CSDJ - F23001110200020160006001ADJUNTA20161001135115-2016

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RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., 21 de septiembre de 2016 Aprobado según Acta de Sala No. 090 de la fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes Radicado N° 230011102000201600060 01

ASUNTO Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por las entidades accionadas, contra el fallo proferido el 6 de julio de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Montería,1 en el cual se amparó el derecho fundamental a la vivienda digna del accionante JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS, y en consecuencia se ordenó a las entidades accionadas que en el término máximo de 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, realicen las actuaciones necesarias para que se prorrogue el subsidio otorgado a la accionante, a través de la Resolución No. 0950 de 22 de noviembre de 2011. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- El ciudadano JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS, impetró el 22 de junio de 2016, acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, vivienda digna y confianza legítima, por los hechos que se resumen a continuación: 1.1 Señaló que es padre cabeza de hogar, con tres hijos, en un inmueble arrendado y que padece de una enfermedad renal crónica. 1 Sala de decisión integrada por los Magistrados Luis Leocadio Tavera Manrique (ponente) y Miguel Alfonso

Mercado Vergara.

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 230011102000201600060 01.

Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia 1.2 Agregó que mediante Resolución No. 0950 del 22 de noviembre de 2011, le fue comunicada la asignación de un subsidio familiar de vivienda urbana por valor de $11.783.200 para ser aplicado en la modalidad de vivienda nueva en el municipio de Montería, y en la misma Resolución se adjudicaron 1200 subsidios al proyecto urbanización Villa Melisa, por lo cual actualmente están 150 viviendas en construcción para entregar a los beneficiarios, y en la medida que se vayan entregando se iniciarían nuevas etapas de construcción hasta culminar el proyecto en su totalidad. 1.3 Aseveró que el 10 de diciembre de 2015 se acercó a las Oficinas de la Gobernación de Córdoba, donde le expresaron que según consulta realizada en la página del Ministerio de Vivienda, su subsidio ha vencido o expirado, y su condición es de “Apto con subsidio vencido” desde el 30 de junio de 2015, cuando el referido Ministerio profirió la Resolución 0521, en la cual se dio prorroga a algunos subsidios sin incluirse la Resolución 950 de 2011, de la cual es beneficiaria la peticionaria. 1.4 Indicó que según le informaron, la Resolución 950 de 2011 está vencida

parcialmente, pues hay subsidios vigentes a cuyos beneficiarios la Gobernación de Córdoba podrá construirles y entregarles su vivienda, y otros como ella, para quienes el subsidio ha expirado, razón por la que ya no harán parte del proyecto de vivienda, lo cual vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, confianza legítima, vivienda digna, y propiedad privada. 1.5 Por último, señaló que los beneficiarios no son culpables de los problemas administrativos y del trámite que haya ocasionado el retraso del proyecto Villa Melisa, pero la decisión tomada por el Ministerio si le causa gran perjuicio (fls. 1 a 3 c.o. 1ª instancia). 1.6 Por lo anterior, pretende mediante la presente acción de tutela que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, vivienda digna, principio de confianza legítima, y propiedad privada. Se ordene al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y Fonvivienda que se prorrogue o renueve el subsidio otorgado a su núcleo familiar mediante la resolución No. 950 de 2011, 2

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia para aplicarlo a una vivienda en la urbanización Villa Melisa.

A su escrito allegó copia de los siguientes documentos:  Copia de comunicación dirigida al señor JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS por el

doctor Julio Miguel Silva Salamanca - Viceministro de Vivienda y Jorge Alexander Vargas Mesa - Director Ejecutivo Fonvivienda, en noviembre de 2011, en el que se le informa la asignación de un subsidio familiar de vivienda urbana por un valor de $11.783.200 para aplicar en el proyecto de Urbanización Villa Melissa en la modalidad de adquisición de vivienda nueva.  Carta de instrucciones para hacer efectivo el desembolso del subsidio familiar de vivienda de interés social urbana.  Copia de la cédula de ciudadanía de JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS, y de la tarjeta de identidad de sus hijos menores.  Consulta de estado subsidio por cédula realizada al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a la accionante.  Copia de la Sentencia de tutela de 27 de enero de 2016, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual por hechos similares se ampara el derecho de la señora Liliana Patricia Mora Acosta.  Copia del contrato de promesa de compraventa con la Unión Temporal Villa Melisa. 2.- El doctor Luis Leocadio Tavera Manrique, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en proveído de 27 de junio de 2016 avocó conocimiento del asunto, informando a las partes de la presente acción para que se pronunciaran, ordenando además la práctica de pruebas (fl. 35 c.o. de 1ª instancia). 3.- Las entidades accionadas guardaron silencio en el presente trámite constitucional.

PROVIDENCIA IMPUGNADA

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, por medio de providencia de 6 de julio de 2016, decidió amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante, señor JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda.

Indició la Sala Dual que el Estado debe responder a las necesidades de vivienda digna de la accionante, sobre todo cuando tenía la confianza legítima que tendría una, pues era beneficiaria de un subsidio para tal fin, el cual había sido ampliado por un periodo de 3 años, motivo adicional para que en su buena fe creyera que se le daría continuidad hasta cuando le entregaran físicamente la vivienda. Por este motivo, considera que la acción de tutela es un mecanismo adecuado para la defensa de las pretensiones incoadas por la accionante, y que se debe seguir la posición asumida por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema, la cual determinó el amparo de los derechos de las personas cuyo subsidio vence, por una culpa atribuible al Estado. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN El apoderado especial del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, 2impugnó el fallo de

instancia argumentando que la providencia no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela, ni al derecho impetrado por error de hecho y de derecho, en el examen y consideración del caso, el fallo se niega a cumplir el mandato de legal de garantizar al accionado el pleno goce de su derecho como lo establece la ley, la providencia se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente erróneas y se incurre por parte del fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acción de tutela. Por otro lado, la apoderada especial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, impugno el fallo de 6 de julio de 2016,3 en razón a que el referido ministerio no es la entidad 2 Impugnación obrante en el folio 78 del cuaderno de primera instancia. 3 Impugnación obrante en el folio 82 a 83 del cuaderno de primera instancia. 4

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia encargada de coordinar, asignar, prorrogar y/o rechazar las postulaciones y adjudicaciones de subsidios de vivienda de interés social, ni tampoco ejerce inspección, vigilancia y control sobre el tema. Dichas funciones le corresponden a Fonvivienda, mientras que el Ministerio dicta la política en materia habitacional.

Expone que no puede el Ministerio cumplir el fallo de tutela, en razón a que no existe norma alguna que lo faculte para darle efectividad a la orden.

Por lo anterior, ambos impugnantes solicitan se revoque la sentencia de instancia.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

1.- Competencia. En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura. En razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la mencionada reforma constitucional establece: “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 y 372 de 9 de julio y 26 de agosto de 2015 respectivamente, al pronunciarse sobre la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas 5

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen,

los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Acorde con ello, la Sala centrará su análisis con sujeción a los límites de competencia que establece el artículo 32, inciso segundo, del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “El Juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo [...] si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”. 2.- Planteamiento del caso y el problema jurídico. 6

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia El ciudadano JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS plantea en la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala, una posible vulneración a su derecho fundamental de igualdad, vivienda digna y confianza legítima, en razón al vencimiento del subsidio de vivienda familiar

que le había sido otorgado. Problema Jurídico. Corresponde a esta Sala valorar si: (i) es procedente la presente acción de tutela. En caso de considerarse procedente, se debe averiguar si (ii) es adecuada la protección decretada por el fallo de instancia. Para determinar lo anterior, se expondrá una consideración sobre la procedibilidad de la acción de tutela. 3.- La procedibilidad de la acción de tutela. La acción de tutela es una acción de creación Constitucional, instaurada para la protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo cual esta figura encuentra su primera regulación en la Constitución, así el artículo 86 señala que la acción de tutela; “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. Este requisito de procedibilidad es desarrollado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela no procederá “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).” El referido requisito tiene su excepción en los artículos 7 y 8 del Decreto 2591, ya que se establece la posibilidad de suspender los efectos del acto: “cuando el juez expresamente lo 7

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere (…)” y la posibilidad de interponer la tutela: “Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(…)”.

De lo anterior se desprende la calidad de subsidiaria de la tutela, esto es que la acción se encuentra supeditada al agotamiento del medio ordinario de defensa por parte del accionante o a la inexistencia o ineficacia del mismo. En este sentido: “La Corte ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo”. Pero como toda acción procesal –la tutela es una acción con contenido procesal para la defensa de derechos fundamentalesel amparo constitucional tiene unas causales para su procedibilidad. Las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela encuentran una finalidad clara: “garantizar que no exista abuso en el derecho de acción, así como los deberes mínimos procesales de las partes”. En criterio de la Corte Constitucional, la exigencia de estos requisitos como deberes del accionante, es necesario para el adecuado desarrollo del proceso, siendo igualmente un

mecanismo que promueva la posibilidad de pronunciarse por parte del juez ordinario sobre el asunto de relevancia constitucional. La Corte Constitucional en Sentencia SU-813 de 2007, siguiendo los parámetros consignados en la Sentencia C-590 de 2005, resumió los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, así: “Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico 8

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. Tales causales son las siguientes:

(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que

alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela” (se omiten citas de la Corte). El primer requisito es el presupuesto básico para la procedencia de la tutela, esto es la vulneración o amenaza de vulneración a un derecho fundamental, ya que sin este, no existe la relevancia constitucional que da operatividad a la acción. “El presupuesto básico para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarioses necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)”. Reitérese que la procedencia o improcedencia de la acción, depende de la carga demostrativa que haga el accionante de los requisitos mencionados, correspondiéndole a éste la prueba a satisfacción de los mismos. Bajo el anterior panorama argumentativo entra la Sala a solucionar los problemas jurídicos que plantea el caso.

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia 4.- Solución a los problemas jurídicos.

Habiendo mostrado las causales de procedibilidad de la acción de tutela, corresponde a la Sala entrar a solucionar el primer problema jurídico; ¿es procedente la presente acción de tutela? Los hechos narrados por el accionante, dan cuenta que él se enteró de la situación que considera adversa para sus intereses el 10 de diciembre del año 2015, lo cual obliga a esta Colegiatura a evaluar si la presente acción cumple con el requisito de inmediatez. En consecuencia, esta Sala debe como primera medida exponer los elementos de la inmediatez para la procedibilidad de la acción, los cuales han sido determinados por la jurisprudencia constitucional en particular en la Sentencia T-246 de 2015 de la siguiente manera: “La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración

de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.” Expuesto lo anterior, encuentra esta Colegiatura que existe un lapso de tiempo superior a 6 meses, desde el momento en que la accionante conoció la situación que considera adversa para sus derechos fundamentales y la realización del subsidio de vivienda familiar que le fue otorgado, esto partiendo de la fecha en que se acercó a la Gobernación de Córdoba para averiguar por el referido subsidio. En otras palabras, fue informada de la decisión de no prorrogar el subsidio el 10 de diciembre de 2015, e interpuso la acción de tutela el 22 de junio de 2016. 10

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia En este sentido, no se encuentra en el plenario un motivo valido que justifique la inactividad del accionante, toda vez que conoció en diciembre de 2015 la decisión de no prorrogar el subsidio adjudicado, y solamente hasta junio de 2016, interpuso la presente acción de tutela.

Así mismo, no encuentra esta Sala que la inactividad suponga la creación de la vulneración, toda vez que el reproche se origina en la decisión del Ministerio de no prorrogar el subsidio

del accionante, decisión que es la causa de la supuesta vulneración. Esto demuestra que no existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración a los derechos del interesado. En este sentido, enterada de la no prorroga del subsidio adjudicado, era el deber de la accionante JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS poner en funcionamiento el aparato judicial, para que este se pronunciara sobre si existía o no causa, para decretar el amparo constitucional que hoy de manera tardía solicita de esta Colegiatura. Ahora bien, en el momento en que se emitió la decisión, de negar el subsidio de vivienda la administración se pronunció sobre la perdida de vigencia del subsidio su imposibilidad de hacerse efectivo, no obstante el actor no presentó demanda alguna contra dicho pronunciamiento. Tal falencia se torna incuriosa y demostrativa de desidia que no puede ser avalada por el Juez Constitucional de la Tutela, menos abrir con ello, caminos peligrosos como convertir este mecanismo excepcional en instrumento válido para subsanar ese tipo de circunstancias contrarias a las exigencias propias de cada procedimiento. Lo precedente para dejar sentando que cuando se tuvo el otro mecanismo idóneo para pretender lo que solicita por vía de tutela, la cual no ejerció o ejerció indebidamente, se torna consecuente la declaratoria de improcedencia. Así mismo, debe resaltarse que no existió obstáculo para que el señor JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS interpusiera los recursos correspondientes contra el acto administrativo 11

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia que le negó la asignación de la vivienda, por lo tanto, bien pudo acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a demandar dicha Resolución.

Por lo anterior y frente al no cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiaridad para la procedibilidad de la acción de tutela, esta Sala determina que la presente acción es improcedente. Por las razones expuestas, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura procederá a REVOCAR el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Montería el pasado 15 de julio de 2016 en el cual se amparó el derecho fundamental a la vivienda digna del accionante JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS, y en consecuencia se ordenó a las entidades accionadas que en el término máximo de 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, realicen las actuaciones necesarias para que se prorrogue el subsidio otorgado a la accionante, a través de la Resolución No. 0950 de 22 de noviembre de 2011, para en su lugar declarar la IMPROCEDENCIA de la presente acción, por no cumplir los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre del pueblo, la República de Colombia y por

autoridad de la Constitución, RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Montería el pasado 15 de julio de 2016, en el cual se amparó el derecho fundamental a la vivienda digna del accionante JAIRO RAFAEL GUZMÁN HOYOS, y en consecuencia se ordenó a las entidades accionadas que en el término máximo de 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, realicen las actuaciones necesarias para que se prorrogue el subsidio otorgado a la accionante, a través de la Resolución No. 0950 de 22 de noviembre de 2011, para en su lugar declarar la 12

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Referencia: Acción de Tutela Segunda Instancia IMPROCEDENCIA de la presente acción, por no cumplir los requisitos de inmediatez y subsidiaridad , de acuerdo a los consideraciones expuesta en esta providencia.

SEGUNDO.- POR SECRETARÍA NOTIFICAR la presente providencia como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992. TERCERO.- REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 13