CSDJ - F11001010200020170293400ADJUNTA20180705112003-2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., 27 de junio de 2018. Aprobado según Acta de Sala No. 57 de la misma fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes Radicado N° 110010102000201702934 00

ASUNTO A DECIDIR Se pronuncia la Sala sobre el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIOCALDAS y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCION TERCERASUBSECCIÓN C con ocasión del conocimiento de una demanda de pertencia por prescripción adquisitiva de dominio de la mina denominada “EL UNO” a favor de Bertulfo Morales. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES HECHOS. El señor Bertulfo Morales a través de apoderado judicial, interpuso ante los Juzgados Civiles de Caldas, demanda de pertenencia por prescripción adquisitiva del dominio, contra la Empresa Minera CROESUS SAS, cuyo representante legal es el señor Lombardo Paredes. La acción tiene como finalidad declarar al demandante propietario del derecho de dominio de la mina denominada “EL UNO” ubicada en el sector de Cien Pesos del Municipio de MarmatoDepartamento de Caldas. Según el accionante, desde hace más de 20 años ha ejercido en forma directa, personal, y ha realizado trabajos de explotación en la mina denominada “EL UNO”, de

forma pública, pacifica e ininterrumpida, con pleno conocimiento y acompañamiento

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110010102000201702934 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones de las autoridades mineras competentes, de los diferentes órdenes. El accionante solicitó se declare copropietario del derecho de domino sobre el Titulo de carácter privado RPP 0357, inscrito en el Registro Minero Nacional, Registro RMN 01, bajo el régimen de propiedad privada, Expediente RPP 0357 por ser propietario de la Mina denominada “EL UNO” .

Indicó haber presentado en el año de 1995, solicitud de legalización de explotación de pequeña minería, con la finalidad de legalizar la bocamina que conduce a los trabajos de extracción, resuelta de forma negativa, por la Delegación Minera de la Gobernación de Caldas. Posteriormente la entidad mencionada realizó re-delimitación del reconocimiento de la Propiedad Privada No. 0357 de la bocamina “EL UNO” y paso a ser propiedad de la SOCIEDAD PROPIETARIA MINA ECHANDIA LTDA, que luego cedió los derechos sobre el registro de propiedad a la Sociedad MISTRATO y ésta a su vez a MINERA CROESUS SAS. Según el actor, el titulo No. RPP 0357, es un derecho real sujeto a registro ante el Catastro Minero Colombiano (perteneciente a la AGENCIA

NACIONAL MINERA) de titularidad privada. La demanda fue presentada en el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio Caldas, admitida el 5 de noviembre de 2015, por el Despacho, que ordenó correr traslado a las partes y continuar con el trámite del proceso. CONCEPTO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO CALDAS. Luego de continuar con el trámite procesal, el Juzgado Civil en auto de 25 de julio de 2016, al resolver las excepciones propuestas por la demandada, consideró carecer de jurisdicción para continuar con el asunto, debido a haber integrado a la Litis a algunas entidades pública, tales como la Nación, Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, por tal razón y en consideración con el artículo 29 del CGP, dispuso remitir las diligencias al Consejo de Estado. 2

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Según el Despacho, en el presente litigio se debía llamar a integrar la Litis a la Nación, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería por cuanto los derechos perseguidos de usucapión no se consolidaron con la Ley 20 de 1969, que reafirmó el dominio estatal sobre todas las minas y yacimientos de hidrocarburos y al ser la mina “EL UNO” parte del Registro Minero de Propiedad

Privada no. RPP 357, el estado debe entrar a defender los eventuales derechos presentes en el proceso de pertencia. En consideración a lo anterior, y al haberse integrado al contradictorio a entidades públicas, el Juez Civil declaró su falta de jurisdicción en virtud del artículo 29 del CGP y el artículo 295 de la Ley 685 de 2001. CONCEPTO DEL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERASUBSECCION C. Allegadas las diligencias al despacho del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en auto de 8 de septiembre de 2017 declaró la falta de jurisdicción, por falta de evidencia que desprenden algunos compromisos de interés estatal, por cuanto los mismos no se afectarían con la decisión que se adopte con el fondo del proceso, para lo que trajo a colación un pronunciamiento anterior frente al mismo punto: “Nótese que el objeto de la litis se centra, de una parte, en la posesión del bien con las condiciones exigidas para acceder a la declaración de domino y, otra, con las gestiones del propietario inscrito para conservar lo suyo, con efectos sobre el señorío. Esto es, no se disputa l propiedad estatal. Asunto este ya definido y, en todo caso , ajeno al sub lite Es de advertir que le corresponde a la jurisdicción el conocimiento de los asuntos mineros, a la luz de los artículos 293 y 295 del Código de Minas; empero, como quedo explicado, en el sub lite, si bien se promueve un asunto relativo a una mina, se trat de una controversia entre particulares que disputan la propiedad privada, controversia que el Juez civil deberá resolver.

(…) 3

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones La Sala puso de presente un caso con idénticas situaciones fácticas a las del hoy demandante, decidido el 20 de junio de 2017, donde el actor de ese asunto venía explotando por más de 40 años de manera pública, pacifica e ininterrumpida una mina, y decidió abstenerse de conocer la controversia suscitada por cuanto se presentaba entre dos particulares. Razón por cual declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda de declaración de pertenencia sobre la mina de propiedad privada y ordenó remitir las diligencias a esta Corporación para lo de su competencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. El artículo 256 numeral 6° de la Constitución Política indica que corresponde a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. Por su parte, el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su numeral 2° dispone que son funciones de esta Superioridad: “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral Segundo de

esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos Salas de un mismo Consejo Seccional”. Tal facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinada. En razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso que “…Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial...” Transitoriedad que fue avalada mediante Auto 278 del día 9 de julio de 2015 proferido por la Honorable Corte Constitucional, proveído que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los 4

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada

para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; Existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento caso en el cual será positivo, o por considerar que no les corresponde evento en el cual será negativo, y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el proceso se halle en trámite. Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará la Sala a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la competencia de la demanda a uno de los despachos judiciales. Del asunto a resolver. Se discute en el sub examine el conocimiento de la demanda de pertenencia instaurada por el señor Bertulfo Morales contra la sociedad MINERA CROESUS SAS, con la finalidad de que se declare por la vía de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, como propietario de la mina “EL UNO” ubicada en el sector de Cien Pesos del Municipio de Marmato – Departamento de Caldas, tras haber realizado trabajos de explotación por más de 20 años de manera pública, 5

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones pacifica e ininterrumpida. En consecuencia solicitó se declare copropietario del Título Minero de Carácter Privado No. RPP 0357, inscrito en el registro Minero Nacional.

Solución del mismo. Ahora bien, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos jueces y tribunales del Territorio Nacional, ya que los términos jurisdicción y competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria, contencioso administrativa, penal y penal militar, eclesiástica, etc., siendo apenas lógico entonces que si el funcionario carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carezca de competencia. En todo caso, como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por el Legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la

competencia en un juez unipersonal o colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que el Legislador ha señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del juez natural llamado por la Ley a conocer de determinado litigio. Entonces, de acuerdo con dichas reglas, la competencia generalmente se determina por ciertos factores, como el objetivo, delimitado por la naturaleza del asunto y la cuantía; el subjetivo, referido a la calidad de las partes que intervienen en el litigio; el funcional, relativo a la instancia; el territorial, respecto al domicilio de las partes y el de conexión o fuero de atracción, en virtud del cual un solo juez puede decidir distintas 6

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones pretensiones acumuladas que por su naturaleza u otros factores que le correspondería conocer a jueces distintos.

Sin embargo para que se obtenga un pronunciamiento sobre definición de competencias es imperioso la existencia del conflicto así planteado, es decir que autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones se disputen el conocimiento del asunto sometido a estudio o se declaren incompetentes para conocer del mismo, como se dejó explicado en precedencia, por lo tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de sus atribuciones

constitucionales y legales se pronunciará en lo relativo a señalar la jurisdicción competente para conocer de la demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio de la mina denominada “EL UNO” . Lo primero en señalar por esta Corporación, es el derecho a la propiedad privada, consagrado por la Constitución Política de 1991, el cual preceptúa lo siguiente: ARTICULO 58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999. el nuevo texto es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. (Subrayados por la Sala) (…) Es entonces, y de acuerdo con nuestra carta política, todo ciudadano residente en el territorio nacional tiene derecho a la defensa y protección de la propiedad privada, la cual puede darse a través de ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción1; esta última figura a la que alude el demandante 1Código Civil Colombiano ARTÍCULO 673. MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, 7

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones en el presente caso, pues lo pretendido es que mediante demanda de pertenencia se declare propietario del derecho de dominio sobre una mina de la cual indicó ha ostentado la posesión pacifica pública e ininterrumpida por más de 20 años, y además se incluya como copropietario en el Titulo de Carácter Privado No. RPP 0357, inscrito

en el Registro Minero Nacional. Se evidencia entonces, que la actuación va dirigida directamente contra un particular, esto es la Sociedad Minera CROESUS SAS , quien adquirió, mediante escritura pública el derecho de dominio y posesión sobre el titulo minero de propiedad privada RPP 0357, en el cual al haberse realizado una re-delimitación de los linderos, se incluyó parte del terreno de la mina “EL UNO”, de la cual depreca el actor ha realizado trabajos de explotación de forma directa y personal desde hace más de 20 años, sin que se observe de los hechos narrados en la demanda la vinculación a alguna entidad pública. Si bien es cierto, la Ley 685 de 2001, asigna la competencia a los tribunales y al Consejo de Estado para conocer de los asuntos relativos a la exploración, explotación minera contractuales o no, lo cierto es que tal como lo consideró el Honorable Magistrado Jaime Orlando Santofimio, al declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto en comento; con la declaratoria o no de pertenencia no se estarían afectando intereses estatales, al estar encaminada la acción directamente contra un particular, no disputándose la propiedad estatal, sino la calidad de

poseedor de un bien de carácter particular, con incidencias en los derechos e intereses de otro particular, en este caso la Empresa Minera CROESUS SAS. “Artículo 293. Competencia de los tribunales administrativos De las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración. la sucesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte, y al fin de este Código 8

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Artículo 295. Competencia del consejo de estado. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.” Así mismo, el asunto no se encuentra en cabeza de la jurisdicción Contenciosa, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 104 de la Ley 1474 de 2011, que establece

: “ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes

especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.” Presupuestos que como ya se mencionó, tampoco se enmarcan en los hechos puestos a conocimiento por el señor Bertulfo Morales. Por lo tanto al no estar asignado el asunto en comento expresamente a la Jurisdicción Contenciosa se dará aplicación a la cláusula general de competencia establecida en el artículo 19 del C GP, por cuanto se reitera, no se está frente a un contrato de concesión de exploración y explotación minera, como tampoco, aun cuando el asunto sea distinto de las controversias contractuales no hace parte de la Litis alguna entidad pública, razón por la cual esta Sala asignará al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIOCALDAS, el conocimiento de la acción de pertenencia incoada por el señor Bertulfo Morales. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales.

RESUELVE

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Primero.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO

DE RIOSUCIOCALDAS y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCION TERCERASUBSECCIÓN C, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al primero de los mencionados. Segundo.- REMITIR el presente proceso a conocimiento del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIOCALDAS y copia de la presente providencia CONSEJO

DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCION

TERCERASUBSECCIÓN C.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrada Magistrada 10

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones

MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA CAMILO MONTOYA REYES

Magistrada Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 11