CSDJ - F11001010200020190188400ADJUNTA20200515105540-2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veinte (2020) Magistrado Ponente Dr. ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicado No. 1100010102000201901884 00 Aprobado Según Acta No. 023 de la misma fecha Conflicto diferentes Jurisdicciones ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada por el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por el JUZGADO DIECINUEVE

ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN MIXTO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ – SECCIÓN TERCERA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, con ocasión de la acción de reparación directa presentada por República de Colombia Rama Judicial

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M.P. Dr. ALEJANDRO MEZA CARDALES Radicado No. 1100010102000201901884 00

Asunto: Conflicto de Jurisdicciones

la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD E.P.S. SANITAS S.A. contra LA

NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LAS

SOCIEDADES FIDUCIARIAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO

FIDUFOSYGA 2005 ( hoy ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES-), con el fin de obtener a través de la vía judicial el reconocimiento y pago de las sumas de dinero que fueron asumidas por EPS Sanitas S.A., y que están relacionadas con los gastos en que ésta incurrió por razones de cobertura y suministro efectivo a sus usuarios del procedimiento quirúrgico denominado CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE MOHS, no incluido o incorporados en el Plan Obligatorio de Salud POS (ahora PBS). ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL La apoderada judicial, doctora Ivonne Audrey Ramírez Tello, de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD E.P.S. SANITAS S.A. formuló acción de Reparación Directa contra la LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL Y LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS QUE

CONFORMAN EL CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 ( hoy ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES-), con el fin de declarar responsables al extremo demandado por el daño resultante del rechazo infundado de diecisiete (17) solicitudes de recobro, por concepto del República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones procedimiento denominado Cirugía Micrográfica de Mohs, efectivamente

suministrados a sus usuarios, durante el periodo comprendido entre marzo de 2008 y octubre de 2009, cuyo valor asciende a la suma de OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS, ($80.897.690), más los gastos administrativos en que incurrió y los intereses generados. El día 18 de mayo de 2012, tal como consta en la respectiva Acta Individual de reparto, el proceso fue asignado al JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN MIXTO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – SECCIÓN TERCERA, quien admitió inicialmente la demanda mediante auto del 17 de julio de 2012, cumplido el trámite establecido para las acciones de reparación directa y encontrándose el proceso en el traslado para alegar de conclusión, dicho despacho emitió auto del 19 de agosto de 2014, donde resolvió declarar la falta de Competencia para conocer del proceso y ordenó remitirla al oficina de apoyo a fin de ser repartido entre los Juzgados Laborales del Circuito la Ciudad de Bogotá; habida consideración, que la Jurisdicción Contencioso Administrativo no conoce de las controversias que se suscitan por recobros fallidos entre las entidades prestadoras de salud y FOSYGA (hoy ADRES); siendo entonces evidente que sería la Jurisdicción Ordinaria Laboral quien deba conocer de la presente demanda. República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones La anterior decisión fue objeto del recurso de reposición por parte el representante judicial del Ministerio de Salud y Protección Social, y del recurso de apelación por parte del representante judicial de las sociedades integrantes del consorcio FIDUFOSYGA 2005. El primero de estos fue resuelto por el Juzgado el 3 de febrero de 2015, no reponiendo la decisión del 19 de agosto de 2014, y en relación al recurso de apelación fue rechazado por improcedente en auto del 3 de febrero de 2015, esta última decisión fue objeto del recurso de reposición y en subsidio el recurso de queja por parte del apoderado judicial de las sociedades integrantes del consorcio FIDUFOSYGA 2005, por lo que el Juzgado Administrativo se pronunció nuevamente resolviendo el recurso, decidiendo reponer el auto que rechazó por improcedente el recurso de apelación para en su lugar concederlo ante el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

El recurso de apelación le correspondió en su ponencia a la doctora BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS, por reparto verificado el 27 de julio de 2015, quien como integrante del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, decidió el recurso de apelación el 1 de septiembre de 2015, decidiendo confirmar en lo referente a la falta de jurisdicción y competencia, acogiendo los argumentos expuestos por el Juzgado Administrativo, ordenando la remisión del asunto a los

Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá. República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones Mediante acta individual de reparto adiada el 16 de septiembre de 2015, es asignado el proceso al JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, quien luego de adecuarse el trámite a una demanda ordinaria laboral, se pronunció en auto del 26 de octubre de 2018, declarando la falta de competencia para conocer del asunto y en consecuencia plantea conflicto negativo de competencia ante esta Superioridad, con fundamento en que la Jurisdicción Laboral conoce de las controversias que se suscitan entre los afiliados beneficiarios o usuarios frente a las entidades que prestan los servicios o entre las mismas administradoras, más no en lo referente a los conflictos que se presenten por recobros fallidos entre las entidades prestadoras de salud y la Nación; siendo entonces evidente que sería la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo quien deba conocer de la presente demanda.

Así mismo trajo a colación el pronunciamiento emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un conflicto de competencia similar a los hechos objeto del presente pronunciamiento, donde refirió que la competencia recae en el juez Contencioso Administrativo, como quedó decantado en el proveído APL15312018 del 12 de abril de 2018, radicado 110010230000201700200-01, desatándose «es claro entonces que los litigios surgidos con ocasión de la devolución, rechazo de glosas de las facturas o cuentas de cobro por servicios, insumos o medicamentos del servicio de salud NO incluidas en el Plan Obligatorio de Salud –NO POS-, deben zanjarse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por expresa competencia de la Ley 1437 de 2011». República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. Compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conforme el numeral 2° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, «Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional»; en concordancia con el numeral 6° del artículo 256 de la Carta Política. Y si bien, en razón de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada «equilibrio de poderes»,

en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: «(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial». En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 de 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del

artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer; no sólo la función jurisdiccional República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

De la existencia del conflicto. En cuanto concierne a la Rama Jurisdiccional del Poder Público, la competencia

ha sido entendida como la facultad que tiene el funcionario o cuerpo colegiado, por autoridad de la ley, para pronunciarse y decidir sobre todos los asuntos que corresponden a su jurisdicción y son sometidos a su conocimiento. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia y pertenecientes a diferentes jurisdicciones, estiman que un mismo asunto es de su conocimiento, caso en el cual será un positivo; o por el contrario estiman que no les corresponde conocerlo, evento en el cual será negativo. En consecuencia, para que se estructure un conflicto de competencia es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que al funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso. b) Que surja disputa entre el funcionario que lo conoce y otro u otros de distinta jurisdicción acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo. República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones Ahora bien, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos Jueces y Tribunales del territorio nacional, ya que los términos Jurisdicción y Competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar

justicia y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria, contencioso administrativa, penal y penal militar, eclesiástica, etc., siendo apenas lógico entonces que si el funcionario carece de Jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carece de competencia. En todo caso, como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por el Legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un Juez Unipersonal o Colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que ha señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del Juez Natural llamado por la ley a conocer de determinado litigio. República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones Se encuentra plenamente acreditado en el infolio que se configuró un conflicto negativo de competencia entre la Jurisdicción Ordinaria representada por el

JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la Jurisdicción

Contencioso Administrativa representada por el JUZGADO DIECINUEVE

ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN MIXTO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ – SECCIÓN TERCERA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, con ocasión de la acción de reparación directa presentada por

la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD E.P.S. SANITAS S.A. contra LA

NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LAS

SOCIEDADES FIDUCIARIAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO

FIDUFOSYGA 2005 ( hoy ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES-), con el fin de obtener a través de la vía judicial el reconocimiento y pago de las sumas de dinero que fueron asumidas por EPS Sanitas S.A., y que están relacionadas con los gastos en que ésta incurrió por razones de cobertura y suministro efectivo a sus usuarios del procedimiento quirúrgico denominado CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE MOHS, no incluido o incorporados en el Plan Obligatorio de Salud POS (ahora PBS). Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará la Sala a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones colisión y asignar la competencia de la demanda a uno de los funcionarios

judiciales. Solución del caso concreto. En el Sub - examine, el demandante pretende el pago de la suma de dinero adeudada por el ente accionado, en razón de cobertura y suministro efectivo a sus usuarios del procedimiento quirúrgico denominado CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE MOHS no incluido en el plan obligatorio de saludPOS y a su vez costeados por las Unidades de Pago por Capitación UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a sus usuarios y están a cargo del CONSORCIO FOSYGA 2005 (hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES). Definido lo anterior, la Sala entra a estudiar y analizar la normatividad en la cual se amparan los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ordinaria, para proponer el conflicto que nos ocupa. Al respecto se tiene que con la Ley 100 de 1993 se creó el “Sistema de Seguridad Social Integral”, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, con el fin de brindar una calidad de vida de acuerdo con el postulado constitucional de un orden social justo e igualitario, mediante la protección de las contingencias que la afecten, y estando República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones sujeta a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad,

unidad y participación. También se concibió constitucional y legalmente la Seguridad Social como un servicio público obligatorio el cual está direccionado, coordinado y bajo control del Estado siendo este último el rector y los particulares sus prestadores, quedando así este sistema sin lugar a duda, atado visiblemente a la Ley 100 de 1993, en el sentido de que comprende los sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos profesionales y los servicios sociales obligatorios, definidos en dicha normatividad, por manera que no reviste duda alguna que lo que no está comprendido dentro de los respectivos regímenes no hace parte del sistema de seguridad social integral. Por otro lado, encontramos que el artículo 48 de la Constitución Política consagró como derecho fundamental la garantía a todos los habitantes del derecho irrenunciable a la seguridad social, y establece que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. Así mismo, dispone que la seguridad social pueda ser prestada por entidades públicas o privadas, de acuerdo con la ley, y que sus recursos no se puedan destinar ni utilizar a fines diferentes. Así las cosas, se aduce además que la Seguridad Social Integral, cuya unidad conceptual que viene dada desde la propia Constitución y es desarrollada por la República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones Ley 100 de 1993, exigen la existencia de un proceso especial y de una

jurisdicción también especializada en orden a dirimir las controversias que se relacionen con esta materia que no es otra que la ordinaria laboral, con las excepciones contempladas en los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993. A su turno, el artículo 2º de la Ley 712 de 2001 modificatoria del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que a su vez fue reformado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, señaló en cuanto a la Jurisdicción Ordinaria lo siguiente: “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. Sobre el tema ha expresado la Corte Constitucional, al ocuparse de una demanda de inexequibilidad contra el artículo 2°, numeral 4° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, arriba transcrito en la cual reafirmó sus enseñanzas sobre la materia en los siguientes términos: “De conformidad con el ordenamiento superior, en sus artículos 48 y 365, la distribución de la competencia que trae la norma demandada, en el sentido de que la jurisdicción del trabajo conocerá de las controversias producidas entre entidades públicas y privadas del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados proviene, República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones adicionalmente a lo señalado en el acápite anterior, de la facultad del legislador de establecer el régimen jurídico al cual se verá sometida la prestación de un servicio público.

El ámbito de aplicación de la regulación que ocupa la atención de la Corte es el de la seguridad social, la que por mandato del artículo 48 de la Carta Política, forma parte de los derechos sociales y económicos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, debiendo prestarse en la forma de un servicio público de carácter obligatorio, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador creó el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente a las contingencias económicas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. Así, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas “obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro” (art. 1o.). La anterior concepción del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la población colombiana en materia de salud y pensiones, República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones con especial atención de las personas que carecen de capacidad económica, para brindarle suficiente protección ante eventuales contingencias. De este modo, la implantación de un sistema en estos términos se evidencia como un conjunto armónico de “entidades públicas y privadas, normas y procedimientos” para la prestación de los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.). (…) La creación de un sistema integral de seguridad social, con el cual se pudiese establecer una organización institucional y normativa especial para brindar una mejor prestación de ese servicio público, era requerida dada la multiplicidad de situaciones que existían antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que ésta normatividad debió diseñar un sistema único que abarcase progresivamente la totalidad de la población colombiana, bajo la vigencia de unos principios rectores, como son los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (art. 2o.).

La articulación de las políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un régimen jurídico unificado y específico, proviene precisamente del cumplimiento de ese principio de unidad (art. 2o. literal e); con ello, el legislador integró tanto los asuntos de orden sustantivo, en la medida en que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, como los de orden República de Colombia

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones procedimental, los cuales facilitan su prestación efectiva; a éstos últimos, pertenecen las reglas de jurisdicción y competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de esos asuntos.

De esta manera, la atribución de la solución de las controversias suscitadas entre las entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. (…) Así las cosas, siendo el objeto de la norma acusada la atribución de una competencia a una determinada jurisdicción con el fin de precisar la autoridad judicial que dilucide las controversias de los sujetos que, bajo un mismo régimen jurídico, integran el sistema de seguridad social integral, es claro que la clase de vinculación al Estado no puede configurar un criterio válido para alegar una desigualdad de trato entre servidores públicos, pues se reitera que es en razón de la condición de afiliado a dicho sistema que se estructura la competencia judicial, en la forma de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuración”1. (Negrillas y subrayado fuera de texto)

1CORTE CONSTITUCIONAL , SENTENCIA c-111 DE 2000, expediente D-2465, M.P. Dr. ALVARO TAFUR

GALVIS, 9 de febrero de 2000 República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones Más adelante, precisa la Corte Constitucional sobre el tema materia de litis lo siguiente: "Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción.

Así las cosas, la Corte no comparte la opinión del Procurador en el sentido de que lo procedente es declarar inexequible la expresión “integral” del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, pues ha quedado claramente establecido que las personas pertenecientes a los regímenes de excepción, al igual que los afiliados al sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, también tienen

derecho a acceder a la administración de justicia con arreglo a los criterios tradicionales que determinan el juez natural para conocer de las controversias relacionadas con la aplicación de dichos regímenes de excepción. República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones En suma, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula.

Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutan di igual al artículo 2º de la ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la exégesis que las altas Corporaciones de justicia le habían impartido. Valga recordar que en esas sentencias se precisó que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del

vínculo ni los actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia, sino la relación afiliado, beneficiario o usuario, con la respectiva entidad administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral. Por tanto, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador. Igualmente se destacó que el legislador en ejercicio de la libertad política de configuración de normas jurídicas y en armonía con los artículos 150-23 y 228 Superiores, tiene un amplio margen de decisión para distribuir una competencia judicial República de Colombia Rama Judicial

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Asunto: Conflicto de Jurisdicciones dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicción del Estado en un asunto previamente señalado, bajo estricto