CSDJ - F1100101020002017030460020180202091949-2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá. D.C., 25 de enero de dos mil dieciocho (2018) Magistrado Ponente: Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL Radicado. 110010102000201703046 00

Aprobado en Sala: No. 04 de la fecha OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Procede la Sala a resolver el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI, y el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, para el conocimiento del proceso de Reparación Directa interpuesta por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÒN

SOCIALCONSORCIO SAYP 2011 Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 19 de agosto de 2014, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, por intermedio de apoderado judicial, presentó ante el Juez Administrativo, Reparación Directa, cuyas pretensiones son las siguientes:  Que se declare administrativamente y responsable a los demandados, por los daños y perjuicios antijurídicos sufridos a la demandada, a raíz del incumplimiento en los pagos por concepto de recobros, por cada uno de los servicios de salud prestados dando

cumplimiento a los fallos de tutela proferidos por los Jueces de la República  Como consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas al pago de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante por valor de $ 37.554.555, o monto que resultare probado.  Que se condene a las demandadas a pagar los perjuicios extrapatrimoniales en su modalidad de daño moral ocasionado a la demandante en cuantia de 100 S.M.M.L.V, como intereses moratorios. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. DR. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal. Radicado 110010102000201703046 - 00

Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ 2.- Sometida a reparto le correspondió conocer del proceso al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI, mediante proveído del 17 de julio de 2015, declaró su falta de competencia al indicar que “en un caso similar al que nos ocupa, con ponencia del Magiatrado Dr. NESTOR IVÁN OSUNA en el proceso radicado bajo el No. 110010102000201401722 00, se estableció que la competencia para dirimir el conflicto surgido en materia laboral y de seguridad social que se originene en controversias relativas a la prestacion del servicio de seguridad social, radica en la justicia ordinaria laboral”. (Sic).

Señaló que de conformidad a lo antes mencionado y teniendo en cuenta que en el caso

objeto de estudio la parte demandante pretende el pago de recobros por las prestaciones en salud no incluidas en el POS proporcionadas a raíz del fallo de tutela o decisiones del Cómite Técnico Científico, las cuales se consideran son propias de un litigio del sistema actual de seguridad social en salud que se da entre un administrador del sistema de salud y el Estado, por ende la jurisdiccion contenciosa administrartiva no posee la competencia para conocer de estas controversias en los términos previsto en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA. Mencionó que, en consecuencia con lo anterior, carecía de competencia para conocer del presente proceso.

3. Allegado el expediente a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, le correspondió por reparto al JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI, quien mediante auto de fecha 11 de julio de 2017, señaló que, “la caja de compensación familiar del Valle del Cauca Comfenalco Valle, a través de la presente demanda ordinaria laboral de primera instancia, pretende que se declare como sus deudoras a las demandadas, y como consecuencia de ello, se les condene el reconocimiento y pago de perjuicios materialesdaño emergente y lucro cesante, perjuicios extra patrimoniales en su modalidad en daño moral, acción que fue repartida para el respectivo reparto el 3 de agosto de 2015, por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, a quien inicialmente correspondió por reparto, es decir que cuando se remitió a este juzgado ya estaba en vigencia los artículos 622 y el numeral 1 del artículo 627 del C.G.P. del que huelga concluir, que la especialidad laboral y de la seguridad

social de la Jurisdicción Ordinaria, había perdido competencia para seguir conociendo de esta clase de controversias jurídicas.”. (Sic a lo transcrito).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ Competencia. Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1° de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, establecieron unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró: “De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben

continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”1 (resaltado nuestro). En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, 1 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez. 3 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ caso en el cual será positivo; o por considerar no les corresponde, evento en el cual será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Ahora bien, previo analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, los cuales pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En consecuencia con lo anterior y en aras de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a

pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la 4 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” Problema Jurídico.- Se circunscribe a establecer si, en atención a la demanda instaurada a través de apoderado, promovió la entidad por el conocimiento del proceso de Reparación Directa interpuesta por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÒN

SOCIALCONSORCIO SAYP 2011 Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, la competencia debe ser atribuida al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, o por el contrario, al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santiago de Cali. Caso Concreto.- Lo constituye el conflicto negativo de competencias suscitado entre el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI, o por el contrario, al JUZGADO NOVENO LAOBRAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, con ocasión a la demanda, que a través de apoderado promovió la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÒN SOCIALCONSORCIO SAYP 2011 Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, donde la actora solicita se declare administrativamente, extracontractual y solidariamente responsable, por los perjuicios materiales causados según se afirma, con ocasión del no pago de del cien 100% del valor de recobros por la prestación del servicio de salud que no están costeados en la UPC del POS, servicios que fueron suministrados por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE dando cumplimiento a los fallos de tutela proferidos por los Jueces de la República; así mismo, se condene a las demandadas al pago de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante por valor de treinta y seis millones trescientos ochetna y siete mil ochocientos dos pesos ($ 37.554.555, correspondientes a recobros por concepto de por cada uno de los servicios de salud prestados

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ dando cumplimiento a los fallos de tutela proferidos por los Jueces de la República; asimismo, al pago de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante por el valor del monto que resultre probado.

Como punto de partida se recordará que la función de Administrar Justicia es aquella ejercida por los Jueces de la República conforme a la Constitución y la Ley, y que teniendo en cuenta los denominados factores de competencia, se distribuye entre las diferentes jurisdicciones. De igual manera que la competencia se define como la facultad que tiene el Juez o el Tribunal para ejercer por autoridad de la ley en determinado asunto. Es así como la Corte Constitucional2 precisamente sobre el tema de la competencia refirió: “… debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad porque no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general…” Providencia en la que igualmente se refirió: “La competencia se fija de acuerdo con los distintos factores a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor

objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad…” En reiteradas oportunidades esta Corporación en materia de conflictos de competencia, ha expresado lo siguiente: 2 Sentencia C655 del 3 de Diciembre de 1997 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 6 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ “Concepto jurídico de jurisdicción. En sentido propio se define como la soberanía del Estado, ejercida por conducto de una de sus ramas del poder público, destinada a la administración de justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y, en particular, de aplicar el derecho material a un caso particular y concreto, caracterizándose por ser general, exclusiva, permanente e independiente; dividiéndose para su funcionamiento de acuerdo a la pretensión reclamada.

Entonces tenemos que, el conflicto se presenta cuando dos o mas funcionarios investidos de competencia de distinta jurisdicción, se disputan el conocimiento de un proceso, bien por considerar, que no les corresponde, evento en el cual será negativa o por que estiman ambas que es de su incumbencia, caso en el cual será positiva, es así como para su configuración es preciso que se den varios

presupuestos.

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce y otro u otros acerca de quien debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es que no haya sido fallado.

4. Que los funcionarios entre quienes se disputan formen parte de distinta jurisdicción”3.

Definido lo anterior, y analizando lo argumentado por los funcionarios de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ordinaria Laboral, en el acápite de antecedentes procesales, 3 7 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ para proponer el conflicto que ocupa la atención de la Sala, nos dispondremos a dirimir el presente conflicto.

Pues bien, debe advertir esta Sala que la competencia en el sub judice no la determina el nombre que la parte demandante decida dar a la acción promovida, sino las pretensiones en que se sustente la misma. Siendo así las cosas, tenemos que en el caso concreto el apoderado de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÒN SOCIALCONSORCIO SAYP 2011 Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, el único fin de persigue es que, se condené a las

demandadas a pagar a la entidad que representa, los perjuicios materiales causados, con ocasión del no pago de recobros por cada uno de los servicios de salud prestados dando cumplimiento a los fallos de tutela proferidos por los Jueces de la República y como consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas al pago de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante por valor de $ 37.554.555, o monto que resultre probado, los cuales fueron efectivamente suministrados y cubiertos en su momento por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, a favor de afiliados y beneficiarios suyos y cuyos respectivos recobros fueron glosados. Así mismo, se condene a las demandadas al pago de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante por valor de $37.554.555, correspondientes a recobros por concepto de suministros de medicamentos NO POS, que fueron presentados a los demandados mediante el proceso de recoboros y que posteriormente fueron glosados por estos al aducir que ya habían sido cancelados dentro del valor de la UPC, los cuales fueron suministrados por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE,, dando cumplimiento a fallos de tutela. Entonces, se debe tener en cuenta que, tal como se señala el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 establece que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las

entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. 8 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ En efecto, la Ley 100 de 1993 creo la figura del “sistema de seguridad social integral”, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, dentro del criterio de una calidad de vida en consonancia con el postulado Constitucional de un orden social, justo e igualitario, mediante la protección de las contingencias que la afecten, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, unidad y participación.

