CSDJ - F11001110200020110577301ADJUNTA20141002112644-2014

Consejo Superior de la Judicatura

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Título: CSDJ - F11001110200020110577301ADJUNTA20141002112644-2014
Autor: Consejo Superior de la Judicatura
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Disciplinario
Año: 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., 01 de octubre de 2014 Aprobado según Acta No. 081 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 110011102000201105773 01

Referencia: Abogado en Apelación.

Denunciado: Oscar Alejandro Duarte Galarza Denunciante: Clara Cáceres de Pachón Primera Instancia: Sanciona con 2 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia para absolver al disciplinable.

ASUNTO A DECIDIR Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación presentado contra el fallo proferido el 30 de septiembre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá1, mediante el cual sancionó al abogado OSCAR ALEJANDRO DUARTE GALARZA con 2 MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. HECHOS 1 M.P. Rafael Vélez Fernández – Sala Dual con el Magistrado Álvaro León Obando Moncayo

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M.P. DR. ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicado No. 110011102000201105773 01

Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN Dio origen a la presente actuación la queja formulada el 22 de agosto de 2011, por la señora Clara Cáceres de Pachón, en la cual relató que a finales del año 2008 la sociedad AFIANZAVAL S.A, por intermedio de la abogada Karen Inés Palacios Ferrer, instauró proceso ejecutivo radicado bajo el Nº 2008-01726, contra los señores Ana Graciela Chaparro de Bayona y Felipe Santiago Bayona Maldonado, con base en un pagaré por la suma de $763.500 más los intereses, en cuyo trámite se embargó y

secuestró un inmueble ubicado en la calle 54 sur Nº 13A-16 de Bogotá, propiedad que de buena fe la quejosa compró a los demandados sin tener conocimiento de la medida cautelar que pesaba sobre dicho bien inmueble.

Manifestó que los demandados la contactaron con el doctor OSCAR ALEJANDRO DUARTE GALARZA, quien manifestó ser la persona “que estaba llevando los negocios de

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN la sociedad AFIANZAVAL S.A en reemplazo de la doctora Karen Inés Palacios Ferrer”, señaló que con el fin de registrar la mencionada transacción, se acercó a la oficina del abogado denunciado, quien le dijo que la deuda ascendía a $2.000.000, pero que se la dejaba en $1.500.000, cantidad que efectivamente la quejosa le entregó el 9 de febrero de 2010, con el compromiso de terminar el proceso y desembargar el inmueble, lo que

finalmente no hizo, ya que el Juzgado de conocimiento no le reconoció personería para actuar, debido a que quien le había otorgado poder no tenía la representación de la sociedad ejecutante, sustrayéndose de devolverle los emolumentos recibidos. Por último, agregó que por lo anterior tuvo que contratar los servicios de un profesional del derecho para que presentara la liquidación del crédito y volver a realizar el pago, logrando así que esa Agencia Judicial el 10 de marzo de 2011,

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN ordenara la terminación del proceso y el desembargo del bien inmueble, que había comprado.

Calidad de disciplinable. Previo a cualquier trámite se procedió a incorporar a la

foliatura el certificado N° 10530 del 28 de octubre de 2011, por medio del cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados, acreditó que el doctor OSCAR ALEJANDRO DUARTE GALARZA, se identifica con la C.C. N° 79.951.924 y se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional N°153897, vigente, en el que además fue reportada la dirección de residencia y oficina del querellado. (fl.14 c.o.) Apertura de investigación. El Magistrado de instancia, mediante auto del 28 de octubre de 2011, conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN

de investigación disciplinaria contra el abogado OSCAR ALEJANDRO DUARTE GALARZA y señaló la audiencia de pruebas y calificación provisional para el día 9 de febrero de 2012, la cual no se pudo llevar a cabo debido a la inasistencia injustificada del disciplinable. En virtud de lo anterior, el Magistrado instructor lo emplazó (fl. 30 c.o), lo declaró persona ausente, le designó como defensora de oficio a la doctora Daniela Alexandra Bermúdez Botero y programó la audiencia de que trata el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, para el 17 de agosto de 2012 (fl. 32 c.o.), fecha en la cual tampoco fue posible realizarla por cuanto no se hicieron presentes el investigado, ni su abogada de oficio, quien fue relevada del cargo.

