CSDJ - F11001010200020170316300ADJUNTA20180302163445-2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., febrero veintiuno de dos mil dieciocho Magistrada Ponente: MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA Radicación No. 110010102000201703163 00

Referencia: Funcionario Única Instancia Aprobado según Acta No. 0012 de la misma fecha.

ASUNTO Se inhibe esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, respecto de queja presentada por la OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ASESORÍA JURIDICA DE LA RAMA JUDICIAL contra los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA para la época de los hechos, invocándose el Parágrafo 1° del artículo 150 de la Ley 734 del 2002. SITUACIÓN FÁCTICA El Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Tolima CARLOS FERNANDO CORTÉS REYES, mediante providencia de noviembre 17 de 2017, ordenó remitir por competencia ante esta Superioridad, queja presentada por la OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ASESORÍA JURIDICA DE LA RAMA JUDICIAL contra los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA para la época de los hechos, por las presuntas irregularidades en que incurrieron al proferir providencia de junio 27 del 2000 en el “proceso seguido por Medardo Ducuara Leyton contra la Nación; en el cual se declaró

responsable a ésta última y ordenó indemnizar a los padres y a la hermana del occiso”. De dicho escrito de queja, se traen a colación los siguientes apartes: “También frente a este caso, del informe se extrae que se iniciaron por parte de las victimas del hecho violento, varias actuaciones judiciales de carácter contencioso administrativas que derivaron a su conocimiento en primea instancia ante el Tribunal Administrativo del Tolima, quien a través de las providencias del 13 de enero de 1999 aprobó una conciliación a favor de la esposa e hija del Gobernador Indígena fallecido, y como también de aquella fechada el 27 de junio de 2000 en donde tras declarar responsable a la Nación ordenó al Estado indemnizar a los padres y a la hermana del occiso, decisión que fuera apelada y que solo a través del fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado en providencia del 24 de marzo del 2011, ampliara las indemnizaciones tanto a favor de los hermanos y a la comunidad en general, obligando al cuerpo armado a expresar disculpas públicas y a la construcción de un momento simbólico de la tragedia.

2. El Tribunal Administrativo del Tolima por haber proferido la sentencia de junio 27 del 2000, cuya apelación solo fue resulta 11 años después, mediante providencia del 24 de marzo del 2011, conductas que también derivaron en violaciones a las disposiciones consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Esta Colombiano.”(SIC) Advirtiendo está Colegiatura desde ya, que los anteriores acápites integran las únicas referencias efectuadas por la parte quejosa respecto de

Magistrados en todo su escrito; y que el presente radicado disciplinario fue repartido a quien funge como ponente en noviembre 27 de 2017, según consta en el acta de reparto obrante a folio 19 del cuaderno original.

CONSIDERACIONES

I. Competencia La competencia de la Sala para conocer en única instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra Magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura del país, aparece regulada en el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la

Administración de Justicia.

La norma referida establece: “Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 3º. Conocer en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra Magistrados de los Tribunales y consejos seccionales de la judicatura, el vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales”.

Facultad legal que se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte

Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Ahora bien, la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagra preceptivas que al Operador Disciplinario le facultan para abstenerse in situ de formalizar la investigación inhibiéndose de iniciar actuación alguna cuando del análisis prima facie de la información o queja se determine que resulta manifiestamente temeraria, o se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes, o de imposible ocurrencia, o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa1; Del caso en concreto De conformidad con el escrito de queja presentado por la OFICINA DE

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ASESORÍA

JURIDICA DE LA RAMA JUDICIAL el señor OSCAR PERLAZA ARBOLEDA,

se observa que reclama de los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA para la época de los hechos, el presuntamente haber incurrido en irregularidades al proferir las sentencias fechadas enero 13 de 1999 y junio 27 de 2000, con ocasión del proceso iniciado por la familiar del señor Medardo Ducuara Leyton contra la Nación. Ahora bien, tal como se precisó en los primeros acápites de este proveído, reitera la Sala que las irregularidades denunciadas por la referida Corporación acontecieron en las providencias proferidas por los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima en enero 13 de 1999 y junio 27 del 2000, mediante las cuales se declaró responsable a la Nación de la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton, y en consecuencia, le ordenó indemnizar a la familiar del occiso. En ese sentido, las posibles anomalías en que pudieron incurrir los funcionarios judiciales objeto de denuncia al proferir las citadas decisiones, se reitera, calendadas en enero 13 de 1999 y junio 27 del 2000, son hechos que devienen irrelevantes disciplinariamente, en la medida que los mismos 1 Parágrafo 1° del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. no tienen la vocación de prosperidad por haber transcurrido ya más de cinco años desde que se emitió esa providencia cuestionada; tornándose en consecuencia inane cualquier acción disciplinaria, y resultando procedente inhibirse de plano de iniciar actuación alguna contra los referidos Magistrados. Es por ello que considera esta Sala con certeza, que en el sub lite ante la

prescripción de la acción disciplinaria conforme lo establece el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, la decisión emitida por los Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no puede ser objeto de actuación disciplinaria alguna, pues la providencia fue proferida hace más de cinco (5) años; término que debe contarse desde la fecha en la que los funcionarios emitieron las sentencias presuntamente irregulares. En efecto, respecto al fenómeno jurídico de la prescripción, ha precisado la Corte Constitucional: "La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendipor el cumplimiento del término señalado en la ley. La Corte con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de una norma que pretendía ampliar el término de la prescripción, en ciertas circunstancias, tuvo oportunidad de precisar el significado de esta figura frente a la potestad disciplinaria de la administración. Al respecto expresó: La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción”. El vencimiento del lapso de los 5 años a que alude la normatividad en cita, implica para esta Superioridad la pérdida de la potestad de imponer sanciones e incluso de iniciar alguna actuación disciplinaria, como en este evento, pues es sabido, y aquí se itera, que la prescripción de la acción es una causal objetiva de improseguibilidad que opera de pleno derecho, en

virtud de la cual el Estado pierde su facultad punitiva y consecuentemente se erige en un fenómeno liberador de la persecución sancionatoria para el funcionario a investigar; y por ende, como secuela resultante, a la Sala no le queda alternativa distinta a indicar que para la fecha, los hechos se tornan disciplinariamente irrelevantes. En consideración a ello, se dará aplicación por el parágrafo 1º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 que a la letra reza: “Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna”. Con arreglo a lo hasta aquí dicho, esta Colegiatura, con fundamento en la normativa inicialmente invocada, pierde por el transcurso del tiempo la facultad investigativa en contra de los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima para la época de los hechos, y en consecuencia la situación relatada en el escrito de queja deviene disciplinariamente irrelevante; por ello se procederá a INHIBIRSE DE PLANO de iniciar indagación disciplinaria contra los mencionados funcionarios, y en consecuencia se ordenará el archivo de las presentes diligencias. Conforme a las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: Se ordena con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 150 del Código Disciplinario Único, INHIBIRSE DE PLANO DE INICIAR

INDAGACIÓN PRELIMINAR, conforme a las razones que se dejaron explicitadas en precedencia.

SEGUNDO: ARCHIVESE la presente actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÀN CARVAJAL MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada Continúan Firmas……..

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial