CSDJ - F23001110200020130002402ADJUNTA20150205112104-2015

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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Bogotá, D. C., 04 de febrero de 2015 Aprobado según Acta No. 007 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 230011102000201300024 02

Referencia: Incidente de Desacato – Consulta.

Accionante: Miladys del Carmen Hernández Ramos.

Accionado: Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES.

Primera Declara procedente el incidente de Desacato y Instancia: sanciona con 5 días de arresto y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Decisión: Decreta Nulidad.

ASUNTO A TRATAR Negado el impedimento manifestado por la H. Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez1, procedería la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre la determinación adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba2, el 3 de diciembre de 2014, a través de la cual resolvió declarar procedente el incidente de desacato, promovido por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, e imponer sanción de 5 días de arresto y multa de 5 “salarios mínimos mensuales legales vigentes”, al doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ

en su condición de Presidente de COLPENSIONES, y a su vez ordenó al prenombrado, “suspender del ejercicio del cargo a la Dra. ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Gerente Nacional de Reconocimiento de la misma”, de no ser porque se observa 1 En Sala de la fecha. 2 Magistrados RAMÓN DE JESÚS JÁLLER DUMAR (Ponente) y MIGUEL ALFONSO MERCADO

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO una causal de nulidad que afecta el debido proceso y el derecho de defensa de los sancionados. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL La señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS, a través de apoderado, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales “a la igualdad objetiva – trato igual en casos iguales dignidad humana, debido proceso por vía de hecho administrativo, derechos adquiridos al régimen de transición y seguridad social”, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, y se ordene a la “entidad COLPENSIONES representada por su gerente Nacional de Reconocimiento doctora ISABEL CRISTINA MARTINEZ MENDOZA que en un término que no exceda de 48 horas contados a partir de la notificación del fallo se sirva expedir una nueva resolución donde reconozca la pensión de

jubilación de la accionante conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1.971 por tener derecho al régimen de transición e incluya todos los factores salariales devengados en el último año de servicio por la accionante como funcionario de la Procuraduría General de la Nación” (Sic a lo transcrito) (fl. 1 cdno. incidente). Sentencia de Tutela. El día 1 de octubre de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba3, resolvió: “Tutelar los derechos fundamentales al principio y derecho a la igualdad dignidad humana, petición, debido proceso por vía de hecho administrativo, derechos adquiridos al régimen de transición y seguridad social de la doctora MILADYS DEL CARMEN HERNANDEZ RAMOS identificada con la cédula de ciudadanía 22.433.621 de Barranquilla; en consecuencia ORDENAR al representante Legal de la entidad ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONESque en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia proceda a expedir un nuevo acto administrativo en el que resuelva la solicitud de la pensión de jubilación realizada por la doctora MILADYS DEL CARMEN HERNANDEZ RAMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, tal y como está expresado en las motivaciones precedentes. Ofíciese”. (fls. 2 a 22 cdno. incidente). 3 Magistrados RAMÓN DE JESÚS JÁLLER DUMAR (Ponente) y MIGUEL ALFONSO MERCADO

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO No siendo objeto de impugnación la decisión antes traída, la actora –MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS, el día 27 de noviembre de 2013, impetró a través de su mandatario, incidente de desacato al considerar que la entidad accionada no había dado cumplimiento al fallo fechado 1 de octubre de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, dictado bajo a ponencia del Magistrado RAMÓN DE JESÚS JÁLLER DUMAR. (fl. 1 cdno. incidente) Del trámite dado al incidente impetrado por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS. Por auto del 2 de diciembre de 2013, el Magistrado A quo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, ordenó iniciar el trámite incidental de desacato de conformidad con lo regulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil y simultáneamente la verificación del cumplimiento del fallo de tutela, librando en consecuencia las comunicaciones de rigor y corriendo traslado a la “Gerente Nacional de COLPENSIONES” por el término de 3 días. (fl. 24 cdno.

incidente). A través de providencia calendada 29 de enero de 2014, el Magistrado de instancia resolvió decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 2 de diciembre de 2013, por cuanto “se percata el Despacho que se omitió notificar personalmente a la Gerente de reconocimiento de pensiones en la ciudad de Bogotá –Cundinamarca del inicio del incidente de desacato el cual fue notificado únicamente en la oficina que COLPENSIONES tiene en esta ciudad, tal como se observa en el plenario. Por consiguiente no se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, constituyéndose así una nulidad insaneable” (Sic), por lo que así, ordeno requerir “al Representante Legal de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES LA CIUDAD DE BOGOTÁ, para que cumpla o haga cumplir, si aún no lo ha hecho, la orden impartida”, comisionando “al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA en la ciudad de BOGOTÁ para que notifique personalmente al representante legal de

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES en la ciudad de BOGOTÁ del presente trámite incidental”. (fls 26 a 32 cdno. incidente). Por auto adiado 24 de febrero de 2014, el Magistrado A quo consideró necesario

“antes de entrar a decidir el presente trámite incidental, abrirlo a pruebas por el término de diez (10) días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil”, ordenando oficiar al Presidente de COLPENSIONES, “Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ en la ciudad de Bogotá, para que remita u ordene remitir copia de la documentación que demuestre que lo dispuesto en el fallo de tutela (…) ha sido cumplido, de lo contrario, manifieste los motivos por los cuales no lo ha hecho”. (fls. 40 y 41 cdno. incidente). La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante proveído fechado 7 de mayo de 2014 resolvió sancionar con 5 días de arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ en su condición de Presidente de COLPENSIONES, y a su vez ordenó al prenombrado, “suspender del ejercicio del cargo a la Dra. ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Gerente Nacional de Reconocimiento de la misma”, argumentando que COLPENSIONES no tuvo intención de cumplir con la orden de tutela impartida por esa Seccional el día 1 de octubre de 2013, ya que hizo caso omiso al requerimiento y tampoco se pronunció en la etapa probatorio del incidente de desacato. (fls. 76 a 83 cdno. incidente). Esta Superioridad en primer conocimiento de dicha sanción en grado jurisdiccional de consulta, a través de proveído fechado 18 de junio de 2014, dado en Sala No. 046 de

esa misma calenda, resolvió “ANULAR la actuación surtida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, dentro del incidente de desacato promovido por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS a través de apoderado contra COLPENSIONES, a partir del auto del auto del 2 de diciembre de 2013, inclusive, por cuyo medio se dispuso su apertura”, por haberse vulnerado el debido proceso, encontrándose

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO demostrado que ni al doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ en su condición Presidente de COLPENSIONES, ni a la doctora ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Gerente Nacional de Reconocimiento Pensional de COLPENSIONES, quienes fueron objeto la orden de sanción, fueron notificadas personalmente del inicio del incidente de desacato, sino que simplemente se les ofició para que rindieran un informe relativo al no cumplimiento del fallo de tutela de marras. (fls. 101 a 108 cdno. incidente). Una vez las diligencias en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la Gerente Nacional de Defensa - Colpensiones, remitió oficio radicado el 6 de agosto de 2014, por medio del cual solicitó se declare que las

circunstancias que originaron la acción de tutela, se encuentran actualmente superadas, señalando que a través de Resolución VPB3222 del 5 de agosto de 20134 (cuya copia se anexó), se resolvió de fondo la petición de la accionante. (fls. 134 a 140 cdno. incidente) El Magistrado A quo, a través de proveído calendado 8 agosto de 2014, profirió auto por medio del cual ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por su Superior (fls. 141 y 142 cdno. incidente), lo que una vez comunicado, emanó auto de fecha 29 de agosto de 2014, ordenando dar trámite al escrito de desacato formulado a través de apoderado judicial por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS, corriéndosele traslado “al Presidente de COLPENSIONES, por el término de tres (3) días”. (fls. 152 y 153 cdno. incidente). Con auto de data 22 de septiembre de 2014, el Magistrado Instructor dispuso “A través de Secretaría de la Sala, oficiar a los doctores ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA – Gerente de Reconocimiento Pensional de COLPENSIONES, en esta ciudad y MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ – Presidente de la misma entidad en la ciudad de Bogotá, para que remita u ordene 4 Resolución que es la atacada vía tutela por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS.

