CSDJ - F11001010200020180166900ADJUNTA20190408064028-2018

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RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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Bogotá, D. C., 31 de octubre de dos mil dieciocho (2018) Magistrada Ponente Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Rad. No. 110010102000201801669 00 Aprobada según Acta de Sala No. 99 de la misma fecha. ASUNTO Corresponde a la Sala dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Administrativa en cabeza del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA - CÓRDOBA y la Jurisdicción Ordinaria representada por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PLANETA RICACORDOBA por demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora NAYIBE RAMOS GUZMÁN contra LA NACIÓN - EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES El 13 de octubre de 2017 el apoderado judicial de la señora NAYIBE RAMOS GUZMÁN, presentó ante el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 contra LA NACIÓN EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF; la demandante señaló que actualmente está vinculada en Hogares Comunitarios del ICBF como madre comunitaria desde el 10 de octubre de

1991 hasta el 15 de agosto de 1999, donde prestó el servicio de manera efectiva, constante y personal al servicio por sus capacidades, conocimientos y cualidades personales, actividades que desempeñó de 8:00 am hasta las 4:00 pm de lunes a viernes., mencionó que ha recibido desde la fecha de su vinculación una 1 Folio 1 del cuaderno original

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones remuneración denominada beca o bonificación, la cual según lo indicado por la parte demandante siempre ha correspondido a una suma inferior al salario mínimo correspondiente a $283.350 para el año 2012.

Indicó la actora que a la fecha no se ha tenido en cuenta las escalas de asignaciones básicas decretadas para cada año a todos los empleados públicos, siendo el grado 09 el asignado según el apoderado de la accionante y que por simple intermediario el ICBF tuvo afiliada a la señora Nayibe Ramos Guzmán a la seguridad social, descontándosele el 4%. Adicionalmente mencionó que mediante reclamación administrativa solicitó el reconocimiento de la existencia de la relación laboral administrativa y el consecuente reajuste de salarios pagados en forma deficitaria, el pago de las prestaciones sociales causadas y que se llegasen a causar, el reconocimiento de las sanciones

moratorias por falta de pago y la consignación de los aportes a seguridad social por todo el tiempo servido; a lo cual el ICBF en respuesta según el acto administrativo N°S-2016-672687-0101 del 15 de diciembre de 2016, S-2017-163805-2300 del 27 de marzo del 2017, actos que fueron sometidos a recurso de reposición y apelación respectivamente, por lo cual con posterioridad el 27 de marzo del 2017 se notifica el acto administrativo N° S-2017-163805-2300 el cual negó lo solicitado indicando que la existencia de las normas de carácter legal y reglamentario que excluyen de manera expresa vínculo laboral entre el ICBF y las Asociaciones de Padres u otras asociaciones comunitarias, así como entre el ICBF y las madres comunitarias; adicionó igualmente la inexistencia de vínculo contractual alguno entre las madres comunitarias y el ICBF, como la inexistencia de subordinación por la ausencia de jerarquía organizacional, institucional o cualquier otra, adicionalmente las funciones y las obligaciones que desarrollan las madres comunitarias tienen su fuente en la distribución de competencias consagrada en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, pero cabe aclarar que estos requisito o requerimientos de idoneidad de las madres comunitarias no significan subordinación o dependencia por lo cual hay inexistencia de facultad disciplinaria del ICBF frente a las madres comunitarias; con lo cual se agotó el trámite de reclamación administrativa.

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones El día 24 de septiembre de 20172, se agotó requisito de procedibilidad en audiencia de conciliación extracontractual ante la procuraduría 33 judicial II delegada para asuntos administrativos de Montería, en la cual se declaró fallida la conciliación a razón de que el ICBF fijo posición negativa de conciliar a través de vocero autorizado Como pretensiones la parte demandante solicitó se declare la nulidad del acto administrativo Nº S-2016-672687-0101 del 15 de diciembre de 2016, S2017-0181420101 del 17 de enero 2017,S-2017-086143-2300 del 17 de febrero del 2017 y S2017-163805-2300 del 27 de marzo del 2017 por medio de los cuales la entidad dio respuesta al derecho de petición de la acciónate y resolvió que no existe vínculo laboral administrativa entre la parte demandada y la señora NAYIBE RAMOS GUZMÁN, la negación a reconocer y pagar las sumas de dinero indexadas a la fecha efectiva del pago, correspondiente al porcentaje del mayor valor de lo no pagado sobre el salario mínimo legal vigente, así como el pago efectivo a las cesantías, primas de servicio, vacaciones y subsidio familiar, todas las prestaciones sociales causados por la prestación del servicio como madre comunitaria en Hogares

Comunitarios del Bienestar. Adicionalmente la actora solicitó declarar la existencia del vínculo laboral

administrativo desde el 10 de octubre de 1991 hasta el 15 de agosto de 1999 y en consecuencia se ordené el reajuste y pago de los salarios deficitariamente devengados que deberán ser equivalentes al grado 09 de nivel asistencial de la escala salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva y el pago de todas las primas, vacaciones, cesantías intereses de cesantías, el pago de la pensión sanción así como las sanciones e indemnizaciones por el no pago oportuno tanto de los salarios como de las cesantías e interés de cesantías. Solicita igualmente el pago con destino a Colpensiones u otro similar de los aportes pensionales no realizados a su favor, junto con los interese moratorios causados desde la fecha de la vinculación. JURISDICCION ADMINISTRATIVA 2 Folio 59 del cuaderno original

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Mediante acta individual de reparto del 29 de enero del 2018 le correspondió AL JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA el conocimiento de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la señora NAYIBE RAMOS GUZMÁN, el 01 de febrero del 20183 el Despacho resolvió declarar la falta de jurisdicción indicando que según lo mencionó el artículo

104 de la Ley 1437 del 2011 la Jurisdicción Contencioso Administrativa esta supedita a que en principio uno de los extremos procesales este conformado por una entidad estatal, y tratándose de asuntos de carácter laboral, el servidor público debe acreditar una vinculación con el estado de carácter legal y reglamentario. Por otro lado trajo a colación el artículo 2 de la Ley 712 del 2001 mediante el cual se atribuyó la competencia general de la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de Seguridad Social, citando los siguientes numerales: “ 1. Los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo. (…)

4. Las controversias a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. (…)” Conforme a lo mencionado anteriormente por el despacho consideraró importante hacer mención adicionalmente que el hecho de estar adscrita la demandante como madre comunitaria no le da la calidad de empleada publica según lo mencionado en el artículo 2.2.1.6.5.2 del decreto único reglamentario 1072 del 2015 en cuanto a la modalidad de vinculación y el artículo 2.2.1.6.5.3 referente a la ausencia de la calidad de empleado público de la demandante, por ende al no tratarse de un conflicto originado entre un servidor público y una entidad del estado, su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3 Folio 80 del cuaderno original

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Por lo cual declaró que carecen de jurisdicción para conocer el asunto en mención y se solicitó remitir el expediente al JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE PLANETA RICA.

El día 05 de Febrero del 20184 por medio de apoderado judicial de la parte demandante se presentó recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción fundamentaron dicha solicitud indicando que si bien es cierto las normas en mención por el despacho disponen sobre la modalidad de vinculación de las madres comunitarias y no frente a la relación laboral administrativa existente entre la actora y el ICBF. Adicionalmente se hizo mención de que en cuanto a la Ley 1340 de 1995 artículo 4, artículo 36 de la ley 1067 del 2012 y su decreto reglamentario el decreto N° 289 de 2014, en lo que respecta a la negativa de otorgarle la calidad de funcionaria pública a la madre comunitaria por ser manifiestamente violatorias de normas de carácter superior, contenidas en el artículo 53 C.N que consagra la primacía de la realidad de las formas, en el principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos establecidos en las normas laborales, se impetra la nulidad de un acto administrativo particular proferido por el ICBF, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una ración laboral administrativa y el

consecuente pago de unos derechos laborales. Finalmente añadió que la relación contractual que se menciona no surgió a partir de la Ley 1607 del 2012 si no que la vinculación se generó años antes como se hizo mención en los hechos de la demanda lo que conlleva, según lo menciona la parte demandante, a que el pronunciamiento jurisprudencial recientemente emitido por el Consejo Superior de la Judicatura5 no sea aplicable por que se estarían desconociendo los derechos laborales fundamentales adquiridos previamente. Mediante auto del 03 de abril de 20186 el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA CÓRDOBA decidió confirmar en todas sus partes el auto de fecha del 01 de febrero del 2018 mediante el cual se declaró que el Juzgado carece de Jurisdicción para conocer del asunto por los argumentos 44 Folio 84 del cuaderno original 5 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, 29/09/17, MP JULIA EMMA GARZON GOMEZ, Rad 1100101020002017018 00 (14460-33) 6 Folio 87 del cuaderno original

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones anteriormente mencionados en auto de 01 de febrero del 2018 y solicito su remisión

al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta RIca Córdoba, indicando que según lo concluido por el despacho las madres comunitarias ni antes ni después de la expedición de la Ley 1607 de 2012, ostentaron la calidad de empleados públicos y que tratándose de asuntos de carácter laboral la competencia de esta jurisdicción se circunscribe a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el estado, así como la seguridad social de los mismos, lo que no ocurre en el presente asunto. JURISDICCION ORDINARIA Repartido el asunto, el mismo correspondió al JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PLANETA RICA CÓRDOBA, despacho que mediante auto del 03 de mayo de 2018, decidió declarar su falta de jurisdicción y propuso conflicto negativo de jurisdicciones donde ordenó remitir el proceso al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria para lo de su competencia. El despacho mencionó no desconoce que el artículo 3 del Decreto 289 de 2014 prevé que “las madres comunitarias no tendrán calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestaran a las entidades a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF”; a lo cual reiteró el despacho que la demandante no está sustentando sus pretensiones en haber laborado a través de un tercero; indicó que lo que se busca con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se le implique el citado decreto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

COMPETENCIA De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para

conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia,

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios

rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos:

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia NACIONAL, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo

pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)”

OBJETO DEL PRESENTE CONFLICTO

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la demanda, que a través de apoderado judicial interpuso la señora NAYIBE REAMOS GUZMÁN contra LA NACIÓN, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, con el fin de obtener la nulidad

del acto administrativo Nº S-2016-672687-0101 del 15 de diciembre de 2016, S2017018142-0101 del 17 de enero 2017,S-2017-086143-2300 del 17 de febrero del 2017 y S-2017-163805-2300 del 27 de marzo del 2017 ,emitido por la entidad demandada Instituto Colombiano del Bienestar Familiar – ICBF, mediante el cual le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral – administrativa y el consecuente pago de los reajustes salariales y prestaciones laborales de los que considera tiene derecho por todo el tiempo servido, el pago de aportes a la seguridad social y las indemnizaciones a que tiene derecho, como madre comunitaria por haber desempeñado desde el 10 de octubre de 1991 hasta el 15 de agosto de 1999. DEL CASO EN CONCRETO Así pues, encuentra la Sala en aras de dirimir la controversia planteada, se procederá a atender la pretensión principal de la demanda, pues ésta se dirige al pronunciamiento por vía judicial sobre que se le reconozcan salarios y prestaciones a la señora NAYIBE RAMOS GUZMÁN además de que se declare la existencia de un contrato de trabajo o relación laboral por haberse desempeñado como madre comunitaria, voluntaria. Se hace necesario en primer término y a efectos de resolver el presente conflicto, precisar que la jurisdicción es entendida como el ejercicio soberano del Estado para administrar justicia entre sus asociados, la cual siendo una, ha sido dividida por el legislador teniendo en cuenta para el efecto, las diversas materias de orden jurídico a

que ella se aplica, de una parte, creando funcionalmente diversas clases de jurisdicciones (pluralidad jurisdiccional; ordinaria, Contencioso Administrativa, Constitucional, Especial [Indígena, Jueces de Paz, Coactiva, Penal Militar], sin ser

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones ésta una enumeración excluyente); y de otra, mediante la atribución de competencias entre la pluralidad de órganos, según la naturaleza del derecho sustancial cuya protección se invoca.

Al respecto la doctrina7 ha considerado: “La palabra jurisdicción, etimológicamente, proviene del latín iurisdictio, integrado por los vocablos iuris, que significa ‘derecho’, y ‘dicere’, que quiere decir ‘declarar’, ‘dar’. Desde este punto de vista, puede concebirse como la facultad de declarar el derecho. Empero, esa función –como observa BONJEAMtiene un campo de aplicación muy extenso, pues se refiere también al legislativo y al ejecutivo, por cuanto dar o declarar el derecho es reglamentar las relaciones sociales, sea creándolo o aplicándolo. Entonces, el legislativo al dictar una ley y mediante ella adoptar un código o el ejecutivo al proferir un decreto y reglamentarla, crean derecho. Empero, no es este el sentido que tiene el vocablo, esto es, de establecerlo, que es su sinónimo, sino decirlo o aplicarlo, por lo cual

la jurisdicción, específicamente considerada, alude a esa facultad que el Estado atribuye a una de sus ramas con la finalidad precisa de administrar justicia. Con fundamento en lo expuesto, puede definirse la jurisdicción, en sentido propio, como la soberanía del Estado ejercida por conducto de los órganos a los cuales se le atribuye la función de administrar justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y, secundariamente, aplicar el derecho sustancial o material a un caso concreto”. Por su parte, el doctrinante JAIME AZULA CAMACHO8, definió la competencia, etimológicamente de la siguiente manera: 7 Teoría General del Proceso, Tomo I, Novena edición, editorial Temis, JAIME AZULA CAMACHO. 8 Teoría General del Proceso, Tomo I, Novena edición, editorial Temis.

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones “(…) proviene del latín competeré, ‘atribuir’, ‘incumbir’, ‘corresponder’. En su aceptación corriente se concibe como algo que le está atribuido a alguien.

Desde el punto de vista jurídico, por competencia se entiende – según el acertado y unánime reconocimiento hecho al concepto de MATTIROLOla medida en que se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales. Una acepción más amplia y que resalta todos los distintivos que presenta el fenómeno, es la que traía el Código de Procedimiento

Civil derogado en su artículo 143, al decir que “es la facultad de un juez o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio, la jurisdicción que corresponde a la República”. El anterior concepto resalta, en primer lugar, el origen legal de la competencia, y, en segundo, que ella constituye el ejercicio de la jurisdicción, la cual por su parte, es la manifestación de la soberanía del Estado atribuida a uno de sus órganos y con la específica finalidad de administrar justicia…” Así entonces, podemos afirmar que la competencia, no es otra cosa, que la facultad que tiene el Tribunal o Juez para ejercer la jurisdicción en un asunto determinado por autoridad de la Ley; es la medida de la jurisdicción asignada, a efecto de la determinación de los procesos en los que se es llamado a conocer por razón de materia, cuantía o lugar. Pues bien, para desatar el conflicto, y conocidos los planteamientos de los funcionarios trabados en el conflicto, la demanda promovida por la señora NAYIBE RAMOS GUZMÁN surgió por la labor desplegada para lo cual dice haber laborado desde 10 de octubre de 1991 hasta el 15 de agosto de 1999, como madre comunitaria aspirando se le reconozca una relación laboral, se ordene el reajuste y pago de los salarios devengados, con prestaciones. Lo anterior significa que nos encontramos en

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones presencia de un litigio en el cual puede afirmarse que no se demanda alguna actividad, omisión u operación administrativa, lo que desvirtúa la competencia asignada a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Además en materia de Seguridad Social, el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en su artículo 104 numeral 4º consagra lo siguiente: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.” Así, de acuerdo con lo anterior, el control y juzgamiento de los actos de las autoridades públicas, en desarrollo de esa actividad administrativa, corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la medida que tal actividad revista en su contenido, proyección y finalidad en el ejercicio de funciones estrictamente administrativas, la cual se exterioriza generalmente en actos administrativos unilaterales destinados a producir efectos jurídicos o a través de los contratos estatales.

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones No obstante del citado marco normativo, es necesario precisar que la Corte Constitucional ha venido decantando el conocimiento de los asuntos de las Madres Comunitarias que prestan sus servicios al ICBF, al señalar en Auto 217 de 2018, frente a la competencia del asunto, que: "6.1. La sentencia SU-224 de 1998 sí constituía precedente vinculante al caso decidido en la providencia T-480 de 2016, toda vez que en dicho pronunciamiento de unificación se concluyó que no existía amenaza o vulneración del derecho fundamental al trabajo, ya que ello no se podía deducir de un vínculo que no componía una relación laboral. La ratio decidendi contenida en la providencia SU-224 de 1998, en relación con la naturaleza jurídica de la vinculación de las madres comunitarias, fue desconocida en el caso resuelto en el fallo T-480 de 2016, dadas

las siguientes particularidades: (i) En el análisis del caso concreto de la sentencia SU-224 de 1998, la Corporación inició por reiterar lo dicho en la tutela T-269 de 1995, específicamente que "el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogare