CSDJ - F11001010200020170167600ADJUNTA20190321123503-2018

Consejo Superior de la Judicatura

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Título: CSDJ - F11001010200020170167600ADJUNTA20190321123503-2018
Autor: Consejo Superior de la Judicatura
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Disciplinario
Año: 2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA Magistrado Ponente: ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicación No. 110010102000201701676 00

Referencia: Funcionario Única Instancia Aprobado según Acta No. de la misma fecha

ASUNTO A DECIDIR

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P. ALEJANDRO MEZA CARADALES Radicado N° 110010102000201701676 00

Asunto: Funcionario Única Instancia Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, evaluar el mérito de la queja presentada por el señor GUSTAVO TAFUR MARQUEZ contra los funcionarios SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOSA y CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS, en su condición de Magistrados del Tribunal

Administrativo de Sucre.

SITUACIÓN FÁCTICA

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M.P. ALEJANDRO MEZA CARADALES Radicado N° 110010102000201701676 00

Asunto: Funcionario Única Instancia El señor GUSTAVO TAFUR MÁRQUEZ presentó ante esta Superioridad en julio 12 de 2017, queja contra los funcionarios SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOSA y CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS, en su calidad de Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, por las presuntas irregularidades al proferir sentencia del 22 de mayo de 2017, en el proceso de Nulidad Electoral acumulado No. 2015-00408-00 /00510-00, promovido contra el acta de elección del señor VÍCTOR UBALDO HERNÁNDEZ

MONTES como Alcalde del Municipio de Sampués - Sucre; lo anterior, por cuanto con su elección aparentemente “violaron el artículo 230 de la Constitución Nacional y la Ley 734 del 2002 en los numerales 1 y 13 del artículo 34, numeral 1 del artículo 35 y numeral 1 del artículo 48.”

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M.P. ALEJANDRO MEZA CARADALES Radicado N° 110010102000201701676 00

Asunto: Funcionario Única Instancia

Advierte esta Superioridad desde ya, que el acá querellante allegó junto con su escrito de queja, en treinta y tres (33) folios copia de la providencia denunciada, la cual en efecto se evidencia fue proferida en mayo 22 de 2017 por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOZA (Ponente), CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CARDENAS y RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOY, este último con Salvamento de Voto, con ocasión del referido proceso de Nulidad Electoral No. 2015-0040800 / 2015-00510-00. Proveído que resultó suficiente para sustentar congruentemente la decisión que aquí adoptará la Sala.

CONSIDERACIONES

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Asunto: Funcionario Única Instancia

Competencia. La Competencia de la Sala para conocer en única instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra Magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura del país, aparece regulada en el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

La norma referida establece:

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Asunto: Funcionario Única Instancia “Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 3º. Conocer en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra Magistrados de los Tribunales y consejos seccionales de la judicatura, el vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales”.

Facultad legal que se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de

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Asunto: Funcionario Única Instancia 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H.

Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir,

se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de

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Asunto: Funcionario Única Instancia competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Ahora bien, la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagra preceptivas que al Operador Disciplinario le facultan para abstenerse in situ de formalizar la investigación inhibiéndose de iniciar actuación alguna cuando del análisis prima facie de la información o queja se determine que resulta manifiestamente temeraria, o se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes, o de imposible ocurrencia, o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa1; 1 Parágrafo 1° del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

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Asunto: Funcionario Única Instancia Del caso concreto.

Del escrito de queja presentado por el señor GUSTAVO TAFUR MÁRQUEZ, claramente se advierte que su inconformidad con los funcionarios SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOSA Y CESAR ENRIQUE GÓMEZ CARDENAS, en su condición de Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, radica en las presuntas irregularidades en que incurrieron al decidir el proceso de Nulidad Electoral acumulado No. 2015-00408-00 /00510-00, promovido contra el acto de elección del señor VICTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES como Alcalde del Municipio de Sampués - Sucre; pues bajo su perspectiva, desconocieron y violaron cierta normatividad de la Constitución Política y la Ley 734 del 2002. Así las cosas, precisa esta Colegiatura desde ya que una vez analizada la copia íntegra de la providencia objeto de denuncia, proferida por los funcionarios judiciales encartados en mayo 22 del presente año con ocasión del proceso de Nulidad Electoral citado en precedencia, concluye la Sala con

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Asunto: Funcionario Única Instancia grado de certeza que los hechos relatados por el señor TAFUR MARQUEZ son disciplinariamente irrelevantes; lo anterior, por cuanto advertimos más allá de toda duda razonable, que los Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, emitieron una providencia completamente satisfactoria, argumentada, probatoriamente sustenta, y en el marco de su autonomía funcional.

Pues bien, se advierte que en dicho radicado administrativo, los funcionarios judiciales encartados debían resolver el problema jurídico de determinar si el acto de elección del señor VÍCTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES como

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, se encontraba viciado de nulidad, por haber incurrido el candidato elegido en doble militancia política; se trae a colación dicho proveído atacado en los siguientes apartes, iterándose que fue el quejoso quien aportó copia íntegra, así:

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Asunto: Funcionario Única Instancia

“Advierte la Sala que en el caso particular analizado en la decisión anterior, el Consejo de Estado admite la posibilidad de que el Juez, en el marco de su autonomía y competencia, acoja el parámetro de descalificaron automática previsto en el artículo 7 de la Resolución 658 de 2022 sobre el acto del Consejo Nacional Electoral. Para el caso bajo estudio, se reitera, pese a que no hay manifestación expresa de la renuncia como militante del Partido Liberal Colombiano en el año 2011 o antes, por parte del señor VÍCTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES, la Sala acoge el postulado del artículo 7 de la Resolución 658 de 2002 considerando, como quiera que este se vinculó como militante del Partido Social de la Unidad NacionalPartido de la U, a partir del 29 de junio de 2011, que desde esta fecha

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Asunto: Funcionario Única Instancia se produjo la descalificaron automática del señor VÍCTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES como militante del Partido Liberal

Colombiano. De acuerdo con el análisis esbozado anteriormente, la Sala concluye que el señor VICTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES desde el 29 de junio de 2011 y hasta la fecha de inscripción como candidato a la Alcaldía de Sampués Sucre para el periodo 2016-2019, esto es, el 25 de julio de 2015, era miembro y militante del Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, sin que existiera simultaneidad de militancia con el Partido Liberal Colombiano dada la descalificaron automática que ocurrió al tenor de lo previsto por los estatutos de dicho partido vigentes para la época en que se produjo la desafiliación, por lo cual no se accederá a las suplicas de la demanda (SIC).

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Asunto: Funcionario Única Instancia Por último, en cuanto a las inconsistencias o contradicciones presentadas al interior del partido al expedir certificaciones sobre la afiliación del señor VICTOR HERNÁNDEZ, es del caso manifestar que ellas no pueden ser atribuibles al afiliado, pues son asuntos administrativos cuya competencia corresponde a las autoridades internas del partido.” En este sentido, resultaron totalmente claros los argumentos expuestos por los funcionarios judiciales encartados para denegar las suplicas deprecadas en la demanda, es decir, al explicar congruentemente porque la presunta doble militancia en que habría incurrido el alcalde electo de Sampués, en

realidad no se configuró, pues por el contrario, operó la descalificación automática del partido liberal al inscribirse en la elección pública de alcaldía como miembro del partido de la U; por lo anterior, el Tribunal Administrativo

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Asunto: Funcionario Única Instancia de Sucre además de cumplir con las ritualidades exigidas a una providencia acorde a derecho, tuvo en cuenta para su decisión el recaudo y valoración de

prueba de manera integral, y al menos tres (3) precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto proferidos por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, esto es, el Consejo de Estado, referentes a la afiliación y descalificación de miembros de partidos políticos; la vinculación del candidato elegido; y finalmente, los estatutos de un partido político y la desafiliación automática del mismo. Al tenor de lo expuesto, respecto de cada uno de los temas anteriores que sustentaron la decisión adoptada por el Tribunal, en la sentencia atacada se esbozó lo siguiente:

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Asunto: Funcionario Única Instancia «Como se advierte de la decisión anterior, la sección especializada en asuntos electorales, infiere que la modalidad o procedimiento de desafiliación establecido en la Resolución no. 1839 de 2013 del Consejo Nacional Electoral no es única, en la medida en que si el partido o movimiento político con personería jurídica prevé en sus estatutos otra forma de desvinculación, como la referida a la adhesión a otro partido dando lugar a la descalificación automática, debe observarse concomitantemente con el acto administrativo de la autoridad electoral, de tal manera que el procedimiento para tales fines no se restringe unidamente a lo dispuesto por aquella autoridad

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Asunto: Funcionario Única Instancia electoral, sino también a lo regulado por los estatutos de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica.

En principio, se advierte que en el plenario no reposa prueba que indique la renuncia expresa y por escrito del señor VICTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES como militante del partido liberal Colombiano, sin embargo, tal como se expuso en párrafos anteriores, ello no es óbice para acudir a los estatutos del partido con miras a establecer si existen otros procedimientos para efectos de la desafiliación. La Resolución 658 de 2002 dispone en su artículo 7 inciso 2 “quienes se afilien a otro partido o movimiento político con personería jurídica expedida por el Consejo Nacional Electoral, perderán automáticamente la calidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano»

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Asunto: Funcionario Única Instancia Desea esta Colegiatura hacer especial énfasis en dos situaciones, que además de lo ya expuesto, resultan vitales para la decisión a adoptar; la primera, que los Magistrados denunciados en cada aspecto de su proveído en el cual exponían sus argumentos, indicaban el material probatorio que lo permitía colegir, es decir, demostrando con ello lo perfectamente sustentadas que se encontraban sus consideraciones, diferente a una decisión caprichosa como lo indicó el quejoso; segundo, además de hilar congruentemente la jurisprudencia y la legislación aplicable al caso, se encargaron de discernir perfectamente el por qué cada una de ellas resultaba

procedente para el caso concreto, máxime tratándose del Consejo de Estado, que es la Colegiatura experta en la materia. Adicionalmente, aprovecha esta Superioridad la oportunidad para advertir que los hechos e inconformidades sustentadas en decisiones o procesos judiciales, deben ventilarse al interior del mismo y ante su Juez natural, para lo cual el legislador ha dispuesto los distintos recursos procesales como el de alzada, para exponer ante los superiores jerárquicos de los juzgadores las

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Asunto: Funcionario Única Instancia inconformidades que se presenten, inclusive dependiendo el caso podría promoverse la Acción de Tutela y no acudir a la sede disciplinaria como una instancia más del proceso, pretendiendo continuar nuevamente el debate jurídico y procesal, el cual se surtió bajo las normas de competencia y jurisdicción.

Ahora bien, no se puede desconocer el principio de autonomía e independencia funcional otorgada por la Carta Política a los Funcionarios Judiciales en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, pues la gran importancia de la función judicial, e incluso la celosa protección del derecho de acceder a ella resultan vacíos e inútiles, si no se garantizan dichos principios, los cuales también son reconocidos por los tratados internacionales sobre la materia. En suma, los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que

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Asunto: Funcionario Única Instancia verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia.2

En relación con este tema la Corte Constitucional ha observado también una postura jurisprudencial clara y consistente, resultando la invulnerabilidad de los actos y decisiones judiciales y de su contenido al poder disciplinario al que por regla general se encuentran sujetos los funcionarios judiciales, el cual no puede emitir cuestionamientos ni determinaciones sancionatorias a partir de tales contenidos; al respecto debe traerse a colación el artículo 228 de la Constitución Política: 2 Corte Constitucional. Sentencia T238 del 2011. M.P. NILSON PINILLA PINILLA.

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Asunto: Funcionario Única Instancia ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuac

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