CSDJ - F11001010200020180158100ADJUNTA20190429121209-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019) Magistrado Ponente Dr. FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Radicado. No. 110010102000201801581 00 Aprobado según Acta de Sala No. 25 de la misma fecha ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO – SUCRE y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO - SUCRE, con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta por la apoderada judicial de la señora MARY LUZ ANAYA FERIA contra la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO - SUCRE. ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El presente conflicto se originó con la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta el 19 de diciembre de 2017, por el apoderado judicial de la señora MARY LUZ ANAYA FERIA, contra la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDROSUCRE, cuyas pretensiones consisten en que: “PRIMERO: “Se declare la Nulidad del Acto Administrativo Negativo particular expreso de fecha 28 de agosto de 2017, con la que la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, negó la reclamación administrativa de

fecha 3 de agosto de 2017 y se restablezca el derecho de la demandante, como consecuencia d ello a los siguientes: Salarios dejados de cancelar, Primas de servicio, Vacaciones en salario y tiempo, Auxilio de cesantías, Intereses de las cesantías, Horas extras diurnas y nocturnas”.

SEGUNDO: “Que las anteriores condenas se efectúen mediante sumas liquidadas de dinero de moneda de curso legal en Colombia debidamente indexada a partir desde cuando se hizo exigible, se ajustaran a las condenas tomando como base el IPC o el mayor valor, conforme lo ha dispuesto el CPACA, utilizando para ello la formula aceptada por el Honorable Consejo de

Estado”.

TERCERO: “Se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los art 192 y subsiguientes del CPACA”. 2.- Una vez recibido el proceso por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO – SUCRE, mediante auto del 27 de febrero de 2018, consideró que “En el presente caso, el demandante pretende el reconocimiento de la relación laboral derivada del contrato que por intermedio de SINTRAINDESAL tenía para la prestación de sus servicios en la ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO, y por ende el pago de los emolumentos a que tiene derecho como consecuencia de dicha relación”. “En este orden de ideas, se puede concluir que en atención del marco de la pretensión ejercida, y su exigibilidad con respecto a la parte actora, en el contexto del contrato sindical que es suscrito por el Sindicato SINTRAINDESAL y la ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO, la jurisdicción y competencia se predica de la jurisdicción

ordinaria laboral, ya que como se indicó en aparte precedentes, la deliberación de la problemática se surte en principios y normas de derecho laboral colectivo, por lo que procede la declaratoria de falta de jurisdicción y la remisión del presente asunto de acuerdo a lo normado en el art 168 del CPACA.” (fls. 4548 c.o.) 3.- Allegadas las diligencias al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO – SUCRE, por medio de proveído del 16 de mayo de 2018, considerando lo siguiente “Si bien, los argumentos expuestos por el juzgado remitente son válidos lo cierto es que, no son aplicables al caso concreto, toda vez que no se está ventilando un conflicto respecto a la ejecución y cumplimiento de un contrato sindical como lo interpretó el juzgado remitente, pues lo que el demandante está intentando demostrar es que se utilizó la figura del contrato sindical para encubrir una verdadera relación laboral.” “Bien es sabido que a groso modo, quienes se vinculan con la administración pública ostentan la calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales, diferenciándose la una de la otra, a través de dos criterios, el orgánico y el funcional”. “En este orden de ideas, quienes se vinculen a las Empresas Sociales del Estado – ESE, por regla general, ostentarán la calidad de empleados públicos, y por vía de excepción serán trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales”. “En el caso de marras, la demandante desempeñaba las funciones de

AUXILIAR DE ENFERMERÍA, las cuales no se acompasan con los conceptos de mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales. Por lo que ha de entenderse que son las propias de un empleado público, lo que de contera implica que el conocimiento de este conflicto jurídico no corresponde a la jurisdicción Ordinaria laboral, toda vez que como anteriormente se dijo esa clase de servidores no se vinculan a través de contrato de trabajo; sino que debe ser asignado a la jurisdicción contenciosa administrativa, específicamente al Juzgado Primero Administrativo Oral de Sincelejo conforme a lo dispuesto en el artículo 104 numeral 4, de la ley 1437 de 2011”. “Además debe decirse, la parte actora llamó a juicio al SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA SALUD, con la intención de que esta responda solidariamente ante una eventual condena, por cuanto su actuación se enmarcó en la de un simple intermediario conforme la norma el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que pretende que se declare que el verdadero empleador fue la ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE, por haber ejercido los actos de subordinación tales como el cumplimiento de horarios y asignación de turnos durante la prestación de sus servicios.” (fl 53 - 55 c.o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir

conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de

competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto.

Así tenemos, por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no les corresponde, evento en el cual será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto puesto en atención de la Sala, es necesario precisar, respecto los pronunciamientos efectuados por esta Colegiatura, en los cuales han de desarrollarse los principios rectores que enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, generándose así variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Corporación, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en aras de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, por ello esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la apoderada judicial de

la señora MARY LUZ ANAYA FERIA contra el CENTRO DE SALUD

SAN PEDRO SUCRE - SINDICATO DE TRABAJADORES

INDEPENDIENTES DE LA SALUD SINTRAINDESAL.

3. Del caso en concreto Mediante apoderado judicial la señora MARY LUZ ANAYA FERIA, el día 29 de julio de 2015, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO SUCRE – SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA SALUD SINTRAINDESAL, pretendiendo se declare la nulidad del acto administrativo Negativo particular expreso de fecha 28 de agosto de 2017, con la que la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO negó la reclamación administrativa de fecha 03 de agosto de 2017, y se restablezca el derecho de la demandante, como consecuencia de ello a los siguientes: Salarios dejados de cancelar, Primas de servicio, Vacaciones en salario y tiempo, Auxilio de cesantías, Intereses de las cesantías, Horas extras, diurnas y nocturnas.

Sea lo primero delimitar, teniendo en cuenta que la demanda originaria de la presente controversia, se presentó el 29 de julio de 2015, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se debe atender lo dispuesto en el inciso 2° del Artículo 308 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011), en el cual se estipuló lo siguiente: “Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así

como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”, atendiendo lo contenido en la mencionada Ley para la solución del presente caso. De lo anterior, se tiene que a efectos de controvertir o atacar actos administrativos el C.P.A.C.A. contiene el medio de control señalado por el artículo 138 “Nulidad y Restablecimiento del Derecho”, como mecanismo para evitar la lesión de un derecho subjetivo de cualquier persona, y que según la disposición reza: “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.” (subrayado fuera de texto) Por otra parte evidencia la Sala que en punto de la configuración de un acto administrativo el artículo 88 del C.P.A.C.A. establece que “los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar” (Negrilla fuera de texto). Al respecto la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia como se demuestra en sentencia T-400 de 1993, que los actos administrativos gozan de “presunción de legalidad” por lo cual deben cumplirse en tato no sean incompatibles con la Constitución, anulados o suspendidos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa o revocados por la misma administración” (negrilla y subrayado fuera de texto). En consideración la Sala encuentra que lo pretendido por la señora MARY LUZ ANAYA FERIA es la de declarar la nulidad de un acto administrativo Negativo particular expreso de fecha 28 de agosto de 2017 con la cual la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO producto de la omisión de la ESE, con la cual se le vulneraron sus derechos fundamentales, pues se dejó de cancelar a mi mandante la Prima de Navidad, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación especial por recreación, Subsidio Familiar, Auxilio de Cesantías e Intereses de Cesantías, situación que sin lugar a dudas debe ser del conocimiento del Juez Contencioso, pues se está controvirtiendo la legalidad de un acto administrativo. Por lo anterior, esta Superioridad en concordancia con las normas y jurisprudencia citada, señala que corresponde a la Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativa en cabeza del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJOSUCRE, el despacho judicial a donde se dispondrá el envío

inmediato de las presentes diligencias. En merito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado

entre el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE SINCELEJO – SUCRE y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO - SUCRE, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en este asunto, representada por el primero de los Despachos mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO – SUCRE y copia de la presente providencia al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJOSUCRE, para su información.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA

WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

CARLOS MARIO CANO DIOSA FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL

Magistrado Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial