CSDJ - F11001010200020170304700ADJUNTA20180206112723-2018

República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018) Magistrado Ponente Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Radicado No. 110010102000201703047 00 Aprobada según Acta de Sala No. 05 de la misma fecha ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa en cabeza

del JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, y la Jurisdicción ordinaria representada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES DE CALI – SALA LABORAL, con ocasión a la demanda ordinaria Laboral de Primera Instancia interpuesta por la ASOCIACIÓN

MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA EMSSANAR E.S.S contra LA

NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

- FOSYGA.

HECHOS RELEVANTES

• El 8 de noviembre de 2016, la apoderada judicial de la ENTIDAD EMSSANAR E.S.S presentó ante la Jurisdicción Ordinaria, demanda ordinaria laboral cuyas pretensiones fueron: Que la parte demandada debe pagar la suma de ($935.234.388) correspondiente a 1.087 recobros relacionados con la prestación de servicios de salud no incluidos en el POS, cobertura que tuvo como fundamento dar cumplimiento a fallos de tutela. Así mismo, recobrar el valor de los mismos y que le fueron autorizados al FOSYGA.

Se declara responsable a la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social –Fosyga a pagar a favor de la demandante los intereses corrientes y moratorios a la tasa máxima legal que determine la Superfinanciera, así como, al pago de los perjuicios materiales lucro cesante y daño emergente. 1.- El 8 de noviembre de 2016, la apoderada judicial de la

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD

República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES EMSSANAR E.S.S, presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia contra la Nación, el Ministerio de Salud y de la Protección Social – Fosyga, con la finalidad de que se le pague la suma adeudada por concepto de recobros realizados a través de fallos de tutela, en los cuales se ordenó a la demandante la prestación de servicios excluidos

del POS y no financiadas por la Unidad de Pago UPC a los que se refieren 1.087 solicitudes de recobro. En tal sentido, y como consecuencia solicitó se declarara a las demandadas responsables de los perjuicios ocasionados en razón a la omisión en el pago por la prestación de diferentes servicios y suministro de medicamentos. (Folios 1 a 68 c.o). 2.- Repartido el expediente al JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI, esta autoridad mediante auto interlocutorio número 242 del 7 de febrero de 2017, inadmitió la demanda por no cumplir los requisitos contenidos en el artículo 25 del CPT y SS, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001. 3Así las cosas, el 21 de febrero de 2017, la apoderada judicial de la ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR E.S.S procedió a subsanar la demanda referida, la cual fue rechazada mediante auto interlocutorio No. 798 calendado 10 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali. República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES

4En virtud de lo anterior, el entonces apoderado Judicial interpuso recurso de apelación contra el prenotado auto. (fls 120 al 124 del Co). 5-. Arrimadas las diligencias al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL CALI – SALA LABORAL, este cuerpo colegiado se pronunció en relación a su falta de competencia para resolver el recurso de apelación impetrado al considerar que de conformidad con el artículo 104 del CPACA le correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de los procesos relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, y en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, es decir, manifestó que al tener como parte pasiva a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y dada su naturaleza como entidades demandas y no a la naturaleza de la relación jurídica objeto de litigio debía ser conocido el presente asunto por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En tal sentido, dispuso él envió de las diligencias a los Jueces Administrativos de Cali (Reparto), advirtiendo conservar validez de la totalidad de las actuaciones y en concordancia ordenó dejar sin efectos el auto recurrido. 6.- Sometida a reparto la demanda le correspondió conocer de la misma al JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, despacho que en auto interlocutorio No. 729 data 17 de octubre de 2017, declaró su falta de competencia al considerar que el asunto debe ser conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, como quiera que las pretensiones de la

demandante giran en torno al sistema de Seguridad Social entre una entidad prestadora de salud y el Ministerio de salud como entidad garante de la prestación del servicio en salud del régimen subsidiado. Así mismo, este órgano judicial hizo énfasis en lo contemplado en el artículo 104 del C.P.A.C.A para hacer alusión a que dicha normatividad que determina que asuntos son de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, no se contraía exclusivamente a la naturaleza jurídica de las partes en contienda, cuyo único aspecto había sido valorado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali – Sala Laboral, para enviar el asunto a los juzgados administrativos, sino que por el contrario dicha atribución obedecía a la designación que de los asuntos hacia expresamente la Ley, concluyendo que para el caso en concreto resultaba irrelevante la naturaleza pública que reviste la entidad demandada, pues lo que cobraba la importancia era el tema discutido, el cual siendo propio del sistema de seguridad social integral debía entonces corresponder dicho conocimiento a la jurisdicción ordinaria laboral. República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Por último, planteando conflicto negativo de competencias dispuso remitir a esta Colegiatura el expediente con el fin de dirimirse la controversia suscitada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2

del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las

modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del

Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura,

han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su

consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…) 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento demanda ordinaria laboral de primera instancia presentada a través de apoderado judicial por LA ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA EMSSANAR E.S.S contra la Nación, el Ministerio de Salud y de la Protección Social – Fosyga, con la finalidad de que se le pague la suma adeudada por

concepto de recobros realizados a través de fallos de tutela, en los cuales se ordenó a la demandante el cubrimiento de servicios excluidos del POS, en los que se autorizó el recobro ante el FOSYGA no financiadas por la Unidad de Pago UPC a los que se refieren 1.087 solicitudes de recobros; de igual forma, y como consecuencia de ello, se declare a las demandadas responsables de los perjuicios materiales ocasionados en razón a la omisión en el pago por la prestación de diferentes servicios y suministro de medicamentos. 3.- Del caso en concreto. República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES En el Sub - examine, la demandante pretende el pago de la suma de dinero adeudada por el ente accionado, en razón al suministro efectivo de los servicios, insumos, medicamentos y/o procedimientos prestados no incluidos en el plan obligatorio de saludPOS y a su vez costeados por las Unidades de Pago por Capitación UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a sus usuarios y están a cargo de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA, así como las indemnizaciones y demás emolumentos que le corresponden por ley. Definido lo anterior, la Sala entra a estudiar y analizar la normatividad en la cual se amparan los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ordinaria, para proponer el conflicto

que nos ocupa. Al respecto se tiene que con la Ley 100 de 1993 se creó el “Sistema de Seguridad Social Integral”, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, con el fin de brindar una calidad de vida de acuerdo con el postulado constitucional de un orden social justo e igualitario, mediante la protección de las contingencias que la afecten, y estando sujeta a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES También se concibió constitucional y legalmente la Seguridad Social como un servicio público obligatorio el cual está direccionado, coordinado y bajo control del Estado, siendo este último el rector y los particulares sus prestadores, quedando así este sistema sin lugar a duda, atado visiblemente a la Ley 100 de 1993, en el sentido de que comprende los sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos profesionales y los servicios sociales obligatorios, definidos en dicha normatividad, de manera que no reviste duda alguna que lo que no está comprendido dentro de los respectivos regímenes no hace parte del sistema de seguridad social integral. Por otro lado, encontramos que el artículo 48 de la Constitución Política consagró como derecho fundamental la garantía a todos los habitantes del derecho irrenunciable a la seguridad social, y establece que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los

servicios en la forma que determine la Ley. Así mismo, dispone que la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de acuerdo con la ley, y que sus recursos no se puedan destinar ni utilizar a fines diferentes. Así las cosas se aduce además que la Seguridad Social Integral, cuya unidad conceptual viene dada desde la propia Constitución y es República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES desarrollada por la Ley 100 de 1993, exigen la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada en orden a dirimir las controversias que se relacionen con esta materia que no es otra que la ordinaria laboral, con las excepciones contempladas en los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993. A su turno, el artículo 4 de la Ley 712 de 2001 modificatoria del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que a su vez fue reformado por la Ley 1564 de 2012, señaló en cuanto a la Jurisdicción Ordinaria lo siguiente: “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. Sobre el tema ha expresado la Corte Constitucional, al ocuparse de demanda de inexequibilidad contra el artículo 4°, numeral 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, arriba transcrito,

en la cual reafirmó sus enseñanzas sobre la materia en los siguientes términos: “De conformidad con el ordenamiento superior, en sus artículos 48 y 365, la distribución de la competencia que trae la norma demandada, en el sentido de que la jurisdicción del trabajo conocerá de las controversias producidas entre entidades públicas y privadas del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES proviene, adicionalmente a lo señalado en el acápite anterior, de la facultad del legislador de establecer el régimen jurídico al cual se verá sometida la prestación de un servicio público. El ámbito de aplicación de la regulación que ocupa la atención de la Corte es el de la seguridad social, la que por mandato del artículo 48 de la Carta Política, forma parte de los derechos sociales y económicos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, debiendo prestarse en la forma de un servicio público de carácter obligatorio, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador creó el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente a las contingencias económicas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. Así, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad

social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas “obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro” (art. 1o.). La anterior concepción del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la población colombiana en materia de salud y pensiones, con especial atención de las personas que carecen de capacidad económica, para brindarle suficiente protección ante eventuales contingencias. De este modo, la implantación de un sistema en estos términos se evidencia como un conjunto armónico de “entidades públicas y privadas, normas y procedimientos” para la prestación de los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.). (…) República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES La creación de un sistema integral de seguridad social, con el cual se pudiese establecer una organización institucional y normativa especial para brindar una mejor prestación de ese servicio público, era requerida dada la multiplicidad de situaciones que existían antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que ésta normatividad debió diseñar un sistema único que abarcase progresivamente la totalidad de la población colombiana, bajo la vigencia de unos principios rectores, como son los de eficiencia, universalidad,

solidaridad, integralidad, unidad y participación (art. 2o.). La articulación de las políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un régimen jurídico unificado y específico, proviene precisamente del cumplimiento de ese principio de unidad (art. 2o. literal e); con ello, el legislador integró tanto los asuntos de orden sustantivo, en la medida en que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, como los de orden procedimental, los cuales facilitan su prestación efectiva; a éstos últimos, pertenecen las reglas de jurisdicción y competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de esos asuntos. De esta manera, la atribución de la solución de las controversias suscitadas entre las entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. (…) Así las cosas, siendo el objeto de la norma acusada la atribución de una competencia a una determinada jurisdicción con el fin de precisar la autoridad judicial que dilucide las controversias de los sujetos que, bajo un mismo régimen jurídico, integran el sistema de seguridad social integral, es claro que la clase de vinculación al Estado no puede configurar un criterio válido para alegar una desigualdad de trato entre servidores públicos, pues se reitera que es en razón de la condición de afiliado a dicho sistema que se República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES estructura la competencia judicial, en la forma de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuración”1. (negrillas y subrayado fuera de texto) Más adelante, precisa la Corte Constitucional sobre el tema materia de litis lo siguiente: "Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción. Así las cosas, la Corte no comparte la opinión del Procurador en el sentido de que lo procedente es declarar inexequible la expresión “integral” del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, pues ha quedado claramente establecido que las personas pertenecientes a los regímenes de excepción, al igual que los afiliados al sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de

1993, también tienen derecho a acceder a la administración de justicia con arreglo a los criterios tradicionales que determinan el juez natural para conocer de las controversias relacionadas con la aplicación de dichos regímenes de excepción. 1 CORTE CONSTITUCIONAL , SENTENCIA c-111 DE 2000, expediente D-2465, M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, 9 de febrero de 2000 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES En suma, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula. Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutandi igual al artículo 2º de la ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la exégesis que las altas Corporaciones de justicia le habían

impartido. Valga recordar que en esas sentencias se precisó que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo ni los actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia, sino la relación afiliado, beneficiario o usuario, con la respectiva entidad administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral. Por tanto, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador. Igualmente se destacó que el legislador en ejercicio de la libertad política de configuración de normas jurídicas y en armonía con los artículos 150-23 y 228 Superiores, tiene un amplio margen de decisión para distribuir una competencia judicial dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicción del Estado en un asunto previamente señalado, bajo estrictos contornos de protección de la vigencia y primacía del debido proceso (C.P. art. 29). Por tanto, bien podía el legislador en ejercicio de esas innegables potestades asignar la competencia a la jurisdicción ordinaria para conocer de las controversias referentes a sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

M.P. Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RADICADO NO. 110010102000201703047 00

CONFLICTO NEGATIVO DE JURISDICCIONES administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de

su relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan2”. Sea lo primero delimitar, teniendo en cuenta que la demanda originaria de la presente controversia, se presentó el 8 de noviembre de 2016, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se debe atender lo dispuesto en el inciso 2° del Artículo 308 del nuevo