CSDJ - F27001110200020090026601ADJUNTA20141030103411-2014

Consejo Superior de la Judicatura

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Título: CSDJ - F27001110200020090026601ADJUNTA20141030103411-2014
Autor: Consejo Superior de la Judicatura
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Disciplinario
Año: 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2014 Aprobado según Acta No. 090 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 270011102000200900266 01

Referencia: Abogado en Apelación.

Denunciado: Rafael Antonio Salas Muñoz Denunciante: Deisy Luz Becerra Murillo Primera Instancia: Sanciona con 3 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia.

ASUNTO A DECIDIR Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación presentado contra el fallo proferido el 27 de noviembre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó1, mediante el cual sancionó al abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ con 3 MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. HECHOS Dio origen a la presente actuación, el memorial de 9 de diciembre de 2009, suscrito por la señora DEISY LUZ BECERRA MURILLO, dirigido al señor Orlando Zapata Osorio, 1 M.P. Rocío Mabel Torres Murillo – Sala Dual con el Magistrado Luis Hernando Castillo Restrepo.

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M.P. DR. ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicado No. 270011102000200900266 01

Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN Alcalde del Municipio de Bahía Solano, con copia dirigida a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, en el cual manifestó. “(…) por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia; solicito a usted en forma respetuosa se sirva ordenar la continuación de los pagos por concepto de la sentencia de agosto de 2000 del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, los cuales fueron paralizados por su despacho de manera injusta, en razón a desavenencias tenidas por la suscrita con el apoderado judicial. "He de manifestar que estoy dispuesta a recibir los pagos directamente en la alcaldía, en razón a que soy la titular del derecho; que no puede ser desconocido por ninguna autoridad.

Manifiesto también que revoco el poder conferido al abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ en razón a que este profesional del derecho, recibió de mano de la alcaldía en el mes de junio del

presente año, unos pagos; dineros que tiene en su poder y que a la fecha se ha negado a entregarlos.”

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M.P. DR. ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicado No. 270011102000200900266 01

Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN Calidad de disciplinable. Previo a cualquier trámite se procedió a incorporar a la foliatura el certificado N° 05438 del 19 de agosto de 2010, por medio del cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados, acreditó que el doctor RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ, se identifica con la C.C. N° 19.405.962 y se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional N° 43097, vigente. (fl.35 c.o.) Apertura de investigación. El Magistrado de instancia, mediante auto del 20 de agosto de 2010, conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ

y señaló la audiencia de pruebas y calificación provisional para el día 21 de octubre de 2010, la cual no se pudo realizar debido a que mediante despacho comisorio 1052 del 8 de octubre de 2010, se dispuso comisionar al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca a efectos de notificar al investigado, sin que se obtuviera respuesta del diligenciamiento del mismo, motivo por el cual la diligencia fue suspendida y

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN reprogramada para el 15 de diciembre de 2010 y posterior 10 de febrero de 2011, fechas en la que tampoco se pudo llevar a cabo, por cuanto no se pudo notificar al investigado de la realización de las mismas, quedando aplazada para el 17 de marzo de 2011.

En la fecha antes señalada, no se llevó a cabo la diligencia, por lo cual se reprogramó para el 4 de mayo de 2011, calenda en la que tampoco fue posible su realización

ante la persistente inasistencia del disciplinable. En virtud de lo anterior, el Magistrado instructor ordenó emplazar al investigado (fl. 64 c.o), lo declaró persona ausente, le designó como defensora de oficio a la doctora Esther Arango Blanquiceth (fl. 68 c.o.) y fijó el 6 de julio de 2011, para realizar la audiencia de que trata el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007,

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN En la fecha anterior, no se pudo llevar a cabo la diligencia, ante la inasistencia del abogado investigado y de su defensora de oficio, por lo que tuvo que ser reprogramada para el 24 de agosto de 2011, calenda en la que tampoco fue posible su realización, fijándose como nueva fecha el 29 de septiembre de 2011.

Arribada la fecha prevista - 29 de septiembre de 2011 y libradas las comunicaciones de rigor se dio inicio a la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y CALIFICACIÓN

PROVISIONAL, con la presencia de la doctora Esther Arango Blanquiceth, inicialmente designada abogada de oficio del investigado, quien aportó poder conferido por el disciplinable para que lo representara en estas diligencias (fl. 85 c.o); ante lo cual el Magistrado de instancia procedió a reconocerle personería jurídica. Acto seguido, el Despacho de instancia dio lectura a la queja y le concedió el uso de la palabra, a la abogada del investigado, quien indicó que su defendido vive en la

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN ciudad de Bogotá, que como resultado del proceso que adelantó en representación de la quejosa recibió de parte del Municipio de Bahía Solano la suma de $29.000.000 y que una vez recibido el pago le ordenó a su dependiente judicial descontar el 40% por concepto de honorarios, como lo había acordado de manera verbal con sus clientes,

en razón a que asumiría todos los gastos del litigio. Agregó que los poderdantes se negaron a recibir el pago, por cuanto no estaban conformes con el porcentaje de los honorarios, por lo que su defendido posteriormente inició un proceso de pago por consignación ante el Juez Promiscuo Municipal de Bahía Solano, en donde se le ordenó que consignara, pero la señora Deisy Luz Becerra en el curso de ese proceso le revocó el poder al disciplinable y dijo desconocer el pago que había realizado el ente territorial demandado.

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN Señaló que luego el asesor jurídico del Municipio de Bahía Solano, doctor Carlos Mario Cardona Pérez, le manifestó a su defendido que la liquidación se había hecho mal puesto que con anterioridad se le había cancelado directamente a los clientes unos dineros, que lo que en realidad correspondía era la suma de $25.000.000, por lo que el investigado, solicitó que esos dineros “se los imputaran a otro proceso”, ya que

él tenía varios procesos con ese Municipio. Añadió que los clientes de su prohijado, instauraron otro proceso ejecutivo contra el Municipio de Bahía Solano, con el ánimo de obtener el pago de la sentencia proferida dentro del proceso de acción de reparación directa, desconociendo el pago que ya le habían hecho al investigado, agregó que el abogado que los iba a representar en ese nuevo asunto le exigió el paz y salvo al doctor RAFAEL ANTONIO SALA MUÑOZ, quien efectivamente se lo expidió.

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN Por último, aclaró la defensora contractual que su defendido inició un proceso por consignación, pero no consignó el dinero, puesto que sus tres clientes le revocaron el poder y se negaron a reconocer sus honorarios.

Seguidamente el Magistrado de instancia Decretó las siguientes pruebas:

1. Escuchar en declaración al doctor Carlos Mario Cardona Pérez, Carlos

Humberto Moreno Lozano, Francisco Serna Mosquera y Omar Francisco Vidal

Rojas.

2. Solicitar al Juzgado 4º Administrativo de Descongestión de Quibdó, allegara el expediente del proceso iniciado por la quejosa contra el Municipio de Bahía

Solano.

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN

3. Solicitar al Municipio de Bahía Solano remitiera copia de la revocatoria del poder que había sido otorgado al abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ, así como de la reclamación que presentó el nuevo apoderado de los señores Ángel Antonio Becerra Zúñiga, Ruth María Murillo Bocanegra y Deisy Luz Becerra Murillo, ante dicho ente territorial.

Finalmente, se señaló el 17 de noviembre de 2011, para continuar con la diligencia. En la fecha señalada – 17 de noviembre de 2011, se declaró abierto el acto procesal, al cual no comparecieron el disciplinable ni tampoco su abogada de confianza, allí el

Magistrado instructor procedió a hacer lectura del memorial radicado el 16 de noviembre de 2011, por esta última, por medio del cual solicitó el aplazamiento de la diligencia por cuanto los testigos viven en el Municipio de Bahía Solano y trasladarlos hasta Quibdó, resultaba bastante oneroso para la defensa por lo que solicitó se

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN recepcionaran los mismos por despacho comisorio, petición a la que accedió el Magistrado de instancia, ordenando comisionar a la Fiscalía Seccional de Bahía Solano, para escuchar las declaraciones que fueron decretadas en la sesión anterior.

El 7 de marzo de 2012, se prosiguió con la audiencia de pruebas y calificación provisional, con la presencia de la doctora Esther Arango Blanquiceth, en ella se realizó inspección judicial al proceso iniciado por la quejosa contra el Municipio de

Bahía Solano, ante el Juzgado 4º Administrativo de Descongestión de Quibdó, radicado bajo el Nº 2011-0448 y se decretaron otras pruebas. El 7 de junio de 2012, se dio continuación a la diligencia, con la comparecencia de la abogada del investigado, la cual tuvo que ser suspendida, en vista que las pruebas solicitadas por el A quo a la Fiscalía 12 Seccional de Bahía Solano, a través de

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN despacho comisorio y a la Alcaldía de dicha Municipalidad, no habían sido allegadas, siendo reprogramada para el 9 de julio de 2012.

En la fecha señalada – 9 de julio de 2012, se dio inicio a la vista pública con la presencia de la defensora del investigado, en ella la Magistrada de instancia, advirtió

que con oficio recibido el 29 de junio de 2012, la Fiscalía 12 de Bahía Solano, devolvió el Despacho comisorio, sin diligenciar, aduciendo que la abogada Esther Arango Blanquicett, no había allegado el interrogatorio, por lo cual se requirió a esta última para que cumpliera con su carga procesal, suspendiéndose la audiencia. El 6 de septiembre de 2012, se prosiguió con la audiencia que trata el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, a la cual asistió la defensora del disciplinable, pero tuvo que ser suspendida, por cuanto no se habían allegado las pruebas decretadas y se reprogramó para el 22 de octubre de 2012.

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN En audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 26 de septiembre de 2012, dentro del proceso disciplinario radicado bajo el Nº 2011-00024, adelantado

contra el abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ, la Magistrada ponente doctora Rocío Mabel Torres Murillo, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, en aplicación del principio de economía procesal ordenó acumular esas diligencias al presente proceso, por cuanto advirtió que se trataba de los mismos hechos y que esta investigación se encontraba más adelantada, disponiendo que las pruebas practicadas conservaban su validez y que continuaba como defensora la doctora Esther Arango Blanquiceth, suspendiendo así la audiencia hasta tanto se realizara por la secretaría el arreglo de los expedientes. El 22 de octubre de 2012, se dio inició a la vista pública, en la cual la Magistrada instructora dejó constancia que las partes intervinientes no asistieron, advirtió que al

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN proceso se había allegado el expediente radicado bajo el Nº 2011-00024, reiteró

algunas pruebas y suspendió la diligencia para continuar el 4 de diciembre de 2012. Declaración jurada del señor Carlos Mario Cardona Pérez. Manifestó que es asesor jurídico del Municipio de Bahía Solano, dijo acordarse de un pago que le hiciera el Municipio de Bahía Solano al doctor RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ, quien fungía como apoderado judicial de la señora Deisy Luz Becerra, más no recordaba el monto exacto y que posterior a éste, hasta donde tiene conocimiento, no se ha realizado ningún otro pago. Manifestó que luego de realizado el pago surgieron unas diferencias entre la señora Deisy Luz Becerra y sus progenitores, con el disciplinable, por lo que posteriormente allegaron un documento donde revocaban el poder otorgado inicialmente a este.

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN De otra parte indicó el declarante que haciendo la reliquidación de la sentencia se

pudo observar de conformidad a los valores arrojados que con el monto pagado inicialmente al abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ, se daba por cumplida en su totalidad la acreencia reconocida en la sentencia, razón por la cual el ente territorial se abstuvo de continuar con el respectivo pago. Declaración jurada del señor Carlos Humberto Moreno Solano. Indicó que es el Secretario de Deportes y Recreación del Municipio de Bahía Solano, manifestó que tuvo conocimiento de un pago que hiciera el Municipio de Bahía Solano al señor Francisco Serna Mosquera en virtud de una sentencia a favor de la señora Deisy Luz Becerra Murillo, Ángel Arturo Becerra y Ruth María Murillo puesto que fue invitado por el señor Serna Mosquera que para esa época era el dependiente judicial del abogado RAFAEL ANTONIO SALAS MUÑOZ, a lIevarle el dinero al señor Ángel Arturo

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN Becerra, señaló que se desplazaron a la casa del citado señor, “quien se encontraba con la señora y la hija y que el señor Francisco Serna procedió a entregarle el dinero, y el señor Ángel no quiso recibir los recursos que le estaba entregando el señor Francisco Serna, la hija le decía que cogiera la plata que ahí no estaban pagando la totalidad del proceso, y él se negó, entonces Francisco Serna cogió la plata, la echó en un sobre de manila en el cual la llevaba, y nos regresamos para su casa”.

Agregó que la suma de dinero entregada por parte del Municipio de Bahía Solano al señor Francisco Serna, era de $29.000.0000 y que éste le iba a entregar el 60% de esos recursos al señor Ángel Becerra, es decir $17.400.000, porque el 40% restante era del abogado, que así se lo había dicho el señor Serna Mosquera al señor Becerra, cosa que este último no aceptó, argumentando que eso no era lo acordado. Finalmente, ante la pregunta que se le formuló respecto si tenía conocimiento sobre el monto de los honorarios que cobra el abogado investigado a sus clientes por el trámite

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