CSDJ - F1100101020002017003800020171118165736-2017

015REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

Magistrado Ponente: doctor FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL.

Radicación No. 110010102000201700380-00 Discutido y aprobado en Sala No. 98 de la misma fecha. ASUNTO Procede esta Corporación a pronunciarse respecto del traslado que hiciera la Corte Suprema de Justicia, de la queja anónima al parecer enviada por el señor Gregorio Ruiz, contra “las nuevas dignatarias que integran la sala del

Tribunal” (sic), MAGISTRADOS DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE CÚCUTA.

HECHOS En documento anónimo, (fl 2 c.o.), se presentó queja disciplinaria considerando lo siguiente: “(…)La JUSTICIA LABORAL DE CUCUTA, continua torcida porque las nuevas dignatarias que integran la sala del tribunal, una de ellas que va a ocupar la Presidencia de la Corporación tiene por esposo un abogado litigante miembro de la UP y después trabajo al servicio de EXCONGRESISTA ISABEL CELIS, (q.p.d), quedándose con su herencia y otro se dedica a la profesión de prepago y que convive con la magistrada de la sala civil, que vino de Medellín presentando actos indecorosos que desdicen de su condición de administradores de justicia. Se les ponen de conocimiento para que tomen medidas…” sic folio 2 c.o. A su noticia disciplinaria no allegó copias detalles precisos de los cuales se

pudiese extraer hechos irregulares respeto de funcionarios que ostenten la calidad de Magistrados. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala tiene competencia para conocer en única instancia de los procesos disciplinarios contra los Magistrados de los Tribunal Superiores de Distrito Judicial República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia del País, en virtud de lo previsto en los numerales 3 del artículo 256 de la Constitución Política, 3 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y los artículos 3 y 194 de la Ley 734 de 2002.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1° de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo. En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”1 (resaltado nuestro). En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto. 1 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez. 2 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia Del caso concreto.- Corresponde evaluar el mérito de la queja presentada de forma anónima al parecer enviada por el señor Gregorio Ruiz, contra “las nuevas dignatarias que integran la sala del Tribunal” (sic), MAGISTRADOS DE LA

SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA.

Como se aprecia del escrito de queja puesta de presente, no existe elemento de

juicio alguno que soporte la iniciación de un proceso disciplinario contra los Magistrados en mención, pues no se evidencia hecho concreto o irregularidad expresa de la cual se pudiese extraer un comportamiento de relevancia disciplinaria. Evidentemente, y no podría ser más clara la situación, las objeciones contenidas en el documento de queja anónimo, que se interpuso, no ameritan abrir indagación preliminar puesto que se está ante la hipótesis planteada en el parágrafo 2º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, tal y como pasa a explicarse. Una queja como la entablada en el presente asunto, que no especifica las circunstancias de los hechos objeto de reproche y encima de eso procura endilgar el reproche de su denuncia a autoridad judicial, indeterminada, y consideraciones personalísimas y de la vida privada sin ultimar detalles y precisar los casos concretos, es decir, con expresiones del libelista como estas “la justicia laboral de cucuta, continua torcida, porque las nuevas dignatarias que integran la sala del tribunal, una de ellas que va a ocupar la Presidencia de la corporación tiene por esposo un abogado litigante miembro de la UP…” (sic), no puede conferírsele ninguna seriedad y resulta hasta cierto punto impertinente y difusa. Si conceptualmente la queja “es una forma de expresión ciudadana mediante la cual un particular se dirige a la administración para pedirle se investigue y se sancione, o por lo menos se establezca la conducta en que pudo incurrir un servidor público, a

quien se le imputa, de manera más o menos general, o específica, la realización de una conducta que, eventualmente, pueda constituir falta disciplinaria”2, no por ello 2 Oscar Villegas Garzón, El Proceso Disciplinario, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1ª edición, Bogotá, 2003. 3 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia denunciar implica precisión, concreción, fundamento, ausencia de temeridad, no subjetividad, no especulación y en modo alguno señalamientos fruto de la divagación ni de constataciones aparentemente empíricas.

Y no se trata, desde la óptica de la Sala, de un asunto de poca monta, éste de la seriedad y responsabilidad de las denuncias, por alguna razón de importancia llevó a la Corte Constitucional a que, a ese nivel, se ocupase del tema en su sentencia T412 de 2006. Para la Corte, y también para la Sala, no se discute que la queja sea --como de hecho lo es-- una herramienta establecida a favor de los ciudadanos para denunciar la ocurrencia de irregularidades en el desempeño de las funciones públicas, pero ello no significa, como quiera que la titularidad de la acción disciplinaria está en cabeza del Estado, que su formulación, y menos cuando se trata de quejas poco prudentes y nada responsables, se traduzca siempre en el

inicio automático de la investigación disciplinaria, pues dentro de las potestades de las autoridades competentes está la de controlar su veracidad, su consistencia, su seriedad y su fundamento, con miras a determinar --in límine incluso-- su mérito y viabilidad. Por otra parte, como bien lo subraya la Corte Constitucional en el fallo referenciado, es preciso reconocer que la naturaleza del derecho de petición es distinta al inicio de una investigación disciplinaria promovida por la formulación de una queja y, por ello, el tratamiento que se le da a una y otra figura en el ordenamiento jurídico también lo es. De ahí que desde allí, ya una queja como la del señor Rico Montealegre, adolezca de inconsistencias importantes. Tendría que haber tenido claro el quejoso que un derecho fundamental como el de petición, es una prerrogativa que la Constitución prevé a favor de todo ciudadano para que éste pueda formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y, en casos especiales, frente a los particulares en los términos previstos por el legislador; a diferencia de la queja, que no es un derecho fundamental, sino un mecanismo a través del cual se pone en conocimiento del juez disciplinario la 4 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia ocurrencia de una situación irregular en la que incurre un funcionario público, a fin

que esa misma autoridad ejerza la acción disciplinaria y promueva la investigación correspondiente. En esa medida y de cara a los parámetros establecidos en el artículo 273 la ley 24 de 1992, en concordancia con el artículo 384 de la Ley 190 de 1995, cuando se está frente a quejas carentes de fundamento –como aquellas generalizantes, vaporosas, abiertamente especulativas-- la opción que queda no es otra que la prevista en el parágrafo del artículo 150 del Código Disciplinario Único, esto es, inhibirse de adelantar actuación disciplinaria alguna. Quizá le competa a la Sala hacer propias, por lo menos en lo pertinente, razones como las expuestas por el profesor Alejandro Aponte, en uno de sus más conocidos trabajos en el ámbito penal, en el sentido de que “así como deben ser desechadas las penas inútiles, también deben ser desechados en principio los procesos inútiles”, pues en virtud de una regla que se conoce como “la expectativa de las consecuencias jurídicas de la infracción”5, el sistema sancionatorio no debe optar por la activación de la acción estatal basándose en sospechas infundadas o sin posibilidades materiales de cristalizarse. Dicho de otro modo, mientras no se presencie un hecho de relevancia disciplinaria, notoria y ostensible, lejos se está de poderse formular un juicio de reproche disciplinario, pues las divergencias que pudiesen concretarse por parte del quejoso y “las nuevas dignatarias que integran la sala del tribunal” (sic), lejos están de conllevar automáticamente a falta disciplinaria.

En punto a la queja concreta, por lo que se ve se trata de un escrito que busca se tomen medidas con relación a las manifestado por el anónimo, en el que condensa un señalamiento abierto hacia “las nuevas dignatarias que integran la sala del tribunal” (sic), no menciona en ninguno de sus apartes alguna falta enmarcada 3 Se inadmitirán las quejas que sean anónimas y aquellas que carezcan de fundamento 4 Art. 38 Ley 190/95. Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1o de la Ley 24 de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio 5 Manual para el Juez de Control de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2004, p. 32-33. 5 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia dentro del estatuto deóntico de los servidores públicos, sobre la cual pueda iniciarse una indagación preliminar.

Es claro que para iniciar la actuación disciplinaria sí considera que las denuncias, las quejas, los reportes, o como se diría en el terreno penal por los clásicos de la materia, los partes de delito6 --o en este caso, partes o reportes de infracción a deberes funcionales-- atendiendo incluso al origen o a la procedencia, deben

satisfacer unas exigencias o unos presupuestos mínimos que expliquen y justifiquen la puesta en marcha de la potestad sancionatoria del Estado. No cree la Colegiatura que, cuando una intervención Estatal como la disciplinaria, es de las más graves y comporta la potencialidad de desencadenar para el intervenido costos de diversa índole, sea laudable darle curso a quejas especulativas, así por ahí se entreveren los nombres propios de algún funcionario judicial, con el fin de --no sin cierto propósito peligrosista-- reivindicar lógicas como aquella según la cual “una investigación no se le niega a nadie”. No quiere la Sala perder de vista que cuando se toma la decisión de intervenir disciplinariamente a un servidor público, inmediatamente se desata toda una serie de repercusiones y efectos, tanto para el intervenido, como para el propio Estado, que no deben desatarse si no resulta absolutamente necesario para la protección de los intereses que está llamado a proteger el régimen disciplinario. Por eso es que, inclusive con el fin de ponerle unos razonables límites al intervencionismo sancionatorio, las quejas deben someterse a una exhaustiva crítica --y eso es lo que intenta la Sala en el presente pronunciamiento-- que se nutra de las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, es decir, pasarlas por un filtro que permita definir hasta qué punto resulta razonable y proporcional atribuirle mérito vinculante a una queja --que en el caso en concreto, si se caracteriza no es por ser precisa, directa, seria y se cifra en la superficialidad. 6 MANZINI, Vincenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, T. III, p. 529/530. Así, la doctrina clásica,