En tal sentido, dicha expresión en la Ley 100 de 1993, tiene un alcance claro en el sentido que definitivamente comprende los regímenes de: sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos profesionales y de los servicios sociales obligatorios, definidos en dicha normatividad, al punto que lo que no esté allí comprendido no hace parte del llamado “sistema de seguridad social integral”, como los que exceptuó a través de su artículo 279. De otra parte, el artículo 48 de la Constitución Política garantiza expresamente a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, y establece que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley, disponiendo así mismo

que, la seguridad social pueda ser prestada por entidades públicas o privadas y que sus recursos no se puedan destinar ni utilizar con fines distintos. En punto a lo anterior, la Corte Constitucional expresó que el concepto de Seguridad Social abarca distintos aspectos de un mismo fenómeno, señalando al momento de resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada precisamente contra el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, lo siguiente: “En efecto, en el texto constitucional el concepto de seguridad social tiene carácter onmicomprensivo en tanto y en cuanto abarca distintos aspectos de un mismo fenómeno: la seguridad como servicio público; la organización administrativa de la seguridad social; los principios rectores de la seguridad social; su carácter de derecho irrenunciable; la participación de los particulares en la ampliación y gestión de la seguridad social; las entidades gestoras de la seguridad social; y la garantía de la destinación y aplicación de los recursos de la seguridad social. Y aún cuando no se mencionan expresamente, dentro del concepto constitucional de seguridad social también se entienden incluidos los distintos procedimientos para hacerla efectiva”4. (Subrayado fuera de texto). 4 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 9 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ En virtud de lo anterior, surge evidente que los casos de “seguridad social

integral”, deben ser tramitados mediante un proceso y una jurisdicción especial que dirima aquellas controversias originadas o relacionadas con dicha materia que no puede ser otra que la jurisdicción ordinaria laboral, con las excepciones contempladas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Luego en el presente asunto, como el tema de discusión en la demanda presentada por el apoderado de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCACOMFENALCO VALLE, contra la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALCONSORCIO SAYP 2011 Y LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA, inequívocamente se inscribe dentro del Sistema Integrado de Seguridad Social, porque lo cobrado por vía judicial a las demandas son servicios médicos, incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado a la población afiliados en salud en todo el territorio nacional, en virtud de la Ley 100 de 1993; este servicio prestado por la entidad demandante, se circunscribe únicamente a los servicios establecidos en el POSPlan Obligatorio de Salud-; que no obstante, han existido casos en los cuales los usuarios han requerido de servicios de salud no incluidos en el POS, razón por la cual, han sido acudidos al Comité Técnico Científico, e instancias judiciales, esto es, acciones de tutela, para acceder a los referidos servicios de NO POS. De conformidad con lo anterior, es que, la consecuencia lógica es que la Jurisdicción Ordinaria representada en el caso concreto por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, y no la contencioso administrativa, de la misma ciudad, la que corresponde asumir el

conocimiento y dirimir la litis, atendiendo el mandato expreso de la Ley 712 de 2001, de conformidad con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-1027 de 2002 y la línea jurisprudencial que ha trazado esta Sala en asuntos como el sub examine5. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, 5 A modo de ejemplo, el conflicto de jurisdicciones resuelto mediante providencia del 23 de abril de 2009 por esta Superioridad, dentro del radicado No. 200900276 00, con Ponencia del Dr. Carlos Arturo Ramírez Vásquez. 10 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________ RESUELVE PRIMERO: DIRIMIR el conflicto suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI y el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Ordinaria representada por el primero de los despachos judiciales ya mencionados.

SEGUNDO: REMITIR el presente proceso al JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, y copia de esta providencia al JUZGADO PRIMERO

ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI, para su información.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta Magistrada 11 República de Colombia Rama Judicial

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Asigna competencia: Jurisdicción Ordinaria _________________________________________________________________________________________

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrado Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CESÁR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 12