia de seguridad social de los empleados públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público y, (iii) enfatizó en la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud al ejercer funciones jurisdiccionales, para conocer de conflictos generados de las devoluciones o glosas a las facturas entre las entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud. Ciertamente, en la providencia mencionada, esta Sala señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), la Jurisdicción Ordinaria “conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”. De la misma forma, que en el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), se asignó a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, conocer de “las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las 4 Con ponencia del Magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño.

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES entidades administrativas o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. En la providencia que viene mencionándose, se efectuó una interpretación armónica e integral de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2º numeral 4º del CPT, de los cuales se advierte la cláusula general de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, que en lo atinente a la especialidad laboral y de seguridad social, es competente para conocer, en primer lugar, de los litigios originados en la prestación de los servicios de seguridad social, suscitados entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradores o prestadores, con excepción de la responsabilidad médica y los relacionados con contratos y, en segundo lugar, de los asuntos que no hayan sido asignados por el Legislador a una de las jurisdicciones especiales. Ahora bien, se señaló que como el conflicto negativo de jurisdicciones se presentó entre la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la Contencioso Administrativa, era preciso verificar los asuntos que en materia de seguridad social taxativamente asignó el Legislador a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, particularmente en lo regulado en el artículo 104 en sus numerales 1º y 4º, valga decir, (i) debe tenerse en cuenta que, prima facie, no se trate desde la óptica sustancial o material de un litigio surgido de un

acto, contrato, hecho, omisión u operación sujeto al derecho administrativo y en el que se encuentren involucradas entidades públicas o particulares en ejercicio de función administrativa y, (ii) la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conoce en materia laboral y de seguridad social de los procesos relativos a “la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público” (negrillas en la providencia citada). República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES De tal manera que según la providencia que sirve como precedente, los procesos judiciales referidos a la seguridad social de los servidores públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público, son los únicos litigios en materia de seguridad social asignados de forma privativa y excluyente a la Jurisdicción Especial de lo Contencioso Administrativo, de donde surge claro que cuando las pretensiones de la demanda sobre otras controversias que puedan generarse al interior de los actores del sistema general de seguridad social, corresponderán, siguiendo la cláusula general de competencia, a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. En la citada providencia, se recordó que de acuerdo con lo dispuesto en el literal f) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, a la Superintendencia Nacional de Salud cuando ejerce funciones

jurisdiccionales se le asignó la competencia para conocer de los “conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, funci ón que ejerce a prevención , en relación con la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de Seguridad Social y, que tiene segunda instancia ante la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social. De la misma manera, recordó la Sala en esa oportunidad que “no es el nomen juris de la demanda lo que determina la jurisdicción a tramitar el proceso, sino la real pretensión y objeto del litigio”, de allí que esta Superioridad como juez del conflicto está autorizada para efectuar una hermenéutica vinculante sobre las normas que atribuyen competencias a las jurisdicciones trabadas en el conflicto, labor que está íntimamente ligada al examen del caso concreto, consistente en la verificación de la realidad República de Colombia Rama Judicial

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES procesal identificable con la pretensión de la demanda, “integrando para ello las circunstancias de hecho y de derecho que la rodean o condicionan”. Enfatizó especialmente en que (i) la nueva redacción del artículo 2.4 del Código General del Trabajo y de la Seguridad Social, con ocasión de la entrada en vigencia del artículo 622 del Código General del Proceso, “nunca puede interpretarse como la

decisión del legislador de inaplicar, restringir, ni mucho menos derogar la cláusula general y residual de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, cuya fuente es prevalente por ser ley estatutaria”; (ii) la interpretación armónica y coherente del enunciado normativo del artículo 2.4 del CPT a la luz de la cláusula general y residual de competencia del artículo 12 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), muestra claramente que “los recobros al Estado son una controversia, sino directa, al menos indirecta, que se desprende necesariamente de la prestación de servicios de salud a los afiliados, beneficiarios o usuarios, por parte de una E.P.S. en tanto que administradora de un régimen de seguridad social en salud” y, (iii) “las demandas judiciales ocasionadas por el no pago en sede administrativa de recobros, en virtud de devoluciones o glosas a las facturas acompañadas a la solicitud de recobro, son una especie de litigio propio del sistema actual de seguridad social en salud, que se da entre un administrador del sistema de salud y el Estado, como garante último de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, en razón de la atención a los usuarios del mismo sistema”, que no pueden confundirse con casos “de responsabilidad médica, ni con litigios basados en contratos, ni con el medio de control de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones del Estado”. Descendiendo al caso concreto y en aplicación del criterio consistente en que no es el rótulo o nombre jurídico de la demanda lo que determina la jurisdicción que debe República de Colombia

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CONFLICTO ENTRE JURISDICCIONES conocer, tramitar y decidir el proceso, sino la pretensión real objeto del litigio, se tiene que EPS Sanitas, promovió demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005, como consecuencia de “falta de reconocimiento y pago por concepto de la cobertura y suministro efectivo del procedimiento quirúrgico denominado Cirugía Micrográfica de Mohs, efectivamente suministradas a usuarios suyos, durante el periodo comprendido entre junio de 2007 y septiembre de 2009, No incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y, por consiguiente, No costeados por las Unidades de Pago Por Capitación, UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud le reconoce mensualmente por cada afiliado y beneficiario, de manera que están a Cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, y las cuales fueron efectivamente cubiertas por EPS Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos, de tiempo atrás ”. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través del consorcio