denomina las denuncias, las quejas, los señalamientos inculpatorios. 6 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia No parece, pues --porque sin duda a ello no le apuesta la Sala-- que dentro del marco de la filosofía política de un Estado Constitucional, Social, Democrático y de Derecho como el organizacionalmente adoptado por el constituyente del 91, pueda estarse haciendo ensayos con la judicialización, criminalización o, si se permite la expresión, “disciplinarización” o “disciplinamiento” de las personas, de pronto hasta con fines utilitaristas, casi como que olvidando que la dignidad del ser humano también se lesiona cuando a éste se le cosifica, instrumentaliza o mediatiza, es decir, cuando se le usa como vehículo para transmitir mensajes ejemplarizantes o de eficacia institucional, como el que subyacentemente persigue el quejoso.

Así, pues, como el Estado tiene límites para intervenir sancionatoriamente a las personas, el deber supralegal estatuido para los ciudadanos --entre ellos el señor Rico Montealegre-- por el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución Política, que consiste en “colaborar para el buen funcionamiento de la justicia”, también le pone un marco de acción a los denunciantes y quejosos, quienes entonces no están legitimados para, por la vía de quejas difusas, lanzar afrentas y denuestos contra la

dignidad y majestad de altos funcionarios del Estado, pretendiendo que se active el aparato coercitivo, con el pretexto de investigar faltas disciplinarias, pero quizá persiguiendo otros fines encubiertos. Desde el punto de vista, entonces, de la eficacia en sentido estricto, que es la que se da cuando “además de conseguir una norma que se cumpla la conducta prevista, logra que se realicen sus objetivos”, no le es extraño a la Colegiatura que, frente a quejas como la que concita ahora la atención, se aplique una cierta suerte de aquello que en sede penal el profesor Alejandro Aponte, denomina “Criterios frente al Juicio de Proporcionalidad en Concreto”, según los cuales, por la vía de la dogmática de la ponderación y la dialéctica de lo concreto, puede establecerse hasta qué punto, de una denuncia como esa, cabe esperar que efectivamente se llegue a una sanción disciplinaria. La lógica, pues, que en esta clase de casuística debe presidir la formulación de los respectivos juicios de valor --que no son juicios de mera validez, sino de eficacia y además de efectividad, esto es, juicios de tipo sociológico, descriptivo y fáctico-- es 7 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia la lógica de lo razonable y no apenas la de lo racional, y eso que es claro para la

Colegiatura, igualmente debe serlo para la comunidad jurídica y la colectividad en general, a la cual también le asisten compromisos serios con la justicia. En estas condiciones, lo técnico, lo razonable y lo práctico además desde el punto de vista de lo pragmático, es que se le termine lo que precautelativamente se le comenzó y cese la movilización del aparato sancionatorio del Estado. Dicho de otro modo, si una primera y cuidadosa exploración de la foliatura correspondiente, muestra --en forma por demás categórica-- que ninguna base, ni jurídica ni mucho menos probatoria, hay para poner en marcha, con todas sus gravosas implicaciones, una investigación disciplinaria, debe optarse por el archivo de las diligencias. No existe pues dentro de la queja, una prueba o señalamiento específico que por lo menos permita inferir la existencia de una falta disciplinaria, menos en cabeza de quién, como para iniciar, aunque sea de oficio, actuación alguna, lo cual permite a la Sala en consonancia con el parágrafo primero del artículo 150 del C.D.U, abstenerse de adelantar actuación disciplinaria, es decir, se dan los supuestos legales del precepto en cita para proceder conforme se anunció en proveído inhibitorio. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO.- INHIBIRSE de adelantar actuación disciplinaria alguna con ocasión respecto a la queja anónima al parecer enviada por el señor Gregorio Ruiz, contra “las nuevas dignatarias que integran la sala del Tribunal” (sic),

MAGISTRADOS DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

CÚCUTA. En consecuencia procédase al archivo de las presentes diligencias. 8 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No 11001010200201700380-00

Referencia: funcionarios en Única instancia

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 9