CSDJ - F11001010200020180043600ADJUNTA20181102105020-2018

CONFLICTO APARENTE / proceso enviado por el Juez Ciento Setenta y Cinco de Instrucción Penal Militar de Cartagena. Se ABSTIENE de dirimir colisión.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Magistrada Ponente: Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicación No. 110010102000201800436-00 (16357-36) Aprobado según Acta de Sala No. 99 ASUNTO Negada la ponencia presentada por la H. Magistrada MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA, en la Sala No. 93 del 18 de octubre de 2018, seria del caso que la Sala procediera a resolver el aparente conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Penal Militar, y la Jurisdicción Ordinaria Penal, por el conocimiento de la investigación penal que se adelanta contra Oscar Eduardo Rueda, Julián Berneyle Rueda, Einer Antonio Valdés, Carlos Quinayas, Fidencio Naranjo, Jorge Alirio Hernández, Angel Antonio González, Jairo Puertas, José Edison Patiño, Iván de Jesús Camargo, Carlos Alberto Salazar, Fredy Arnoldo Mojica, Elmar Quiroga Ramírez, Mauricio Pineda Wilmar Fabián Luna, Andrés Uriel Zamudio y Martín Urueña, algunos de ellos miembros activos de la Policía Nacional y otros retirados, por los presuntos delitos de Concierto para Delinquir

agravado y Otros, por denuncia presentada el 27 de Agosto de 2015, de no ser porque se advierte que no existe conflicto de jurisdicciones. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 1.- Mediante escrito de acusación presentado por la Fiscalía 23 especializada de DECOC de la ciudad de Bogotá, se informó como situación fáctica objeto de investigación que el 2 de Septiembre de 2015, el señor Intendente Edison Arturo Cruz Hernández, presentó informe ejecutivo en el cual manifestó haber recibido el memorando No. 05143 SUDIR-DIJIN del 28 de Agosto de 2015, contentivo de una nota anónima en la que un residente del Chía, Cundinamarca, manifestó estar aburrido con la situación de constantes hurtos a casas y fincas, argumentando a su vez, que miembros de la Policía Nacional presuntamente ha recibido coimas de organizaciones delincuenciales de la región, como era el caso del hurto ocurrido en la vereda Yerbabuena, donde a unos residentes los despojaron de dinero y joyas, estas últimas, habiendo sido vendidas en una joyería de propiedad de un familiar de un Policía activo de apellido “MOJICA”, quien al parecer laboraba en la Estación de Policía de Funza, Cundinamarca. Destacó dicho escrito anónimo el nombre y los alias de varios miembros de la organización delincuencial, quienes se reunían para cometer varios delitos en diferentes modalidades, organización la cual estaba conformada por particulares y miembros activos y retirados de la Policía Nacional, desplegándose actividades ilícitas relacionadas con

el hurto en diferentes modalidades (fl. 1 – 92 c.o.). 2.- Mediante auto del 20 de Septiembre de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, resolvió avocar el conocimiento del proceso penal remitido por la Fiscalía 23 Especializada DECOC con escrito de acusación, adelantado contra Mauricio Pineda Sedano y otros, por el delito de concurso para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado y otro, fijando fecha para la realización de audiencia (fl. 93 c.o.). 3.- Mediante acta del 13 de octubre de 2017, el Despacho de conocimiento luego de verificar la comparecencia de los convocados a la diligencia, encontró que no todos los abogados representantes de los sindicados asistieron por lo cual suspendió la diligencia reprogramándola y ordenando oficiar a la Defensoría del Pueblo a efectos de que se representaron los intereses de investigados sin apoderamiento judicial (fl. 174 – 175 c.o.). En sesión del 9 de noviembre de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, atendió peticiones elevadas por los apoderados de los asistentes, fijando nueva fecha para celebrar la audiencia de acusación (fl. 178 – 179 c.o.). 4.- En proveído del 22 de Noviembre de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, resolvió declarar que no era competente para conocer del asunto de autos, al señalar que al tenor de lo normado en el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, el

funcionario competente para tramitar el juzgamiento era aquel que estuviese ubicado en el sitio donde ocurrió el hecho punible, sin embargo la norma disponía igualmente, que en caso de desconocerse el sitio de ocurrencia del delito o éste se haya ejecutado en varios lugares, donde se encontrasen los elementos probatorios, la competencia resultaría atribuible al lugar donde reposen un mayor número de elementos, como resultaba del asunto en estudio, donde las conducta investigadas y los delitos ocurrieron en diferentes ciudades y al ser el juzgamiento de delitos conexos “corresponde según la naturaleza de los mismos al juez especializado que por factor territorial sería el juez de Cundinamarca”, encontrando que no contaba con competencia territorial para tramitar la causa contra las 16 de personas, resolviendo enviarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fl. 209 – 2015 c.o.), este interlocutorio fue dado a conocer a las partes en audiencia de formulación de acusación celebrada el 22 de Noviembre de 2017 (fl. 216 – 217 c.o.). 5.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 6 de Diciembre de 2017, asignó la competencia del asunto al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al considerar que “resultaba irrelevante determinar si el 98% de los delitos restantes, de menor gravedad que el homicidio agravado, ocurrieron o no en el Distrito Judicial de Cundinamarca porque, una vez se precisa el lugar donde se materializó la conducta punible más grave, carece de objeto pasar al criterio subsiguiente para determinar

la competencia, esto es, donde se haya realizado el mayor número de delitos” (fl. 9 - 29 c. original Corte Suprema de Justicia). 6.- En audiencia de Formulación de Acusación del 9 de Enero de 2018, el Juzgado Segundo penal del Circuito Especializado de Bogotá, una vez constató la asistencia de los convocados, encontró que no concurrió a la misma la delegada de la Fiscalía, pese a la notificaciones efectuadas, habiendo ordenado oficiar al Jefe de Unidades de Fiscalía Especializadas de Bogotá, para nombrar un Fiscal de apoyo para estos casos, por lo cual suspendió y reprogramó la diligencia (fl. 259 - 260 c.o.). 7.- El 22 de febrero de 2018, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, se instaló en audiencia de formulación de acusación en la cual se desarrollaron las siguientes actuaciones: 7.1.- El abogado Jorge Iván Piedrahita, apoderado de los policiales Wilmar Fabián Luna y Martín Urueña Rolón, impugnó la competencia, al considerar que el asunto debía ser tramitado ante la Justicia Penal Militar, sustentó su pedimento en que sus prohijados eran miembros activos de la Policía Nacional al momento de los hechos y que al habérseles imputado el delito de “Cohecho”, se estaría confirmando su relación con la función asignada, vínculo subjetivo que llevaría a radicar en cabeza de las autoridades castrenses la competencia para investigar y acusar. El Juez de conocimiento no compartió la posición planteada por el

abogado Piedrahita, al considerar que los hechos criminales presuntamente cometidos por los policiales acusados, los apartan premeditada y dolosamente de las funciones constitucionales que aquellos debían cumplir y por eso la justicia ordinaria es la competente para tramitar la causa, sin embargo para garantizar los derechos en el proceso penal, ordenó remitirlo a esta Sala para que se dirimiere la impugnación de competencia (fl. “201 – 203” c.o. – error de foliatura al repetirse numeración). 8.- Mediante constancia secretarial, se remite el expediente al Juzgado de Conocimiento informando de los escritos presentado por el abogado Jorge Iván Piedrahita M., en los cuales plantea una nulidad y falta de competencia para conocer de la investigación penal de marras, esta petición fue planteada igualmente por el abogado “Dr. Bladimir” (fl. 273 c.o.). 9.- El JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, en auto del 6 de marzo de 2018, manifestó que sería del caso que se procediera a resolver la peticiones presentadas sino fuera porque el profesional que defiende los intereses de los ciudadanos William Fabian Luna y Martín Urueña Rolón ha impugnado la competencia de ese despacho judicial, al considerar que el proceso debía ser tramitado por la Jurisdicción Castrense. En cuanto a la argumentación elevada por el apoderado Piedrahita, no compartía ese análisis para reclamar la falta de competencia, en tanto la relación de los hechos criminales en que habían participado los investigados sugería un apartamiento premeditado y doloso de las

funciones constitucionales que aquellos debían cumplir como miembros de la Policía Nacional, por lo cual ordenó remitir la actuación a esta Corporación para lo de su cargo (fl. 286 c.o.). ACTUACIONES ANTE ESTA CORPORACIÒN 1.- El asunto fue sometido a reparto el 12 de Marzo de 2018, a cargo de la Magistrada Ponente MARÍA LOURDES HERNANDEZ MINDIOLA (fl. 4 c. o. del conflicto). 2.- El 26 de Septiembre de 2018, se envía el expediente a Secretaria Judicial por parte del Despacho de la doctora MAGDA VICTORÍA ACOSTA WALTEROS, una vez se efectúa el estudio del proyecto presentado en Sala No. 85 del 26 de Septiembre de 2018 (fl. 6 c. o. del conflicto). Igualmente el 2 de Octubre de 2018, el despacho de la Magistrada Acosta Walteros, ordena regresar el expediente a Secretaria de Sala una vez cumplido su estudio (fl. 8 c. o. del conflicto). 3.- La Oficial Mayor del despacho de la Magistrada Ponente MARÍA LOURDES HERNANDEZ MINDIOLA, siguiendo instrucciones el 18 de Octubre de 2018, envío el expediente al despacho del Magistrado CAMILO MONTOYA REYES según lo ordenado en Sala No. 093 del 18 de Octubre de 2018 (fl. 10 c. o. del conflicto). 4.- La Oficial Mayor del Despacho del doctor Camilo Montoya Reyes, en comunicación del 24 de Octubre de 2018, hizo devolución del expediente a la Secretaria de la Sala, indicando “cumplido estudio” (fl.

12 c. o. del conflicto). 5.- La Oficial Mayor del despacho de la Magistrada Ponente MARÍA LOURDES HERNANDEZ MINDIOLA, en comunicación del 26 de Octubre de 2018, remitió el expediente a la Secretaria para que asignara el mismo al despacho de la nueva Magistrada Ponente, JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, según lo ordenado en Sala No. 093 del 18 de Octubre de 2018, al haber sido negado el proyecto presentado (fl. 14 c. o. del conflicto). 6.- El 30 de octubre de 2018, pasó al despacho de la nueva Magistrada Ponente, el expediente para lo de su cargo (fl. 15 c. o. del conflicto).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Es competente esta Sala para dirimir los conflictos positivos entre jurisdicciones, conforme las previsiones consagradas en los artículos 116 y 256, numeral 6° de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 112, numeral 2° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por tratarse de una controversia la cual compromete dos Jurisdicciones diferentes. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que

se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme

las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Por otra parte, la competencia ha sido definida como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, bien porque ambos funcionarios estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no le corresponde, evento en el cual será negativo, y para que este se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

4. Que la colisión se presente entre diferentes jurisdicciones. 2.- Objeto del conflicto.

Sería del caso, que el presente tema de debate se encaminara a establecer a qué jurisdicción, ya sea penal militar o la ordinaria en su

especialidad penal, le corresponde conocer el proceso penal contra los señores Oscar Eduardo Rueda, Julián Berneyle Rueda, Einer Antonio Valdés, Carlos Quinayas, Fidencio Naranjo, Jorge Alirio Hernández, Angel Antonio González, Jairo Puertas, José Edison Patiño, Iván de Jesús Camargo, Carlos Alberto Salazar, Fredy Arnoldo Mojica, Elmar Quiroga Ramírez, Mauricio Pineda Wilmar Fabián Luna, Andrés Uriel Zamudio y Martín Urueña, algunos de ellos miembros activos de la Policía Nacional y otros retirados, por los presuntos delitos de Concierto para Delinquir agravado y Otros, por denuncia presentada el 27 de Agosto de 2015, sin embargo se observa que no se encuentra debidamente trabado el conflicto entre diferentes jurisdicciones. 3.- De la solución del conflicto. Pero en este caso particular, esta Sala observa que no existe una colisión de jurisdicciones traída ante esta Superioridad por dos despachos judiciales, pues esta actuación se originó por petición realizada por el doctor Jorge Iván Piedrahita durante la celebración de audiencia de formulación de acusación celebrada el 22 de Febrero de 2018 (fl. “201 – 203” c.o.), allegando posteriormente sendos escritos reforzando su petición (fl. 211 – 272 c.o.). Es decir, del desarrollo de la actuación judicial desplegada en el proceso penal No. 110019001276201500132 (002-2017-00111), se tiene que no existe manifestación por parte del Jurisdicción Penal Militar, en tanto solamente se ha dejado entrever la petición del apoderado judicial de dos de los sindicados y la posición del titular del

