CSDJ - F11001010200020180036000ADJUNTA20190321101341-2019

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en cabeza del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, Asignó el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Rad. No. 110010102000201800360 00 (15103 – 34). Aprobada según Acta No. 15 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en cabeza del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor JUBERT GALVEZ TORRES contra NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL Y EL CIRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES

DE LAS FUERZAS MILITARES.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El señor JUBERT GALVEZ TORRES a través de apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL CIRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES., para que se le reconozca liquide y pague la pensión de jubilación por el tiempo continúo de servicios, consagrada en el artículo 98 de Decreto 1214 de 1990, a partir del 1° de marzo de 2012, por haber cumplido veinte años al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de igual manera se reconozca, liquide y pague las asignaciones, primas y subsidios consagrados en el Titulo III, capítulo I, del Decreto 1214 de 1990, como son: prima de actividad, prima de alimentación, prima de navidad, prima de servicios, prima de servicio anual, prima vacacional y subsidio familiar, desde el momento en que emprendió sus actividades laborales en la Sede Vacacional “La Palmara” del Circulo Social de Suboficiales de las Fuerzas Militares. (fls. 5 – 8 c.o.) 2.- Correspondió conocer de la demanda al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, despacho que en proveído del 1 de julio del 2016, resolvió declarar su falta de jurisdicción al considerar lo manifestado en la demanda en cuanto a que el accionante fue contratado como ayudante de mantenimiento grado 2 en el Circulo de

suboficiales de las Fuerzas Militares “La Palmara”, vinculado mediante contrato de trabajo de Servicios, consecutivamente se indicó por parte de este despacho que el Circulo de suboficiales de las Fuerzas Militares “La Palmara”, en los términos del Decreto N° 1826 del 11 de julio de 1962 emanado por la Presidencia de la República, es una sección del club militar, además consideró según los basamentos jurídicos expresados en la Ley 1437 del 2011 lo cual reza: “ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.” De tal forma señaló el despacho que carecía de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que la controversia tiene un origen de carácter Laboral surgido ente una Entidad Pública y Un Trabajador Oficial, contexto que permitió determinar a esta autoridad Judicial que la Jurisdicción competente es la Ordinaria a través de los

Juzgados Laborales del Circuito. Así las cosas, concluyó el despacho declarar falta de competencia para conocer del presente asunto y a su vez ordenó la remisión del expediente a la oficina de Melgar Tolima para que sea sometido a reparto ante los Juzgados Civiles del Circuito para lo de su competencia. 3.- Sometidas a reparto las presentes diligencias, le correspondieron al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, que mediante auto del 30 de agosto de 2016, admitió la demanda

Ordinaria Laboral de primera instancia y a su vez ordenó citar a la parte demandada para correr traslado del contenido del auto de admisión de la demanda, ejecutándose así por parte del apoderado de la parte accionante las notificaciones pertinentes, posteriormente después de la contestación de la demanda por parte de la entidad demandada, mediante auto del 30 de noviembre del 2017 el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA de conformidad con el artículo 77 del C.P.L, fijó para el día 31 de enero del 2018 audiencia obligatoria de conciliación, ordenando notificar así a las partes del asunto en mención.(fls 102 – 226 c.o). 3.1.- Así las cosas, el día 31 de enero del 2018 se llevó a cabo audiencia de conciliación por parte del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA el cual indicó dejar sin valor ni efecto todo lo actuado en el presente asunto desde desde al auto proferido el 26 de julio de 2016 y a su vez declaró que no es competente para conocer del presente asunto por falta de competencia funcional, promoviendo conflicto negativo de jurisdicción, así las cosas, ordenó el envío de las diligencias a esta Colegiatura (fls. 236 - 237 del c. o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir

conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de

competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto.

Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Del caso en concreto: El punto de partida para resolver el conflicto de jurisdicciones bajo estudio lo constituye la demanda de Nulidad y Restablecimiento de derecho instaurada por el señor JUBERT GALVEZ TORRES a través

de apoderado judicial contra MINISTERIO DE DEFENSA y el CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, a fin de que se le reconozca y pague la pensión de jubilación por tiempo continúo de servicios, al haber cumplido 20 años al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de la misma manera reconozca, liquide y pague las asignaciones, primas y subsidios consagrados en el Titulo III. Capítulo I, del Decreto 1214 de 1990. Como son prima de actividad, prima de alimentación, prima de navidad, prima de servicios, prima de servicio anual, prima vacacional y subsidio familiar desde la fecha en que inicio sus actividades laborales en el CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES. (fl 7 – 8 c.o). Como primera medida, la Sala encuentra que en el proceso de marras, el actor prestó sus servicios a una entidad vacacional de suboficiales de las Fuerzas Militares, desde la creación de este centro vacacional mediante Decreto N° 1826 del 11 de julio de 1962, esta entidad se rige por normas de derecho privado, toda vez que no percibe dineros por parte de la nación, situación soportada en el artículo 5 ibídem el cual indica: ARTICULO 5° El patrimonio del Club de Suboficiales que se crea por el presente decreto se constituye: a) Con los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título con el producto de sus propios recursos. b) Con las rentas e ingresos que deriven de su operación. c) Con los aportes, legados, donaciones y sub-venciones que