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN Luego de muchos intentos fracasados por nombrarle defensor de oficio al disciplinable, se procedió a designar mediante auto del 11 de marzo de 2013, para tal cargo a la doctora Carla Lorena Zamora Buitrago, señalándose el día 5 de abril de 2013, para realizar audiencia de pruebas y calificación provisional, sin que se pudiera llevar acabo debido a la inasistencia del investigado y su abogada de oficio, siendo reprogramada para el 15 de mayo de 2013.

Arribada la fecha prevista – 15 de mayo de 2013 y libradas las comunicaciones de rigor se dio inicio a la Audiencia de pruebas y calificación provisional, con la asistencia de la doctora Carla Lorena Zamora Buitrago, defensora de oficio del investigado y de la señora Clara Cáceres de Pachón, quien procedió a ampliar la queja indicando:

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN “yo no volví a buscar a ese doctor, lo único que he insistido es que por $700.000 casi pierdo la casa, me tocó buscar a otro abogado para que volviera al Juzgado y pagara la deuda” En seguida se le concedió la palabra a la defensora de oficio quien manifestó, que no le constaban los hechos denunciados en la queja, pero que sin embargo y sin pretender afirmar o negar la veracidad del recibo de pago que la querellante aportó a las diligencias, en dicho documento el abogado investigado no dijo estar obrando en representación de una persona jurídica, así como tampoco se identifica en el mismo a que proceso ejecutivo hace referencia o ante que despacho se tramitaba, ni a qué tipo de crédito se refirió esa suma de dinero que supuestamente fue entregada.

Una vez finalizada la intervención de la defensa oficiosa, el Magistrado considerando que existía material probatorio para una decisión de fondo, procedió luego de hacer un recuento de los hechos, a hacer la calificación jurídica FORMULACIÓN DE CARGOS contra el abogado OSCAR ALEJANDRO DUARTE GALARZA, por la presunta violación del deber profesional previsto en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la falta prevista en el

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN numeral 4 del artículo 35 ibídem, por cuanto, el abogado investigado recibió sin tener facultades para ello, dineros destinados a la cancelación del crédito perseguido en el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá bajo el Nº. 2008-1726, sustrayéndose de ponerlos a disposición del acreedor autorizado, quien no era otro para esa época que el liquidador de la Sociedad ejecutada.

Agregó el A quo que contrario a ello recibió esos dineros con la promesa de que daría por terminado el proceso ejecutivo y tras los fallidos intentos porque se permitiera la terminación del proceso en virtud del poder que recibiera de un socio de AFIANZAVAL S.A, quien fungía como demandante dentro de ese

asunto, se sustrajo de reintegrar los emolumentos con destino directo al proceso, al liquidador o a la persona de quien los hubiera recibido, sin que pudiera admitirse que el mal pago que haya efectuado de esos dineros a quien no tenía facultades para conservarlos lo exonerara de responsabilidad disciplinaria. El A quo Calificó la conducta como dolosa grave, aduciendo que de manera deliberada y consciente el investigado se hizo incurso en el proceder que ahora lo hace merecedor de reproche disciplinario y aprovechándose de la confianza que generara al presentarse como apoderado autorizado del

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN acreedor dentro del proceso de interés para la querellante, accedió a unos emolumentos sin tener derecho a

ello, disponiendo de los mismos sabedor que el recibo se efectuaba de manera exclusiva para que cancelara el crédito objeto de ejecución en el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá. A continuación, el Magistrado instructor notificó la decisión en estrados, advirtiendo que contra la misma no procedía recurso alguno y corrió traslado a la defensora de oficio para que pidiera las pruebas que considerara necesarias en la defensa de su prohijado, quien manifestó que no solicitaría ninguna. Por último, el Despacho de instancia, procedió a decretar las siguientes pruebas de oficio: - Solicitar al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá que remitiera copia del proceso radicado bajo el Nº 20081726.

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN - Escuchar en declaración jurada a los señores Karen Inés Palacios Ferrer, Jhon Jairo Correa y al señor William Álvarez Eslava.

Audiencia de juzgamiento. Se llevó a cabo el 5 de julio de 2013, con la asistencia del investigado, quien comparecía por primera vez; la de su abogada de oficio y la de la quejosa, en ella se le concedió la palabra al disciplinable para que manifestara lo que a bien tuviera frente a los hechos descritos en la queja y el pliego de cargos formulados en audiencia anterior, quien solicitó se le recibieran unas pruebas documentales y se le permitiera interrogar a la quejosa, a lo cual accedió al Despacho de instancia.

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN Declaración de la señora Clara Cáceres de Pachón. Manifestó que luego de entregarle el dinero, el disciplinable se negaba a atenderla y que no le volvió a dar la cara, expresó que no entendía porque este le había recibido el dinero sino tenia poder para solicitar la terminación del proceso.

Alegatos de conclusión del abogado investigado: Solicitó que no se procediera a emitir sanción disciplinaria, teniendo en cuenta que los hechos por los que se formularon los cargos no corresponden a la realidad. Seguidamente indicó que para el momento en que la quejosa le pagó la suma de $1.500.000 correspondiente a la cancelación del crédito, él había sido designado por la sociedad AFIANZAVAL S.A para recibir esos dineros, agregó que como se evidenciaba en las copias del proceso ejecutivo, quien actuaba en dicho asunto era la abogada Karen Inés Palacios Ferrer, que si bien prestó sus servicios a la precitada sociedad,

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN para ese momento ya no los prestaba, por lo cual le encomendaron al disciplinable el cobro de algunos procesos.

Señaló que la sociedad con la cual trabajaba dirigió al demandado y a la aquí quejosa a su oficina para que hiciera los trámites pertinentes tendientes a terminar el proceso ejecutivo de su interés ante el Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá, dentro del cual se encontraba embargado el inmueble que la querellante adquirió. Alegó que él recibió los dineros y de acuerdo a los procedimientos que tenía la empresa, el día 16 de febrero del año 2010, entregó $1.200.000, al señor JHON JAIRO CORREA YEPES quien para esa fecha oficiaba como representante de la sociedad AFIANZAVAL, esto luego de realizar la respectiva deducción de sus honorarios, añadió que así mismo con el fin de darle terminación al diligenciamiento como se había comprometido, procedió a la elaboración del poder de revocatoria de la procuración encomendada a la doctora Karen Inés Palacios Ferrer, luego de lo cual procedería a solicitar el levantamiento de medidas cautelares y consecuencialmente la terminación del mismo.

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN Manifestó que en tal virtud, el señor JHON JAIRO CORREA YEPES, como se podía observar en el expediente del proceso ejecutivo acudió a realizar la presentación personal al poder, luego de lo cual le hizo entrega del mismo al togado investigado y que posteriormente cumplidas las exigencias mínimas requeridas, a través de su dependiente judicial lo hizo llegar al Juzgado de conocimiento, junto con el certificado de existencia y representación legal, sin percatarse de quién figuraba como representante legal.

Añadió que debido al cambio de representación legal introducido por la sociedad debido a la liquidación de la misma, el Juzgado de la causa civil, negó la solicitud de terminación, así como tampoco reconoció personería jurídica, porque en el certificado de existencia y representación legal, aparecía que a partir del 11 de marzo de 2010, entraba a ejercer la representación de la empresa el señor William Álvarez Eslava. Indicó que cuando el señor Jhon Jairo Correa realizó la presentación personal todavía oficiaba como

representante legal de la sociedad AFIANZAVAL S.A, lo que implicaba que sí procedía sustancialmente la terminación del proceso ejecutivo y había sido correcto el pago efectuado.

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Referencia: ABOGADO EM APELACIÓN Finalmente indicó que pusieron de manifiesto ante el Juez 66 Civil Municipal de Bogotá, la situación ocurrida en relación con el mencionado pago y la terminación del proceso por tal razón, quien les dijo que revisaría el asunto. Agregó que luego de esto requirió a la togada Karen Inés Palacios Ferrer, al ser esta última quien ejercía la representación judicial hasta esa data, puesto que el Juzgado no había tenido en cuenta el memorial en el que se le revocaba el poder para otorgárselo al investigado, para que ella solicitara la

terminación del proceso, quien con posterioridad radicó escrito solicitando la culminación del trámite por pago, petición a la que tampoco accedió esa Agencia Judicial, aduciendo que la jurista no tenía personería para actuar, decisión que considera equivocada por cuanto ella seguía fungiendo como apoderada de la sociedad ejecutante. Finalizada la exposición de los alegatos, el Magistrado dio por terminada la diligencia y previno que la sentencia se dictaría dentro de los términos de ley.

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