CSJ - AP1208-2024(62863)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente AP1208-2024 Radicación # 62863 Acta 045 Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS: La Corte resuelve el recurso de apelación promovido por la doctora LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO (ex Fiscal de la Unidad de Justicia Transicional) y su defensora, contra el auto del 25 de octubre de 2022, mediante el cual el Tribunal de Bogotá decidió disponer la práctica de pruebas solicitadas por la Fiscalía y negar algunas pedidas por la defensa.

HECHOS: Según se estableció en la acusación, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, LUZ NANCY PRIETO, en su condición de Fiscal Coordinadora del Grupo de Compulsa de

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Copias y Postulados Excluidos de la Unidad de Justicia Transicional (cargo al cual compete hacer seguimiento a las decisiones de los Fiscales de ese grupo y presentar informes sobre el cumplimiento de metas según el Plan de Acción de la Dirección y las pautas estratégicas de la Fiscalía), incurrió en irregularidades respecto del registro en el sistema SIJUF de las fechas en las cuales fueron proferidas decisiones de fondo dentro de los radicados 6, 7, 11, 22, 23, 26, 545, 548 y 551, asignados a la Fiscalía 244 especializada.

Además, los registros de las actuaciones de esos expedientes fueron modificados a instancia de la acusada en el sistema SIJUF por Lucy Lourdes Nisperuza Correa en abril de 2019, pero al advertir que las fechas de las providencias no coincidían con las registradas, ingresó nuevamente al sistema para efectuar las respectivas correcciones. La Directora de la Unidad de Justicia Transicional dispuso la correspondiente compulsa de copias al conocer de las referidas irregularidades, advertidas el 27 de agosto de 2019 por Lida Leida Contreras Hernández, Coordinadora del mencionado Grupo, que remplazó a la acusada.

ACTUACIÓN PROCESAL: El 5 de marzo de 2021, ante el Juzgado 35 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó a LUZ NANCY PRIETO CLAVIJO la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del Código

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Penal) a título de coautora, oportunidad en la cual no le fue impuesta medida de aseguramiento. Radicado el escrito de acusación por la referida imputación jurídica, la correspondiente audiencia se realizó el 10 de junio de 2021 en el Tribunal Superior de Bogotá. La audiencia preparatoria se instaló el 26 de enero de 2022, en la cual la defensa descubrió sus elementos materiales probatorios. El 10 de marzo siguiente se continuó con la enunciación probatoria de la Fiscalía y la defensa, oportunidad en la cual la Fiscal Delegada formuló su solicitud

de pruebas. De igual manera procedió la defensora el 28 de marzo de la misma anualidad. El 5 de abril siguiente tuvieron lugar las solicitudes de inadmisibilidad, rechazo y exclusión de los elementos de prueba de la contraparte. PROVIDENCIA IMPUGNADA Mediante auto del 25 de octubre de 2022, el Tribunal decidió: Decretar los medios probatorios solicitados por la Fiscalía. Son ellos, fundamentalmente: Elemento Material Probatorio (en adelante EMP) No. 2. Resolución 04803 del 5 de agosto de 2008 mediante la cual se nombró a LUZ NANCY PRIETO como Fiscal Seccional. EMP No. 3. Acta de posesión del 12 de agosto de 2008, además de EMP. No. 36. Plan de acción y reconcertación de metas Grupo de Compulsa de 3 CUI 11001600005020193648201

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Copias y Postulados Excluidos del 27 de agosto de 2019, suscrito por Lida Contreras Hernández. Copias de correos electrónicos enviados por la acusada a otros empleados de la entidad, así como recibidos por ella respecto de su labor, incluyendo actas o documentos relacionados. Decisiones inhibitorias y de preclusión de la investigación proferidas en varios radicados. Las declaraciones de investigadores del CTI, profesionales, fiscales, asistentes y coordinadores en la Fiscalía, como Edilberto Buitrago Buitrago, Mariela Heredia García, Lida Leida Contreras Hernández, Ana Graciela González Bohórquez, Jimmy Alexander Cruz Quintero,

William Yesid Molina Romero, Rosaura Cárdenas Olarte, Liliana María Calle Rojas y Lucy Lourdes Nisperuza Correa.

Igualmente se decretaron: EMP No. 5. Copia de las Resoluciones del 26 de abril y 14 de junio de 2018 por medio de las cuales se encargó a LUZ NANCY PRIETO como fiscal especializada y coordinadora del Grupo de Compulsa de Copias y Postulados Excluidos. EMP. No. 18. CD contentivo de documentos Excel de actas de verificación para compulsa de copias y el informe final del año 2018 presentado por la procesada a Yesid Molina, mencionado en el hecho

jurídicamente relevante No. 9 del escrito de acusación. Sobre los anteriores expresó el Tribunal que si los elementos materiales probatorios ofrecidos por la Delegada y cuya exclusión solicitó la defensa no corresponden a datos 4 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 privados de la procesada sino a una base de datos de la misma Fiscalía, su obtención no afecta su derecho a la intimidad, luego para su extracción y recolección no se requería orden judicial previa. Además, como la defensa solicitó la exclusión de los anteriores elementos por la falta de cadena de custodia, lo cierto es que, expresó aquella Corporación, la jurisprudencia tiene definido que tal circunstancia no es una causal para excluir, rechazar o inadmitir un elemento de prueba, pues la parte que lo solicita deberá demostrar su autenticidad en el desarrollo del juicio oral, bajo el entendido que los vicios de

recolección, envío, manejo, análisis y conservación no afectan su legalidad, sino su eficacia, credibilidad o mérito probatorio. Adicionalmente, el Tribunal accedió a la práctica de las siguientes pruebas solicitadas por la Fiscalía: Copia de la compulsa de copias realizada por Liliana María Calle Rojas (Directora de Justicia Transicional de la Fiscalía), aducida mediante la investigadora Dora Mariela Heredia como testigo de acreditación. EMP No. 4. Acta de posesión 279 del 30 de abril de 2018, por cuyo medio la procesada asumió como fiscal especializada en encargo. EMP No. 5. Resoluciones 508 del 26 de abril de 2018 y 0235 del 14 de junio de 2018, mediante las cuales la acusada fue nombrada como fiscal especializada en encargo y coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Compulsa de Copias. Sobre estos documentos el Tribunal manifestó que según los hechos jurídicamente relevantes, precisamente el objeto de prueba se relaciona con las conductas irregulares de LUZ NANCY PRIETO entre el 1 5 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 de enero y 31 de diciembre de 2018, cuando se desempeñó como Fiscal Coordinadora, de modo que tienen relación directa con el objeto de prueba y por eso se decretaron. También expuso aquella Corporación, que la acusada, a través de su correo electrónico institucional impartía instrucciones al equipo de trabajo y, si bien no se trata de documentos de libre acceso, sí pueden ser considerados como

públicos, por tratarse de una herramienta de para la comunicación entre sus servidores y el cumplimiento de sus cometidos institucionales y legales, motivo por el cual fueron decretados. Igualmente, consideró que esos elementos son pertinentes pues la Fiscalía pretende acreditar las posibles alteraciones en los registros de algunos procesos del Grupo de Compulsa de Copias y Postulados Excluidos dirigida por la acusada. Además, la Fiscalía manifestó que los documentos fueron allegados a través de la investigadora Dora Mariela Heredia García. Con relación a las peticiones probatorias de la defensora de la acusada, referidas a recibir los testimonios de funcionarios y empleados de la Fiscalía, el Tribunal los decretó por considerarlos pertinentes, pero respecto de los de interés común con la Fiscalía manifestó que la defensa podría acudir al contrainterrogatorio o, si la Fiscalía renuncia a ellos, al interrogatorio directo, pues no adujo los motivos por los cuales el contrainterrogatorio no es suficiente, como lo tiene definido la jurisprudencia. 6 CUI 11001600005020193648201

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Se decretaron por pertinentes, entre otros, derecho de petición del 22 de septiembre de 2021 y su respuesta, otros correos y transcripciones de declaraciones juradas realizadas por la Fiscalía en caso de requerirse para refrescar memoria o impugnar credibilidad. A instancia de la Fiscalía, se negaron las siguientes pruebas solicitadas por la defensa por falta de descubrimiento: Correo electrónico del 23 de enero de 2021,

enviado por LUZ NANCY PRIETO CLAVIJO a investigacionesjudiciales@hotmail.com, derecho de petición del 17 de septiembre de 2021, dirigido al Almacén de Evidencias de la Fiscalía General de la Nación, correo electrónico del 23 de octubre 2018. Se decretó el correo electrónico de 23 de enero de 2021, aunque hubo un error de digitación en la fecha. Finalmente, se admitió el elemento material probatorio denominado por la defensa A1, correspondiente al derecho de petición del 29 de julio de 2021, sobre las circunstancias en las que se pudo cometer el delito objeto de acusación. En suma, se decretaron las pruebas solicitadas por la Fiscalía, así como los elementos materiales probatorios pedidos por la defensa, salvo los enumerados como A5 y A10.6, por falta de descubrimiento probatorio y se precisó que respecto de Liliana María Calle, Ana Graciela González y William Yesid Molina podrá acudirse al contrainterrogatorio o, de presentarse la renuncia a estas declaraciones por la Fiscalía, comparecerán al juicio como testigos de la defensa. 7 CUI 11001600005020193648201

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EL RECURSO DE APELACIÓN

1. En nombre propio por la doctora LUZ NANCY

PRIETO CLAVIJO.

(a) Manifestó que esta actuación tiene fallas desde el inicio, pues la Fiscal encargada de la investigación desconoce la estructura de la Ley 906 de 2004 y la asumió como si se tratara de la Ley 600 de 2000, sin haber aclarado cómo se

demostró que actuó dolosamente (voluntad de conciencia). A su vez, en la audiencia de acusación se corrigieron fechas, pero los hechos jurídicamente relevantes fueron mal elaborados en cuanto atañe a definir la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, de manera que se pregunta “¿De qué me voy a defender sí yo no me puedo defender porque no tengo de qué defenderme?”. (b) Solicitó se evalúe si se violó su derecho a la defensa técnica, pues en la sesión del 26 de octubre de 2022 no asistió su abogada, pero se dio a conocer el auto a través del cual se decretó la práctica de pruebas, se rechazaron e inadmitieron algunas de la defensa, para lo cual adujo el Tribunal que por tratarse de una fiscal procesada tenía la condición de abogada y podía recurrir. (c) De otra parte, expuso la doctora NANCY PRIETO, al considerar aquella Corporación que los correos electrónicos son prueba documental, desconoció la noción de mejor evidencia establecida en el artículo 433 del Código 8 CUI 11001600005020193648201

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Procesal Penal. La Ley 527 de 1999 se ocupa de la evidencia digital y de los correos electrónicos como tipo de prueba que debe ser valorada de forma diferente a la documental y, por ello, la Fiscalía General creó una normativa interna para la recolección de la evidencia digital a fin de que sea autenticada, haya claridad sobre cómo se obtuvieron esos

elementos y la utilidad en términos de su inclusión si se trata de un medio de prueba o un tema de prueba para la construcción de la teoría del caso de la Fiscalía. Recordó que respecto del rechazo, la inadmisibilidad y la exclusión de pruebas proceden los recursos ordinarios y sobre el decreto de medios de convicción únicamente es viable el de reposición, salvo que el rechazo, la inadmisibilidad y la exclusión sean dispuestos por ilicitud o ilegalidad, caso en el cual se habilitan los recursos ordinarios. (d) Llamó la atención sobre los elementos materiales probatorios números 5 y 18, respecto de los cuales la defensa solicitó su rechazo por no haber sido descubiertos, pero el Tribunal en el auto impugnado manifestó que si lo fueron, al ser señalados en la audiencia de formulación de acusación y que el descubrimiento no solamente está en esa audiencia, sino que adicionalmente en el anexo del escrito de acusación y que si así lo quiere la defensa pues puede acudir a la Fiscalía y es allí donde se encuentran y se descubren, luego los tuvo como descubiertos. En el párrafo 51 dijo el Tribunal que el ponente instó a las partes a informar si el descubrimiento probatorio fue 9 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 completo, de modo que al responder afirmativamente “pues ya basta con simplemente concertar una reunión o un encuentro con la Fiscalía e ir a recoger los elementos”, pero no tuvo en cuenta que no es suficiente con que el medio probatorio se anuncie en el escrito de acusación, también

tiene que ser exhibido y entregado y se debe elaborar un acta de entrega completa. Pese a lo anterior, la defensa envió un correo electrónico a la Fiscal preguntándole si había elementos diferentes a los socializados, “para poder iniciar el ejercicio de la defensa en igualdad de armas (…) y la respuesta de ella fue que no”. El EMP No. 5 está constituido por dos resoluciones. Una es la 508 del 26 de abril de 2018 sobre la cual la defensa no solicitó el rechazo, sino su inadmisión, porque no aporta a la investigación y está por fuera de la línea de tiempo pues fue encargada por 17 días como Fiscal Especializada en abril de 2017, con mayor razón si no hay claridad sobre la época de los hechos, definidos en el párrafo 72 por el Tribunal como la línea de tiempo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de

2018. Tal resolución debe ser inadmitida.

La otra resolución es la 0235 del 14 de junio de 2018, “a través de la cual las niñas me asignaban funciones de coordinación”, anunciada en los hechos jurídicamente relevantes, pero no fue señalada en el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, de manera que no hace parte de los anexos y por ello no puede hacer parte de los elementos materiales probatorios, luego debe ser rechazada porque no fue descubierta en el escrito de acusación, ni en 10 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 la entrega documental que se hizo a la defensa a través de la

investigadora. Si bien el Tribunal dijo que son documentos que deben reposar en poder de la procesada, la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía, sin que como acusada esté llamada a entregar a dicha entidad elementos materiales probatorios. La Resolución 0235 nunca fue entregada físicamente a la defensa para que ejerciera sus derechos, circunstancia que impone su rechazo. (e) Respecto del elemento material probatorio número 18, que corresponde a un CD con documentos de Excel, del cual la Fiscalía entregó una impresión ilegible en un formato Pdf que no tiene cadena de custodia, adujo la acusada, que no hay cómo establecer “dónde, cuándo, cómo, por parte de quien se obtuvo, qué es lo que se busca”, independiente de la pertinencia que fue admitida de plano por el Tribunal “no tengo claro sobre qué me debo defender en ese contenido porque es un volumen de información que no ha sido delimitado en términos de lo que se probará y de qué y de cómo se probará ni tampoco de su origen ni tampoco de su destinatario final”. (f) Con relación a las exclusiones (párrafos 59 al 67 del auto apelado) refirió que fueron omitidos los protocolos legales en su recolección bajo los presupuestos normativos de evidencia digital y búsqueda selectiva en base de datos. No se acudió al juez de garantías, ni se realizaron controles posteriores a la recolección de la información, sobre lo cual 11 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 el Tribunal simplemente adujo que como la acusada es

servidora pública y los documentos fueron obtenidos de un equipo institucional, se trata de documentos públicos, los cuales no requieren las mencionadas formalidades para su aducción, es decir, se desconoció su expectativa razonable de intimidad y que se trata de documentos electrónicos, respecto de los cuales los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 527 de 1999 señalan las condiciones de admisibilidad, valoración y garantía de mismidad. (g) En cuanto a la inadmisión de pruebas, dijo la acusada, en el párrafo 68 y siguientes del auto impugnado no se aceptó la solicitud de inadmisión de la denuncia porque Dora Mariela Heredia García, la investigadora, estaba facultada por la Fiscalía para traer las pruebas, sobre lo cual hay dos imprecisiones. La primera, la orden que hace parte de los descubrimientos que hizo la Fiscalía dice “anexos de la denuncia”, no denuncia, de manera que no estaba facultada para traer la noticia criminal y, por lo tanto, no es el testigo de acreditación para ingresar tal elemento probatorio. La segunda, el Tribunal hizo referencia al artículo 249 del Estatuto Procesal Penal, haciendo extensivas las facultades de la Policía Judicial, pero esa norma trata de pruebas grafológicas, de pruebas físicas y otras específicas en las cuales se requiere la presencia del abogado, pero no de la facultad de “traer cosas que no le han ordenado”. 12 CUI 11001600005020193648201

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(h) Acerca del párrafo 89 del auto atacado, donde aparecen los EMP solicitados por la defensa, la doctora LUZ

NANCY PRIETO pidió se aclare, pues en la parte resolutiva solo se hizo alusión a que no serían decretados los elementos A5 y A10, pero en dicho párrafo no hubo pronunciamiento sobre los elementos A21, A51, A52, A53 y A54, luego parece un olvido del Tribunal y deben adicionarse. Sobre el no decreto de las pruebas relacionadas con el A5 y el A10-6, planteó dos comentarios. Acerca del A5 dijo el Tribunal que no fue descubierto, lo cual no es cierto, pues sí fue “verbalizado” y está dentro del cuadro presentado a esa Corporación. Con relación al A10-6 no se decretó porque con fecha del 28 de octubre de 2018 hay dos correos, sin que se sepa si se trata del de las 9 o el de las 11 de la mañana, es decir, no fue porque hubiera faltado el descubrimiento. Deben ser decretados los dos, porque es una línea de comunicación. En resumen, la acusada solicitó rechazar los elementos materiales probatorios número 5, específicamente la resolución 0235 que no fue descubierta por la Fiscalía ni hace parte del proceso. También, el número 18 por no tener seguridad de que lo recibido sea lo mismo anunciado por la Fiscalía, prueba documental que no ha sido posible ser analizada ni valorada. Se excluyan los elementos materiales probatorios de la Fiscalía enlistados en el párrafo 58 del auto del Tribunal por tratarse de evidencia digital y no documental bajo la teoría 13 CUI 11001600005020193648201

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SEGUNDA INSTANCIA 62863 de la mejor evidencia. Y finalmente, se inadmita la denuncia que se pretende hacer valer como elemento material probatorio número 1 pues no hay testigo de acreditación óptimo y adecuado para introducirla. Igualmente, se inadmita la Resolución 508 porque no aporta algo al juicio.

2. La defensora.

(i) Manifestó que respecto del punto 48 del auto apelado, referido al rechazo de los elementos materiales probatorios números 5 y 18, el primero corresponde a la Resolución 508 del 26 de abril del 2018 que fue descubierta, pero la que no se descubrió fue la Resolución 0235 del 14 de junio del 2018, referida a la acusada quedó como Fiscal Especializada por 17 días, no como lo entendió el Tribunal que le fueron asignadas las funciones de Coordinadora del Grupo de Compulsa de Copias y Postulados Excluidos y, por ello solicitó “el rechazo de esa enunciación que hizo la Fiscalía”. (ii) Sobre el elemento material probatorio número 18. Manifestó que la Fiscal no le descubrió un CD, sino un contenido en Pdf en 25 a 50 páginas impresas. No es lo mismo un archivo en Pdf a un archivo en Excel, el cual es importante para la defensa, porque de allí se sustrae la información de cuáles fueron los cambios y los registros, sobre los que un ingeniero puede aplicar filtros, proceder imposible sobre un documento en Pdf impreso. Por lo expuesto solicitó el rechazo, pues no le fue entregado el original en Excel. 14 CUI 11001600005020193648201

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(iii) Frente al punto 55. Se habla del informe final del año 2018 presentado por la procesada a Yesid Molina, vinculado con la declaración del Lida Leida Contreras Hernández. Ese informe no fue objeto de solicitud probatoria por la Fiscalía. Además, la Fiscal mediante correo informó que el mismo no hace parte del descubrimiento. Pero resulta que sí tiene relevancia porque ese informe se basa en el que presenta la doctora Lida Leida Contreras. En el punto 35, ese mismo informe es llamado “plan de acción y reconcertación de metas grupo de postulados excluidos de fecha 27 de agosto”. Su pertinencia radica en que muestra las respuestas y aclaraciones realizadas por la procesada al sistema de información documental, cuyo testigo de acreditación será la investigadora Mariela Heredia García. Si se va a realizar un cotejo, ello es imposible, pues el primer informe no fue descubierto y entonces, no hace parte del material probatorio. ¿Cómo se admite la prueba derivada que es ese informe? ¿Cómo se permite o se decreta la visibilidad de ese elemento material probatorio cuando se basa en un elemento material probatorio que no fue descubierto? Lo expuesto impone su rechazo, pero “también es un elemento material probatorio en temas de exclusión”. (iv) Sobre el numeral 58. En esta investigación, tal como lo dijo la acusada, el recaudo de información se hizo como si fuera en Ley 600, no fue verificada ni a través de actas de investigación ni mediante servidores de policía judicial y sencillamente se trajo la información con personas de carácter administrativo que no tienen funciones de policía

15 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 judicial, lo cual afecta el debido proceso, pues aunque se trate de una fiscal se deben mantener los protocolos de recaudo de pruebas, pero tal procedimiento se dejó en manos de personas de carácter administrativo que ingresan al CIJUF, extraen información, la presentan y dicen que hubo unas modificaciones al sistema. Tenía que acudirse al artículo 242 sobre “búsquedas selectivas en base de datos” y someterlas al juez de control de garantías, pues lo cierto es que ni la ley, ni la Constitución habilitan a un funcionario administrativo con funciones de policía judicial. No se pueden permitir fallas de la Fiscalía, el principio de libertad probatoria no quiere decir que las pruebas lleguen de cualquier manera, pues se viola el debido proceso. No se puede solicitar información mediante oficios, los técnicos de policía judicial deben ir hasta la fuente y traer las pruebas. Lo expuesto impone excluir los elementos materiales probatorios que están enumerados en el punto 58, pues también se viola el derecho de defensa. (v) Como lo dijo la doctora LUZ NANCY PRIETO, la defensa solicita la inadmisión del elemento material número 1, la compulsa de copias y el testigo de acreditación es Mariela Heredia García. Aquí hubo un error, pues el artículo 249 corresponde a una audiencia que requiere control previo y posterior, en cuanto se trata de evidencias o muestras que se toman al procesado, luego deben ser ordenadas por un juez de garantías, además que la orden que exhibe la Fiscal

en su momento, en este caso, era para traer los anexos, no la denuncia, de manera que la testigo de acreditación que 16 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 debía traer la Fiscalía para este caso no es precisamente la investigadora Dora Mariela Heredia y por eso se debe inadmitir. (vi) Respecto de los elementos materiales probatorios números 4 y 5 (punto 72), la Fiscalía definió una línea de tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, la cual no corresponde a los hechos. Y “si estamos hablando de un prevaricato es un acto cometido en un día no en un año”. Y si se trata de una falsedad ideológica, se comete en un momento, no en un año. Existe confusión acerca de cuándo ocurrieron los hechos lo cual hizo incurrir en error a los Magistrados del Tribunal. (vii) Párrafo 74. Los elementos materiales 7, 8, 9 y 10 no reúnen las características de documentos, pues no se sabe quién los creó, su destinatario, quién los suscribió, cómo los suscribió, sin que se pueda inferir que William Yesid Molina es el autor, pues se trata de tablas, de manera que deben ser inadmitidos. (viii) En el punto 76 hay un error, dijo la defensora, pues su asistida, a través de su correo electrónico institucional en la Fiscalía impartía instrucciones a su equipo de trabajo que, si bien no son documentos de libre acceso al público, si pueden ser considerados como tales

debido a que son una herramienta suministrada por una entidad pública, además, los mismos fueron aportados por William Yesid Molina cuyo testimonio también fue solicitado por la fiscal delegada. El problema es que quien los aportó no 17 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 pertenece al equipo de trabajo de la Coordinación de Compulsa de Copias, sino a la Dirección de Justicia Transicional, como Ana Graciela González y Jimmy Alexander Cruz, cuya Directora dispuso realizar la auditoría que dio lugar a este proceso. Entonces, decir que esos funcionarios estaban bajo el mando de la procesada no es cierto, de manera que la forma de obtener esos documentos no era la que se utilizó. (ix) Punto 78. Sobre los elementos materiales probatorios números 11, 12, 13, 14, 15 y 16, la Fiscalía sustentó la pertinencia, mientras la defensa solicita su inadmisión, pues se desconoce quién los imprimió, y quien lo haya hecho no fue llamado a juicio. Sobre el correo electrónico del 30 de agosto y archivos adjuntos no hay claridad, no hay secuencia de los correos, y no se sabe la autoría. Además, quienes realizaron la auditoría, es decir, los empleados de control interno, son los mismos que recopilaron la información y se pretende que toda ingrese a través de la doctora Ana Graciela González, sin tener la condición de autora, máxime si para ingresar al CIJUF solo una persona tiene acceso a toda la información

de ese sistema, luego no hay lugar a decretar esas pruebas, deben ser inadmitidas. (x) Sobre el punto 82 que trata de los elementos materiales probatorios 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40, el Tribunal dijo que si hay problemas de autenticidad, estos deben ser 18 CUI 11001600005020193648201 LUZ NANCY YAMILE PRIETO CLAVIJO SEGUNDA INSTANCIA 62863 debatidos en el juicio y que quien debe probar es la parte interesada en desvirtuarla. El problema es que todo se decreta con tal argumento, sin un análisis de fondo de esos elementos materiales probatorios y de cómo está compuesto cada uno, de manera que debe disponerse inadmisibilidad de tales elementos. (xi) Punto 84. El Tribunal consideró que no es preciso solicitar como prueba en común el testimonio de Liliana María Calle, Ana Graciela González y William Yesid Molina Romero, pues basta el contrainterrogatorio para cumplir con el propósito. Lo que ocurre es que el tema respecto de Liliana María Calle consiste en precisar qué se entiende por plan de acción, los antecedentes de la auditoría, los reportes de información, cómo funciona el sistema de calidad de gestión documental y la verificación, temas no enunciados por la Fiscalía, pero que son importantes para la defensa, máxime si la doctora Liliana Calle debe manifestar cuál fue la afectación derivada del delito de la falsedad ideológica en

documento público. Respecto del testimonio de Ana Graciela González se pretende establecer el conocimiento que tiene sobre las auditorías, protocolo y procedimientos fijados por la ley de la reglamentación, lo cual podrían decir que se haga mediante contrainterrogatorio, pero muy seguramente la Fiscalía no mencione el tema de la auditoría, mientras que para la defensa si es importante, luego debe ser admitido su testimonio como prueba en común. 19 CUI 11001600005020193648201

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Igual ocurre con la declaración de William Yesid Molina, pues hay desconocimiento del llamado plan de acción, razón por la cual debe decretarse esta prueba en común para la defensa. (xii) Con relación al punto 89, el Tribunal no se pronunció sobre los elementos materiales probatorios del numeral A5 (derecho de petición con radicado Orfeo-202161-10-27-76-42 de fecha 17 de septiembre corresponde a solicitud de la defensa al almacén de evidencias acerca de si algún elemento material de prueba se había sometido a cadena de custodia en la Fiscalía General de la Nación). El elemento a A5.1 (correo electrónico dirigido a pedromedina@fiscalíainvestigacionesjudiciales del 27 de septiembre del 2021, correo de la investigadora con copia a la doctora Silvia Uribe). El A5.2 (correo del 23 de octubre del 2021 a las 2:04 la doctora Silvia Uribe da respuesta a Pedro Medina y a investigaciones judiciales sobre ese primer derecho petición que se presentó). El A5.3 (otro derecho a

petición mediante correo del 17 de septiembre del 2021 en las mismas condiciones, pero se envía a la zona industrial de Montevideo). Y el A5.4 (correo electrónico del 24 de septiembre del 2021 a las 11:55 del correo de Andrés F. Salamanca, quien era el asistente de Fiscal de la doctora