CSDJ - F1100101020002017009330020170718170937-2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá. D.C. Seis (6) de julio de 2017

Magistrado Ponente: Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL Registro de Proyecto: Cinco (5) de Julio de 2017

Radicación No. 110010102000201700933 00 Aprobado según acta de Sala No. 51 de la misma fecha ASUNTO A TRATAR Se pronuncia la Sala en relación con el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la jurisdicción Ordinaria representada en el JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la Contenciosa Administrativa en el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, con ocasión del conocimiento de la demanda Ordinaria Laboral, instaurada por el apoderado de

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., contra RIESGOS

LABORALES COLMENA S.A. – COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1. Situación Fáctica: El doctor JUAN CAMILO REINOSA RIVEROS, en su calidad de

apoderado de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. presentó demanda contra RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., a efectos que Página 2 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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M.P. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Radicado No. 110010102000201700933 00

Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa se declare que, en el período comprendido entre el día primero (1) de enero de 1996 y hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2013, asumió los riesgos laborales, de la señora OLGA PATRICIA ROVIRA LOZANO, como el empleada de la Fiscalía General de la Nación, periodo durante el cual se encontró expuesta a los riesgos ocupacionales que motivaron el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, mencionada en los hechos de la demanda.

Del mismo modo que como consecuencia de la anterior declaración, y de acuerdo lo previsto en el artículo 1º de la Ley 776 de 2002 y los artículos 5 y 6 del Decreto 1771 de 1994, se declare que RIESGOS LABORALES COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, está obligada a

reembolsar a favor de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., los gastos que esta última asumió, por concepto de reserva matemática y prestaciones económicas, a prorrata y por el tiempo que la trabajadora estuvo expuesta al riesgo, mientras se encontraba afiliada a RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., entre otras pretensiones condenatorias. Como hechos sustentatorios de las pretensiones, aludió el jurista representante de la demandante, que RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., es una sociedad comercial autorizada para sumir los riesgos laborales de los trabajadores dependientes e independientes en el territorio colombiano; de igual forma que en su condición de administradora de esos riesgos, está sometida al cumplimiento de todas las normas que rigen el sistema general de riesgos laborales y a las normas que rigen la actividad aseguradora. Indicó que la Fiscalía General de la Nación, trasladó los riesgos laborales de sus trabajadores a RIESGOS LABORALES COLMENA S,A, entre el 1º de enero de 1996 hasta el 28 de febrero de 2013, periodo equivalente a Página 3 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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M.P. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Radicado No. 110010102000201700933 00

Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa 6282 días 209 meses y 17.4 años, por lo que de allí en adelante, quien asumió esa labor fue POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Esgrimió que la actora como trabajadora de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, estuvo vinculada por cuenta de su empleador a la administradora de riesgos laborales COLMENA S.A., por lo que como consecuencia del traslado de administradora de riesgos laborales efectuado por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a partir del 1º. de marzo de 2013, fueron asumidos por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. dentro del marco legal que rige el Sistema General de Riesgos Laborales. Aludió que la demandante durante todo el tiempo de afiliación a COLMENA S.A., mediante dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 271813, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el día 21 de marzo de 2013, se estableció que la señora OLGA PATRICIA ROVIRA LOZANO, tuvo una pérdida de capacidad laboral del 55.63% por las patologías Trastorno Depresivo Mayor Grave, Hipoacusia Bilateral y Síndrome Vertiginoso. Como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral calificada, adquirió el derecho al reconocimiento de la prestación económica denominada Pensión de Invalidez, establecida en el literal c del artículo 7o del Decreto 1295 de 1994. Según los antecedentes de calificación contenidos en el dictamen anteriormente mencionado, las patologías calificadas como de origen

laboral se presentaron durante el tiempo de exposición al riesgo en el cargo desempeñado por la trabajadora durante todo el tiempo de

afiliación con RIESGOS LABORALES COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE

SEGUROS DE VIDA.

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M.P. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Radicado No. 110010102000201700933 00

Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa Se relató en la demanda que RIESGOS LABORALES COLMENA S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, tuvo afiliada a la señora OLGA PATRICIA ROVIRA LOZANO durante toda la evolución y calificación de origen de las patologías que generaron la invalidez. Igualmente, de acuerdo con las normas aplicables, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., constituyó una reserva matemática para atender el pago de la pensión de invalidez de la señora OLGA PATRICIA ROVIRA LOZANO, la cual, con corte al mes de noviembre de 2015, ascendía a la

suma de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($731.361.460.00) 2.-Le correspondió por reparto las diligencias al JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ para su conocimiento, quien mediante auto del 25 de enero de 2016, admitió la demanda, ordenando correr traslado a la parte demandada (folio 47-48 c.o.) 3.-La demandada una vez notificada, contesta en tiempo, señalando el juzgado fecha para la realización de la audiencia que trata el artículo 77 del C.P.T y S.S, modificado por el art 11 de la Ley 1149 de 2007 (folio 114-115 c.o.) 4.-Una vez celebrada la audiencia el 17 de agosto de 2016, en la etapa de saneamiento del proceso, se declara probada la excepción previa de FALTA DE JURISDICCION propuesta por la parte demandada y ordena remitir el proceso a los Juzgados Administrativos, providencia que es recurrida por la parte actora, concediéndose en la misma diligencia el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el H Tribunal Superior de Bogotá (folio 172-174 c.o.) Página 5 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa 5.- Allegadas las diligencias al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala de Decisión Laboral, mediante providencia de 27 de octubre de 2016, declara inadmisible el recurso por improcedente y ordena devolver el expediente al juzgado de origen (folio 179-181 c.o) 6.-Recibidas nuevamente las diligencias al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, mediante auto de 13 de diciembre de 2016, dispuso remitir el plenario a los Juzgados Administrativos –Reparto de Bogotá por competencia (folio 181 c.o.) 7.-Una vez repartidas las diligencias por reparto le correspondió al JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA, quien en auto de 1 de marzo de 2017, declaró la falta de jurisdicción para asumir el conocimiento de la presente demanda y propone el conflicto negativo de jurisdicción, ordenando el envió a esta Colegiatura (folio 185-187 c.o.)

CONSIDERACIONES DEL JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Una vez le fue allegado para su conocimiento el asunto, por auto del 25 de enero de 2016, admitió la demanda, ordenando correr traslado a la parte demandada, una vez notificada la misma es contestada en tiempo, EN Audiencia el 17 de agosto de 2016, en la etapa de saneamiento del proceso, se declara probada la excepción previa de FALTA DE

JURISDICCIÓN propuesta por la parte demandada, decisión que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala de Página 6 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa Decisión Laboral, ente judicial que por providencia del 27 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso y dispuso se remitiera el proceso nuevamente al Juzgado de origen para que éste dispusiera el envío a la jurisdicción competente. ( folio 179-181 c.o.)

CONSIDERACIONES DEL JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Una vez remitidas las diligencias por la Jurisdicción Ordinaria, le correspondió conocer de las mismas al Juzgado Administrativo antes referido, ente judicial que por auto del 1 de marzo de 2017, igualmente se declaró incompetente al esgrimir, luego de hacer referencia al artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, la Ley 712 de 2001 en su artículo 2º y la Ley 1564 de 2012, que ese despacho carece de jurisdicción para conocer de las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre las entidades administradoras de riesgos laborales. (folios 185-187 c.o.)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tiene competencia para resolver esta clase de conflictos que involucran a autoridades de diferentes jurisdicciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, numeral 6, de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 112, numeral 2, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia). Página 7 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015,

se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada "equilibrio de poderes", en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: "(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.” En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que "la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela".

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: "los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial", en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Página 8 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan

entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. La competencia ha sido definida como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, bien porque ambos funcionarios estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no le corresponde, evento en el cual será negativo, y para que este se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que al funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso. b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo.

2. La solución al conflicto.

Lo primero que se debe dilucidar dentro del presente asunto es que, al haber entrado en vigencia el pasado 2 de julio de 2012, la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, habrá de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 308 cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Página 9 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”. (Resaltado no original). Por tanto, al haberse presentado la demanda que ocupa la atención de esta Sala, el 10 de diciembre de 2015, con posterioridad a la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá tenerse en cuenta ésta normativa para dirimir el mismo.

3. Del caso en concreto.

Procede esta Corporación a dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, con ocasión del conocimiento de la demanda Ordinaria Laboral, instaurada por el apoderado de POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en contra de RIESGOS LABORALES

COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA.

A efectos que se declare que hasta a efectos que se declare que, en el período comprendido entre el día primero (1) de enero de 1996 y hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2013, asumió los riesgos laborales, de la señora OLGA PATRICIA ROVIRA LOZANO, como el empleada de la Fiscalía General de la Nación, periodo durante el cual se encontró expuesta a los riesgos ocupacionales que motivaron el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, mencionada en los hechos de la demanda y como consecuencia de ello se disponga que la accionada está obligada a reembolsar y pagar a favor de la actora, los gastos asumidos Página 10 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa por concepto de pensión de vejez, incluyendo la indexación a las sumas a que se hace referencia en la demanda y sus intereses moratorios.

Esta Corporación ha decantado que a efectos de fijar la jurisdicción, se

debe tener en cuenta las pretensiones de quien actúa y los hechos en que se apoya, en este orden de ideas, la actora está solicitando unas declaratorias, reembolsos y pagos de los costos asumidos por ellos, a raíz de la cancelación del pago de la pensión de invalidez de la señora OLGA PATRICIA ROVIRA LOZANO, la cual, con corte al mes de noviembre de 2015, ascendía a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($731.361.460.00), que en su momento debió a sumir la ARL COLMENA hasta el 28 de febrero de 2013. En el presente caso, resulta necesario tener en cuenta el artículo 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales determinan los asuntos de que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo y los que están excluidos, así: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte

una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.

Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública

todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%. Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:

1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos.

2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado.

3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.” Así mismo el artículo 155 ibídem determina que los Juzgados Administrativos conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa Mientras que la Ley 712 de 2001, por la cual se reformó el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le dio a la Jurisdicción Laboral, la competencia para conocer de los conflictos originados en el contrato de trabajo: “Artículo 2°.- Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad

laboral y de seguridad social quedará así: (…)

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de

la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. (Modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012)” Conforme lo precedente, se tiene que la presente controversia pertenece a temas comprendidos dentro del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y que la parte pasiva es una empresa privada, Ahora bien, siendo así, que el conflicto entre POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y RIESGOS LABORALES COLMENA S.A., se origina en las erogaciones que la primera de las referidas asumió, a raíz del traslado que se suscitó desde el 1º de marzo de 2013 frente a los riesgos laborales de los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación referidos en incisos anteriores y que lo pretendido en sí es que se declaré que hasta el 28 de febrero de 2013 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. se arrogó el pago de la indemnización por incapacidades permanentes parciales, y que por contera, se debe reembolsar tales rubros, con su respectiva indexación e intereses moratorios. a que haya lugar, por parte de la Compañía demandada (la cual es de naturaleza privada según el Certificado de Existencia y Representación Lega l 1 , y que por tratarse de controversia referente al sistema de seguridad social integral, 1 Folios 16 y 17 cuaderno original Página 13 República de Colombia Rama Judicial INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.gif@01CAA11C.6979D9F0" \ MERGEFORMATINET

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Referencia: Conflicto Jurisdicción Ordinaria Laboral y Administrativa indudablemente que la demandante debe acudir a la Jurisdicción Ordinaria, sin que sea del resorte del Juez del Conflicto entrar a determinar si en el caso sub análisis se dan o no los supuestos para la prosperidad de las pretensiones, pues ese es precisamente el tema que deberá debatirse ante el juez natural de esta clase de debates, entonces, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 712 de 2001, se remitirán las diligencias al JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

Importante es precisar en el presente asunto, sobre la naturaleza jurídica privada de la empresa demandada, cual es RIESGOS LABORALES COLMENA S.A.., COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA la cual se constituyó como Sociedad Comercial Anónima de carácter privado, el 14 de Abril de 1.994, mediante escritura pública No. 1865 de la Notaría 42 de Bogotá, cuyos principios fundamentales sobre los que gira el trabajo de la Compañía, son: el aseguramiento de los riesgos profesionales, la prevención y el servicio al cliente, pilares que guían los diferentes procesos comerciales, operativos y administrativos. Por otro lado la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2000, precisó: “De esta manera, la atribución de la solución de las controversias suscitadas entre las

entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Sobre el particular y como cuestión final del análisis hasta aquí expuesto, es oportuno traer a colación algunos criterios expresados por la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral[8], citada en la Vista Fiscal, en el cual, luego de establecer la conveniencia de la atribución de la competencia a la jurisdicción del trabajo, tantas veces aludida, precisó los alcances que debe presentar la misma, los cuales comparte esta Corte en su totalidad: “1. Cuando la Ley atribuye tal competencia a la jurisdicción ordinaria, no puede ampliarse la acepción "seguridad social integral" más allá de su órbita y llegar al extremo de abarcar aspectos que se mantienen en otras jurisdicciones, u otras especialidades de la jurisdicción ordinaria, por definirlo en forma explícita el legislador, tales como los juicios de