CSDJ - F11001010200020190157400ADJUNTA20200124154155-2020

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RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P. ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicado N° 110010102000201901574 00

Referencia: Conflicto de Competencia

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Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020) Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MEZA CARDALES Rad. No. 110010102000201901574 00 Aprobada según Acta de Sala No. 4 de la misma fecha ASUNTO A DECIDIR Se pronuncia la Sala sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Administrativa representada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y la Jurisdicción Ordinaria representada por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LORICA, para conocer del medio de control de de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por TERESITA DE JESÚS

VARGAS GÓMEZ contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL Y OTROS.

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Referencia: Conflicto de Competencia

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PROCESALES 1.- El día 5 de febrero de 2014, la señora TERESITA DE JESÚS VARGAS GÓMEZ actuando a través de apoderado, radicó ante los Juzgados Administrativos (Reparto), una demanda de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS, tendiente a obtener que se declarare la nulidad del acto administrativo 1706 notificado el 21 de agosto de 2013, por el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de la demandante1. Adicionalmente, la demandante solicitó que en consecuencia se condene al pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por concepto de dicha sanción. Para fundamentar sus pretensiones, la demandante alegó haber laborado como docente en la Institución Educativa Santa Cruz del Municipio de Lorica, y haber presentado una solicitud de retiro parcial de cesantías el 19 de abril de 2011, pago que fue ordenado mediante resolución 12 de junio de 2011, pero sólo vino a ser efectuado el 19 de septiembre del mismo año, por lo cual se causó la sanción moratoria que reclama la demandante, la cual fue 1 Folios 1 a 38 del cuaderno original del proceso 2018-00232 objeto del conflicto.

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Referencia: Conflicto de Competencia solicitada por ella y negada mediante el acto administrativo cuya nulidad ahora depreca. 2.- La demanda correspondió en reparto al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA, quien mediante auto calendado 28 de febrero de 2014 declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y ordenó remitirlo a los Juzgados Laborales del Circuito de Montería (Reparto)2. 3.- Allegado el expediente a la Jurisdicción Ordinaria correspondió en reparto al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA3, quien mediante providencia del 6 de junio de 2014, resolvió avocar conocimiento del asunto4, para más adelante emitir auto calendado 7 de julio de 20145, por el cual ordenó remitir el asunto por competencia territorial, al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LORICA. 4.- Allegado el expediente al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LORICA, ingresó al Despacho el 26 de abril de 2018, por lo que emitió el auto adiado 26 de abril de 20186, por el cual avocó conocimiento del proceso, para más adelante emitir proveído adiado 25 de junio de 2018, por el cual resolvió declarar su falta de jurisdicción para conocer de la controversia y dispuso 2 Folios 39 a 43 del cuaderno original del proceso 2019-00232 objeto del conflicto. 3 Folio 45 del cuaderno original del proceso 2019-00232 objeto del conflicto. 4 Folio 46 del cuaderno original del proceso 2019-00232 objeto del conflicto.

5 Folios 58 y 59 del cuaderno original del proceso 2019-00232 objeto del conflicto. 6 Folios 61 y 62 del cuaderno original del proceso 2019-00232 objeto del conflicto.

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Referencia: Conflicto de Competencia remitir el proceso ante esta Colegiatura para que procediera a dirimir el conflicto7. 5.- Conforme consta en el Acta Individual de Reparto, este asunto fue repartido al suscrito Magistrado Ponente el día 24 de julio de 20198.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES

JUDICIALES COLISIONANTES 1.- JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA. Mediante proveído adiado 28 de febrero de 2014, ese Despacho resolvió declarar su falta de jurisdicción para conocer del proceso y ordenó remitir el expediente al Juzgado Laboral del Circuito de Montería (Reparto). Para sustentar su decisión, hizo alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con el cobro de la sanción moratoria laboral, para con base en ella concluir que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer del presente asunto, por cuanto el objeto de la Litis versa sobre una acreencia contenida en un acto administrativo y en ese orden de ideas lo que resulta pertinente es una demanda ejecutiva teniendo 7 Folios 70 y 71 del cuaderno original del proceso 2019-00232 objeto del conflicto.

8 Folio 3 del cuaderno original

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Referencia: Conflicto de Competencia como título dicho acto, demanda que debe pasar a conocimiento de la jurisdicción ordinaria, por cuanto no es del tipo de procesos ejecutivos a los que se refiere el artículo 104 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2.- JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LORICA. Mediante providencia del 25 de junio de 2018, ese despacho decidió declarar su falta de jurisdicción y remitir el expediente a esta Colegiatura para que dirima el conflicto.

Para fundamentar su decisión, ese Juzgado trajo a colación diferentes pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con base en los cuales se ha edificado un precedente en materia de cobro de la sanción moratoria por parte de un empleado público a quien dicho reconocimiento y pago le ha sido negado a través de un acto administrativo, en donde se ha precisado que dicha controversia es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra una entidad pública, argumentos que resultan suficientes para determinar que la competencia no radicaba en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria, sino en la Jurisdicción Administrativa.

CONSIDERACIONES

1.- Competencia.

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Referencia: Conflicto de Competencia Compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conforme el numeral 2° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional”; en concordancia con el numeral 6° del artículo 256 de la Carta Política.

Y si bien, en razón de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 de 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer

conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

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Referencia: Conflicto de Competencia “…(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma

(artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela…”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

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Referencia: Conflicto de Competencia 2.- De la existencia del conflicto.

En cuanto concierne a la Rama Jurisdiccional del Poder Público, la competencia ha sido entendida como la facultad que tiene el funcionario o cuerpo colegiado, por autoridad de la ley, para pronunciarse y decidir sobre todos los asuntos que corresponden a su jurisdicción y son sometidos a su conocimiento. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia y pertenecientes a diferentes jurisdicciones, estiman que un mismo asunto es de su conocimiento, caso en el cual será un positivo; o por el contrario estiman que no les corresponde conocerlo, evento en el cual será negativo.

En consecuencia, para que se estructure un conflicto de competencia es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que al funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso. b) Que surja disputa entre el funcionario que lo conoce y otro u otros de distinta jurisdicción acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo.

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Referencia: Conflicto de Competencia Ahora bien, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos Jueces y Tribunales del territorio nacional, ya que los términos Jurisdicción y Competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria, contencioso administrativa, penal y penal militar, eclesiástica, etc., siendo apenas lógico entonces que si el funcionario carece de Jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carece de competencia.

En todo caso, como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por

el Legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un Juez Unipersonal o Colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que ha señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del Juez Natural llamado por la ley a conocer de determinado litigio.

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Referencia: Conflicto de Competencia Se encuentra plenamente acreditado en el infolio conforme a lo narrado en el acápite de antecedentes, que se configuró el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Administrativa representada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y la Jurisdicción Ordinaria representada por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LORICA, para conocer del medio de control de de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por TERESITA DE JESÚS VARGAS GÓMEZ contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS, por lo que corresponde a la Sala analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la

competencia de la demanda a uno de los funcionarios judiciales. 3.- Del caso concreto. Se discute el conocimiento de la demanda de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada el día 5 de febrero de 2014, por la señora TERESITA DE JESÚS VARGAS GÓMEZ contra contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS, tendiente a obtener que se declarare la nulidad del acto administrativo 1706 notificado el 21 de agosto de 2013, por el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de la demandante, y en consecuencia se condene al pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por concepto de dicha sanción.

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Referencia: Conflicto de Competencia Para fundamentar sus pretensiones, la demandante alegó haber laborado como docente en la Institución Educativa Santa Cruz del Municipio de Lorica, y haber presentado una solicitud de retiro parcial de cesantías el 19 de abril de 2011, pago que fue ordenado mediante resolución 12 de junio de 2011, pero sólo vino a ser efectuado el 19 de septiembre del mismo año, causando la sanción moratoria que reclama la demandante, la cual fue solicitada por ella y negada mediante el acto administrativo cuya nulidad ahora depreca.

Definido lo anterior, la Sala entrará a estudiar y analizar la normatividad en la cual se amparan los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ordinaria, para proponer el conflicto que nos ocupa. Como primera medida, se atenderá que la demanda originaria de la presente controversia, fue presentada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por lo que se dará aplicación a lo señalado en el artículo 308 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el legislador dispuso: “Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

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Referencia: Conflicto de Competencia En segundo lugar, desde el punto de vista de competencias, se tiene que el legislador estableció en la Jurisdicción Contenciosa administrativa el conocimiento de algunos asuntos específicos, por lo cual el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece los siguientes: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.

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Referencia: Conflicto de Competencia

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad

pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.” (Negrilla fuera de texto) Ahora bien, como marco central de la controversia de la demanda de autos, encuentra la Sala que en relación con las reclamaciones del pago de las sanciones moratorias acaecidas por la no cancelación a tiempo de las cesantías de los servidores públicos por parte de las entidades estatales dicha situación fue resuelta bajo el imperio de lo normado en la Ley 1071 de 2006 modificatoria de la Ley 244 de 1995, norma respecto a la cual puede señalarse lo siguiente: a) Esta disposición contempla el reconocimiento de las cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del estado, así como su oportuna cancelación. b) Así mismo, demarca el ámbito de aplicación de la referida ley al afirmar que: “Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los

