CSDJ - F1100101020002017000820020170916152025-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C. Dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Magistrado Ponente: FFIIDDAALLGGOO JJAAVVIIEERR EESSTTUUPPIIÑÑAANN CCAARRVVAAJJAALL..

Registro de Proyecto: Once 11 de agosto de 2017.

Radicación 110010102000201700082-00. Aprobado Según Acta No. 069 de la fecha OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicción por competencia, suscitado entre el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Sitionuevo – Magdalena y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta-Magdalena, con ocasión de la demanda ejecutiva singular de menor cuantía, promovida por Caja de Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico, en contra del Municipio de Sitionuevo-Magdalena. ANTECEDENTES PROCESALES Los abogados Elaine del Socorro Bernal Pimienta y Alexander José Castillo Vizcaino, en representación de la Caja de Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico, procedieron a interponer demanda ejecutiva civil en contra del Municipio de Sitionuevo-Magdalena, elevando como pretensiones, el cumplimiento de las obligaciones legales asignadas por el ordenamiento jurídico, esto es, el pago de la facturación del mayo de 2012, ya que fue expedida factura de venta No. 27523 del 11 de mayo de 2012, por valor de $5.776.474, fuente de financiación esfuerzo

propio, solicitando el pago del valor adeudado, como de los intereses moratorios legales sobre la suma adeudada, por concepto de capital desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la verificación del pago total de la misma. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. Radicado No. 110010102000201700082-00

Referencia: Conflicto entre jurisdicciones

Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________

DESPACHOS COLISIONADOS.

CONCEPTO DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SITIONUEVO –

MAGDALENA.

Manifestó al momento de dictar orden de pago solicitada por medio de Procurador Judicial por la Caja de Compensación Familiar -CAJACOPIcontra el Municipio de Sitionuevo, que dicho despacho no era el competente para abordar la problemática planteada, puesto que consideró que la entidad demandada es una persona jurídica de derecho público, la competencia radica en los Juzgados Administrativos de Santa Marta, por lo que ese despacho se abstuvo de avocar el conocimiento, poniendo de presente el artículo 90 del Código General del Proceso, para remitirla a la jurisdicción correspondiente.

CONCEPTO DEL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTA

MARTA-MAGDALENA.

Una vez estudiado los elementos obrantes dentro de la foliatura, y recalcando el limite sus

competencias y el objeto de su jurisdicción al citar el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifestó que conocerá solo por procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esa jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública, poniendo de presente lo relativo al artículo 297 de la misma normatividad, Por tanto, consideró que no está acreditado en el expediente que la factura contentiva de la obligación cuya ejecución se pretende provenga de la ejecución de un contrato estatal; por lo anterior, esa no es la jurisdicción competente para conocer sobre el presente asunto, siendo la especialidad Laboral y de Seguridad Social la encargada de adelantar estos procesos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.-Competencia 2 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre jurisdicciones

Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________ Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1° de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, establecieron unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró: “De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”1 (resaltado nuestro). En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un

proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no les corresponde, evento en el cual será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos: 1 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez. 3 República de Colombia Rama Judicial

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Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, los cuales pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en aras de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 4 República de Colombia Rama Judicial

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Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________ 2.-Asunto en concreto y la solución. El presente caso se relaciona con el conflicto negativo de jurisdicción, suscitado entre las autoridades judiciales arriba anotadas por el conocimiento de la demanda ejecutiva civil en contra del Municipio de Sitionuevo - Magdalena, elevando como pretensiones, el cumplimiento del pago de la facturación del mayo de 2012, ya que fue expedida factura de venta No. 27523 del 11 de mayo de 2012, por valor de $5.776.474, fuente de financiación esfuerzo propio, por tanto, se solicitó el pago del valor adeudado, como de los intereses moratorios legales sobre la suma adeudada, por concepto de capital desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la verificación del pago total de la misma. Entonces, tal como está presentada la demanda y la relación que hace de la factura y cuenta de cobro que involucra además la descripción del servicio “esfuerzo propio” por valor de $5.776.474, se hará el respectivo análisis por parte de esta Sala. Con base en lo anterior, se hace necesario definir qué se entiende por título ejecutivo, a fin de

clarificar si se reúnen o no, los requisitos consagrados en el artículo 422 del Código General del Proceso, que a la letra preceptúa: “ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo (…).” Ahora, conforme lo previó el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 -Nuevo Código Contencioso Administrativo-, vigente a partir del 2 de julio de 2012, su normativa 5 República de Colombia Rama Judicial

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Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________ “sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien así como a las demandas y procesos que se instauren con

posterioridad a la entrada en vigencia” (se resalta fuera del texto). Razón legal para que el caso de autos, sea resuelto conforme a esa normativa, por el hecho de haberse presentado la demanda el 5 de abril de 2016, lo cual implica las variantes que se hayan incluido en materia de competencia, a fin de determinar a qué jurisdicción corresponde el asunto de autos, bajo el entendido además, que las derogaciones si bien pueden ser tácitas respecto de asuntos propios de la jurisdicción, cuando se derogan asuntos inherentes o por fuera de aquellos de su naturaleza, la misma debe ser expresa, en aras de evitar ambigüedades y confusiones en su interpretación y aplicación. Se tiene la norma general de competencia en esa jurisdicción fijada por el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, que en punto de los procesos ejecutivos regló únicamente aquellos “derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”. Así mismo, en el artículo 155 Ibídem, le otorgó a los Jueces Administrativos la facultad de conocer en primera instancia de los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero ha de entenderse, que tales ejecutivos son los que tienen como base de ejecución los presupuestos dados en la norma general de competencia -art. 104 Ley 1437 de 2011-. Es decir, los relativos a las condenas impuestas y

conciliaciones aprobadas por esa misma jurisdicción, al igual que los provenientes de los laudos arbitrales en que haya sido parte una entidad pública, también los contratos estatales, o celebrados por particulares en ejercicio de funciones propias de Estado. Así las cosas, verificada la normatividad puesta de presente, el supuesto de hecho no está dado entre los asuntos que compete tramitar vía ejecutiva por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que tenga incidencia lo previsto en el artículo 297 de esa misma codificación, que tuvo a bien calificar los documentos constitutivos de título para efectos de ese Código. No puede entenderse entonces, que se trata en este ítem normativo de nuevos supuestos no previstos en el artículo 104 que regula la competencia general de lo contencioso administrativo, sino de un complemento obvio, en el cual, para poner en funcionamiento el aparato judicial en esa 6 República de Colombia Rama Judicial

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Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________ especialidad ejecutiva, debe acreditarse la naturaleza del título bajo las premisas legales reseñadas, no se trata de un enfrentamiento de normas ni yuxtaposición de las mismas, simplemente el artículo 297 delineó los documentos que materializarán la pretensión por vía ejecutiva, en punto de lo preceptuado en el numeral 6 Ibídem.

En conclusión, las ejecuciones contractuales son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria el resto de pretensiones ejecutivas, pues constituye el género respecto de la distribución de competencia, mientras que las excepciones son las dadas por la misma Ley, en este caso el C.C.A y la Ley 80 de 1993. Adviértase que las facturas relacionadas en detalle en la demanda y aportadas en físico, cuando las verifique el Juez de la causa responden y circulan por sí mismas, en razón de la autonomía del derecho que contiene esa relación de títulos como base de pretensión, autonomía que le da la independencia para circular libremente conforme a lo que le es característico, esto es representar una obligación previamente adquirida Es que no por tratarse la demandada de una entidad pública, puede considerarse el factor orgánico como determinante en la solución del conflicto, pues dicho criterio no tiene la potestad de derogar normas especiales que rigen cada materia, más aún, cuando en estos casos entre el particular demandante y la entidad demandada no medió contrato alguno. No es del caso entonces obviar la naturaleza del litigio, no otro que un tema de ejecución de caso no previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón suficiente para asignar la competencia para conocer del asunto sub-lite, a la Jurisdicción Ordinaria representada en este caso

por el JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SITIONUEVO –

MAGDALENA

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Referencia: Conflicto entre jurisdicciones

Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________ Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO. - DIRIMIR el conflicto suscitado declarando que la jurisdicción que debe conocer el presente asunto es la Ordinaria, representada por el JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SITIONUEVO – MAGDALENA, Despacho judicial al que se remitirá este expediente conforme lo motivado en esta providencia. SEGUNDO. - ENVÍENSE las presentes diligencias al citado Juzgado y copia de esta providencia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTAMAGDALENA, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada 8 República de Colombia Rama Judicial

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Ordinaria Civil y Contencioso Administrativo Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Civil. _________________________________________________________________________________________

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 9