CSDJ - F11001010200020190082500ADJUNTA20190718151926-2019

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa Conflicto negativo de competencias suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SANTA ANA -MAGDALENA-, y la Contencioso Administrativa en cabeza del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva singular, de unas facturas, instaurada por la señora DENYS GARCES MEJIA en contra de E.S.E

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA, -MAGDALENA-.

Asignó el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Civil.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Diecisiete (17) de julio de dos mil diecinueve (2019) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201900825 00 (16752-37) Aprobado según Acta de Sala No. 47 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SANTA ANA – MAGDALENA-, y el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA con ocasión a la demanda ejecutiva singular interpuesta mediante apoderado judicial por la señora DENYS GARCES MEJIA contra la E.S.E HOSPITAL

NUESTRA SEÑORA SANTA ANA, MAGDALENA.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El 14 de diciembre 2018, el apoderado judicial de la señora DENYS GARCES MEJIA presentó ante el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTA ANA –MAGDALENA- (REPARTO), una demanda para que fuese tramitada mediante Proceso Ejecutivo Singular el cobro de 6 facturas de venta, en la cual indicó las siguientes pretensiones: “solicito, Señor Juez, librar mandamiento de pago en contra de la demandada y a favor de mi poderdante, por las siguientes sumas; 1.-NUEVE MILLONES SEICIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($9.614.360.oo), por el valor del capital de los referidos títulos. 2.- los intereses legales a la tasa del tres por ciento (3%) y los moratorios al tres por ciento (3%), desde que se hizo exigible la obligación hasta que satisfagan las pretensiones. 3.- Las costas del proceso.” (Fl. 1 del c. o 1ª instancia) Ello en virtud de que la señora DENYS GARCES MEJIA prestó servicios de radiología a los afiliados de la empresa demandada, sin recibir el correspondiente pago. 2.- Repartido el expediente al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SANTA ANA – MAGALENA-, esta autoridad dispuso mediante auto fechado del 15 de enero de 2019, rechazar por competencia en razón a la jurisdicción, la demanda ejecutiva singular de mínima cuantía que instauró la señora DENYS GARCES MEJIA, a

través de apoderado judicial, argumentando que: “Estudiada la presente demanda, se observa, que, de los documentos aportados como soporte ejecutivo, se desprende una obligación clara, expresa y exigible ejecutable por la vía ejecutiva; pero además se colige una relación contractual en la que se encuentra vinculada una Entidad del Estado por este caso la E.S.E demandada, lo cual no es competencia de los Juzgados Promiscuos Municipales, sino del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.” (Fls.29-31 c.o 1ª instancia) Posteriormente procedió a citar el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y concluyó mencionando que “teniendo en cuenta que la entidad demandada es una entidad del Estado y por ende Pública, considera este Despacho, que no nos asiste competencia para conocer de la misma.”(Fls, 29-31 c.o 1ª instancia) Por consiguiente remitió el expediente a la Jurisdicción Contencioso Administrativo. (Fls, 29-31 c.o 1ª instancia) 3.- Mediante auto del 15 de febrero de 2019 el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA argumentó su falta de jurisdicción para conocer del caso en referencia señalando que: “(…) advierte el Despacho que no comparte lo argumentado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Santa Ana, al declarar que la competencia para conocer del presente proceso ejecutivo radica en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, solo por el hecho de colegir o deducir que dada la existencia de las facturas que pretenden ejecutarse, la obligación provenga de un contrato

de suministro celebrado entre DENYS GARCES MEJIA y la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA, cuando este hecho debe ser cierto e inequívoco y debe estar soportado”.(fls3537 c.o 1ª instancia) Posteriormente procedió a resaltar que lo que se pretende es ejecutar unas facturas de venta, que al no estar acreditado contrato estatal alguno celebrado con el lleno de las formalidades de conformidad de lo expuesto en los hechos de la demanda, “no puede concluirse que las facturas de venta serian ejecutables por si solas ante juez administrativo, toda vez que se reitera, no existe prueba de que sean causa o resultado de un contrato estatal (…)”. Concluyó proponiendo el conflicto negativo de Jurisdicciones con el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTA ANA – MAGDALENA- , Ordenando así, remitir el expediente a esta corporación para lo de su cargo. (fls.35-37 c.o 1ª instancia).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar

no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la demanda ejecutiva singular, que a través de apoderado judicial interpuso la señora DENYS GARCES MEJIA, con ocasión de la no cancelación de seis (6) facturas por concepto de servicios de radiología prestados a los afiliados de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA, - MAGDALENA-, pago que según el demandante, está a cargo de dicha

entidad. 3.- Del caso en concreto. Ahora bien, el presente litigio deviene de una reclamación de sumas de dinero en virtud de la prestación de servicios radiológicos la empresa E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA, -MAGDALENA-, valores cobrados por la señora DENYS GARCES MEJIA mediante (6) facturas con números: 032, 033, 041, 183, 187, 197 ejecutables contra la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA, por un total de

NUEVE MILLONES SEICIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS

SESENTA PESOS M/L ($ 9.614.360.oo).

En consecuencia, es menester de esta Sala señalar que el elemento determinador del juez natural en el presente asunto, no puede ser otro que el propio documento que se quiere hacer valer como título valor, a saber, factura de venta, pero esto será objeto de estudio por parte del juez natural de la causa. Siendo así, téngase en cuenta que “títulos valores”, tal y como los define el artículo 619 del Código de Comercio, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, así literalidad y autonomía se erigen como pilares de su definición y nota distintiva frente a los demás títulos ejecutivos. Ahora bien, en el título III del Código de Comercio dedicado al tema de los títulos valores, se advierte que para que los documentos y actos produzcan los efectos previstos en el mismo, deben contener las menciones y llenar los requisitos que la Ley les señala, y si bien la omisión de tales requisitos no afecta el negocio jurídico subyacente, sí

impide que al documento o acto se le dé el tratamiento de cartular, con todos sus efectos, entre ellos, la de tenerse como documentos autónomos y poder ser cobrado su importe a través de la acción cambiaria prevista para esta especial clase de títulos; además, del privilegio de limitación de excepciones consagrado en el artículo 783 del C.Co. Así, en punto de los títulos valores se hallan regulados dos tipos de requisitos, unos genéricos o comunes para todos los cartulares y otros particulares para cada especie de título; los primeros se encuentran consignados en el artículo 621 de la codificación en cita que al tenor dice: “…Los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes:

1. La mención del derecho que en el título se incorpora, y

2. La firma de quien lo crea.” En este orden de ideas, confrontados los documentos que se presentan como fuente de la obligación a folios 4-23 del cuaderno original, se observa que el reclamo de la demandante deviene de unas facturas que se rige por el artículo 621 del Código de Comercio, además de contar con la firma de recibo por parte del demandante y demandado, debe ser identificado de si corresponde o no a un título valor complejo, circunstancia corresponde al asunto de fondo a definir por el juez competente.

Aclarada de esta manera la naturaleza de los documentos frente al recaudo, téngase en cuenta que los títulos valores, tal y como los define el artículo 619 del Código de Comercio, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, así literalidad y autonomía se erigen como pilares de su definición y nota distintiva frente a los demás títulos ejecutivos.

En consecuencia, de presentarse las facturas objeto de litigio, se cumple con los requisitos anteriormente expuestos para que sean considerados como un todo y así se conviertan en un título valor ejecutable y legalmente exigible como lo prescribe el artículo 422 del Código General del Proceso, al siguiente tenor: ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo. (Negrilla fuera del texto) Finalmente para concluir, bien como lo menciona el artículo 15 del Código General del Proceso le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Civil, conocer de todos los asuntos que no estén atribuidos expresamente por la ley a otra Jurisdicción así: “ARTÍCULO 15. CLÁUSULA GENERAL O RESIDUAL DE COMPETENCIA. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente

por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil.” Y como bien lo señala el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al delimitar expresamente los asuntos ejecutivos de los que conocerá esta Jurisdicción de la siguiente manera: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…)

6. Los ejecutivos derivados de condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.” En ningún apartado del artículo señala que será objeto de conocimiento los procesos relativos a la ejecución de facturas de ningún tipo.

Sean las razones planteadas por esta Corporación argumento suficiente para asignar la competencia en el presente asunto al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SANTA ANAMAGDALENA-, despacho judicial a quien se le enviaran las presentes diligencias, para lo de su cargo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales. RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SANTA ANA -MAGDALENA-, y el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Ordinaria Civil, representada por el primero de los Despachos mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL SANTA ANA -MAGDALENAy copia de la presente providencia al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

CARLOS MARIO CANO DIOSA FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrado Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado

PAULA JULIE CARRILLO CASTAÑO

Abogada Grado 21