CSJ - AC796-2023

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC796-2023 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 (Aprobado en sesión de dos de marzo de dos mil veintitrés) Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la convocante frente a la sentencia de 6 de abril de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal promovido por Termotécnica Coindustrial S.A.S., contra Occidental Andina LLC.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

A través de demanda reformada, la convocante Termotécnica Coindustrial S.A.S. pidió declarar: (i) «que en la ejecución del contrato No. CLCI 0287 del 06 de agosto de 2012, de “Ingeniería de detalle y construcción de sistemas contraincendios en el campo La CiraInfantas”, Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 suscrito entre OXYANDINA y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A., la empresa TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. sufrió un desequilibrio contractual producto de las circunstancias en que debió ejecutar el contrato para OCCIDENTAL ANDINA LLC y/o el acaecimiento de situaciones imprevisibles presentadas durante la ejecución del contrato»; (ii) «que en consecuencia de lo anterior se declare la responsabilidad contractual de OXYANDINA, en su calidad de

contratante frente al reconocimiento y pago de los mayores costos en que tuvo que incurrir TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A., para el cabal cumplimiento de las obligaciones del Contrato No. CLCI 0287 del 06 de agosto de 2012, cuyo objeto principal era “la ingeniería de detalle y construcción de los sistemas de interconexión y despacho e ingeniería de detalle y construcción de sistemas contraincendios en el campo La Cira – Infantas»; (iii) «que (…) se declare que la parte demandada debe asumir, reconocer y pagar los perjuicios económicos sufridos por la parte demandante, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso»; (iv) «que se declare la nulidad del numeral 3.4 de la cláusula tercera del contrato1 (…), por ser manifiestamente abusiva para el contratista»; y (v) «que se declare a la parte DEMANDANTE a paz y salvo por todo concepto respecto de sus obligaciones contractuales»; Asimismo, solicitó la condena al pago de «el valor de los sobrecostos en que tuvo que incurrir para el cabal cumplimiento de las obligaciones del contrato (…), los cuales inicialmente se han estimado en una suma no inferior a NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 1 La referida cláusula establece: «TERCERA. PRECIOS, CANTIDADES ESTIMADAS Y VALOR DEL CONTRATO U ORDEN. 3.4. Las Partes dejan expresa constancia de que la(s) tarifa(s) será(n) la única

retribución que le corresponderá al CONTRATISTA por los servicios prestados a OXY en cumplimiento del presente CONTRATO U ORDEN y se mantendrá fija e invariable mientras dure la vigencia del mismo En consecuencia, el CONTRATISTA expresamente renuncia a cualquier derecho sobre reajustes, compensaciones o indemnizaciones y reclamos que se produzcan durante el desarrollo del CONTRATO por este concepto», 2 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 CINCUENTA PESOS ($9.468.564.550) MONEDA CORRIENTE. Lo anterior, sin perjuicio [de] que en este proceso se pruebe un mayor valor y haya lugar a este para la reparación de los perjuicios económicos sufridos por la DEMANDANTE, como consecuencia de las condiciones y circunstancias excepcionales bajo las cuales debió ejecutar el contrato motivo de la presente litis»; así como los respectivos intereses, costas y agencias en derecho.

2. Fundamento fáctico. 2.1. En virtud del proceso de selección de la contratista encargada de la «ingeniería de detalle y construcción de los sistemas de interconexiones y despacho y diseño e instalación del sistema contraincendios en el campo La Cira - Infantas, en el departamento de Santander», las sociedades Termotécnica Coindustrial S.A.S. y Occidental Andina LLC -Oxyandinasuscribieron el contrato n.º CLCI-0287, en el que se estipuló como plazo inicial el término de 9 meses desde la fecha de inicio de la ejecución. 2.2. Durante el desarrollo del objeto contractual se firmaron siete (7) otrosíes en los que se modificó, entre otros

temas, el plazo, razón por la cual se acordó la terminación para el 31 de diciembre de 2013, extendiéndose la ejecución del contrato a un total de 16 meses y 26 días. 2.3. En vigencia del convenio, se presentaron «situaciones imputables a la empresa contratante o circunstancias imprevistas e imprevisibles» que ocasionaron una mayor permanencia de la contratista en la obra, y, en general, la alteración de los gastos y costos del proyecto; consecuencias económicas que únicamente soportó aquella. 3 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 2.4. Dentro de las situaciones que alteraron los costos del proyecto está la variación de la jornada de trabajo en virtud de los acuerdos que en forma unilateral suscribió Oxyandina con la Unión Sindical Obrera (USO), en virtud de los cuales se otorgaron beneficios a los trabajadores de la contratista, consistentes, v. gr., en que la hora del almuerzo estuviera incluida dentro de la jornada como hora laborada, lo que implicó que se alteraran tanto el plan de trabajo como el costo del proyecto. 2.5. También censuró la emisión tardía de los permisos diarios de trabajo por parte de Oxyandina, quien de manera negligente e injustificada retrasó la expedición de permisos, impactando negativamente el cronograma de actividades de la contratista. 2.6. La ejecución del contrato sufrió serias afectaciones en virtud de las vías de hecho adelantadas por la comunidad aledaña al campo petrolero y por la Unión Sindical Obrera, las cuales no fueron provocadas por los trabajadores de

Termotécnica ni revestían las características de conflictos laborales, sino que se relacionaban enteramente con la gestión social del proyecto a cargo de Oxyandina. 2.7. Asimismo, refirió que se presentaron emergencias ambientales por fuga de sulfuro de hidrógeno, acontecidas los días 6, 11 y 26 de febrero de 2013 y que provocaron que se evacuara el personal y no se pudiera laborar, generando además costos imprevistos surgidos de la necesidad de dotar a los trabajadores de máscaras ante la fuga del gas tóxico. 4 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 2.8. De igual forma, la requerida generó retrasos en el plan de trabajo y mayor permanencia en la obra debido a la tardanza en la definición «de la ingeniería básica de las plataformas zona de tanques del sistema contra incendios, de CCM y de la caseta de bombas, así como también (…) los planos certificados por los proveedores contratados por OXY, la definición de la ingeniería básica y la entrega de algunos equipos». 2.9. Así mismo, Oxyandina señaló cuál era el personal que debía vincularse a la obra, desplazando a la contratista en la autonomía e independencia que contractualmente tenía en la selección y vinculación de sus trabajadores. El personal impuesto unilateralmente por la contratante en ocasiones no cumplía con los requerimientos de formación y experiencia, y generó ineficiencia e improductividad en la mano de obra, que se tradujo en la mayor duración del proyecto. 2.10. A ello agregó que se dio una evidente demora en la aprobación de las actas de obra y en la facturación, y no

se efectuaron los reembolsos por el suministro de transporte del personal; circunstancias que, en su conjunto, generaron altísimos sobrecostos generados por la mayor permanencia en el sitio de labores.

3. Actuación procesal. 3.1. Occidental Andina LLC compareció oportunamente al proceso y formuló las excepciones denominadas «venire contra factum proprium non valet. No es posible para la parte demandante ir en contra de su propia voluntad, pactada a

5 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 través de contrato CLCI 0287 y de siete (7) otrosíes»; «no hay lugar a la declaración de la teoría de la imprevisión puesto que el contrato ya no se encontraba en ejecución al momento de la demanda»; «Oxyandina y Termoténica acordaron prórrogas de los plazos y modificación de las tarifas»; «Oxyandina pagó todo lo que debía a Termotécnica. No es posible hacer un doble pago a título de daño emergente y lucro cesante», y la genérica. Sostuvo, en síntesis, que Termotécnica presentó retrasos e incumplimientos a lo largo de la ejecución del contrato, que se celebraron siete otrosíes en los que se modificaron tanto los plazos de ejecución para facilitar el cumplimiento contractual como las tarifas, que se aumentaron en favor de la demandante, ya que la forma de pago del contrato era por precios unitarios, y si bien el valor inicial del contrato se pactó en $11.761496.999, el finalmente pagado ascendió a la suma de $16.787840.023.

Sostuvo que, si bien es cierto que existen actas de terminación del contrato, incluso al momento de su firma se incluyeron asuntos pendientes a cargo de la contratista, quien no había terminado de cumplir a cabalidad y satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, expuso que la teoría de la imprevisión en este caso es improcedente porque al estar el contrato terminado, ya no es posible declarar su reajuste ni su terminación, de manera que no hay lugar al restablecimiento solicitado a la luz de dicha teoría. 6 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 3.2. Luego de que, con proveído de 10 de mayo de 2019, el ad quem decretara la nulidad de la sentencia desestimatoria expedida por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá en aplicación del canon 121 del estatuto adjetivo, las diligencias ingresaron al homólogo Cuarenta de esa localidad, quien, con providencia de 28 de junio de 2021, desestimó el petitum. A juicio del a quo, la reclamación se debía estudiar a la luz de la teoría de la imprevisión, pues la demandante delimitó los hechos alegando la presencia de causas imprevisibles e imprevistas sobrevenidas con posterioridad a la firma del contrato, que configuran dicha acción. Consideró que «el contrato del que se deriva el supuesto desequilibrio económico se encuentra terminado desde el 31 de enero de 2014, con la suscripción del acta de entrega de las obras a satisfacción, es decir, con antelación

a la fecha de la presentación de la demanda –18 de diciembre de 2015– , incumpliéndose así una de las exigencias ineludibles para la buena andanza de las pretensiones de la demanda». Respecto de las cláusulas abusivas, concluyó que no es cierto que la demandante no haya tenido la oportunidad de discutir la estipulación tildada como abusiva o que la contratante haya impuesto las condiciones contractuales sin mediar acuerdo, por el contrario, las adiciones al contrato evidencian que «los términos, alcances y la ejecución de lo pactado fue objeto de un debate previo hasta el punto de aceptarse modificaciones al valor de la oferta inicial». 7 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 3.3. La convocante interpuso recurso de apelación, concedido ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. LA SENTENCIA IMPUGNADA Mediante providencia de 6 de abril de 2022, el ad quem confirmó el fallo de primera instancia, tras colegir: (i) La apelante reclama que el Tribunal declare responsable a la demandada por los mayores costos en que tuvo que incurrir por situaciones imprevisibles que generaron una mayor permanencia en la obra y la alteración de los costos durante la ejecución del contrato, entre los cuales refirió la reducción de la jornada de trabajo, los problemas de orden público, la demora en la suscripción de permisos de labores y la fuga de sulfuro de hidrógeno. (ii) La impugnante acusa al a quo de desatender el principio de congruencia al desatar el asunto como si se

tratara de una acción de revisión contractual en los términos del artículo 868 del Código de Comercio, y no bajo los derroteros de la responsabilidad contractual y la buena fe negocial, que fue sobre lo que, según sostiene, versó la demanda. Sobre dicho reparo, el colegiado relievó que, «si se miran bien las cosas, y contrario a lo que en forma reiterada sostiene la parte actora, los hechos y pretensiones puestos a consideración de la jurisdicción se enmarcan plenamente en el supuesto de hecho que prevé el artículo 868 del Código de Comercio, norma sobre a la que a espacio se ilustró en el acápite de “fundamentos de derecho”». 8 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 (iii) También explicó que, de los hechos de la demanda y, en especial, de su pretensión primera se desprende que «el querer de la parte actora sí era la de exponer circunstancias “imprevistas o imprevisibles” que condujeron a la causación de unos mayores costos que alteraron las prestaciones a cargo de la contratista»; en efecto, dentro de los fundamentos fácticos del escrito inicial se narró que el desequilibrio contractual estaría dado por las circunstancias imprevisibles antes referidas, las cuales se presentaron durante la ejecución del contrato y antes de su terminación. (iv) Como refuerzo de ese argumento, apuntaló que no es posible tildar de incongruente el fallo de primer grado, máxime cuando «en los fundamentos de derecho del escrito inicial se invocó específicamente el artículo 868 del Código de Comercio,

oportunidad en la cual la demandante ilustró de manera prolija sobre las razones por las por las cuales había lugar a compensar el desequilibrio, e incluso trajo a cuento la doctrina de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que fue la que apalancó el fallo de primer grado –sentencia de casación de 23 de mayo de 1938-». (v) Para el ad quem, vistos en conjunto los hechos, las pretensiones y los fundamentos de derecho, se encuentra que ciertamente propendían por los efectos de la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias que ameritaban los ajustes económicos del caso, todo lo cual encaja con el supuesto de hecho del artículo 868 del Código de Comercio y por lo mismo, el caso debía juzgarse con soporte en dicho mandato. Así las cosas, habiéndose enmarcado la demanda en dicho supuesto de hecho, la revisión contractual era 9 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 improcedente en la medida en que el contrato de obra había terminado con anterioridad a la formulación de la demanda. (vi) En lo atinente a la pretensión de nulidad del numeral 3.4. de la cláusula tercera del citado convenio, el Tribunal sostuvo que las pruebas obrantes no permiten afirmar que «a partir de las tratativas negociales que antecedieron al contrato de obra, la contratista se hubiere adherido sin más, a las cláusulas impuestas por su contraparte» y por el contrario, lo que evidencian es que ella ejerció un papel activo en la confección de los términos en los que finalmente se celebró el contrato,

hipótesis que respalda la versión del representante legal de la demandante, quien refirió que «Termotécnica Industrial S.A. participó en una licitación pública compleja, cuya consolidación no se verificó de la noche a la mañana, en la que se discutieron con amplitud y de manera seria las pautas contractuales que finalmente, y sin salvedades aceptaron las partes». (vii) Ciertamente, los medios de convicción dan cuenta de una relación bilateral simétrica entre los contratantes, quienes suscribieron siete otrosíes con el propósito de modificar las tarifas como consecuencia del mayor tiempo que duró la ejecución de la obra, y de la participación libre de la actora en el proceso licitatorio, todo lo cual luce compatible con el principio de buena fe. Así, concluyó que «a falta de prueba en contrario -la cual, sin duda, incumbía a la parte actoraque los términos vertidos en el clausulado son el reflejo de la voluntad así expresada por sus otorgantes, tal y como por lo regular ocurre en tratándose de negocios jurídicos antecedidos por un proceso de libre negociación, en el que, en línea de principio, ninguno de los 10 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 interesados está forzado a celebrar negocio jurídico alguno, ni a aceptar los términos que unilateralmente le quisiera imponer su contraparte». (viii) En conclusión, lo que se evidencia de la foliatura es que las estipulaciones contractuales «obedecieron -como es frecuente en este tipo de negociaciones que involucran la ejecución de prestaciones de altas exigencias técnicas, y que en este caso alcanzan

una muy significativa incidencia económica-, a un proceso de deliberación (además, medió licitación) en el que las partes tuvieron la oportunidad, y así lo hicieron, de defender de forma anticipada y consistente sus intereses económicos tal y como consignó en el clausulado de la contratación, modificada con los otrosíes a que se ha hecho referencia». (ix) Finalmente, la colegiatura relievó que en este caso no se probó que la parte demandada hubiera desatendido sus débitos contractuales y, por el contrario, con la suscripción de los otrosíes se facilitó el camino para que la contratista pudiera cumplir con los suyos, sin que sea factible atribuirle a la convocada la desatención de sus deberes de buena fe y corrección. DEMANDA DE CASACIÓN Termotécnica Coindustrial S.A.S. presentó la demanda de sustentación del remedio extraordinario, formulando un único cargo, al amparo de la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.

CARGO ÚNICO

11 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 Con fundamento en el segundo motivo de casación, la sociedad recurrente acusó al fallo del ad quem por la vulneración indirecta de la ley sustancial contenida en los artículos 1602, 1603, 1613 y 1546 del Código Civil, así como el precepto 871 mercantil y los cánones 164, 176 y 280 del Código General del Proceso, por haber incurrido en errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de la demanda y de los medios de prueba, toda vez que se abordó

el estudio de la teoría de la imprevisión para resolver el caso, «cuando en realidad, y ello devenía del estado mismo del negocio jurídico, se debía resolver el presente asunto bajo los postulados del incumplimiento contractual proveniente del demandado»; y, de igual forma, «pretermitió el estudio y valoración del material probatorio (…) que habría evidenciado el grave, sistemático y culpable alejamiento de sus deberes contractuales». Con ese planteamiento, centró el embate en tres yerros que, a su juicio, fueron cometidos por el juzgador de segundo grado, a saber, la indebida interpretación de la demanda, la inexistente apreciación de las pruebas respecto del incumplimiento contractual y la inexistente apreciación de las pruebas tendientes a la nulidad del numeral 3.4 de la cláusula tercera del contrato. (i) Al sustentar el alegado error de hecho por indebida interpretación de la demanda, indicó que el libelo tuvo su origen en los daños sufridos por la actora como consecuencia de los incumplimientos de la contratante, los cuales tuvieron un gran impacto económico para la contratista. Dichos incumplimientos fueron detalladamente descritos en la 12 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 demanda, como mayores costos y mayor permanencia generados por (i) la decisión unilateral de modificar la jornada diaria laboral, (ii) la emisión tardía de los permisos diarios de trabajo, (iii) las vías de hecho iniciadas por los trabajadores sindicalizados y la comunidad aledaña, (iv) la fuga de sulfuro de hidrógeno, (v) la entrega tardía de la definición de la

ingeniería de base, planos y algunos equipos, (vi) el señalamiento del personal que debía contratarse para la ejecución del contrato, (vii) “otros hechos” y (viii) el no pago de los gastos reembolsables de transporte. Pese al enunciado marco fáctico y aun cuando quedó demostrado el acaecimiento de las situaciones antes referidas, los falladores de instancia no avocaron el análisis del sub-lite con dichos derroteros, sino que «obviaron» ese laborío, lo que se patentizó, entre otros aspectos, en que no se tuvo en cuenta que cada uno de esos escenarios correspondía a actuaciones que se encontraban bajo el control y dominio de la convocada. Después de reiterar los argumentos planteados en la instancia respecto de cada una de las circunstancias que generaron los sobrecostos reclamados, afirmó que en la demanda se desarrollaron cada uno de los alegados motivos de incumplimiento con los correspondientes soportes probatorios –documentales y testimoniales–, pero aquellos no fueron apreciados en su integridad por el ad quem, quien de haberlo hecho habría concluido que «en el escrito de demanda [se] manifestó la existencia de un sistemático incumplimiento de la entidad contratante por ello sin importar la especifica denominación que 13 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 pudiere darse a la institución es claro que en la demanda se denunciaba un perjuicio causado por el incumplimiento del contrato del cual se solicitaba un resarcimiento, incumplimiento que por demás estaba plenamente acreditado y cuantificado». Pese a lo anterior, el Tribunal prefirió seguir la senda de

la teoría de la imprevisión, cuando de la realidad del contrato y de lo plasmado en la demanda se desprendía un completo juicio de responsabilidad contractual. En tal virtud, el juzgador erró en la interpretación de la demanda, pues en ella se dijo -en varias ocasiones y con distintas expresionesque se estaba ante un incumplimiento contractual, línea argumentativa que fue desatendida por el colegiado y que se plasma en (i) el juramento estimatorio y el acápite de pretensiones, donde se habló de «indemnización» y se hizo referencia a los componentes de «lucro cesante» y «daño emergente», instituciones que no se acompasan con la teoría de la imprevisión; (ii) en el ordinal 4.3. de la demanda se aludió a la procedencia de «la acción de responsabilidad civil contractual, de conformidad con lo establecido en los artículos 1602,1603 y 1613 del Código Civil colombiano»; (iii) en el acápite de hechos se indicó que se abordarían las circunstancias configurativas de responsabilidad de la empresa requerida; y (iv) en los fundamentos jurídicos se citaron normas atinentes a la materia. No obstante, censuró que, si para el juzgador de segunda instancia la demanda era ambigua en cuanto a la fijación de las instituciones aplicables al caso concreto, debió 14 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 haberla interpretado «sistemáticamente», actividad cognitiva que le habría permitido establecer con certeza que «lo que lesionaba los inter[eses] de [la] demandante en el caso concreto era la

conducta infractora de su contraparte». El yerro es trascendente, aduce, porque llevó al juzgador a la conclusión equivocada de que la actora promovió la demanda bajo la égida de la teoría de la imprevisión y fuera de la oportunidad pertinente, lo que la deja sin posibilidad de reclamación de los perjuicios sufridos por la vía de la responsabilidad contractual. En conclusión, sostuvo la casacionista que el Tribunal desconoció las normas que regulan la responsabilidad contractual y prefirió aplicar una institución ajena a la realidad del contrato, apreciando indebidamente lo realmente descrito y pretendido por el promotor de la acción y prefiriendo una interpretación que no correspondía, insiste, con la realidad del negocio jurídico. (ii) Seguidamente, la recurrente enfiló su ataque hacia el error de hecho por inexistente apreciación de las pruebas sobre el incumplimiento contractual y los perjuicios sufridos, afirmando que la providencia del colegiado se limitó a apoyar la tesis del a quo en punto de la aplicación de la teoría de la imprevisión, por lo que, al estar finalizado el contrato y ser improcedente la revisión, no era necesario efectuar «el estudio del amplio caudal probatorio que fue debidamente practicado al interior del proceso». 15 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 En ese sentido, el yerro cometido llevó aparejada la omisión de verificación de los siguientes medios de prueba: (i) documentales, como las copias simples de las actas de acuerdo suscritas en relación con los beneficios laborales, las inconformidades expuestas frente a Oxyandina, et. al.; (ii)

testimoniales, en especial, de la administradora de obra de la casacionista, del coordinador del proyecto ejecutado, así como de otros colaboradores; y (iii) las concernientes a la acreditación de la nulidad del numeral 3.4. de la cláusula tercera del mencionado convenio. En este punto, enlistó 25 pruebas documentales y 4 testimoniales que en su decir no fueron apreciadas de ninguna manera, con lo que se vulneran además las normas procesales que imponen la obligación de valorar todo el acervo probatorio y fundar la sentencia en tales medios de convicción, pues ello es garantía del debido proceso. (iii) Finalmente, la censora dirigió su embate hacia la inexistente apreciación de las pruebas relacionadas con la nulidad del numeral 3.4 de la cláusula tercera del contrato. Para ello, sostuvo que el juzgador dejó de valorar los medios de convicción tendientes a demostrar que la contratante imponía las condiciones más favorables, señalando para ello el documento del 22 de mayo de 2012, por medio del cual Oxyandina resolvió aclaraciones y complementaciones al pliego licitatorio enviado a los posibles oferentes. Señaló que la sentencia impugnada desconoció las pautas normativas que consagran la lealtad y la buena fe 16 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 contractual, «al no valorar la existencia en el caso concreto de una posición abusiva por parte del demandado que lo llevó a imponer clausulas abiertamente leoninas, y en ese mismo sentido, al no valorar las pruebas allegadas y que darían cuenta de aquella conducta lesiva».

CONSIDERACIONES

1. Régimen del recurso extraordinario.

Es apropiado advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del Código General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa.

2. Fundamentación de la demanda de casación.

La fundamentación técnica de las causales de casación exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisión cuestionada, tanto en la aplicación de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deberá observar, invariablemente, los requerimientos señalados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentación del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: (i) La formulación, por separado, de los respectivos cargos, con la especificación, de forma clara, precisa y 17 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 completa, de los fundamentos de cada acusación, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casación previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. (ii) En caso de censurar la infracción de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jurídicos (vía directa), o yerros fácticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposición legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida2.

(iii) Si se elige la vía directa para atacar el fallo de segunda instancia, «el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria». (iv) Ahora, si se afirma que la violación ocurrió por la vía indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos fácticos no debatidos en las instancias. (v) En lo que tiene que ver con el «error de derecho» (que se materializa cuando, en la actividad de valoración jurídica de los medios de convicción –aducción, incorporación y apreciación– se contrarían las reglas legales que gobiernan el régimen probatorio3), es menester señalar las normas 2 Conforme al parágrafo 1º del artículo 344, «[c]uando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa». 3 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. 18 Radicación n.º 11001-31-03-039-2016-00010-01 probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicación sucinta de la manera en que lo fueron. (vi) A su turno, si se denuncia un «error de hecho» (esto es, el que se exterioriza en la valoración del contenido

material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio4), deberá manifestarse en qué consiste y cuáles son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recayó el desacierto en la actividad de apreciación. Asimismo, a fin de probar la pifia fáctica, habrá de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestación o los medios de prueba, hubo pretermisión o suposición total o parcial de tales elementos de juicio, o alteración de su contenido material, ya por adición o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversación arbitraria o ilógica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y señalar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qué consistió la alteración de la prueba. (vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoyó la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisión absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensión del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibición sugiera que las tesis del Tribunal son contrarias a toda evidencia 5. 4 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. 5 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01