CSDJ - F1100101020002017028310020180302085950-2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Magistrada Ponente: FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Radicado No. 110010102000201702831 00 Aprobado Según Acta de Sala No. 12 de la misma fecha ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, con ocasión del medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho formulado a través de apoderado, por la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, contra PEDRO

IGNACIO GOMEZ GOMEZ.

ANTECEDENTES 1.- Mediante apoderado judicial la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, presentó ante la jurisdicción contenciosa Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Resolución No. GNR 222170 del 31 de agosto de 2013, proferida por la entidad accionante, mediante la cual se le reconoció una pensión de vejez al señor PEDRO IGNACIO GÓMEZ GÓMEZ a partir del 31 de agosto de República de Colombia 2 Rama Judicial

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M.P. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Radicado No 110010102000201702831 00

Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones 2013, en contravía de la Constitución y la Ley otorgándose dicho reconocimiento al cual no tenía derecho.

Como consecuencia de la anterior, solicita: “Se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 222170 del 31 de agosto de 2013 proferida por COLPENSIONES, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez, no siendo la entidad competente toda vez que l señor Pedro Ignacio Gómez Gómez, se encontraba afiliado en el régimen de ahorro individual RAIS, AFP CITI COLFONDOS.” (fl. 1-12 c.o.). “Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo GNR 222170 del 31 de agosto de 2013 proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a título de restablecimiento del derecho, solicitar la devolución de lo pagado por concepto de pensión reconocida al señor Pedro Ignacio Gómez Gómez, estando afiliado al fondo pensional COLFONDOS”.(fl. 1 – 12 c.o.) 2.- Una vez sometida a reparto, le correspondió al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, el cual profirió el auto el 8 de junio de 2017, declarando la falta de jurisdicción y competencia, teniendo en cuanta que “Los conflictos que se refieran a la seguridad social de trabajadores del sector privado o servidores públicos vinculados a través de contrato de trabajo – trabajadores oficiales , son competencia de la

jurisdicción Ordinaria Laboral, aun cuando sus pretensiones se encuentren administradas por una persona de derecho público, puesto que el criterio que fija la competencia no es la existencia de acto administrativo que define la situación prestacional , sino la forma jurídica de vinculación laboral , esto es la existencia de un contrato de trabajo.” “Dicho lo anterior, esta sala de decisión procede a verificar los elementos del litigio que definen la jurisdicción y competencia en el presente asunto.” “Según las pruebas documentales que aporta la parte actora, el demandado laboró por aproximadamente 30 años para el sector privado, República de Colombia 3 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones siendo el ultimo patrono de quien se repotan cotizaciones INVERSIONES ALMER LT “(fls.34 a 36). “Encuentra la Sala que la controversia alude al reconocimiento de una pensión de vejez por tiempos cotizados en el sector privado, dada la naturaleza del empleador y, en tal sentido no existe criterio de especialidad necesario para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo avoque conocimiento sobre el particular, pues el beneficiario de la prestación nunca tuvo la calidad de servidor público con vinculación legal y reglamentaria” “En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 del C.P.A.C.A. habida cuenta que el actor optó por interponer la demanda en la ciudad de Bogotá, por lo que son los Jueces Laborales de este Circuito

los competentes para asumir el presente asunto, se declarará la falta de Jurisdicción y competencia para conocer, tramitar y decidir el presente proceso, y se ordenará el envío inmediato del expediente a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bogotá – Reparto, para lo de su cargo”. (fl. 56 – 58 C.o). 3.- El proceso fue repartido al JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, quien igualmente mediante auto del 19 de octubre de 2017 indicó carecer de jurisdicción para conocer de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, teniendo en cuenta que: “se puede decir que este despacho no comparte los argumentos expresados por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia de fecha 8 de junio de 2017, mediante la cual declara la falta de competencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en contra del señor PEDRO IGNACIO GOMEZ República de Colombia 4 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones GOMEZ; toda vez que es evidente que lo pretendido por la parte actora es como bien lo manifiesta, se declaren nulas las resoluciones expedidas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES No GN 222170 de fecha 31 de agosto de 2013, la cual

se reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez, no siendo la entidad competente toda vez que el señor PEDRO IGNACIO GOMEZ GOMEZ, no siendo la entidad competente toda vez que el señor encontraba afiliado a dicha entidad, y que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la devolución de lo pagado por concepto de pensión reconocida a la parte demandada, mediante acto administrativo”. “Así las cosas, puede concluirse entonces sin validación alguna que la competencia de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, recae, a juicio de este despacho judicial, ante el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección

F. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la ley 1437 de 2011 señala: Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario, a la constitución y la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Si la administración considera que el acto incurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de República de Colombia 5 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones conciliación y solicitara al juez su suspensión provisional”.(Sic a lo transcrito) “Por lo anterior, este despacho propondrá el conflicto negativo de competencia entre este Juzgado y el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenará remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a fin que esta corporación resuelva sobre el conflicto suscitado por este juzgado.(fl.74 – 75 C.o )”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- De la Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. República de Colombia 6 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones

de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es República de Colombia 7 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios

investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: República de Colombia 8 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia NACIONAL, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)”

2.- Del Caso en Concreto Mediante apoderado judicial la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, presentó ante la jurisdicción contenciosa acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Resolución No. 222170 del 31 de agosto de 2013, proferida por la entidad accionante, mediante la cual se le reconoció una pensión sanción al señor PEDRO República de Colombia 9 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones IGNACIO GOMEZ GOMEZ a partir del año 2013, en contravía de la Constitución y la Ley otorgándose dicho reconocimiento al cual no tenía derecho y como consecuencia en aras de restablecer el derecho solicitó se le condene a devolver todos y cada uno de los dineros recibidos por concepto de dicha pensión. (fls. 1-6 c.o.).

Pues bien, se observa, que en el presente asunto involucra un tema de seguridad social, pero el objeto de la controversia no es exactamente eso sino dejar sin efecto jurídico una acto administrativo que reconoció un derecho especifico y concreto, por lo tanto desde ya debe advertirse que no es la Jurisdicción Ordinaria la que debe conocer de dicho asunto. Es decir, cualquier entidad pública está en capacidad de ejercer todas y cada una de las acciones, como las de nulidad, la de restablecimiento del

derecho, la de reparación directa y cumplimiento, las relativas a contratos y la de definición de competencias. Ahora bien, en cuanto respecta a la denominada doctrinal y jurisprudencialmente “ACCIÓN DE LESIVIDAD”, siendo esta figura a la que se ajusta la acción impetrada por el Actor, tenemos que, no hay una concreta ordenación legal, se trata simplemente de una forma especial que adquiere las genéricas del Código. Entonces, las autoridades administrativas, a través de una acción no específica, pero bajo la habilitación legal de ejercer las acciones establecidas, pueden refutar sus propios actos. Por lo anterior, y a través de una acción judicial, el demandante pretende la nulidad de un acto jurídico (Resolución No. 222170 del 31 de agosto de 2013) expedido por ella misma. República de Colombia 10 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones Así las cosas, no puede esta Sala concluir distinto a que la competente para conocer de la diligencia referenciada es la Jurisdicción Contencioso Administrativa en tanto la acción de lesividad posee las siguientes características especiales: 1. Hace parte de una habilitación especial y legal. 2. Refiere sólo para sujetos determinados como los son las autoridades administrativas. 3. Se trata de impugnar actos administrativos, independientemente que sean o no creadores de situaciones particulares. 4. No existe en el Código Procesal del Trabajo,

una habilitación de tal envergadura para un empleador. Véase, como le es permitido a las entidades públicas corregir posibles yerros proferidos por ellas a través de sus actos administrativos con los cuales definen situaciones que afectan de una u otra forma, el normal funcionamiento de tales establecimientos. Adicionalmente es dable traer a colación el artículo 97 de la Ley 1437 de 2001 que a la letra reza: “Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución y la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la administración considera que el acto incurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional”. República de Colombia 11 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones

Igualmente el Consejo de Estado en sentencia del 23 de abril de 2015 con radicación No. 110010325000201301805 00 reiteró: “un ejemplo de la naturaleza reglada de la aludida facultad de la Administración de demandar sus propios actos administrativos, es el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, que al regular lo relacionado con la revocación de los actos de carácter particular y concreto en caso de ser contrario a la Constitución o la ley, en sus incisos 2° y 3°, establece que si el titular de la situación jurídica creada por un acto administrativo niega el consentimiento para su revocatoria, la autoridad deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin necesidad de agotar el procedimiento previo de la conciliación, y obligatoriamente solicitar la suspensión provisional. Y es que los medios de control consagrados en la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, han sido determinados, fijados y/o diseñados por el legislador, en ejercicio de su atribución y/o competencia, de estirpe constitucional, de libertad de configuración legislativa, y por lo tanto deben acatados por el operador jurídico, sin ser desnaturalizados, y mucho menos pueden ser transfigurados o cambiados por el arbitrio del demandante, dado que son mecanismos judiciales de creación legal y se encuentran contenidos en normas procesales de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, cuya instrumentalización no puede quedar al antojo de las partes procesales”. Por tanto, la administración al expedir un acto administrativo que reconoce

u otorga derechos a particulares, deberá discutir su legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues es demandante de su propio acto, lo que se ha considerado doctrinalmente como acción de lesividad, debido a que lesiona los intereses de la propia administración. En consecuencia, se dirimirá el conflicto objeto de estudio en el sentido de asignar la competencia a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, República de Colombia 12 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, asignando el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada por el primero de los nombrados, Despacho al cual se le remitirá la actuación. SEGUNDO.- Remitir copia de esta providencia al JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada República de Colombia 13 Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre diferentes Jurisdicciones

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial