CSDJ - F11001110200020170241801ADJUNTA20170824175359-2017

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110011102000201702418 01

Referencia: Tutela de Segunda Instancia

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Bogotá D. C. 06 de julio de 2017 Aprobado según Acta de Sala No. 051 de la fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes Radicado N° 110011102000201702418 01

Accionante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ GUTIÉRREZ.

Accionada: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

ASUNTO Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 2 de junio de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la judicatura de Bogotá,1 en el cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por JOSÉ MIGUEL DÍAZ GUTIÉRREZ contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por la configuración de un hecho superado. 1 Sala integrada por los Magistrados MARTÍN LEONARDO SUÁREZ VARÓN y Antonio Suárez Niño.

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Radicado N° 110011102000201702418 01

Referencia: Tutela de Segunda Instancia ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- El accionante JOSÉ MIGUEL DÍAZ GUTIÉRREZ, interpuso ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, en razón a lo siguiente2: 1.1 Afirma la petición de amparo, que el señor JOSÉ MIGUEL DÍAZ GUTIÉRREZ laboró para la Rama Judicial de 1976 a 1980, como empleado en el Juzgado Noventa y Dos de Instrucción Criminal, en los cargos de escribiente y secretario.

Asegura que desde 1985 en adelante, ocupo interinamente la titularidad del Juzgado 37 de Instrucción Criminal y el de Juez Penal del Circuito Especializado, ambos cargos en la ciudad de Bogotá. 1.2 Expone que solicitó las certificaciones de los cargos referidos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con el fin de cumplir los requisitos para su pensión, incluyendo los formatos CLEPS exigidos por el Ministerio de Hacienda. Frente a lo cual manifiesta, que la Dirección Ejecutiva 2 Folios 1 a 3 del cuaderno de primera instancia.

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Radicado N° 110011102000201702418 01

Referencia: Tutela de Segunda Instancia Seccional de Administración Judicial de Bogotá, le informó que los cargos desempeñados de 1976 a 1980, debían ser certificados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 1.3 Afirma que por segunda oportunidad el día 16 de marzo de 2017, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, una certificación sobre el tiempo de servicio en los cargos indicados y en el formato referido. Pero transcurrido el tiempo legal para la respuesta, no ha recibido contestación alguna. 1.4 Por todo lo anterior, solicita que se tutele su derecho fundamental de petición, y se ordene a la entidad accionada que en el término de 48 horas contadas desde la notificación de la sentencia, de respuesta a su derecho de petición, informándole las consecuencias que acarrea desobedecer un fallo judicial, y que le sea reconocida personería para poder actuar a nombre propio. 2.- Mediante auto de ponente de 23 de mayo de 2017, se admitió la presente solicitud de amparo, se ordenó notificar a la accionada y se vinculó como tercero con eventual interés a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. 3.- Surtidas las comunicaciones de ley, se recibieron las siguientes

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia

intervenciones: 3.1.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante oficio DESAJBOJRO17-4862 de 25 de mayo de 2017, informó que tras verificar las bases de datos se evidenció que los periodos laborados por el actor durante los años 1975 a 1980, eran competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que solicitó su desvinculación del presente tramite al carecer de legitimidad.3 3.2.- El apoderado de la División de Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al dar contestación a la presente acción de tutela, solicitó que se despachara de manera desfavorable, por la ocurrencia de un hecho superado, en razón a que se dio respuesta a la petición del accionante de 16 de marzo de 2017, mediante el oficio DEARJRHO17-2711 de 31 de mayo de 2017.4 PROVIDENCIA IMPUGNADA La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante providencia de 2 de junio de 2017, declaró improcedente la acción de tutela promovida por JOSÉ MIGUEL 3 Folios 18 a 19 de cuaderno de primera instancia. 4 Folios 21 a 23 del cuaderno de primera instancia.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia DÍAZ GUTIÉRREZ, en razón a lo siguiente: Después de realzar una exposición sobre las normas constitucionales y legales que rigen el derecho de petición, la providencia considera que la solicitud presentada por el accionante el pasado 16 de marzo de 2017, fue atendida mediante oficio DEARJRHO17-2711 de 31 de mayo de 2017, donde la División de Tesorería de la entidad accionada, le informa al accionante, que tras consultar los archivos digitalizados de nómina, no se encontraron datos adicionales a los certificados por la entidad en la Constancia CPLTES15-4556, por ello, como los pagos certificados por esa dependencia son la base para la expedición de los formatos para los tramites pensiones, no se tenía información adicional para certificar más tiempo, al ya avalado.

Para la providencia impugnada resulta claro que si bien la accionada no accedió a emitir los formatos CLEBP, en los términos indicados en la petición, esto es para los periodos laborados entre 1976 a 1980. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, informó al accionante la razón por la cual esto no era posible, esto es el informe emitido por la División de Tesorería de la referida entidad, donde se establece que no se hallaron datos adicionales para certificar los tiempo ya avalados al contestar la primera solicitud del accionante, del 7 de julio de 2015. En ese orden de días, aunque la información fue desfavorable al accionante, esta satisface lo requisitos formales del derecho de

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia petición.

Concluye el fallo de primera instancia, con el argumento que si bien al momento de presentarse la acción de tutela la entidad no había dado contestación al accionante, esta lo hizo durante el curso del trámite constitucional, y que el hecho vulnerador del derecho de petición consiste en la falta de respuesta, lo cual fue subsanado por la entidad accionada, por lo cual carece de objeto el pronunciamiento del juez de tutela, toda vez que la vulneración ha perdido vigencia, presentándose así un hecho superado, según el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. DE LA IMPUGNACIÓN Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2017, el accionante impugnó el fallo de primera instancia en la presente actuación, para que en su lugar se tutelen sus derechos, y se ordene a la entidad accionada cumplir con su deber de certificar el tiempo laborado por el accionante en la Rama Judicial. Afirma la impugnación, que el fallo de primera instancia considera que la respuesta tardía por parte de la accionada es irrelevante, pues se dio respuesta a la petición, lo cual crea un hecho superado, situación que es el sustento para la declaratoria de improcedencia. Por lo cual, para

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia el accionante, esto justifica la negligencia de la accionada, pues es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la que debe responder a su petición, y no la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá y Cundinamarca. Entidad que resolvió de manera parcial su solicitud, certificando el servicio y salarios en los cargos de Juez de la Republica, sin que se haya certificado el tiempo en que fungió como empleado en la otrora Instrucción Criminal (1976 a 1980).

Asegura que hasta la fecha la entidad accionada no ha dado respuesta alguna, la cual es la única entidad pública que puede certificar el tiempo laborado, o si existe otra debe decirse cuál es, y el mecanismo para lograr esto.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

1.- Competencia. En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura. En razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015,

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia

se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la mencionada reforma constitucional establece: “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 y 372 de 9 de julio y 26 de agosto de 2015 respectivamente, al pronunciarse sobre la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia Reiteró la Corte Constitucional en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Acorde con ello, la Sala centrará su análisis con sujeción a los límites de competencia que establece el artículo 32, inciso segundo, del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “El Juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y

con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”. 2.- Planteamiento del caso y el problema jurídico.

La presente acción plantea una supuesta vulneración al derecho fundamental de petición del ciudadano JOSÉ MIGUEL DÍAZ GUTIÉRREZ con ocasión de la falta de respuesta a su derecho de petición de 16 de marzo de 2017. Problema Jurídico. Corresponde a esta Sala valorar si: (i) es procedente la acción de tutela en el presente caso. Y siendo procedente la acción, valorar si (ii) existe alguna vulneración a los derechos fundamentales del accionante. Para responder a los problemas jurídicos planteados, la Sala deberá realizar una exposición del siguiente tema: (A) la procedibilidad de la acción de tutela, (B) el derecho de petición, (C) el hecho superado y (D) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. A.- La procedibilidad de la acción de tutela. La acción de tutela es una acción de creación Constitucional,

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia instaurada para la protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo cual esta figura encuentra su primera regulación en la Constitución, así el artículo 86 señala que la acción de tutela; “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.5

Este requisito de procedibilidad es desarrollado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela no procederá “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).” El referido requisito tiene su excepción en los artículos 7 y 8 del Decreto 2591, ya que se establece la posibilidad de suspender los efectos del acto: “cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere (…)” y la posibilidad de interponer la tutela: “Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(…)”. 5 Artículo 8 del Decreto 2591 de 1991

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia De lo anterior se desprende la calidad de subsidiaria de la tutela, esto es que la acción se encuentra supeditada al agotamiento del medio ordinario de defensa por parte del accionante o a la inexistencia o ineficacia del mismo. En este sentido: “La Corte ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo”.6

Pero como toda acción procesal –la tutela es una acción con contenido procesal para la defensa de derechos fundamentalesel amparo constitucional tiene unas causales para su procedibilidad. Las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela encuentran una finalidad clara: “garantizar que no exista abuso en el derecho de acción, así como los deberes mínimos procesales de las partes”.7 En criterio de la Corte Constitucional, la exigencia de estos requisitos como deberes del accionante, es necesario para el adecuado desarrollo del proceso, siendo igualmente un mecanismo que promueva la posibilidad de pronunciarse por parte del juez ordinario 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-567 de 1998. M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz. Consideración jurídica 6; véase también las Sentencias T-123/95; T-289/95; T-297A/95; T-329/96;

SU-111/97; ST-378/97; T-573/97; T-083/98. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-813 de 2007. M.P: Jaime Araujo Rentería.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia sobre el asunto de relevancia constitucional.8

La Corte Constitucional en Sentencia SU-813 de 2007, siguiendo los parámetros consignados en la Sentencia C-590 de 2005, resumió los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, así: “Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. Tales causales son las siguientes: (i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado

todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y 8 Ibídem.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia

(v) que no se trate de sentencias de tutela” 9 (se omiten citas de la Corte). El primer requisito es el presupuesto básico para la procedencia de la tutela, esto es la vulneración o amenaza de vulneración a un derecho fundamental, ya que sin este, no existe la relevancia constitucional que da operatividad a la acción. “El presupuesto básico para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no

basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarioses necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)”.10 En efecto, las causales genéricas de procedibilidad de la tutela se refieren a seis elementos que debe cumplir el demandante según lo determinado por la Sentencia C-590 de 2005. Estos requisitos son: (1) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, (2) que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, (3) que se cumpla con la inmediatez, (4) que en tratándose de una 9 Corte Constitucional Sentencia C-701 de 2004. Ver también sentencias T-381 de 2004 y T-590 de 2006. 10 Corte Constitucional. Sentencia C-701 de 2004. Ver también sentencias T-381 de 2004 y T-590 de 2006.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia irregularidad procesal ésta tenga efectos sobre la decisión, (5) que el accionante identifique los hechos y derechos vulnerados y (6) que no se ejerza la tutela contra otro fallo de tutela. Sobre cada uno de estos puntos, la Sentencia C-590 de 2005, expresó: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso

y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” (Se omiten citas de la Corte) Reitérese que la procedencia o improcedencia de la acción, depende de la carga demostrativa que haga el accionante de los requisitos mencionados, correspondiéndole a éste la prueba de la satisfacción de los mismos.

B.- El derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991, establece que toda persona podrá “presentar peticiones respetuosas ante las autoridades” o ante las entidades privadas en los términos que señale la ley, y a obtener una pronta resolución a su solicitud. En números ocasiones la Corte Constitucional se ha ocupado del contenido, ejercicio y alcance del derecho de petición.11 Estableciendo el carácter fundamental de dicho derecho y su categoría de herramienta determinante para la protección de otras garantías constitucionales, como el acceso a la información, a los documentos

11 Se pueden consultar las sentencias T-578 de 1992, C-003 de 1993, T-572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-141 de 1996, T-472 de 1996, T-312 de 1999 y T-415 de 1999, entre otras.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia públicos, la participación y el ejercicio de la expresión democrática entre otros.

Desde las primeras sentencias de constitucionalidad, la Corte Constitucional determinó frente al derecho de petición que este es “uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política)”.12 En la Sentencia T-377 de 2000, la Corte sintetizó las reglas jurisprudenciales desarrolladas en materia de protección del derecho fundamental de petición. Determinando: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 12 Sentencia T-12 de 1992. M.P: José Gregorio Hernández Galindo.

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Referencia: Tutela de Segunda Instancia resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio

público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un d