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Referencia: Conflicto de Competencia mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o

transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.”. c) La referida norma, señala el procedimiento mismo para el pago de cesantías parciales o totales, por lo cual, dicho trámite tiene un término legal en aras de evitar dilaciones o moras en el mismo, pues en caso de superar el término descrito en la mencionada ley para hacerse efectivo el pago de la prestación económica, el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, estableció que: “Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”. Frente al anterior panorama, no ha sido pacífico el tema en estudio, en tanto el Consejo de Estado marcó una línea jurisprudencial diversa, teniéndose a consideración la pretensión del actor en la demanda, y el hecho de la existencia o no de un acto administrativo, fijando dos posturas de

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Referencia: Conflicto de Competencia conocimiento de los jueces de la república, es decir, en caso de advertirse un pronunciamiento expreso o tácito de la autoridad pública el conocimiento de la referida demanda estaría a cargo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y de no observarse ningún otro trámite sino simplemente el pago tardío de la prestación económica podía el demandante acudir ante el conocimiento del Juez Ordinario, trayéndose a colación lo anunciado por la Sala Plena del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de marzo de 2007, M.P. Lemus Bustamante dentro del radicado No. 76001233100020000251301 al resolver un caso de similares características al que ocupa la atención del despacho: “Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, así: 5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías. 5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. 5.3.3. La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías. En este caso puede ocurrir variar posibilidades: 5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga. 5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente. 5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga. 5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga

tardíamente. 5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido. En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma adeudada es una acreencia laboral.

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Referencia: Conflicto de Competencia En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2.

En este caso la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 100 y siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto es, ser expresa, clara, exigible y constar en documento que provenga del deudor o de su causante pues el fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia de la obligación. Para que exista certeza sobre la obligación no basta con que la ley haya dispuesto el pago de la sanción moratoria, aquella es la

fuente de la obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el pago de las cesantías definitivas mas no el título ejecutivo, que se materializa con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración. En este caso el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración para obtener el acto administrativo que le sirva de título ejecutivo ante la Jurisdicción Laboral, no ante los jueces administrativos, porque el artículo 134 B-7, adicionado por la Ley 446 de 1998, artículo 42, sólo les otorgó competencia a éstos para conocer de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por esta jurisdicción, mientras que el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, le adjudica competencia general a la jurisdicción laboral ordinaria para “la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.”

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Referencia: Conflicto de Competencia En el referido contexto, encuentra la Sala que la prestación reclamada por la actora en el asunto de autos, demarca claramente unos postulados de tipo general para el reconocimiento de una sanción moratoria, en las cuales siempre se buscaría el pronunciamiento de la administración pública, ante la dificultad de establecerse la fuente de la obligación, pues si bien dicha

sanción es de orden legal, lo cierto es que en el ámbito jurídico debe estar contenida en algún tipo de pronunciamiento o reconocimiento, observándose la existencia siempre de un acto administrativo o un acto de la administración. En relación con este tipo de asuntos, no puede perderse de vista que esta Colegiatura, hasta hace pocos meses, había dispuesto que el conocimiento de los asuntos relacionados con el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos, era propio el conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria, sin promover o provocar pronunciamiento alguno de la entidad pública, en tanto fue la voluntad del legislador quien estableció la existencia de dicha sanción en la Ley 244 de 1994, modificada por la Ley 1071 de 2006, sin que en el texto de tales disposiciones se exigiera la constitución de la mencionada fuente de la obligación, sentándose como línea de jurisprudencia para resolver estos asuntos que la competencia radicaba de manera exclusiva en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la Corporación modificó el precedente jurisprudencial y desde entonces ha venido definiendo de manera unificada, que las reclamaciones

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Referencia: Conflicto de Competencia relacionadas con la sanción moratoria laboral de un empleado público, cuyo pago le ha sido negado mediante acto administrativo, deben ser de conocimiento de la Jurisdicción Administrativa, pues debe debatirse sobre la

legalidad del acto que negó el derecho9. Como viene de indicarse en el parte legal descrito, resulta importante para el estudio de autos, destacar la calidad de la demandante como DOCENTE ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CÓRDOBA, resaltándose su naturaleza de empleada pública, con lo cual indiscutiblemente la competencia se enmarca dentro de la aplicación de la Ley 1437 de 2011, en la cual el legislador estableció claramente y de manera puntual los asuntos propios del conocimiento de los Jueces Administrativos, encontrándose que éstos solamente conocerán de los siguientes casos de conformidad con lo descrito en el artículo 104 que reza: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 9 Sentencia dictada en conflicto de competencia radicado 110010102000201901039 00. M.P.

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

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Referencia: Conflicto de Competencia

1. Los r