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, sin embargo, no se le permitió al Juez Castrense pronunciarse respecto de la competencia o no por la calidad de miembros de la Policía Nacional de alguno de los sindicados. Cabe advertir que en los casos en que la justicia penal militar y/o la ordinaria reclaman el conocimiento de un asunto penal, o lo envían por competencia, ello ocurre porque el operador judicial considera que la competencia no radica en el despacho a su cargo, siendo lo propio que el funcionario proceda a remitir a la otra autoridad judicial la solicitud correspondiente, junto con los elementos de convicción que haya recaudado y que considere necesarios y suficientes para que éste se pronuncie, bien sea para acoger o no la tesis o para rechazar la competencia, realizando las manifestaciones a que haya lugar en cada uno de los casos. Bajo tales consideraciones, es evidente que en este caso no se encuentran reunidos los presupuestos para considerar que se está frente a un conflicto de jurisdicciones, en tanto, el que se tiene es aparente, debiendo en consecuencia abstenerse de entrar a resolverlo, toda vez que -como se iterano obran los pronunciamientos de la Jurisdicción Penal Militar, el cual es necesario para trabar correctamente el conflicto ante las facultades para disponer de la competencia. Con lo anterior, esta Sala no encuentra una colisión de jurisdicciones planteada según lo expuesto en precedencia, razón por la cual debe indicarse que esta Colegiatura no es competente para resolverla, de conformidad con lo señalado en el artículo 256, numeral 6 de la C.P., que a la letra reza:

“ARTICULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.”(Subrayado fuera de texto). En igual sentido, la Ley 270 de 1996 en el artículo 112, numeral 2 indica:

“ARTÍCULO 112. FUNCIONES DE LA SALA

JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura: (…)

2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional.”(subrayado fuera de texto).

En consecuencia, la Ley indica de manera palmaria la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para resolver conflictos entre diferentes jurisdicciones, lo cual no ocurre en el presente caso, pues aquí solamente existe una manifestación del apoderado judicial de los investigados William Fabian Luna y Martín Urueña Rolón, quien impugnó la competencia del JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, desconociéndose la postura o planteamiento en tema de competencia de la Jurisdicción Penal Militar, por lo cual no se cuenta en la presente

actuación con el pronunciamiento del otro extremo judicial. Véase que en el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación en los siguientes procesos: 110010102000 201501343 00, proferido el 26 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, la cual fuera aprobada en Sala No. 50, con el voto favorable de los H. Magistrados doctores PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO, ANGELINO LIZCANO RIVERA y MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA; 110010102000 201501812 00, proferido el 29 de julio de 2015, con ponencia de la Magistrada doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, la cual fuera aprobada en Sala No. 61, con el voto favorable de los H. Magistrados doctores RAFAEL ALBERTO GARCÍA ADARVE, ANGELINO LIZCANO RIVERA y WILSON RUÍZ OREJUELA y 110010102000 201501808 00, proferido el 27 de agosto de 2015, con ponencia de la Magistrada doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, la cual fuera aprobada en Sala No. 72, con el voto favorable de los H. Magistrados doctores PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO, ANGELINO LIZCANO RIVERA y JESÚS ANTONIO GUARNIZO PALACIO, la Sala de Abstuvo de conocer del conflicto en vista a que no existían dos Jurisdicciones colisionadas. Por lo anterior, esta Colegiatura se abstendrá de resolver la presente

petición, enviada a esta Corporación por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, ordenándose la devolución de las presentes diligencias al Juzgado de origen para los fines pertinentes. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, RESUELVE PRIMERO: ABSTENERSE de resolver la impugnación de competencia elevada por el abogado Jorge Iván Piedrahita, apoderado de los policiales Wilmar Fabián Luna y Martín Urueña Rolón, respecto del proceso penal que se adelanta contra estos y otros, dentro del radicado No. 110019001276201500132 (002-2017-00111), que fuera enviada a esta corporación para resolver aparente conflicto de jurisdicciones.

SEGUNDO: INFORMAR al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, lo resuelto en el presente proveído, haciendo DEVOLUCIÓN de las presentes diligencias al referido Juzgado, para lo de su cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada

ALEJANDRO MEZA CARDALES CAMILO MONTOYA REYES

Magistrado Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial