CSDJ - F11001010200020170015800ADJUNTA20170808111836-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., mayo diez de dos mil diecisiete Magistrada Ponente: Doctora MARIA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA Radicación Nº 110010102000201700158 00 Aprobado según Acta No. 038 de la misma fecha. ASUNTO A DECIDIR Procede la Sala a resolver el conflicto positivo de competencia, suscitado entre la Justicia Penal Ordinaria, representada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibundoy (Putumayo), y la Justicia Indígena, en cabeza de la Comunidad Indígena del Cabildo Indígena Kamentsá –Inga-, para conocer del proceso penal adelantado contra EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS, por el delito de Hurto Calificado. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES Hechos. Conforme al escrito de acusación presentado por la Fiscal Treinta y Cuatro Local de Sibundoy (Putumayo); el 28 de septiembre de 2010, siendo aproximadamente las 22:30 horas, los Policías que se encontraban de turno en la Estación de San Francisco (Putumayo) recibieron una llamada de la señora Cándida Narváez, persona que se encarga de preparar los alimentos del personal de la estación, quien les comunicó que a su esposo le habían hurtado su motocicleta, la que había dejado parqueada en el andén de su casa, que está ubicada en el barrio El

Carmen del municipio de San Francisco, de inmediato acudieron al llamado por la vía que lleva a San Antonio de Porotoyaco, cuando visualizaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta con las placas aportadas por la señora Narváez, los cuales al ver que la Policía se acercaba emprendieron la huida, cayeron del vehículo y se dirigieron hacia los potreros aledaños, en ese momento llegó el propietario de la motocicleta y apoyo policial, quienes iluminaron el camino y por eso pudieron dar con los 2 sujetos, quienes estaban acostados en un charco de lodo, se procedió a su captura y fueron identificados como EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN

ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS.

Antecedentes procesales. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Francisco (Putumayo), el 29 de septiembre de 2016, en Audiencia1 Preliminar de Control de Captura y Procedimiento, Formulación de Imputación y Solicitud de Medida de Aseguramiento, declaró la Legalización de la aprehensión de los señores OTAYA JAMIOY y GAVIRIA CEBALLOS, la Fiscalía les imputó cargos por el punible de Hurto Calificado de conformidad con los artículos 239 y 240.4 del Código Penal 1 Folios 14 y 15 de la carpeta penal Los imputados no aceptaron los cargos, y se les impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva domiciliaria en cada una de sus residencias. Entre los folios 30 al 32 de la carpeta penal, el señor Juan Manuel Sigindioy,

como Gobernador Principal del Cabildo Kamentsá – Inga - solicita la competencia, para que le sea enviado a su jurisdicción el proceso que se le adelanta a los señores EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS, por cuanto son dos comuneros que pertenecen a su Cabildo Indígena y por ello deben ser juzgados conforme a sus usos y costumbres. A folios 34 y 35, Audiencia de Acusación, en la cual el Gobernador del Cabildo Indígena Kamentsá – Inga -, insiste en su solicitud, y ante eso la Juez Promiscuo Municipal de Sibundoy (Putumayo) se pronunció frente al requerimiento de proponer conflicto positivo de competencia; el Juzgado consideró que no se estructuran los requisitos para que EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS, sean sancionados por la Jurisdicción Indígena, sino por el contrario debe serlo por la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, la Juez trabó el conflicto positivo de competencia y ordenó remitirlo a esta Superioridad a efectos que se defina la Jurisdicción competente para juzgarlos por el delito de Hurto Calificado. ACTUACIÓN DE LA SALA Comoquiera que, con fundamento en la Sentencia T-196 de abril 17 de 2015, la H. Corte Constitucional recabó en la necesidad de practicar las pruebas conducentes a determinar la competencia en casos como el presente, previo examen y análisis de los elementos subjetivo, geográfico, objetivo e

institucional, para mejor proveer y con fundamento en los establecido en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, mediante auto del 27 de febrero de 20172 se ordenó la práctica de varias pruebas, entre otras escuchar el testimonio del Gobernador del Resguardo Indígena de Kamentsá – Inga -, y en caso de existir instituciones o elementos necesarios para la adjudicación de competencia en el sitio donde se asienta el Resguardo Indígena practicar inspección judicial, comisionando al Juzgado Penal del Circuito –Repartode Mocoa (Putumayo). Adicionalmente, se ordenó por la Secretaría Judicial de la Sala, oficiar al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, para que informara al Despacho lo siguiente: a qué comunidad Indígena o Resguardo pertenecen EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS; qué personas son reconocidas como autoridades en la Comunidad Indígena de Kamentsá – Inga -; suministrar copias del Acta de Constitución de ese Resguardo Indígena; informar la comprensión geográfica y/o territorial de esa comunidad indígena; si obran en esa dependencia Ley de Gobierno, en caso positivo, aportar copia de la misma. En cumplimiento del auto del 27 de febrero de 2017, se recaudaron los siguientes elementos materiales probatorios:

1. Oficio OFI17-7348-DAI-2200 del Ministerio del Interior3, en el cual certifican que el Resguardo Indígena Kamentsá – Ingade San de Francisco

2 Folios 4 al 6 del c.p. 3 Folio 12 y 13 del c.o. fue constituido por el acuerdo No. 10 del 3 de noviembre de 2016 del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras – ANT. Que los señores EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS, se encuentran en los listados censales de 2008, 2009, 2012, 2013 y 2017 como integrantes del Resguardo Indígena Kamentsá – Inga-. Certificaron además que el señor Juan Manuel Sigindioy, fue Gobernador Principal del Cabildo Kamentsá – Inga – para el año de 2016 y para este año se encuentra el señor Luis Alberto Sigindioy Jamioy. Que el Resguardo está ubicado en el municipio de San Francisco (Putumayo).

2. Oficio ICANH 120 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia4, en el cual certifican que la comunidad indígena de Kamentsá – Inga –, es una comunidad en la cual la autoridad es el Cabildo, liderado por un Taita Gobernador o Mama Gobernadora, elegidos por un año mediante la votación de la comunidad en Asamblea. El Cabildo también está conformado por un Alcalde mayor, quien apoya al Gobernador y es su suplente, además de 4 alguaciles y un encargado de la huerta y los alimentos.

Su sistema de justicia busca “atender, orientar, prevenir y sancionar”, la ruptura del orden social es entendida como una forma de enfermedad, por lo tanto para resolver y curar las faltas es necesario conocer su origen. Cuando alguien

rompe las normas se procura, a través de del diálogo y la reflexión, conocer la verdad y hallar la causa de la transgresión a partir de la historia personal de los implicados y el relato del evento. Si el transgresor acepta los cargos, se establecen instancias de conciliación entre los implicados y los afectados, se ofrece consejo a quienes han cometido la falta y, de acuerdo con la gravedad de la transgresión, se definen los castigos, las formas de resarcimiento de la 4 Folios 62 al 69 del c.o. falta y la retribución por el daño causado. Se lleva a cabo la limpieza o sanación a través de la terapéutica ritual, proceso que puede necesitar un tiempo prolongado y requiere el compromiso del implicado, finalmente se busca lograra la resocialización del transgresor, la no repetición de la falta y el perdón de los afectados. El tratamiento hacia los transgresores pretende hacer entender el daño causado a la comunidad y, sobre todo, sanar “de alma y corazón” los sentimientos que le llevaron a infringir las normas. Entre las formas de castigo se incluye el fuete, el cepo, el trabajo para la familia afectada o para la comunidad y la multa. La cárcel y el aislamiento social no son formas usuales de castigo, pero pueden ser considerados cuando hay reincidencia en las transgresiones y en caso de faltas graves.

3. Se escuchó en declaración5 al señor Gobernador de la comunidad indígena, por medio del comisionado; de la cual se pudo extractar que el Resguardo indígena de Kamentsá – Ingason más o menos 17.700 hectáreas parciales

de la comunidad del Cabildo de San Francisco (Putumayo). Que tienen una costumbre milenaria al momento de castigar a los infractores, que son llamados a la madrugada, se escucha a las partes, según el caso se concilia y se levanta un acta de compromiso, se hace el seguimiento en casos graves, se aplica de una vez usos y costumbres, la orientación en lengua materna y el castigo con el látigo de 6, 12, 18 o 24 latigazos, si reincide se pide apoyo a la justicia ordinaria. Agregó que no se cuenta con códigos escritos, pero se tienen en cuenta siempre los principios que han manejado los mayores (Ex Taitas). Los casos que han manejado han sido de “robo, maltrato familiar, delitos sexuales y de narcotráfico”, la sanación más dura que han impuesto ha sido la del látigo, la más dura y también amonestaciones, calabozo para retención de 72 horas, y 5 Folios 60 y 61del c.o. según el caso también se envían a centros de rehabilitación o centros de reclusión, que no cuentan con establecimientos acondicionados para cumplir las sanciones impuestas dentro del Cabildo. Que ya han juzgado por el delito de Hurto Calificado en su Cabildo, que la sanción por este delito es de 18 latigazos, por primera vez y por segunda vez serían 24. Aceptó conocer a los imputados, quienes están cumpliendo con la presentación a su Cabildo cada 15 días; que estos señores EDUIN ERNEY OTAYA JAMIOY y CRISTIAN ESTEBAN GAVIRIA CEBALLOS, nunca han sido sancionados por

ellos.

4. La inspección judicial al Resguardo Indígena no se realizó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales...”.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben

continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.” Y que “…para que la Corte Constitucional pueda ejercer la nueva función de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”…solo tiene lugar una vez cesen los efectos de las normas transitorias…”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

II. Fuero Indígena. Alcances y elementos. En primer término, es oportuno señalar que fue voluntad del Constituyente de 1991 reconocer la defensa de las minorías étnicas, razón por la cual y en consonancia con la jurisprudencia constitucional, se incorporó en el texto de la Carta Magna una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de su “integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y judicial, la consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter inalienable, y, de los territorios indígenas como entidades territoriales al lado de los municipios, los distritos y los propios departamentos...”6

Fiel reflejo de lo anterior es el mandato que prevé el artículo 246 Superior que consagra: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con

sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional” A su vez, la Corte Constitucional en pronunciamiento C-139 de 1996 al estudiar y fijar el alcance del canon ya referido enseñó: “El análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”-, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del 6 Sentencia No. T-605/92 contexto del ordenamiento nacional. En la misma estructura del artículo 246, entonces, está presente el conflicto valorativo entre diversidad y unidad”. Igualmente, y en atención a que del reconocimiento que la Carta Magna hizo de las jurisdicciones especiales, se deriva el derecho de los integrantes de las comunidades indígenas a un fuero; derecho sobre el cual el Alto Tribunal

Constitucional en relación a los derechos que les asiste en tal sentido a los nativos explicó: “(...) el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. Esto no significa que siempre que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. El fuero indígena tiene límites, que se concretarán dependiendo de las circunstancias de cada caso”7. Ahora bien, sobre el punto neurálgico que nos ocupa, a efectos de resolver el presente conflicto, por vía jurisprudencial más exactamente en la sentencia de tutela en la cual fungió como ponente el Magistrado doctor Carlos Gaviria Díaz, a propósito de los parámetros que se han de tener en cuenta para definir cuál es la jurisdicción competente para juzgar a un sujeto indígena se dijo: “En la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su 7 Sentencia T-496 de 1996 propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es miembro de su

comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad”. Como lo ha venido sosteniendo esta Corporación, y acorde a lo señalado, no solo el lugar en donde se hayan consumado los hechos objeto de investigación penal determina la autoridad encargada de investigar y someter a juicio al integrante de la comunidad al cual se le imputa la comisión de tal o cual comportamiento criminoso, sino que además, se debe considerar las culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo frente a la sanción entre otros, pues en términos de la Corte Constitucional “La función del juez consistirá entonces en armonizar las diferentes circunstancias de manera que la solución sea razonable”. (Sentencia T-496 de 1996). Así las cosas, además de lo anterior en el fallo de tutela ya referido se precisaron de manera puntual ciertas reglas interpretativas establecidas por la máxima instancia de control constitucional que deben servir de guía para abordar la solución de conflictos como el que hoy ocupa la atención de la Sala a saber: “En caso de conflicto entre el interés general y otro interés particular protegido constitucionalmente la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto a la luz de los principios y valores constitucionales.8 Y en el

mismo sentido: (...) El derecho colectivo de las comunidades indígenas, a mantener su singularidad, puede ser limitado sólo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta, principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad...”9 Pero adicionalmente, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sede de tutela fue enfático al señalar que: “las autoridades nacionales pueden encontrarse ante un indígena que de manera accidental entró en relación con una persona de otra comunidad, y que por su particular cosmovisión, no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable; o, por el contrario, enfrentar un sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria conocía el carácter perjudicial del hecho, sancionado por el ordenamiento jurídico 8Corte Constitucional. Sentencia T-428/92. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón. 9Corte Constitucional. Sentencias 254/94. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver también la sentencia C-136/96. nacional. En el primer caso, el intérprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia étnica; en el segundo, la sanción, en principio, estará determinada por el sistema jurídico nacional”. En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin

embargo, el intérprete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos”. Recientemente la Corte Constitucional sobre la materia en las sentencias T617 del 5 de agosto de 2010 y T-002 de 2012, sobre los criterios a tener en cuenta al momento de desatar conflictos de jurisdicciones entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, señaló como elementos estructurales del fuero los siguientes:

1. Elemento personal o subjetivo. El acusado de un hecho punible o socialmente nocivo pertenece a una comunidad indígena. El individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, siempre que se mantenga dentro de su particular cosmovisión y sometido a sus usos y costumbres.

2. Elemento territorial o geográfico. De conformidad con lo consagrado en el artículo 246 de la Constitución Política, las comunidades indígenas pueden ejercer su autonomía dentro de los límites que demarcan los territorios, es decir que la conducta investigada debe acaecer dentro del territorio de una comunidad indígena, entendiéndose por territorio, el espacio donde se ejercen la mayor parte de los derechos relacionados con la autonomía de las comunidades indígenas. Son dos, según la H. Corte Constitucional, los

criterios de interpretación que deben tenerse en cuenta, en relación con el elemento, a saber:

1. La noción de territorio no se agota en la acepción geográfica del término, sino que debe entenderse también como el ámbito donde la comunidad indígena despliega su cultura.

2. El territorio abarca incluso el aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto expansivo. Esto quiere decir que el espacio vital de las comunidades no coincide necesariamente con los límites geográficos de su territorio, de modo que un hecho ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por razones culturales.

3. Elemento Orgánico o Institucional. Puntualizó la H. Corte Constitucional, que dicho elemento hace relación a la existencia de una institucionalidad al interior de la comunidad indígena, la cual debe estructurarse a partir de un sistema de derecho propio conformado por usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad.

Como criterios de interpretación relevantes para este elemento institucional u orgánico, el alto Tribunal señaló:

1. La Institucionalidad es presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso en beneficio del acusado: 1.1. La manifestación, por parte de una comunidad, de su intención de impartir justicia constituye una primera muestra de la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de las víctimas. 1.2. Una comunidad que ha manifestado su capacidad de adelantar un juicio determinado no puede renunciar a llevar casos semejantes sin otorgar razones para ello. 1.3. En casos de “extrema gravedad” o cuando la víctima se encuentre en

situación de indefensión, la vigencia del elemento institucional puede ser objeto de un análisis más exigente.

2. La conservación de las costumbres e instrumentos ancestrales en materia de resolución de conflictos: 2.1. El derecho propio constituye un verdadero sistema jurídico particular e independiente. 2.2. La tensión que surge entre la necesidad de conservar usos y costumbres ancestrales en materia de resolución de conflictos y la realización del principio de legalidad en el marco de la jurisdicción especial indígena debe solucionarse en atención a la exigencia de predecibilidad o previsibilidad de las actuaciones de las autoridades indígenas dentro de las costumbres de la comunidad, y a la existencia de un concepto genérico de nocividad social.

3. La satisfacción de los derechos de las víctimas: 3.1. La búsqueda de un marco institucional mínimo para la satisfacción de los derechos de las víctimas al interior de sus comunidades debe propender por la participación de éstas en la verificación de la verdad, la sanción del responsable, y en la determinación de las formas de reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados.

4. Elemento objetivo. Se refiere a la naturaleza del bien jurídico tutelado y fue Introducido por la Corte Constitucional en la Sentencia T552 de 2003, este elemento se construye en torno a la gravedad de la conducta y en su definición resulta básica la aceptación de un “umbral de nocividad” en la evaluación de la misma y está sustentado sobre las siguientes premisas:

1. Las jurisdicciones especiales ostentan un carácter excepcional.

2. El fin de la jurisdicción especial indígena es resolver conflictos internos de las comunidades aborígenes con el fin de preservar su forma de vida al interior de su territorio.

3. Haciendo una analogía con la jurisdicción penal militar, si en ese ámbito el fuero debe aplicarse exclusivamente a las conductas que pueden perjudicar la prestación del servicio, en la jurisdicción especial indígena, el fuero debe limitarse a los asuntos que conciernen únicamente a la comunidad.

Y sintetizó los criterios de interpretación más importantes del elemento objetivo de la siguiente manera:

1. La excepcionalidad de la jurisdicción especial indígena debe armonizarse con el principio de maximización de la autonomía de las comunidades aborígenes.

2. Entender que el fin último de la jurisdicción especial indígena es dar solución a asuntos internos de las comunidades originarias ignora la importancia que la Constitución Política ha otorgado a la autonomía indígena como fuente de aprendizaje de distintos saberes.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, como juez natural de los conflictos de competencia entre jurisdicciones, puede aplicar por analogía los criterios que ha desarrollado para definir diversos tipos de conflicto de competencia. Sin embargo, al hacerlo, debe respetar el principio de igualdad, eje axiológico y normativo de nuestra Carta Política.

Se trata entonces de establecer un elemento objetivo que respete la maximización de la autonomía sin exceder sus límites legítimos. El punto de partida de una formulación más clara sobre el elemento objetivo exige preguntarse sobre la naturaleza del sujeto, o del bien jurídico afectado por

una conducta punible, de manera que pueda determinarse si el interés del proceso es de la comunidad indígena o de la cultura mayoritaria. III.- Sentencia T-196 de 201510. Mediante esta decisión, esa misma Corporación insiste en el análisis que venía realizando; con una exposición sobre la jurisdicción especial indígena y el respeto por la diversidad étnica y cultural, determinando el alcance de la facultad que el artículo 246 de la Constitución Política otorga a esas autoridades, reiterando los elementos esenciales que están dados por la posibilidad de: a) tener autoridades 10 Sentencia de Revisión del 17 de abril de 2015, MP: María Victoria Calle Correa. Abril 17 de 2015, en el cual se revisó el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014), dentro de la acción de tutela promovida por Lorenzo Bomba Valencia, representante legal del Cabildo Indígena “Nasa U Se Yaakxnxisa” Nuevo Despertar, contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali y la Fiscalía 154 Seccional de la Cumbre, Valle del Cauca. judiciales propias; b) disponer normas y procedimientos judiciales propios, siempre con sujeción a la constitución y a la ley; c) la prerrogativa para el legislador para establecer la forma de coordinación de la justicia indígena y la ordinaria. En esa oportunidad, al resolver una acción de tutela contra esta Corporación

por haber asignado la competencia de un proceso penal a la jurisdicción ordinaria, tuteló los derechos de respeto por la diversidad étnica y cultural, y al ejercicio de la jurisdicción especial indígena, contradiciendo la jurisprudencia de esta Sala Jurisdiccional, que en todos los casos de violencia sexual contra menores de edad miembros de pueblos indígenas ha optado por asignar la competencia para adelantar la investigación y el juzgamiento a la jurisdicción ordinaria. Para esta Sala, la Honorable Corte Constitucional, en este y otros pronunciamientos, ha pasado por alto que esta Colegiatura también ha fundado tales decisiones en supremos valores Constitucionales, entre ellos la dignidad humana, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres y el mismo acceso a la administración de justicia, como pilares esenciales para proteger no solo los derechos de las víctimas de esos casos concretos, sino también con la vocación de procurar la coexistencia de las comunidades indígenas y asegurar su perennidad. Sin embargo, en aras de proteger los valores supremos de la justicia material como la seguridad jurídica y la garantía de acceso a la justicia, esta Corporación como máximo Tribunal de Conflictos, ha seguido los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en su jurisprudencia al respecto, especialmente en la última providencia citada, al momento de dirimir los mismos y asignar la jurisdicción competente en cada caso concreto. Lo anterior en armonía con la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que recientemente en providencia del 11 de noviembre de 201511, casó la sentencia del 9 de marzo de 2015

proferida por el Tribunal Superior de Manizales, por la cual se modificó el fallo condenatorio emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, que declaró responsable al señor Helmer Augusto Tapasco como autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años. En dicha providencia, el Máximo Tribunal de Casación, declaró la nulidad de todo lo actuado por la Jurisdicción Penal Ordinaria y remitió las diligencias al Cabildo del Resguardo Indígena “Nuestra Señora candelaria de la Montaña”. Al margen del criterio de esta Sala, de no compartir las razones esbozadas en dicha providencia para desconocer lo decidido por esta Colegiatura, al amparo de las facultades constitucionales para dirimir conflictos de jurisdicciones, considera pertinente