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO remitir copia de la documentación que demuestre que los dispuesto en el fallo de tutela del 01 de octubre de 2013 que amparó los derechos de la señora MYLADIS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS, quien actúa mediante apoderado judicial (…) ha sido cumplido, de lo contrario, manifieste los motivos por los cuales no lo ha hecho” (Sic – fl. 160 cdno. incidente). Decisión de Instancia frente al incidente propuesto por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante proveído del 3 de diciembre de 2014 resolvió: “PRIMERO: SANCIONAR por desacato, al doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, Presidente de La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, o quien haga sus veces con pena de arresto de cinco (5) días, la cual ha de ser cumplida en las instalaciones del CTI en la ciudad de Bogotá, o del lugar donde se encuentre, y multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, cuenta de multas y sanciones del Banco Popular. SEGUNDO: Oficiar al doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, presidente de la Administradora Colombiana de pensiones -COLPENSIONES para que proceda a suspender del ejercicio del cargo a la doctora ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Gerente

Nacional de Reconocimiento de la misma y designe reemplazo por el término de la sanción.

TERCERO: Remítase el expediente, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que se surta la CONSULTA, la cual se hará en el efecto suspensivo. CUARTO: Comunicar a los interesados en la forma prevista en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Compúlsense copias de esta decisión y de lo actuado en el Incidente de Desacato con destino a la Fiscalía Seccional de Bogotá, conforme a lo anotado en precedencia” (Sic).

Para el efecto, indicó primigeniamente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, que “La doctora HAIDEÉ CUERVO en su calidad de Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES ha venido actuando en defensa de los intereses de COLPENSIONES en el trámite de Incidente de Desacato (…). Y de otra parte, que ninguno de los documentos aportados se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela 01 de octubre de 2013 que protegió los derechos fundamentales de la doctora MILADIS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS, pues recordemos que lo ordenado al Representante Legal de COLPENSIONES es expedir una nuevo acto administrativo

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO en el que resuelva la solicitud de la pensión de jubilación realizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1991, y aún en estos momentos no se ha obedecido lo resuelto, toda vez que la Resolución No. VPB 3222 del 15 de marzo de 2013 anexada al expediente en varias oportunidades por parte de la Gerente Nacional de Defensa Judicial de COLPENSIONES como muestra de cumplimiento del mandato en sede de tutela, solo resuelve un recurso de Apelación que fue interpuesto por la señora HERNÁNDEZ RAMOS, en donde se revoca la Resolución No. 37672 del 15 de marzo de 2013 que en principio negó la pensión de vejez” (Sic). Advirtió la Sala de instancia, obrar “dentro del expediente la notificación realizada a través de correo certificado 472 a los doctores MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ e ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Presidente y Gerente de Reconocimiento Pensional de COLPENSIONES, respectivamente, la cual fueron recibidas en la Oficina de Despacho Judiciales de COLPENSIONES. Sin embargo no participaron en el presente trámite incidental” (Sic), lo que demuestra total renuencia por parte de los dos funcionarios antes prenombrados, para cumplir con la providencia de tutela proferida por esa Seccional. Refirió la Colegiatura de primer grado, que si bien los doctores MAURICIO OLIVERA

GONZÁLEZ – Presidente de COLPENSIONES, e ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ

MENDOZA – Gerente de Reconocimiento Pensional de la misma Entidad, “no recibieron personalmente las notificaciones de la apertura del presente trámite Incidental, ello no es obstáculo para que cumplan con lo ordenado en sede de tutela, pues se itera que la doctora HAIDEE CUERVO en su calidad de Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES, se ha pronunciado en repetidas oportunidades en el presente trámite”5, siendo evidente entonces el desobedecimiento de los funcionarios para cumplir la sentencia de tutela. Expuestas las anteriores consideraciones, la Sala A quo refirió ser esas las razones suficientes para ordenar “imponer sanción por Desacato al presidente de COLPENSIONES, doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ (…), además, compulsar copias de esta decisión y de los 5 Apoyó la Sala A quo su tesis en lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia t-343 de 2011.

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO actuado en el Incidente de Desacato con destino a la Fiscalía Seccional de Bogotá, para que proceda llevar a cabo la investigación de rigor de conformidad con lo reglado por el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991”. (fls. 165 a 175 cdno. incidente).

CONSIDERACIONES Competencia. La competencia para que esta Corporación se pronuncie en sede de Consulta sobre el proveído del 3 de diciembre de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, a través de la cual resolvió procedente el incidente de desacato, promovido por la señora MILADYS DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMOS, contra la “gerente Nacional de Reconocimiento [de COLPENSIONES] doctora ISABEL CRISTINA MARTINEZ MENDOZA” (Sic), sobre quien se ordenó ser suspendida del cargo, imponiéndosele sanción de 5 días de arresto y multa de 5 días de salario mínimos mensuales legales vigentes al doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ como Presidente de la Entidad tutelada, se encuentra consagrada en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política. Naturaleza y razón de ser del desacato. Sobre la figura del desacato el Decreto 2591 de 1991 prevé: “Decreto 2591 de 1991. (…) Artículo 52.- Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en éste decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”. Es claro entonces que el Estado Social de Derecho no puede operar si las

providencias judiciales no son acatadas o, si lo son según el ánimo y la voluntad de

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO sus destinatarios. Estos no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez, ya que las razones que puedan esgrimir en contra de las sentencias las deben hacer valer a través de los recursos que el sistema jurídico consagra y no con la renuencia a ejecutar lo ordenado. La Corte Constitucional ha aclarado cuál es el fin del incidente de desacato, así: “El incidente respectivo, al que se ha referido esta Corporación en varios fallos, tiene lugar autoridad judicial con miras al amparo de los derechos fundamentales no se ha ejecutado, o se ha ejecutado de manera incompleta o tergiversando la decisión del fallador. Ese es cabalmente el punto objeto de controversia dentro del aludido procedimiento incidental, razón suficiente para considerar que no cabe al respecto una vía judicial distinta, menos aún la de una nueva acción de tutela, que por definición no procedería en cuanto se tendría al alcance del interesado otro medio -y muy eficazde defensa judicial. Pero además, admitir la posibilidad de que en un nuevo juicio de amparo volvieran a ser verificados aquellos hechos que constituyeron en su momento el motivo de decisión

plasmado en un fallo de tutela precedente, conduciría ni más ni menos a reabrir un debate ya concluido, con claro desconocimiento del principio de la cosa juzgada. No es posible, entonces, volver a plantear los fundamentos de hecho y de derecho que se examinaron en la primera tutela ni convertir el incidente de desacato en un pretexto para ello6”. En conclusión el incidente de desacato es un instrumento jurídico con el que cuentan las personas a quienes se les ha protegido un derecho fundamental por vía de tutela. Su fin último es presionar el cumplimiento inmediato de la orden impartida por el juez, con la amenaza de una sanción jurídica prevista en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, a los funcionarios o particulares accionados que hayan vulnerado o se encuentren en curso de una vulneración de derechos constitucionales fundamentales y que ante una orden de protección plasmada en una sentencia de tutela, se muestran renuentes al cumplimiento de dicha orden, que por demás es perentoria y de obligatorio cumplimiento. Atendiendo lo anterior, en el sub examine la tarea de esta Superioridad se contrae a establecer si como lo dedujo la Sala A quo, con ponencia del Magistrado RAMÓN DE JESÚS JÁLLER DUMAR, el obligado con el fallo de tutela del 1 de octubre de 2013 6 Sentencia T-088 de 1999.

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y el cual no fue impugnado, se sustrajo de manera injustificada al cumplimiento del mismo, evento en el cual se tendría que confirmar la decisión consultada, o si por el contrario, el citado, acató las ordenes contentivas en la sentencia tutelar, circunstancia que jurídicamente impondría la necesidad de revocar el proveído objeto de consulta, tarea que asume esta Corporación siguiendo los derroteros trazados por la Corte Constitucional en la sentencia T-421 de 2003, donde se precisó que: “La consulta es un grado de jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud por ninguna de las partes comprometidas en el proceso y, en ese sentido, es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica de que se trata.” En el caso de la consulta del incidente de desacato, la situación de debilidad radica en cabeza de la persona a quien se le impone la sanción de multa o privación de la libertad por el incumplimiento de la orden de tutela. Al tener como finalidad el establecer la legalidad del auto consultado, su estudio se debe limitar a esta providencia. Por tanto, en el caso de la consulta del incidente no se extiende al estudio de la legalidad de la providencia de tutela en la cual se dio la orden que se alega como incumplida”.

En efecto, al tratarse el incidente de desacato de una actuación judicial que puede terminar con la imposición de una sanción, la Corte Constitucional ha precisado la necesidad de respetar todo un sistema de garantías fundamentales a la persona a la cual se le adjudica la responsabilidad, por no haber cumplido la orden impartida por el juez de tutela, así lo afirmó en la sentencia T-459 de 2003: “El desacato no es otra cosa que el incumplimiento de una orden proferida por un juez y contenida ya sea en una sentencia o en cualquier providencia dictada en ejercicio de sus funciones y con ocasión del trámite de una acción de tutela. Dicha figura jurídica se traduce en una medida de carácter coercitivo y sancionatorio con que cuenta el juez de conocimiento de la tutela para sancionar a quien desatienda sus órdenes expedidas para proteger de manera efectiva

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO derechos fundamentales7. Tal como la Sala Plena de la Corte lo ha sostenido, ese poder conferido al juez constitucional está inmerso dentro de sus poderes disciplinarios asimilables a los que el artículo 39, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil le concede al Juez Civil, y las sanciones que imponga tienen una naturaleza correccional8. El trámite que debe adelantarse es el incidental

especial que finaliza con un auto, el que, si impone la sanción, es consultado ante el superior para que éste revise la actuación surtida por el inferior, pero, si ocurre lo contrario, allí concluye la actuación, toda vez que el legislador no previó la posibilidad de que dicho auto pueda ser susceptible de apelación. Es claro que si se impone la medida correccional, ésta no podrá hacerse efectiva hasta tanto el superior no confirme el auto consultado9. Así pues, al ser el desacato una manifestación del poder disciplinario del juez la responsabilidad de quien en él incurra es subjetiva 10 , lo que indica que no puede presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento sino que para que haya lugar a imponer la sanción se requiere comprobar la negligencia de la persona comprometida. Lo anterior es independiente de la sanción penal que por esa conducta le pueda ser atribuible al responsable y del delito de fraude a resolución judicial, al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.”. Así las cosas y atendiendo los criterios jurídicos establecidos por la jurisprudencia en cita, se puede establecer que en efecto es el incidente de desacato, el mecanismo o la herramienta idónea por medio de la cual el Estado puede determinar la responsabilidad del accionado que ha incumplido un fallo de tutela, frente a lo cual puede imponer desde la sanción de arresto hasta la multa. Pero como toda actuación en la cual se investiga la conducta de un ciudadano, a tono con lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Política11, debe respetar el debido proceso, no bastando para

esta Corporación que se demuestre el incumplimiento del fallo, sino que debe quedar 7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-188 de 2002, ya citada. 8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-092 del 26 de febrero de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). 9 Sobre este punto se pronunció la Sala Plena en la Sentencia C-243 del 30 de mayo de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al resolver una demanda instaurada contra el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y declaró inexequible la expresión “la consulta se hará en el efecto devolutivo”. 10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-763 de 1998, ya citada. 11“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso…”

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO acreditada además de la debida y necesaria diligencia de notificación personal de inicio del trámite incidental de desacato, la negligencia o decisión del accionado en no querer cumplir la orden dada. Así pues, siendo el objeto del incidente de desacato el de sancionar al responsable del incumplimiento del fallo de tutela, estando el arresto contemplado como una de las sanciones dispuestas por el Decreto 2591 de 1991 para quien incumple una orden de tutela, resalta esta Colegiatura el hecho del cual no se puede tener discusión, que el sujeto pasivo de la misma es la persona natural responsable de la inobservancia del fallo, siendo entonces solo ésta pasible del mencionado tipo de sanción corporal, no así la entidad a la cual pertenece dicho sujeto pasivo del desacato. La jurisprudencia del Consejo de Estado, así lo ha destacado: “Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino a quien ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el incidente. De ahí que no sea legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien podría tratarse de persona natural diferente al momento de decidirse o quedar en firme el auto. No se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como autoridad, cumplir la orden12”.

Por eso entonces, debe esta Superioridad iterar a la Sala A quo, que las decisiones dictadas dentro de un incidente de desacato deben ser notificadas no sólo a las dependencias encargadas de tramitar las tutelas en las entidades públicas, sino también a la persona natural sobre quien recae la orden de tutela , so pena de vulnerar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, tal y como ocurrió en el presente asunto. 12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. M.P: Álvaro González Murcia. Expediente N°: 2000-9002101(AC-9514). Actor: Departamento de Cundinamarca, Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.

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Referencia. CONSULTA - INCIDENTE DE DESACATO En efecto, demostrado se encuentra que ni el doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ en su condición Presidente de COLPENSIONES, ni la doctora ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA, Gerente Nacional de Recono