CSJ - AEP00641(17-07-2024)

sé República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

Radicación 00641 CUI 11001600010220170003301

JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

1. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la solicitud de nulidad elevada por el defensor del procesado JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS en el curso del juicio oral que se le sigue por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en provecho de terceros agravado.

2. ANTECEDENTES Instalado el juicio, el defensor del acusado con fundamento en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 solicitó la nulidad de “toda” la actuación “desde el instante mismo en que se profirió esa orden y que involucra todas las actuaciones sobrevinientes a partir de esta orden”, que determinó continuar con el trámite del juicio oral sin esperar el pronunciamiento de la segunda instancia relacionado con la apelación de la negativa de unas pruebas, por violación Página / de 1/1

Jocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila, Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez “echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4AEC96CE4AAE83B5A401B277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248 República de Colombia

Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

Radicación 00641 CUI 11001600010220170003301

JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

1. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la solicitud de nulidad elevada por el defensor del procesado JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS en el curso del juicio oral que se le sigue por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en provecho de terceros agravado.

2. ANTECEDENTES Instalado el juicio, el defensor del acusado con fundamento en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 solicitó la nulidad de "toda" la actuación "desde el instante mismo en que se profirió esa orden y que involucra todas las actuaciones sobrevinientes a partir de esta orden", que determinó continuar con el trámite del juicio oral sin esperar el pronunciamiento de la segunda instancia relacionado con la apelación de la negativa de unas pruebas, por violación Página de 41 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 :echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248

CUI 11001600010220170003301

PRIMERA INSTANCIA 00641

JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 de las garantías fundamentales de su poderdante, en particular, los derechos de defensa, contradicción y debido proceso. 2.1 De la solicitud de nulidad En apoyo de su petición comenzó la defensa por señalar que a partir del momento en que se concedió el recurso de apelación se suspendió la competencia de la Sala para proferir esa orden, instalar el juicio y fijar una nueva fecha para continuar con la actuación, por tanto, haberlo hecho quebrantó los artículos 177-4 y 363 de la Ley 906 de 2004, el primero, que dispone el efecto suspensivo para el auto que deniega la práctica de pruebas en el juicio oral; y el segundo que señala que la audiencia preparatoria se suspende en caso de apelación de decisiones relativas a pruebas, pues ambos traen como consecuencia precisamente la interrupción de la competencia del a quo hasta cuando el asunto sea resuelto por el superior. En consecuencia, aduce, la orden de continuar con el juicio se impartió sin competencia, amén de que contra la misma no proceden recursos, impidiendo la posibilidad de recurrirlas para revisar su “legitimidad”. Además, con dicha orden podrían afectarse los principios de concentración de la prueba y por contera el debido proceso porque la incertidumbre respecto de los medios probatorios a practicar en el juicio incide en la teoría del caso de la defensa la cual no podría ser estructurada hasta tanto sepa con qué elementos de prueba cuenta. Suspender la actuación hasta que

sea resuelta la alzada quebranta el principio de concentración y por tanto afecta la estrategia defensiva. Página y de kx Jocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlla,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez “echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A401B27706253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248 | CUI 11001600010220170003301

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JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 de las garantías fundamentales de su poderdante, en particular, los derechos de defensa, contradicción y debido proceso. 2.1 De la solicitud de nulidad En apoyo de su petición comenzó la defensa por señalar que a partir del momento en que se concedió el recurso de apelación se suspendió la competencia de la Sala para proferir esa orden, instalar el juicio y fijar una nueva fecha para continuar con la actuación, por tanto, haberlo hecho quebrantó los artículos 177-4 y 363 de la Ley 906 de 2004, el primero, que dispone el efecto suspensivo para el auto que deniega la práctica de pruebas en el juicio oral; y el segundo que señala que la audiencia preparatoria se suspende en caso de apelación de decisiones relativas a pruebas, pues ambos traen como consecuencia precisamente la interrupción de la competencia del a quo hasta cuando el asunto sea resuelto por el superior. En consecuencia, aduce, la orden de continuar con el

juicio se impartió sin competencia, amén de que contra la misma no proceden recursos, impidiendo la posibilidad de recurrirlas para revisar su "legitimidad". Además, con dicha orden podrían afectarse los principios de concentración de la prueba y por contera el debido proceso porque la incertidumbre respecto de los medios probatorios a practicar en el juicio incide en la teoría del caso de la defensa la cual no podría ser estructurada hasta tanto sepa con qué elementos de prueba cuenta. Suspender la actuación hasta que sea resuelta la alzada quebranta el principio de concentración y por tanto afecta la estrategia defensiva. Página de 1,. y )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlla,Ariel Augusto Torres Rojas,RodrIgo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC90513248 CUI 110016000102201'70003301

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Para finalizar reitera su solicitud de nulidad a partir de la orden de continuar con el juicio oral. 2.2 La Fiscalía Por su parte la Fiscalía, reduce la discusión a dos temas puntuales: (1) La orden y, (ii) La nulidad. Respecto del primero, señaló que ya ha sido subsanada la eventual irregularidad por no concederse la posibilidad de recurrir la decisión adoptada el 4 de abril del corriente. Sobre lo segundo, dice acompañar la

postura de la defensa porque el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, “establece que debe finalizarse la audiencia preparatoria y la manera de finalizar la audiencia preparatoria, pues había sido que se resolviera el recurso de apelación en segunda instancia”, porque al concederse en efecto suspensivo el recurso sobre esas dos pruebas debió esperarse el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal que definiera el aspecto probatorio, pues no es admisible continuar con un juicio que debe después rehacerse por no haberse finalizado la audiencia preparatoria. 2.3 La Contraloría El apoderado de la Contraloría, en su condición de víctima adujo que le asiste razón a la defensa por cuanto que dadas las circunstancias podría pensarse que el juicio oral está viciado y que por tal razón lo más sano sería enderezar el proceso y decretar la nulidad hasta el momento justo en que se produjo el vicio de modo que se pueda continuar regularmente la actuación. Página 3 NU to firmado electróni Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez . “echa: 17-07-2024 Código de verlficación: 4EC96CE4AE383B5A401B27706253C05C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248 CUI 11001600010220170003301

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JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004

Para finalizar reitera su solicitud de nulidad a partir de la orden de continuar con el juicio oral.

2.2 La Fiscalía Por su parte la Fiscalía, reduce la discusión a dos temas puntuales: (i) La orden y, (ii) La nulidad. Respecto del primero, señaló que ya ha sido subsanada la eventual irregularidad por no concederse la posibilidad de recurrir la decisión adoptada el 4 de abril del corriente. Sobre lo segundo, dice acompañar la postura de la defensa porque el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, "establece que debe finalizarse la audiencia preparatoria y la manera de finalizar la audiencia preparatoria, pues había sido que se resolviera el recurso de apelación en segunda instancia", porque al concederse en efecto suspensivo el recurso sobre esas dos pruebas debió esperarse el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal que definiera el aspecto probatorio, pues no es admisible continuar con un juicio que debe después rehacerse por no haberse finalizado la audiencia preparatoria. 2.3 La Contraloría El apoderado de la Contraloría, en su condición de víctima adujo que le asiste razón a la defensa por cuanto que dadas las circunstancias podría pensarse que el juicio oral está viciado y que por tal razón lo más sano sería enderezar el proceso y decretar la nulidad hasta el momento justo en que se produjo el vicio de modo que se pueda continuar regularmente la actuación. Página 1 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248

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2.4 La Procuraduría E n e l m i s m o s e n t i d o e l p r o c u r a d o r m a n i f e s t ó c o a d y u v a r l a p r e t e n s i ó n d e l a d e f e n s a e n t a n t o c u m p l e c o n l o s p r e s u p u e s t o s básicos de sustentación de su petición invalidatoria. Para el representante el Ministerio Público pretermitir la suspensión de la actuación para que se continúe con el trámite del juicio “para que se surta en el efecto suspensivo el recurso” interpuesto por la defensa “puede afectar los requisitos sustanciales inherentes a la validez y eficacia del juicio justo” y es por esto que solicita se declare la nulidad deprecada.

3. CONSIDERACIONES Para resolver la Sala comienza por indicar que de conformidad con el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 el desconocimiento del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales ocasiona la nulidad del trámite, razón por

la cual se requiere acreditar un yerro insalvable en la estructura del proceso o un quiebre de las garantías constitucionales de partes e intervinientes, por lo tanto, se deberá identificar la irregularidad sustancial, concretar la forma en que esta afectó el debido proceso o el derecho de defensa, precisar la fase en que se produjo, demostrar la concurrencia de los principios de las nulidades y señalar el momento a partir del cual debe reponerse!. 1 Cf. CSJ. AP337-2024, rad. 64509. Página 4 de 11 f i r m a d o e l e c t r ó n i t F i r m a d o p o r : J o r g e E m i l i o C a l d a s V e r a , B l a n c a N e l i d a B a r r e t o A r d i l a , A r i e l A u g u s t o T o r r e s R o j a s , R o d r i g o E r n e s t o O r t e g a S a n c h e z “ e c h a : 1 70 72 0 2 4 C ó d i g o

d e v e r i f i c a c i ó n : 4 E C 9 6 C E 4 A E 8 3 B 5 A 4 0 1 B 2 7 7 C 0 6 2 5 3 C 5 C 9 5 C 5 7 3 A 0 F D 2 F E 3 0 5 C 9 A 7 B C 2 5 D E C 9 0 5 D 2 4 8 CUI 11001600010220170003301

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JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 2.4 La Procuraduría En el mismo sentido el procurador manifestó coadyuvar la pretensión de la defensa en tanto cumple con los presupuestos básicos de sustentación de su petición invalidatoria. Para el representante el Ministerio Público pretermitir la suspensión de la actuación para que se continúe con el trámite del juicio "para que se surta en el efecto suspensivo el recurso" interpuesto por la defensa "puede afectar los requisitos sustanciales inherentes a la validez y eficacia del juicio justo" y es por esto que solicita se declare la nulidad deprecada.

3. CONSIDERACIONES Para resolver la Sala comienza por indicar que de conformidad con el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 el desconocimiento del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales ocasiona la nulidad del trámite, razón por la cual se requiere acreditar un yerro insalvable en la estructura

del proceso o un quiebre de las garantías constitucionales de partes e intervinientes, por lo tanto, se deberá identificar la irregularidad sustancial, concretar la forma en que esta afectó el debido proceso o el derecho de defensa, precisar la fase en que se produjo, demostrar la concurrencia de los principios de las nulidades y señalar el momento a partir del cual debe reponersel. 1 Cf. CSJ. AP337-2024, rad. 64509. Página 4 de 11 1ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barrote Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 :echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D2413 CUI 11001600010220170003301

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L o a n t e r i o r p o r q u e l o s m o t i v o s d e n u l i d a d n o s o n d e p o s t u l a c i ó n l i b r e y , p o r t a n t o , e s t á n s o m e t i d o s a p

r i n c i p i o s s i n los cuales no pueden operar: En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley —principio de taxatividad-; no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidante —principio de protección—; aunque se configure la irregularidad, puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales, salvo los casos de ausencia de defensa técnica o falta de competencia cuando esta no es prorrogable,-— principio de convalidación—; quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento -principio de trascendencia—; no se anulará un acto cuando cumpla la finalidad para la que estaba destinado, pues lo importante no es que se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, dado que las formas no son un fin en sí mismas, siempre que no haya transgresión de alguna garantía fundamental de los intervinientes en el proceso -principio de instrumentalidad de las formasy; sólo tiene lugar la anulación cuando no existe manera de subsanar el yerro procesal —residualidad— En conclusión, la declaratoria de nulidad es una medida de carácter excepcional ante el acaecimiento de una irregularidad insubsanable, razón por la cual quien la alegue

debe demostrar que no existe remedio procesal distinto para restablecer el derecho afectado. Ahora, la Ley 906 de 2004 establece dos momentos para proponer las nulidades: (1) en la audiencia de formulación de acusación (artículo 339-1) y, (ii) en la sustentación del recurso de casación (artículo 181.2). En la primera oportunidad se ventilan las acaecidas hasta esa fase procesal, lo que no excluye que con posterioridad a la acusación y antes de la sentencia, el 2 Cf. CSJ. Ibidem. Página 5 de 11 firmado electróni Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Arlel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez “echa: 17-07-2024 Código de verlficación: 4EC96CE4AE8385A401B277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248 CUI 11001600010220170003301

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Lo anterior porque los motivos de nulidad no son de postulación libre y, por tanto, están sometidos a principios sin los cuales no pueden operar: En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley -principio de taxatividad-; no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidante -principio de protección-; aunque se configure la irregularidad, puede convalidarse con el

consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales, salvo los casos de ausencia de defensa técnica o falta de competencia cuando esta no es prorrogable,- principio de convalidación-; quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento -principio de trascendencia-; no se anulará un acto cuando cumpla la finalidad para la que estaba destinado, pues lo importante no es que se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, dado que las formas no son un fin en sí mismas, siempre que no haya transgresión de alguna garantía fundamental de los intervinientes en el proceso -principio de ins trumentalidad de las formasy; sólo tiene lugar la anulación cuando no existe manera de subsanar el yerro procesal -residualidad-2 En conclusión, la declaratoria de nulidad es una medida de carácter excepcional ante el acaecimiento de una irregularidad insubsanable, razón por la cual quien la alegue debe demostrar que no existe remedio procesal distinto para restablecer el derecho afectado. Ahora, la Ley 906 de 2004 establece dos momentos para proponer las nulidades: (i) en la audiencia de formulación de acusación (artículo 339-1) y, (ii) en la sustentación del recurso de casación (artículo 181.2). En la primera oportunidad se ventilan las acaecidas hasta esa fase procesal, lo que no excluye

que con posterioridad a la acusación y antes de la sentencia, el 2 Cf. CSJ. Ibídem. Página 5 de 11 3ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Arlei Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sancha] :echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC251DEC905D248 CUI 11001600010220170003301

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JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 juez pueda decretar la nulidad en los eventos en que sea imperioso sanear el proceso con fundamento en los artículos 138 num. 2 y 5 (salvaguarda de los derechos de las partes e intervinientes) y 139-3 (corrección de actos irregulares). Si bien el saneamiento debe ser inmediato y procede de oficio, ello no habilita a las partes para que lo aleguen por fuera de la oportunidad procesal, o que lo empleen como artificio para dilatar la actuación, de ahí que, planteada la petición, el juez debe sopesarla para evaluar si la rechaza, la decide de inmediato o la difiere para el momento de la sentencia, como lo consideró la Sala de Casación Penal, cuando revisando un caso análogo, indicó: P a r a l a S a l a , p e r f e c t a m

e n t e , c o m o s u c e d i ó , l a d e c i s i ó n d e l o o i n d n i m e l e d a v a c a e e i n t e r n t o p a i s a r l s o a r i a r b a n i r s t a a e s a d o , p r o l o n g a c i ó n d e l d e b a t e , p o d í a d i f e r i r s e p a r a e l f a l l o , p u e s , i n d e p e n d i e n t e d e l a j u s t e z a o n o d e l o d e p r e c a d o , e l t e m a n o o b l i g a b a s u s p e n d e r e l t r á m i t e , r l i e d a s e n r p m e p e u n n a c e e n r d

q o l a s m u i t i r a t á i e n a m m a s c g t a . a u u a l n a a r En este sentido, el que asista al juez la facultad oficiosa de decretar las nulidades cuando las advierta, no puede constituir factor de habilitación respecto de las partes, pues, estas sí se hallan sujetas a los estrictos términos y oportunidades procesales, no sea que por el camino de la solicitud reiterada o inoficiosa de este tipo de mecanismos invalidantes, se obtengan efectos dilatorios o entrabe el procedimiento por la sola voluntad”. P u e s b i e n , e n r e l a c i ó n c o n e l c a s o c o n c r e t o y e n u n e j e r c i c i o d e p o n d e r a c i ó n r a z o n a b l e m e n t e a d e c u a d o , d e c a r a a l a s o l i c i t u d d e n u l i d a d p r o p u e s t a p o r

l a d e f e n s a t é c n i c a d e l p r o c e s a d o C A S T I L L O C I S N E R O S , e s t i m a l a S a l a q u e l o p r o c e d e n t e e s r l s a p a i z d p o s g o e l r r u n a e i e n c e s o : h n a t e z s a r l a E n e l p r o v e í d o c u y a n u l i d a d s e d e p r e c a s e e x p l i c ó c ó m o a p a r t i r d e l p r i n c i p i o d e l i m i t a c i ó n , l a j u r i s p r u d e n c i a h a v e n i d o s o s t e n i e n d o q u e l a c o

m p e t e n c i a d e l a s e g u n d a i n s t a n c i a e s t á 3 Cf. CSJ. SP1850-2014, rad. 43002. Página 6 de 11 t o f i r m a d o e l e c t r ó n i t F i r m a d o p o r : J o r g e E m i l i o C a l d a s V e r a , B l a n c a N e l i d a B a r r e t o A r d i l a , A r i e l A u g u s t o T o r r e s R o j a s , R o d r i g o E r n e s t o O r t e g a S a n c h e z “ e c h a : 1 70 72 0 2 4 C ó d i g o d e v e r i f i c a c i ó n : 4 E C 9 6 C E 4 A E 8 3

B 5 A 4 0 1 B 2 7 7 C 0 6 2 5 3 C 5 C 9 5 C 5 7 3 A 0 F D 2 F E 3 0 5 C 9 A 7 B C 2 5 D E C 9 0 5 D 2 4 8 CUI 11001600010220170003301

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JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 juez pueda decretar la nulidad en los eventos en que sea imperioso sanear el proceso con fundamento en los artículos 138 num. 2 y 5 (salvaguarda de los derechos de las partes e intervinientes) y 139-3 (corrección de actos irregulares). Si bien el saneamiento debe ser inmediato y procede de oficio, ello no habilita a las partes para que lo aleguen por fuera de la oportunidad procesal, o que lo empleen como artificio para dilatar la actuación, de ahí que, planteada la petición, el juez debe sopesarla para evaluar si la rechaza, la decide de inmediato o la difiere para el momento de la sentencia, como lo consideró la Sala de Casación Penal, cuando revisando un caso análogo, indicó: Para la Sala, perfectamente, como sucedió, la decisión de lo planteado, en aras de evitar maniobras dilatorias o innecesaria prolongación del debate, podía diferirse para el fallo, pues, independiente de la justeza o no de lo deprecado, el tema no obligaba suspender el trámite,

a más que ninguna norma en particular reclama de la inmediata respuesta. En este sentido, el que asista al juez la facultad oficiosa de decretar las nulidades cuando las advierta, no puede constituir factor de habilitación respecto de las partes, pues, estas sí se hallan sujetas a los estrictos términos y oportunidades procesales, no sea que por el camino de la solicitud reiterada o inoficiosa de este tipo de mecanismos invalidantes, se obtengan efectos dilatorios o entrabe el procedimiento por la sola voluntad3. Pues bien, en relación con el caso concreto y en un ejercicio de ponderación razonablemente adecuado, de cara a la solicitud de nulidad propuesta por la defensa técnica del procesado CASTILLO CISNEROS, estima la Sala que lo procedente es rechazarla de plano por las siguientes razones: En el proveído cuya nulidad se depreca se explicó cómo a partir del principio de limitación, la jurisprudencia ha venido sosteniendo que la competencia de la segunda instancia está 3 Cf. CSJ. SP1850-2014, rad. 43002. Página 6 de 11 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca blenda Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248 CUI 110016000102201'70003301

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JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 circunscrita exclusivamente al asunto apelado y a lo que resulte

inescindiblemente vinculado con éste de tal modo que el a quo retiene la competencia respecto de cualquier otro asunto que deba resolverse posteriormente no relacionado con la materia del recurso, pues lo contrario conllevaría a la parálisis de la actuación con las consabidas consecuencias frente a los principios de eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 10

L. 906 de 2004), de suerte que en caso de una apelación concedida en efecto suspensivo de un auto que negó pruebas deberá continuarse hasta cuando sea imposible avanzar por requerirse de la decisión de segundo grado.

Por ejemplo, si fueron recurridas pruebas negadas a la Fiscalía, se avanzará con las decretadas a ésta y una vez se agoten se suspenderá la audiencia hasta cuando se conozca la decisión del ad quem. Pero si se trata de pruebas negadas únicamente a la defensa, se practicarán las de la Fiscalía y las decretadas a la defensa y una vez agotadas se suspenderá hasta que la segunda instancia resuelva las que fueron objeto del recurso. Se puso de manifiesto entonces, contrario a lo sostenido ahora por la defensa y demás intervinientes, que esta exegesis no afecta la estructura básica del sistema penal oral acusatorio pues los principios de concentración, inmediación y contradicción de la prueba,

pilares del nuevo procedimiento, se conservan incólumes ya que el juicio se adelanta de manera concentrada hasta tanto sea imprescindible la decisión de segunda instancia en cuyo caso se suspenderá mientras se pronuncia ésta. Página 7 de 11 J o c u m e n t o f i r m a d o e l e c t r ó n i c a m e n t e F i r m a d o p o r : J o r g e E m i l i o C a l d a s V e r a , B l a n c a N e l i d a B a r r e t o A r d i l a , A r i e l A u g u s t o T o r r e s R o j a s , R o d r i g o E r n e s t o O r t e g a S a n c h e z “ e c h a : 1 70 72 0 2 4 C ó d i g o d e v e r i f i

c a c i ó n : 4 E C 9 6 C E 4 A E 8 3 B 5 A 4 0 1 B 2 7 7 0 6 2 5 3 C 5 C 9 5 C 5 7 3 A 0 F D 2 F E 3 0 5 C 9 A 7 B C 2 5 D E C 9 0 5 D 2 4 8 CUI 11001600010220170003301

PRIMERA INSTANCIA 00641

JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004 circunscrita exclusivamente al asunto apelado y a lo que resulte inescindiblemente vinculado con éste de tal modo que el a quo retiene la competencia respecto de cualquier otro asunto que deba resolverse posteriormente no relacionado con la materia del recurso, pues lo contrario conllevaría a la parálisis de la actuación con las consabidas consecuencias frente a los principios de eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 10 L. 906 de 2004), de suerte que en caso de una apelación concedida en efecto suspensivo de un auto que negó pruebas deberá continuarse hasta cuando sea imposible avanzar por requerirse de la decisión de segundo grado. Por ejemplo, si fueron recurridas pruebas negadas a la Fiscalía, se avanzará con las decretadas a ésta y una vez se agoten se suspenderá la audiencia hasta cuando se conozca la decisión del ad quem. Pero si se trata de pruebas negadas únicamente a la defensa, se practicarán las de la Fiscalía y las

decretadas a la defensa y una vez agotadas se suspenderá hasta que la segunda instancia resuelva las que fueron objeto del recurso. Se puso de manifiesto entonces, contrario a lo sostenido ahora por la defensa y demás intervinientes, que esta exegesis no afecta la estructura básica del sistema penal oral acusatorio pues los principios de concentración, inmediación y contradicción de la prueba, pilares del nuevo procedimiento, se conservan incólumes ya que el juicio se adelanta de manera concentrada hasta tanto sea imprescindible la decisión de segunda instancia en cuyo caso se suspenderá mientras se pronuncia ésta. Página 7 de 11 locumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 17-07-2024 Código de verificación: 4EC96CE4AE83B5A40113277C6253C5C95C573A0FD2FE305C9A7BC25DEC905D248 CUI 11001600010220170003301

PRIMERA INSTANCIA 00641

JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS LEY 906 DE 2004

Este entendimiento, contrario a lo que se alega por el peticionario, armoniza con una teleología constitucional del artículo 363 de la Ley 906 de 2004, que privilegia el derecho sustancial sobre el formal en orden al cumplimiento de los fines de la justicia en cuanto a su celeridad y eficacia, pues la posibilidad de la suspensión de la audiencia preparatoria con motivo de la apelación de pruebas debe concebirse en lo que tiene qué ver con las negadas

o lo inescindiblemente ligado a estas, permitiendo proseguir el juicio oral hasta cuando sea imprescindible contar con la decisión de segunda instancia sobre las pruebas debatidas. En relación con los principios inherentes al sistema penal oral acusatorio que alegan partes e intervinientes que podrían verse afectados, la Sala en la anterior oportunidad citando las C-873 de 2003, la C-591 de 2005 y C-1260 de 2005, explicó cómo de cara al análisis hecho allí por la Corte Constitucional no puede afirmarse la afectación de las principios de concentración e inmediación de la prueba por el hecho de continuarse con el juicio en lo que no tiene relación con el objeto de la alzada o con aspectos inescindiblemente ligados a este, a pesar de encontrarse en trámite el recurso de apelación concedido en efecto suspensivo contra la negativa de prueba. Y ello porque sobre esto se dijo antes que podría pensarse que adelanta