obtenga d) Con el producto de las cuotas aportadas por los socios. Por otra parte, el artículo 3, Titulo II, Capítulo I del Decreto 1792 del 2000, por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil del Ministerio de Defensa Nacional , establece la Carrera Administrativa Especial., dispone la clasificación de los servidores públicos de la siguiente manera: ARTICULO 3o. CLASIFICACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. Los servidores públicos a los cuales se refiere este Decreto, son empleados públicos que podrán ser de carrera, de período fijo y de libre nombramiento y remoción. Excepcionalmente serán trabajadores oficiales, quienes desempeñen labores de construcción y mantenimiento de obras y equipos aeronáuticos, marinos, de telecomunicaciones; de confección de uniformes y elementos de intendencia; actividades de conducción de aeronaves, motonaves o embarcaciones fluviales y se vincularán mediante contrato de trabajo. Sin embargo el caso que ocupa la atención se aleja de dicho análisis, toda vez que el demandante anexó contrato a término indefinido suscrito con el CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, por lo cual es preciso traer a colación pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, quien trazó unas directrices legales muy claras en sentencia CSJ SL, del 4 Jun 2008, Rad. 33465, reiterada en la CSJ SL4234-2014, cuando dijo: “Al margen de la decisión, y en procura de su función

unificadora de la jurisprudencia, considera la Sala oportuno reiterar que la jurisdicción laboral está instituida para conocer de los conflictos jurídicos emanados directamente del contrato de trabajo, sean de carácter particular o de carácter oficial. En este último ámbito, no toda relación de dependencia y subordinación puede asimilarse a un contrato de trabajo, pues existen otras modalidades de vinculación, que si bien comparten algunos rasgos comunes con la estrictamente laboral, se rigen por otras pautas, como por ejemplo las relaciones legales y reglamentarias, cuyos conflictos, incluso los derivados del principio de primacía de la realidad, deben ser resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa. En ese mismo orden de ideas, no todo conflicto de reclamación de salarios o de prestaciones sociales por una relación entre el servidor oficial, real o ficto, y un ente oficial corresponde dilucidarlo a los jueces laborales, pues solamente les está dado conocer de aquellos en que subyace un contrato de trabajo, ya que los restantes son del resorte de los jueces administrativos. Determinar si en un caso concreto hay o no contrato de trabajo en una relación con una entidad oficial es asunto que se resuelve en atención a las directrices legales que se han trazado sobre la materia. En ese orden de ideas, se conoce que hay siempre contrato de trabajo cuando el trabajador presta sus servicios a una empresa industrial y comercial del Estado, con las excepciones establecidas en la ley, o en entidades equiparables a ésta; también cuando la persona labora en una entidad pública en actividades de construcción o sostenimiento de obras públicas; cuando el legislador así lo ordena, por ejemplo en la Ley 10 de 1990, frente al personal de

servicios generales.(resaltado fuera de texto) Ahora bien, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento que no provengan de un contrato de trabajo, y que se controviertan actos de cualquier entidad pública de conformidad con lo señalado en el artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por el contrario el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, promueve que a la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades, laboral y de seguridad social le corresponde definir los asuntos referidos a “los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”. Es por ello, que observa la Sala que tanto el C.P.A.C.A. al igual que la Ley 712 de 2001, mantiene claramente definida la competencia de cada una de las jurisdicciones en aspectos laborales, correspondiendo a la ordinaria la definición de conflictos originados en el contrato de trabajo y a la administrativa los ocasionados a partir de la relación laboral legal o reglamentaria. Así las cosas, como las pretensiones contenidas en la demanda se desprenden indirectamente de un contrato de trabajo, el juez natural del presente asunto no es otro que el juez ordinario en lo laboral, por lo tanto se dirimirá el presente conflicto asignándole a éste el conocimiento de la acción incoada por el señor JUBERT GALVEZ TORRES contra el CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES En consecuencia, el competente para conocer de la demanda en cuestión, es el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE

MELGAR TOLIMA, a quien se le asignará las presentes diligencias. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO

PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, y el

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al primero de los mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, y copia de la presente providencia al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE

ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL

TOLIMA.

CCOOMMUUNNÍÍQQUUEESSEE YY CCÚÚMMPPLLAASSEE..

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrado Magistrada

MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA Secretaria Judicial RADICADO 110010102000201800360 00 (15103 – 34).

TEMA CONFLICTO DE JURISDICCION Y COMPETENCIA

COLISIONADOS JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE

MELGAR TOLIMA y el JUZGADO SÉPTIMO

ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL

CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL

DEL TOLIMA

HECHOS EL SEÑOR JUBERT GALVEZ TORRES A

TRAVÉS DE APODERADO JUDICIAL PRESENTÓ

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO CONTRA NACIÓN – MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL Y EL CIRCULO

SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS

MILITARES., PARA QUE SE LE RECONOZCA

LIQUIDE Y PAGUE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

POR EL TIEMPO CONTINÚO DE SERVICIOS,

CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 98 DE

DECRETO 1214 DE 1990, A PARTIR DEL 1° DE

MARZO DE 2012, POR HABER CUMPLIDO

VEINTE AÑOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL.

DECISION SE ASIGNA LA COMPETENCIA A LA JURISDICCIÓN

ORDINARIA, TODA VEZ QUE EL ACTOR FUE

VINCULADO A TRAVÉS DE UN CONTRATO

LABORAL, EN RAZÓN AL NUMERAL 1º DEL

ARTÍCULO 2º DE LA LEY 712 DE 2001.

CAROLINA ÁLVAREZ – EKLIN F. VILLAMIL.

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria,

representada por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en cabeza del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, Asignó el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Rad. No. 110010102000201800360 00 (15103 – 34). Aprobada según Acta No. 15 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en cabeza del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor JUBERT GALVEZ TORRES contra NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL Y EL CIRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES

DE LAS FUERZAS MILITARES.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El señor JUBERT GALVEZ TORRES a través de apoderado judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL CIRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES., para que se le reconozca liquide y pague la pensión de jubilación por el tiempo continúo de servicios, consagrada en el artículo 98 de Decreto

1214 de 1990, a partir del 1° de marzo de 2012, por haber cumplido veinte años al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de igual manera se reconozca, liquide y pague las asignaciones, primas y subsidios consagrados en el Titulo III, capítulo I, del Decreto 1214 de 1990, como son: prima de actividad, prima de alimentación, prima de navidad, prima de servicios, prima de servicio anual, prima vacacional y subsidio familiar, desde el momento en que emprendió sus actividades laborales en la Sede Vacacional “La Palmara” del Circulo Social de Suboficiales de las Fuerzas Militares. (fls. 5 – 8 c.o.) 2.- Correspondió conocer de la demanda al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE – DISTRITO JUDICIAL DEL TOLIMA, despacho que en proveído del 1 de julio del 2016, resolvió declarar su falta de jurisdicción al considerar lo manifestado en la demanda en cuanto a que el accionante fue contratado como ayudante de mantenimiento grado 2 en el Circulo de suboficiales de las Fuerzas Militares “La Palmara”, vinculado mediante contrato de trabajo de Servicios, consecutivamente se indicó por parte de este despacho que el Circulo de suboficiales de las Fuerzas Militares “La Palmara”, en los términos del Decreto N° 1826 del 11 de julio de 1962 emanado por la Presidencia de la República, es una sección del club militar, además consideró según los basamentos jurídicos expresados en la Ley 1437 del 2011 lo cual reza:

“ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.” De tal forma señaló el despacho que carecía de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que la controversia tiene un origen de carácter Laboral surgido ente una Entidad Pública y Un Trabajador Oficial, contexto que permitió determinar a esta autoridad Judicial que la Jurisdicción competente es la Ordinaria a través de los

Juzgados Laborales del Circuito. Así las cosas, concluyó el despacho declarar falta de competencia para conocer del presente asunto y a su vez ordenó la remisión del expediente a la oficina de Melgar Tolima para que sea sometido a reparto ante los Juzgados Civiles del Circuito para lo de su competencia. 3.- Sometidas a reparto las presentes diligencias, le correspondieron al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA, que mediante auto del 30 de agosto de 2016, admitió la demanda Ordinaria Laboral de primera instancia y a su vez ordenó citar a la parte demandada para correr traslado del contenido del auto de admisión de la demanda, ejecutándose así por parte del apoderado de la parte accionante las notificaciones pertinentes, posteriormente después de la contestación de la demanda por parte de la entidad demandada, mediante auto del 30 de noviembre del 2017 el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA de conformidad con el

artículo 77 del C.P.L, fijó para el día 31 de enero del 2018 audiencia obligatoria de conciliación, ordenando notificar así a las partes del asunto en mención.(fls 102 – 226 c.o). 3.1.- Así las cosas, el día 31 de enero del 2018 se llevó a cabo audiencia de conciliación por parte del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MELGAR TOLIMA el cual indicó dejar sin valor ni efecto todo lo actuado en el presente asunto desde desde al auto proferido el 26 de julio de 2016 y a su vez declaró que no es competente para conocer del presente asunto por falta de competencia funcional, promoviendo conflicto negativo de jurisdicción, así las cosas, ordenó el envío de las diligencias a esta Colegiatura (fls. 236 - 237 del c. o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2. Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada

“equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones

jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más fun