CSDJ - F15001110200020140000201ADJUNTA20140410145300-2014

ACCIÓN DE TUTELA / Improcedente Confirma improcedencia / Existencia otro mecanismo Se confirma improcedencia de la acción de tutela, los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta. En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014) Magistrada Ponente: Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 150011102000201400002 01 (9105-18) Aprobado según Acta de Sala No. 26 ASUNTO Negado el impedimento manifestado por la Magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ1, procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia proferido el 24 de enero de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la

Judicatura de Boyacá,2, a través del cual declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional reclamada por la señora ROSA ELVIRA RUIZ CORREDOR, dentro de la acción de tutela instaurada contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Tunja, ECOVIVIENDA y la Unión Temporal Estancia El Roble. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- La ciudadana ROSA ELVIRA RUIZ CORREDOR, instauró acción de tutela contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Tunja, ECOVIVIENDA y la Unión Temporal Estancia El Roble, para que se protejan sus derechos fundamentales a una vivienda digna, en conexidad con el de vida digna, mínimo vital, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y honra, por hechos que se resumen como sigue:  Señaló que el Municipio de Tunja junto con la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Vivienda, promueven la construcción del proyecto de vivienda de interés social El Roble, para tal efecto se conformó la Unión Temporal la Estancia El Roble; indicó haber sido seleccionada 1 Sala 22 del 27 de marzo de 2014 2 Sala integrada por los Magistrados JOSÉ OSWALDO CARREÑO HERNÁNDEZ (Ponente) y el Dr. ORLANDO ALZATE SALAZAR. en el sorteo de los subsidios de vivienda, el 27 de mayo de 2010 celebró promesa de compraventa para hacerse acreedora a uno de los apartamentos del mencionado proyecto, en dicho documento se estableció el 27 de mayo de 2011 como fecha de entrega del

inmueble.  Añadió la accionante que mediante documento modificatorio se estableció nueva fecha de entrega, 30 de noviembre de 2013, es decir, que ya se venció la aludida fecha y como quiera que en varias ocasiones le han señalado que según la ley, los subsidios se pierden a los tres años sino son ejecutados y dicho término está próximo a cumplirse; agregó que ante las varias reclamaciones que ha elevado tanto de carácter verbal como escrito, las entidades accionadas le responden con evasivas.  Indicó ser una persona de escasos recursos, madre cabeza de familia, con dos hijos, no tiene contacto con el padre de los menores; afirmó haberse enterado que van a declarar fracasado el proyecto.

Por lo anterior pretende que:  Se tutelen sus derechos fundamentales a una vivienda digna, en conexidad con el de vida digna, mínimo vital, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y honra.  Se ordene al Ministerio de Vivienda, Municipio de Tunja, ECOVIVIENDA y la Unión Temporal Estancia El Roble que dentro del término de 48 horas se realicen todas las gestiones administrativas y financieras, para que un plazo no mayor a 3 meses le sea entregado el apartamento. 2.- El Magistrado de instancia mediante auto del 14 de enero de 2014 asumió el conocimiento de la tutela, para tal efecto dispuso notificar a los accionados y a los terceros con interés; asimismo dispuso la práctica de pruebas (folios 22 a 26 c. o. primera instancia). 3.- La Secretaria Jurídica del Municipio de Tunja, a través de escrito signado

21 de enero de 2014, se pronunció sobre los hechos de la tutela, señalando que el Departamento de Boyacá efectivamente suscribió con el Municipio de Tunja convenio interinstitucional No. 000136 de 2009, con la finalidad de apoyar a los municipios en los planes y proyectos de vivienda de interés prioritario y social. Indicó que la accionante suscribió promesa de compraventa el 27 de mayo de 2010 y un otro si, motivo por el cual si considera que existe una violación dentro de la relación contractual debe alegarla ante la Jurisdicción Ordinaria (folios 43 a 48 c. o. primera instancia). 4.- De la misma manera compareció el apoderado judicial de la Gobernación de Boyacá, quien dio respuesta a la tutela, aduciendo que no era competencia de la autoridad que representaba resolver lo pretendido por la actora, por cuanto la función de cumple la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Infraestructura Pública, no es otra que la de otorgar a los hogares postulados por el oferente de un proyecto, un subsidio de vivienda el cual sin excepción alguna es complementario, en tal sentido se emitió la resolución en la cual efectivamente aparece como beneficiaria de la suma de $1.500.000, la señora ROSA ELVIRA RUIZ CORREDOR. Solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, por cuanto la accionante cuenta con otros mecanismos para hacer valer sus derechos y además la Gobernación de Boyacá no le ha vulnerado derecho fundamental alguno (folios 107 a 116 c. o. primera instancia). 5.- A su turno, el Director de Vivienda y EdificacionesSecretaría de

Infraestructura Pública del Departamento de Boyacá, sobre la acción de tutela señaló que el oferente del proyecto Estancia El Roble es el Municipio de Tunja y los adjudicatarios del subsidio complementario de vivienda otorgado por el Departamento al referido proyecto no adquieren ningún vinculo con el Gobierno Departamental, por cuanto el Departamento no es oferente ni ejecutor del proyecto (folios 137 a 139 c. o. primera instancia). 6.- Asimismo compareció al trámite tutelar el apoderado de la NaciónMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio, señalando que la acción de tutela no es el mecanismo para dirimir controversias contractuales, por el presunto incumplimiento de la entidad ejecutora del proyecto Estancia El Roble. Indicó que la presente acción de tutela es improcedente por configurarse la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto esta entidad no es la competente para conocer de las pretensiones formuladas por el accionante y tampoco ha vulnerado ni amenazado vulnerar derechos fundamental alguno, pues no ejecuta ni ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre la materia (folios 140 a 148 c. o. primera instancia). 7.- El gerente de la Empresa Constructora de Vivienda de TunjaECOVIVIENDA, en su condición de representante legal dio respuesta a la tutela, indicando que se oponía a todas y cada una de las pretensiones de la accionante por carecer de fundamento fáctico y jurídico, por cuanto la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones que le corresponden dentro de la Unión Temporal conformada.

Señaló que al respecto existía un antecedente de fallo de tutela dentro del radicado No. 2013-0042-01 sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, despacho el cual revocó la decisión de primera instancia por cuanto era clara la existencia de otro medio de defensa judicial, como ocurre en el presente caso (folios 151 a 166 c. o. primera instancia). PROVIDENCIA IMPUGNADA La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, a través de fallo del 24 de enero de 2014, declaró improcedente la petición de amparo promovida por la señora ROSA ELVIRA RUIZ CORREDOR, aduciendo que conforme a la prueba aportada se evidenciaba que la accionante había celebrado contrato de promesa de compraventa con la constructora IBH y posteriormente suscribió una cláusula adicional ampliando el plazo para la entrega del inmueble con el que resultó favorecida, pero igualmente obra el adicional No. 3 del contrato de Unión Temporal de la Estancia El Roble del 15 de octubre de 2013, consignándose en la cláusula tercera que el tiempo de adición es hasta el 8 de diciembre de 2014, pero el constructor tendrá hasta el 8 de octubre de 2014 para la entrega total de las viviendas. Agregó que dentro del expediente obra la presentación del cronograma para la terminación de obras en los proyectos Torres del Parque y Estancia El Roble, donde se aprecia que la entrega del inmueble con el cual fue favorecida la actora está programada para el día 11 de junio de 2014, por lo

tanto si ésta considera que ha existido incumplimiento de parte de los accionados, debe acudir a la Jurisdicción Ordinaria a dirimir dicha controversia (folios 253 a 266 c. o. primera instancia). FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN La accionante a través de escrito signado 30 de enero de 2014, impugnó el fallo de instancia, argumentando que el hecho de que existan fechas fijadas no significa que los inmuebles estén listos en el tiempo establecido; además, por dicho incumplimiento ha tenido que pagar arriendo durante más de tres años, incomodando a su familia con los constantes trasteos y nunca le han señalado una fecha creíble para la entrega del apartamento. En cuanto a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, indicó que ella es una persona de escasos recursos que no puede continuar en el limbo, estima que el Juez Constitucional de primera instancia no hizo uso de todas las facultades que tiene para hacer efectiva la entrega de su inmueble, pues no apreció el contexto real de su situación y dio total credibilidad a las entidades que por varios años le han mentido y abusado de su condición de desconocimiento del ordenamiento jurídico y de la necesidad de una vivienda para sus hijos (folios 276 a 278 c. o. primera instancia). CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos

por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país. El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso segundo: “El Juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)” Test de Procedibilidad Cabe recordar cómo la acción de tutela es un procedimiento especial y excepcional de naturaleza constitucional, cuyo objeto de protección son los derechos fundamentales de las personas, con reconocidas características de informalidad, brevedad, residualidad y subsidiariedad, entre otras. Desde luego que tratándose de una acción jurisdiccional y no obstante su anunciada característica informal, ello no comporta que no cuente con unas reglas mínimas de debido proceso y de exigencias procesales que la ordenen, viabilicen, hagan operante y ofrezcan algunas pautas que brinden seguridad jurídica a todos los asociados, pero igualmente a los propios jueces de los derechos fundamentales. Así entonces, la teoría general del proceso históricamente ha diferenciado los presupuestos procesales de los presupuestos de la acción, entendiéndose aquellos como los que permiten que formalmente se trabe una relación jurídico procesal de modo que el asunto pueda culminar con una decisión estimatoria o desestimatoria de las pretensiones, y en ningún caso, con una decisión inhibitoria. Tales presupuestos tienen que ver con aspectos como la jurisdicción y

competencia, legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva, procedimiento, requisitos especiales de procedibilidad, demanda en forma, etc., los que normalmente se verifican al momento de evaluar la admisión de las demandas y se debaten por la vía de las excepciones previas, muchas de las cuales dan lugar a una terminación anticipada del proceso, o a que este ni siquiera se inicie, por lo que igualmente el asunto de fondo no se entra a analizar. De otra parte, los presupuestos de la acción, dicen relación a aquellos aspectos que deben probarse en cada asunto litigioso a efectos de que prosperen las pretensiones: sobre ellos versan los estadios probatorios, y se determinan en la sentencia de mérito, donde se declara el derecho pretendido en la demanda, o en su defecto, la prosperidad de las excepciones de mérito que dan al traste con los petitums de la parte actora. Desde luego, igual que en la teoría general del proceso, en materia de tutela la ausencia de cualquiera de los presupuestos procesales no sólo aconseja, sino impone no abordar el estudio del fondo del asunto, pues sería tanto como que un juez incompetente para conocer un determinado proceso, aun así realice apreciaciones sobre el tema debatido, o haga lo propio a pesar de considerar que la litis no se trabó en debida forma, bien por falta de legitimación del actor o demandante, bien por falta de legitimación de la persona demandada. Es por ello, que el juez de tutela debe analizar ponderadamente si la acción constitucional impetrada cumple con los requisitos genéricos de procedibilidad, estando con ello obligado en primer lugar a evaluar la

procedencia, pertinencia, oportunidad e inmediatez de la acción, exigencias sustanciales que de no ser satisfechas impiden la valoración de fondo por parte del funcionario judicial. Como viene de señalarse, la accionante pretende a través de la presente acción de tutela que se protejan sus derechos fundamentales a una vivienda digna, en conexidad con el de vida digna, mínimo vital, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y honra, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Tunja, ECOVIVIENDA y la Unión Temporal Estancia El Roble, por cuanto el Municipio de Tunja junto con la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Vivienda, promovieron la construcción del proyecto de vivienda de interés social El Roble, para tal efecto se conformó la Unión Temporal la Estancia El Roble y en desarrollo del mencionado proyecto fue seleccionada en el sorteo de los subsidios de vivienda, firmando promesa de compraventa para hacerse acreedora a uno de los apartamentos el 27 de mayo de 2010, en dicho documento se estableció el 27 de mayo de 2011 como fecha de entrega del inmueble, después mediante documento modificatorio se estableció nueva fecha de entrega, 30 de noviembre de 2013 y por último se señaló que el plazo sería el 8 de octubre de 2014. Esta Corporación, una vez analizado el acervo probatorio allegado al plenario colige sin dubitación alguna que la petente de amparo cuenta con otro mecanismo judicial para hacer efetiva su pretensión, específicamente lo realcionado con la ejecución de la promesa de contrato de compreventa que suscribió, pues de acuerdo con las características de la reclamación, para la

Sala es evidente que la accionante debe acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa donde puede plantear los motivos de disenso respecto al mencionado contrato. En igual sentido y en forma paralela al ejercicio de la demanda administrativa, el legislador ofrece al afectado la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo, mecanismo que permite enervar la fuerza ejecutoria del acto mientras la Jurisdicción Contenciosa resuelve de manera definitiva sobre la legalidad del mismo. Así, se tiene que el artículo 238 de la Carta Política prevé: “Art. 238. La Jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”. Sobre la improcedencia de la tutela por existencia de otro mecanismo judicial, la Corte Constitucional en sentencia T-023 de 2011, Magistrado ponente doctor LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, enunció: Reiteración de jurisprudencia. La procedencia de acción de tutela ante existencia de otro medio de defensa judicial.

3. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela procederá siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

4. Al respecto, esta Corporación ha señalado lo siguiente: “Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples

oportunidades3 que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta4. En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales. Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela. En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio 3 Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un

perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C1225 de 2004, MP Manuel José Cepeda Espinosa; SU1070 de 2003, MP Jaime Córdoba Triviño; SU – 544 de 2001 MP Eduardo Montealegre Lynett; T – 1670 de 2000 MP Carlos Gaviria Díaz, y desde luego la T – 225 de 1993 en la cual se sentaron las primeras directrices sobre la materia, que en esencia han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. 4 Cfr. T803 de 2002 MP Álvaro Tafur Galvis. irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”5 En virtud de lo anterior, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela es improcedente, salvo que se configure un perjuicio irremediable lo que la haría procedente como mecanismo transitorio6 o que el otro medio de defensa judicial no resulte idóneo ni eficaz para la protección de derechos fundamentales, evento en el cual la tutela procedería como mecanismo principal7.

5. En suma, en atención al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, corresponde al juez constitucional determinar la procedencia de aquella bien sea como mecanismo principal o transitorio, valorando la idoneidad y eficacia del otro medio de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable.

En consecuencia, la acción de tutela no puede entrar a desplazar los mecanismos ordinarios de defensa diseñados por el legislador, siendo ello razón suficiente para indicar que este Juez de tutela se halla en imposibilidad de acceder a las pretensiones de la parte accionante, en la medida que no

puede desplazar al Juez natural, pues los medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. 5 Sentencia T-972/05. 6 Al respecto, la sentencia SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiteró: “La posibilidad de dar trámite a una petición de tutela como mecanismo transitorio exige, por una parte, (i) demostrar que es inminente un perjuicio irremediable para el derecho fundamental y, por la otra, (ii) que existe otro mecanismo de defensa judicial al que se puede acudir para decidir con carácter definitivo la controversia planteada en sede de tutela.” 7 En el mismo sentido puede consultarse la sentencia T-072 de 2008, en la que se precisó: “Para determinar si la acción de tutela es procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales. Adicionalmente, en relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela. Basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio” Luego para el caso particular analizado es improcedente el amparo

constitucional que se solicita, por cuanto, como se plasmó en precedencia tratándose de asuntos relativos al desarrollo y ejecución de una promesa de contrato de compraventa celebrado con la Unión Temporal la Estancia del Roble, empresa autorizada legalmente por el Municipio de Tunja en relación a personas que fueron beneficiarias del subsidio familiar de vivienda otorgado mediante convenio interinstitucional firmado entre el Alcalde Mayor de Tunja y el Departamento de Boyacá, se debe acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, relevando al Juez Constitucional de inmiscuirse en las decisiones que competen a otras autoridades y descansan sobre la presunción de legalidad. Como reiteradamente lo ha enunciado la Corte Constitucional, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dichala acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Aunado a lo anterior, debe la Sala señalar que el artículo 86 de la Carta Política determina que la acción de tutela “(…) sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. El artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela no procederá, “(…) cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Por su parte, la Corte Constitucional, desde las sentencias iniciales, ha señalado que: “(…) La acción de tutela no puede concebirse ni utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la Constitución y en las leyes de la República, ni como proceso alternativo que el interesado pueda escoger a cambio de los ordinarios o especiales, también establecidos para administrar justicia y para hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta Política (…)”8 . Y en cuanto al principio de residualidad o subsidiariedad, ha puntualizado que: “(…) la acción de tutela no es el medio judicial procedente para obtener la satisfacción de una pretensión que bien puede lograrse a través del ejercicio de las acciones ordinarias consagradas en la legislación vigente. De ahí que la doctrina y la jurisprudencia constitucional hayan establecido que la subsidiariedad es una de las principales características de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si una persona cuyos derechos fundamentales se encuentran presuntamente vulnerados o amenazados y existen a su alcance las acciones pertinentes para acudir a la justicia ordinaria e invocar su protección, la acción de tutela debe resultar improcedente (…)”9. (sfdt) Modulando los contenidos teleológicos del amparo constitucional, cabe recordar que en los casos en los cuales exista un perjuicio irremediable, la tutela resulta procedente y habilita al juez constitucional para suspender la

vulneración, lo que no ocurre en este evento, por cuanto, dentro del 8 Corte Constitucional. Sentencia T-405/92 9 Corte Constitucional. Sentencia T415/95 expediente no hay prueba en relación a la evidencia de perjuicio irremediable que haga procedente el estudio de fondo de las pretensiones del petente de amparo. En este orden de ideas, resulta imperativo para Corporación CONFIRMAR la sentencia impugnada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, por medio de la cual se declaró IMPROCEDENTE la tutela de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la accionante ROSA ELVIRA RUIZ CORREDOR En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 24 de enero de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, a través de la cual declaró IMPROCEDENTE la tutela de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la ciudadana ROSA ELVIRA RUIZ CORREDOR, dentro de la acción de tutela instaurada contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Tunja, ECOVIVIENDA y la Unión Temporal Estancia El Roble, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: POR SECRETARÍA NOTIFICAR la presente providencia como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto

306 de 1992.

TERCERO: REMITIR en su oportunidad la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidenta Vicepresidente

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrado Magistrada

ANGELINO LIZCANO RIVERA NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO

Magistrado Magistrado

WILSON RUIZ OREJUELA

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA Rad. 150011102000201400002 01

Aprobada según Acta de Sala Nº 26 del 09 de abril de 2014

Mag. Ponente: Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Con el respeto de siempre, la suscrita advierte la necesidad de salvar parcialmente el voto en la decisión aprobada por la mayoría de la Sala, a través de la cual se resolvió confirmar el fallo del 24 de enero de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, donde se dispuso declarar improcedente el amparo a los derechos fundamentales invocados por la señora Rosa Elvira Ruiz

Corredor. El motivo por el cual me aparto parcialmente de la decisión objeto de estudio, obedece a que en el texto de tutela también se invocó la vulneración del

derecho a la igualdad, y nada se dijo respecto a ese juicio comparativo deprecado, es decir, adolece la providencia de un pronunciamiento de fondo sobre si hay lugar o no a la protección invocada en torno a ese derecho fundamental. Ocurre entonces, que dicha pretensión en concreto se encuentra en estado de indefinición por esta instancia, circunstancia de relevante importancia sí se tiene en cuenta que el mencionado derecho –el de la igualdadsólo es susceptible de defensa a través de este mecanismo constitucional, y que la informalidad es una característica propia de la presente acción pública, pues además de la relevancia de los derechos amparados por ésta, el superior no se encuentra limitado a lo estrictamente señalado en el memorial de impugnación, dada su labor de juez garante. Es más, en tratándose del amparo al derecho fundamental de la igualdad se pronunció la Corte Constitucional de la siguiente manera: “Uno de los “fines esenciales del Estado” es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2°, CP). Así pues, el derecho fundamental a la igualdad de protección implica al Estado “adoptar las medidas necesarias” para asegurar materialmente el goce efectivo de los derechos. Esto es, acciones sustanciales y positivas orientadas a que toda persona reciba la misma protección de las “autoridades”, según el texto constitucional (art. 13), que no distingue entre autoridades públicas, civiles, militares, judiciales o de cualquier otra naturaleza, como la legislativa. (…) La igual protección se logra mediante acciones fácticas y jurídicas del Estado, no mediante abstenciones. Además la igual

protección que está constitucionalmente ordenada, por su carácter material, varía a medida qu