CSDJ - F17001110200020120027802ADJUNTA20150220091418-2015

República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) ABOGADO EN CONSULTA CONSULTA SENTENCIA / Sanciona suspensión de doce (12) meses y multa. FALTAS A LA HONRADEZ DEL ABOGADO / Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas. El cobro de gastos o expensas irreales está circunscrito a los medios económicos necesarios en procura de lograr el buen desarrollo de la gestión encomendada, para lo cual el mandante los entrega por virtud de la confianza depositada en su mandatario; por ello, el juicio de reproche ético surge cuando del aprovechamiento de esa confianza, transgrede el deber de honradez profesional a que está obligado el togado, y miente sobre el verdadero alcance y destino de la exigencia dineraria, anteponiendo una apariencia de realidad que no tiene.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) Aprobado según Acta de Sala No. 10 República de Colombia Rama Judicial

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ABOGADO EN CONSULTA ASUNTO Procede la Sala a conocer en grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida el 29 de agosto de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, con ponencia del Magistrado JOSÉ RICARDO ROMERO CAMARGO1, mediante la cual sancionó al abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ con suspensión de ocho (8) meses en el ejercicio de la profesión, y multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 35 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, a la vez que lo absolvió de las faltas previstas en los artículos 33 numeral 9, 35 numeral 4 y 37 numeral 1 ibídem. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- Mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2012, la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, formuló queja disciplinaria contra el abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, por los siguientes hechos:  Señaló la quejosa que el abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, en el año 2010, le propuso como negocio “comprar pleitos” en los

Juzgados, y las ganancias las repartirían en partes iguales, debiendo el jurista denunciado aportar una suma igual; para tal efecto le entregó la 1 En Sala Dual con el H. Magistrado MIGUEL ÁNGEL BARRERA NÚÑEZ. República de Colombia Rama Judicial

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de Fuego, señalando que el profesional del derecho le solicitó inicialmente trescientos mil pesos ($300.000), para ir a consultar a un abogado a la ciudad de Armenia – Quindío, y posteriormente le exigió otras sumas de dinero, aproximadamente un millón quinientos mil pesos ($1’500.000), garantizándole la libertad de su familiar a más tardar en diciembre de 2010, lo cual nunca sucedió. República de Colombia Rama Judicial

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Calificación Provisional con la presencia del disciplinado y la quejosa, en la cual se desarrollaron las siguientes actuaciones: 3.1.- Se dio lectura al escrito de queja por el titular del Despacho instructor. 3.2.- El investigado rindió versión libre, indicando haber conocido a la quejosa en el mes de mayo de 2010, estableciéndose entre ellos una relación de amistad y “consejería” pero no profesional. Explicó que las únicas negociaciones realizadas con la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, se relacionaron con un préstamo de dinero por ella República de Colombia Rama Judicial

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Agregó que representó al señor DIEGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, en la Audiencia de Individualización de la Pena y Lectura de Sentencia, realizada el 25 de agosto de 2010, por solicitud de la quejosa; afirmó que contrario a lo esperado por el investigado y la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, el Juez Penal negó la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Relató además, que interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, la cual debía sustentar por escrito, pero luego de hablar con su prohijado y la quejosa, tomaron la decisión de desistir del recurso. Al ser interrogado por el funcionario de instrucción, éste manifestó no ser cierto que le hubiera sugerido a la querellante la “compra de pleitos” (cd. Record 28:43, audiencia celebrada 19 de junio de 2012) pues en el ejercicio República de Colombia Rama Judicial

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perjuicio causado por la mora, le firmó una letra por valor de cinco millones de pesos ($5’000.000) esperando se le reintegrara el título valor – letra de cambio - entregada con anterioridad por valor de tres millones quinientos mil pesos ($3’500.000), lo cual no sucedió; finalmente precisó no haber cancelado aun dicha obligación. Adujo que los honorarios del proceso penal los pactó con la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, cobrando por asistir a la audiencia quinientos mil pesos ($500.000); negó el hecho de haberle pedido a la quejosa la suma de trecientos mil pesos ($300.000), para consultar otro abogado en la ciudad de Armenia, y tampoco era cierto que ella le hubiera entregado por adelantar dicho caso un millón quinientos mil pesos ($1’500.000). Negó el investigado, haberle asegurado a la querellante que su hermano recobraría la libertad para diciembre de 2010, pues en septiembre de ese año ya se encontraba en firme la sentencia en la cual se negó todo beneficio en favor del sindicado; asimismo, descartó haberse comprometido a devolver el dinero entregado por concepto de honorarios. 3.3.- Al intervenir la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, amplió y República de Colombia Rama Judicial

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señalando que después de entablar una amistad con el investigado, éste le propuso un negocio, consistente en comprar los derechos litigiosos en procesos adelantados en los Juzgados, por lo cual obtendrían unas ganancias en poco tiempo, y donde cada uno debía aportar doscientos ochenta mil pesos ($280.000); afirmó que el inculpado le giró una letra de cambio, como respaldo al capital aportado, la cual se le extravió el mismo día de su creación. Reiteró la querellante, que posteriormente el disciplinable le comentó sobre otro negocio donde cada uno debía aportar un millón de pesos ($1’000.000), entregando ella su parte y prestándole el millón de pesos ($1’000.000), al letrado inculpado, y donde se obtendría una utilidad de tres millones cien mil pesos ($3’100.000), para tal efecto el investigado le firmó una letra por ese valor; negó que la entrega del dinero correspondía a un préstamo para pagar la matrícula y mensualidad del Semanario Mayor donde estudiaba el jurista; concluyó resaltando, que el inculpado nunca le devolvió ni el dinero ni las utilidades. Señaló haber llamado al profesional del derecho para asumir la defensa de su hermano DIEGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, para lo cual le entregó la suma de tres millones de pesos ($3’000.000) de honorarios, pero pasaron los días y el litigante YEPES GONZÁLEZ, no realizó actuación alguna, hasta el 25 de agosto de 2010, fecha en la cual se realizó la Audiencia donde condenaron a su familiar, pero los presentes en la diligencia, le contaron sobre la

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donde ellos aportaban un dinero y posteriormente les generaban unas ganancias. Además, sabía que el letrado investigado actuaba como defensor en el caso del hermano de la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, pero no sabía República de Colombia Rama Judicial

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2010 (fl. 32 c.1ª instancia). 5.- El Rector del Seminario Mayor Arquidiocesano Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Manizales, en escrito adiado 6 de julio de 2012, certificó que el abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, se matriculó en el Seminario en el mes de enero de 2010 y se retiró, por voluntad propia, el 20 de septiembre siguiente. (fl.37 c.1ª Instancia). 6.- A través del oficio No. 1010 del 18 de julio de 2012, el Juzgado Segundo República de Colombia Rama Judicial

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dio traslado al disciplinable, se dejó constancia que uno de los documentos allegados por parte del Seminario Mayor Nuestra Señora del Rosario, debía ser ampliado por tanto se ordenó oficiar nuevamente. Seguidamente se continuó con la práctica de pruebas, en tal sentido se escuchó en declaración al señor CARLOS ALBEIRO CASTAÑO, quien manifestó conocer a la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, así como al abogado investigado; refirió haberse enterado por comentarios, que el togado YEPES GONZÁLEZ, asistió a la quejosa en una situación legal de un hermano, el señor DIEGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. En relación a la compra de derechos litigiosos, afirmó no tener conocimiento exacto de lo sucedido, simplemente, la quejosa le comentaba que tenía algunos negocios con el profesional del derecho, los cuales consistían en la compra de unos “pleitos” y “cosas de secuestres” en los Juzgados. Aseguró no tener conocimiento del dinero que se entregó al inculpado, y República de Colombia Rama Judicial

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ÁLVAREZ.

En cuanto al proceso penal del hermano de la quejosa, indicó que el abogado YEPES GONZÁLEZ, lo asistió en principio, pero fue condenado, y como el litigante se desapareció, la quejosa debió contratar a otro profesional del derecho, pero no tenía conocimiento de los dineros entregados en ese caso. El Magistrado de instancia ordenó citar al señor DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ ÁLVAREZ, para recibir su testimonio, razón por la cual se suspendió la diligencia (fl. 44 c. 1ª instancia y grabación). 8.- A la sesión de la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, realizada el 21 de agosto de 2012, comparecieron la quejosa y el abogado disciplinable; en el desarrollo de la diligencia, se recibió testimonio del señor DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ ÁLVAREZ, quien indicó ser hermano de la quejosa y haber conocido al inculpado en el negocio de compraventa de su hermana, donde se enteró que era abogado y por ello lo contrataron para asumir su defensa porque fue acusado de un delito. Precisó el deponente, que el letrado encartado lo asistió en el proceso penal seguido en su contra, únicamente a una audiencia, la realizada el 25 de agosto de 2010, donde fue condenado a pena de prisión por el delito de Porte Ilegal de Armas; aclaró que inicialmente el caso fue asignado a un República de Colombia Rama Judicial

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M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) ABOGADO EN CONSULTA defensor de oficio y luego solicitaron la ayuda del jurista ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, quien omitió impetrar el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, no obstante comprometerse a ello, el mismo día de la diligencia, por ello contrataron a otro profesional del derecho. Manifestó que fue AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, quien contrató al abogado YEPES GONZÁLEZ, por tanto, no tenía conocimiento de cuánto cobró éste por concepto de honorarios; su hermana le comentaba que el letrado investigado estaba trabajando en el proceso, por eso tenía necesidad de viajar a la ciudad de Pereira o Armenia, para efectos de comprar un brazalete, y así concedérsele la casa por cárcel y para ello le había dado dinero, pero no tenía certeza de cuánto; afirmó que tuvo conocimiento referente a que al inculpado se le entregó algunos rubros para comprar unos “derechos” dentro de procesos que cursaban en los Juzgados. 8.1.- Seguidamente se dio lectura por el Director del Proceso a una prueba documental allegada al expediente por parte del Seminario Mayor Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Manizales, y se le corrió traslado al abogado, la cual fue incorporada posteriormente al expediente. 8.2.- Una vez evacuadas todas las pruebas y previo análisis de las mismas, el Magistrado de instancia, procedió a realizar la calificación jurídica provisional de la actuación indicando textualmente:

“(…) la acusación del pliego de cargos gira en relación con las siguientes República de Colombia Rama Judicial

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particular de su desarrollo profesional en el tema propio del señor González Álvarez, en ese proceso penal que cursó ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en este sentido frente a esa actuación este funcionario considera que hay una falta a la honradez, artículo 35 numeral 3° de la Ley 1123 de 2007 (…), es decir cuando el abogado está haciendo esa exigencia de dineros irreales, por ejemplo para disque consultar un abogado en la ciudad de Armenia, que él mismo desmiente, dice que eso no es cierto, y el otro que tiene que ver con un gasto o expensa ilícito, ilegal, que tiene que ver con pedir unos dineros en favor del Juez o para como lo dice República de Colombia Rama Judicial

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) ABOGADO EN CONSULTA para este doctor Julián que es el Juez de Ejecución de Penas, esta Sala considera, pues que estos pedimentos se enmarcan en este tipo disciplinario, que tiene que ver con pedir dineros irreales y además pedir dineros para gastos que son ilegales o ilícitos, que tienen o guardan relación con esa situación. En relación con el tema de la apelación, en relación con la circunstancia que el doctor se había comprometido con su cliente en el tema propio de la apelación, pues en este momento esta Sala considera que efectivamente se produjo la sentencia, que se produjo la decisión y que el abogado no apeló la decisión en el tema propio de lo que se pretendía para ese momento procesal, que era

la obtención de la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria, en ese sentido si el abogado no apeló está decisión pues estaría incurriendo en una falta de diligencia, (…) contenida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007”. (Sic para lo transcrito) (fls. 51 y 52 c. 1ª Instancia y grabación). Por lo anterior, el funcionario de instrucción formuló pliego de cargos contra el letrado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, por la presunta incursión en las faltas descritas en los artículos 33 numeral 9, 35 numerales 3 y 4, a título de dolo y 37 numeral 1, a título de culpa. 8.3.- A continuación, el Director del proceso concedió el uso de la palabra al disciplinable para que solicitara pruebas, quién no hizo uso de tal facultad. Así mismo, le otorgó la palabra a la quejosa quien solicitó como pruebas dos testimonios los cuales fueron decretados y se ordenó de oficio el testimonio República de Colombia Rama Judicial

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(fls. 51 y 52 c. 1ª instancia y grabación) 9.- Ante la no comparecencia del investigado a la Audiencia de Juzgamiento programada, previo emplazamiento, el a quo, en auto del 27 de septiembre de 2012, le designó como defensor de oficio al abogado GERÓNIMO ARIAS GONZÁLEZ (fls. 58-65 c.1ª Instancia). 10.- El día 16 de noviembre de 2012, se llevó a cabo Audiencia de Juzgamiento, a la cual compareció la quejosa y el doctor GERÓNIMO ARIAS GONZÁLEZ a quien se le tomó posesión del cargo de defensor de oficio del disciplinado. 10.1.- Se continuó con la práctica de pruebas, recibiendo testimonio del doctor JULIÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, Ex Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, quien aseguró no conocer al abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, ni tampoco recordar haber tenido en su Despacho un proceso adelantado contra el señor DIEGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. 10.2.- Al rendir testimonio la señora ELIZABETH ROBAYO GÓMEZ, manifestó conocer al togado investigado por intermedio de la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, la cual era su amiga desde varios años República de Colombia Rama Judicial

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Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) ABOGADO EN CONSULTA atrás, y quien le comentó que tenía algunos negocios con el abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, para comprar pleitos en los Juzgados, para lo cual le había entregado la suma de cinco millones de pesos ($5’000.000). Afirmó la declarante, que algunas ocasiones, en el local comercial de la quejosa, escuchó al letrado YEPES GONZÁLEZ, pedirle dinero a la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, para invitar a tomar onces a un Juez de nombre JULIÁN, quien al parecer llevaba el proceso penal del señor DIEGO

GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

Al ser interrogada, indicó que en una sola oportunidad vio cuando la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, le entregó un dinero al jurista YEPES GONZÁLEZ, para ir a tomar onces con el doctor JULIÁN. Aseguró que la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, le entregó dineros al profesional del derecho y a pesar de insistirle en su devolución éste nunca lo hizo. 10.3.- La señora ADRIANA LUCÍA PULGARÍN, indicó conocer al investigado por una misión de evangelización, donde conocieron a la quejosa, y sabía que entre ella y el togado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, existió una relación contractual, por un problema legal del hermano de la señora AMPARO, pues ésta le comentó que el abogado los ayudaría y en poco tiempo el señor DIEGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, estaría fuera de la cárcel y

de ahí no supo más del caso. República de Colombia Rama Judicial

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alegatos de conclusión, indicando que en la etapa de investigación y juicio siempre se acusó al abogado ABELARDO YEPES GONZÁLEZ, de realizar actuaciones fraudulentas las cuales a su criterio no habían sido demostradas, bajo las afirmaciones plasmadas en la queja. República de Colombia Rama Judicial

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) ABOGADO EN CONSULTA Adujo que las supuestas actuaciones de su defendido se habían iniciado en un ofrecimiento de negocios, específicamente comprar derechos litigiosos de procesos adelantados en los Juzgados, en tal sentido se generó una confianza con su defendido por parte de la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, la cual desligó ese actuar del litigante, es decir que dicho comportamiento no cumplía con una relación cliente - abogado, siendo otro tipo de relación como de amistad. Agregó que lo evidenciado en el dossier era unos préstamos de dineros por la señora AMPARO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, los cuales en nada se relacionaban con el ejercicio profesional por parte del jurista YEPES

GONZÁLEZ.

Respecto a la defensa realizada por el disciplinable en representación del señor DIEGO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, indicó que el actuar de éste dentro de dicho proceso penal se enmarcó directamente en la individualización de la pena y la lectura de la sentencia, resaltando que la profesión de abogado era

de medio y no de resultado, no lográndose probar un ofrecimiento o una situación que generara una credibilidad plena, en cuanto a que el proceso iba a salir de una forma u otra, considerando que los cargos endilgados a su defendido no fueron demostrados, y no se enmarcaban dentro de los parámetros establecidos en la Ley 1123 de 2007, por cuanto si bien podían existir actuaciones inapropiadas o situaciones afirmadas en las declaraciones de los testigos y la quejosa, los mismos debían ser objeto de investigación por otras entidades, quedando demostrado que no existió una actuación u República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 170011102000201200278 02 (10040-21) ABOGADO EN CONSULTA omisión por parte de su prohijado la cual le pudiera implicar una sanción bajo los parámetros de la Ley disciplinaria. Finalmente el Operador Judicial de instancia, dio por concluida la diligencia, disponiendo a la vez, que la actuación pasaría al Despacho para proferir dentro de los cinco días siguientes el fallo correspondiente (fl. 79 c.1ª instancia y grabación). 12.- Mediante providencia aprobada