CSJ - AP1567-2024(64238)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente AP1567-2024 Radicación # 64238 Acta 062 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS: Resuelve la Sala si admite o no la demanda de casación presentada por el defensor de EDUARDO MANTILLA SERRANO contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó, con modificaciones, la emitida por el Juzgado 2º Penal Municipal de la misma ciudad, que lo condenó como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada.

HECHOS: El Tribunal dio por probado que EDUARDO MANTILLA SERRANO y Johana Álvarez Botero contrajeron matrimonio el 21 de abril de 2007 y convivieron hasta el 9 de febrero de 2015 en la ciudad de Bogotá, junto a sus dos hijos menores de edad S.M.A.

CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN y J.I.M.A. Durante ese tiempo el mencionado perpetró numerosos actos de violencia psicológica contra su esposa que se incrementaron, en cantidad e intensidad, después del nacimiento del segundo hijo de la pareja en el año 2012. En concreto, tuvo por demostrados los siguientes eventos:

1. Usualmente el acusado se dirigía a su compañera con expresiones como «usted solo pide, desgraciada por qué se tira la plata, lo que usted compra no sirve, desconsiderada, usted no sabe lo que me toca trabajar para darle la plata que le doy», que

generaron en ella sentimientos de minusvalía, inferioridad, desvalor e intimidación económica.

2. De manera persistente la desacreditaba en su rol de madre, esposa y mujer frente a sus hijos menores de edad y su entorno familiar. Asimismo, impedía el ingreso de personas a su residencia sin su autorización y controlaba las comunicaciones telefónicas y por correspondencia dentro de su hogar, creando un escenario de aislamiento.

3. En febrero de 2014 Álvarez Botero se vinculó laboralmente. Amparado en este hecho y en la supuesta falta de tiempo de su esposa, MANTILLA SERRANO contrató cuatro personas para que se encargaran de las labores domésticas y el cuidado de los menores. Desde entonces, por lo menos una de las empleadas custodiaba los encuentros de la víctima con sus hijos y, en general, vigilaban todo lo que hacía. Con posterioridad fueron llamadas como testigos en los procesos judiciales que aquel inició en su contra.

4. El 8 de mayo de 2014 el procesado radicó ante la

2 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN administración de la copropiedad en que habitaban una lista detallada de quiénes podían ingresar a su inmueble y desautorizó la adición de cualquier otra persona, salvo que él expresara su consentimiento. Además, infiltró la totalidad de las comunicaciones remitidas a su domicilio, pues sin importar el destinatario o remitente, debían entregársele a él.

5. El 12 de febrero de 2015 MANTILLA SERRANO seleccionó y empacó en bolsas de basura y cajas las pertenencias

de su esposa y las envió a casa de sus suegros.

ACTUACIÓN PROCESAL: Acorde a las previsiones de la Ley 1826 de 2017, el 24 de septiembre de 20191 la Fiscalía 8ª Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá corrió traslado del escrito de acusación formulado contra EDUARDO MANTILLA SERRANO como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada por recaer sobre una mujer y dos menores en circunstancias de mayor punibilidad por la posición distinguida del procesado en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio —arts. 58-9 y 229-2 de la Ley 599 de 2000—.

MANTILLA SERRANO no aceptó el cargo. El 1º de julio de 2020 se cumplió ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Bogotá con Función de Conocimiento la audiencia 1 El 24 de abril de 2018 la fiscalía formuló imputación contra EDUARDO MANTILLA SERRANO como autor del delito de violencia intrafamiliar agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El 27 de agosto siguiente le formuló acusación por las mencionadas conductas ante el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá con Función de Conocimiento. Sin embargo, con ocasión de la solicitud de nulidad formulada por la defensa durante la audiencia preparatoria del juicio oral, el 13 de mayo de 2019 el referido despacho judicial invalidó la actuación desde la audiencia de formulación de imputación debido a la imprecisión de los hechos relevantes. En consecuencia, devolvió la carpeta al Juzgado 28 Penal Municipal con

Función de Control de Garantías para que continuara con el trámite. 3 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN concentrada prevista en el artículo 542 de la Ley 906 de 2004, oportunidad en la que se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. El fallo fue emitido el 25 de noviembre de 2021 y en él se impuso al sentenciado la pena de 6 años de prisión como autor responsable de la conducta de violencia intrafamiliar agravada por la condición de mujer de la víctima e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En desacuerdo con esa decisión la defensa la apeló y el 27 de febrero de 2023 una Sala mayoritaria2 del Tribunal Superior de Bogotá la confirmó a través del fallo recurrido en casación, con la precisión de que la condena sólo abarcaría tres de los hechos atribuidos en el acto de acusación, en tanto absolvería por los restantes.

LA DEMANDA: De manera preliminar, el casacionista señaló que el recurso se dirige contra la unidad jurídica inescindible que conforman los fallos de primera y segunda instancia y advirtió sobre los cambios fundamentales contenidos en esta última. El Tribunal reconoció la transgresión del principio de congruencia por parte del juez de primera instancia y determinó que los eventos constitutivos del delito de violencia intrafamiliar agravada por los que se emitió condena en primera instancia fueron seis, los cuales sintetizó de 2 La decisión fue aprobada con salvamento de voto del Magistrado Luis Enrique Bustos

Bustos. 4 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238

CASACIÓN la siguiente manera: utilización de expresiones descalificantes y humillantes que generaron en la víctima sentimientos minusvalía, inferioridad y desvalor; actos de violencia económica; remisión de una carta descalificante a los progenitores de Johana Álvarez Botero; actos de control, juzgamiento y dominación tendientes a descalificar el rol de progenitora, esposa y mujer; promoción de numerosas acciones administrativas y judiciales su contra, y envío de sus pertenencias en bolsas negras y cajas a la casa de sus padres.

Sin embargo, en segunda instancia se modificó el fallo del juzgado para, en su lugar, absolver al procesado por la supuesta violencia económica, la remisión de la misiva a sus ex suegros y la formulación de acciones administrativas y judiciales contra su esposa. En lo demás se confirmó. Enseguida el censor reprodujo las razones del salvamento de voto expuestas por el Magistrado disidente. Sobre la finalidad del recurso, se circunscribió a la materialización de las garantías fundamentales de EDUARDO MANTILLA SERRANO, las que apreció desconocidas por las instancias al apartarse del criterio de la sana crítica en la valoración probatoria y desconocer el estándar de conocimiento requerido para condenar consagrado en el artículo 7º de la Ley 599 de 2000. Por último, evidenció la legitimidad que le asiste a su defendido para recurrir la condena proferida en su contra. La demanda consta de tres cargos fundamentados en la violación indirecta de la ley sustancial.

Cargo primero principal. Error de hecho por falso 5 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN raciocinio. Dijo el recurrente que el Tribunal incurrió en el aludido desatino por violación del principio de razón suficiente respecto de la valoración de dos de los tres eventos por los que se emitió condena: i) la utilización de expresiones descalificantes y humillantes que generaron sentimientos de minusvalía, inferioridad y desvalor y ii) el ejercicio de actos de juzgamiento, control y cercenamiento de la autonomía, pues la conclusión contenida en la sentencia desconoció la existencia de otra explicación plausible a los hechos objeto de reproche penal. En su criterio, el equívoco radica en haber tenido como cierta la siguiente proposición: Evidentemente, los comportamientos de MANTILLA SERRANO fueron ejecutados de manera dolosa, pues quiso: i) reemplazar a Johana Álvarez en la ejecución de las labores del hogar, ii) no permitirle estar a solas con sus hijos, iii) criticar y menospreciar su desempeño, e iv) impedirle volver a ingresar a la residencia, entre otros, y de esta forma sabía que lograría que la víctima perdiera legitimidad en su rol de madre y, con ello, se fracturara su relación con los menores de edad. En últimas, sabía que esos actos podrían desvertebrar el ya lastimado núcleo familiar y quiso deliberada y premeditadamente romper los vínculos afectivos y emocionales entre sus miembros. Tras aludir a la sentencia CSJ SP2706-2018, destacó la distinción que existe entra la violencia intrafamiliar cuando el

sujeto pasivo es una mujer y la «violencia fundada exclusivamente 6 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN en el género», con especial énfasis en la necesidad de probar que la acción del sujeto activo busca lacerar la unidad familiar como objeto de protección. Agregó que es precisamente sobre este último aspecto —el dolo— que se equivocó el fallo del Tribunal, por cuanto «edifica una proposición bajo la perspectiva exclusiva de que las acciones de EDUARDO MANTILLA SERRANO no sólo pretendían dominar a JOHANA ÁLVAREZ BOTERO, menoscabando su rol de madre y así fracturando la relación con sus hijos». De esta manera, aseguró, se desconoció que su intención era precisamente la contraria: salvaguardar la integridad de su núcleo familiar, especialmente la de sus hijos, debido a los erráticos métodos de enseñanza y corrección empleados por Johana Álvarez García, cuyo peligro y desproporción fue acreditado con los testimonios de Ana María Molina Galvis, Leonor Isaza Merchán, Armando Gómez Ortiz, María Victoria Mantilla Serrano, María Yolanda Piragauta Almanza y Eudith Moncada Ardila. Destacó que la testigo Eudith Moncada Ardila dio cuenta de los rituales anómalos que Álvarez Botero practicaba en el hogar junto a miembros de la comunidad religiosa conocida como Caballeros de la Virgen para contrarrestar supuestos actos de brujería ejecutados por el procesado y su familia, «lo que denota la fuerte animadversión que tenía la precitada en contra del señor

MANTILLA SERRANO».

Agregó que la tesis alternativa construida probatoriamente durante el juicio permite darle «contexto a las acciones de EDUARDO MANTILLA SERRANO», en tanto ponen de manifiesto que su intención era salvaguardar la integridad de sus hijos y no, como se concluyó, someter y dominar a quien era su esposa. De 7 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN esta manera, evidenció que la absolución del acusado es imperativa, pues esa realidad pone en entredicho que haya actuado dolosamente con la intención de afectar el bien jurídico protegido a la unidad familiar. Para terminar, aludió al dolo como elemento subjetivo del tipo penal, a su demostración a partir de la legislación vigente, a la jurisprudencia aplicable y a algunos planteamientos doctrinarios sobre la materia. De esta manera, planteó que el Tribunal transgredió indirectamente la ley sustancial que consagra el principio de in dubio pro reo —art. 7º de la Ley 599 de 2000—, en la medida en que desatendió el principio de razón suficiente y, con ello, la existencia de una hipótesis alternativa que sustrae la acreditación del elemento subjetivo del tipo penal de violencia intrafamiliar agravada que imponía la absolución del acusado. Aseguró que este hecho, sumado a la animosidad que la víctima reconoció sentir hacia el procesado desde el 2014, imponía al Tribunal el deber de apreciar su testimonio con mayor detenimiento y no, como ocurrió, conferirle plena credibilidad, en desmedro de los postulados de la sana crítica.

Solicitó por tanto casar la sentencia y emitir una decisión sustitutiva en la que se absuelva a EDUARDO MANTILLA SERRANO por los eventos denominados «utilización de expresiones desobligantes y la limitación de la autonomía de la señora ÁLVAREZ BOTERO». Cargo segundo principal. Error de hecho por falso juicio 8 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN de existencia por omisión. De entrada, indicó que este error se contrae al evento de violencia que el Tribunal denominó «Del envío de las pertenecías de Johana Álvarez en bolsas negras y cajas». Luego, a partir de los parámetros normativos y jurisprudenciales del error enunciado, señaló que éste se configuró debido a que se desconoció, según lo probado en el juicio, que la unidad familiar finalizó el 9 de febrero de 2015, durante una diligencia celebrada ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto ocurrió, en criterio del casacionista, porque se omitieron apartes del testimonio rendido por la afectada que permitían establecer que el vínculo familiar se rompió en esa fecha y no, el 16 de ese mes y año. En ese orden, aseguró que como lo acontecido con las pertenencias de la víctima sucedió cuando los implicados ya no cohabitaban, no es posible sostener que esta acción afectó el núcleo familiar. Sumado a dicha omisión, también desatendió el contenido del auto del 18 de febrero de 2015 emitido por el Juzgado 3º de Familia de Descongestión de Bogotá que corrobora la celebración

de los procedimientos ante el ICBF. De tal suerte, la condena abarca un suceso posterior «a la salida voluntaria del apartamento familiar de la víctima», concretamente, la remisión de sus pertenencias a la casa de sus padres el 16 de febrero de 2015. Por lo anterior, con sustento en los precedentes de la Sala, indicó que el error de hecho enunciado comportó la violación 9 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN indirecta del artículo 229 de la Ley 599 de 2000, toda vez que la condena abarcó hechos perpetrados por fuera del periodo de convivencia y, con ello, ajenos al ámbito de protección de la norma. Solicitó, por tanto, que se sustituya esa parte de la sentencia y, en su lugar, se absuelva por ese acontecimiento.

Cargo subsidiario único: Error de hecho por falso raciocinio.

Tras delimitar la naturaleza de la agravante contemplada en el inciso 2º del artículo 229 de la Ley 599 de 2000 cuando se trata de una víctima mujer, sostuvo que la sentencia condenatoria incurre en falso raciocinio porque encontró acreditado, sin estarlo, el contexto de violencia de género. Para ello, partió el fallo de una proposición que concluye que las acciones de contratar personal de servicio, preguntar por los visitantes e impedir el acceso de personas extrañas a la familia estaban encaminadas a soslayar como mujer, madre y esposa a la señora Álvarez Botero. Para la demostración del cargo aludió a la argumentación y soporte probatorio del primero principal, relativo al desconocimiento del principio de razón suficiente, y ahondó en la

trasgresión de las reglas de la sana crítica en la valoración de los testimonios de Johana Álvarez Botero y Eliana Santacruz que permitieron otorgarles un significado equivocado y fuera de contexto, toda vez que no se compadecen con las manifestaciones de las declaraciones restantes, al tiempo que incurren en contradicciones que impiden otorgarles plena credibilidad. 10 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN Cuestionó que para el Tribunal EDUARDO MANTILLA SERRANO vio a su esposa como alguien inferior, sobre quien, de manera consciente, premeditada y sistemática llevó a cabo actos de violencia psicológica que produjeron en ella desvalorización, baja autoestima y sufrimiento, pues, en su criterio, esta afirmación carece de sustento. Expuso que «dicha construcción indiciaria resulta desacertada, pues no es suficiente sostener que las actuaciones adelantadas por mi representado, por el simple hecho de dirigirse hacia su esposa, lo convierte en un agresor consuetudinario y sistemático de los derechos de las mujeres.» Agregó que un correcto análisis de las pruebas practicadas lleva a concluir que «lejos de actuar desde una posición de discriminación, dominación o subyugación, producto de un patrón de sometimiento hacia la víctima, todas y cada una de las acciones adelantadas por mi representado, tenían como único fin la protección de sus hijos menores de edad». En ese orden, concluyó que los hechos que se le reprochan no fueron cometidos en un contexto de violencia de género sino ante el instinto de proteger a sus hijos. Demandó, por tanto, que

de manera subsidiaria se excluya el agravante y se tase la sentencia a partir del marco de punibilidad del delito base de violencia intrafamiliar.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: Cargo primero principal. Error de hecho por falso raciocinio.

Como se indicó, el defensor de EDUARDO MANTILLA 11 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN SERRANO le atribuyó a las sentencias el haber incurrido en un error de hecho por falso raciocinio en la valoración de la mayoría de las pruebas practicadas y que sirvieron de fundamento a la decisión de condena respecto de los eventos relacionados con i) la utilización de expresiones descalificantes y humillantes que generaron sentimientos de minusvalía, inferioridad y desvalor en Johana Álvarez Botero y ii) el ejercicio de actos de juzgamiento, control y cercenamiento de su autonomía. Aunque emprendió el ataque conforme con el numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, erró en la estructuración de la argumentación requerida para sustentarla, limitándose a continuar el debate probatorio realizado en las dos instancias, lo que riñe con la esencia y finalidades del recurso de casación, pues además de que este medio de impugnación extraordinario no constituye una tercera instancia, como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, la sola discrepancia con la valoración probatoria realizada por el Tribunal no es un error impugnable. El recurso extraordinario de casación fue instituido como medio de control constitucional y legal de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores y, como lo determina el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, su finalidad es «la efectividad del derecho

material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos y la unificación de la jurisprudencia». La elaboración de la demanda, por ende, debe responder a esa naturaleza extraordinaria. Entonces, corresponde al censor identificar claramente la causal o causales invocadas, efectuar un desarrollo argumentativo lógico y coherente que corresponda con 12 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN los motivos y el sentido de la violación invocada, y demostrar la necesidad de un nuevo fallo con el que se logre concretar alguna de las finalidades del recurso. Es un recurso rogado e interpuesto frente una sentencia que goza de la doble presunción de acierto y legalidad, respecto de la cual el accionar de la Corte está limitado, en principio, sólo a las causales alegadas por el demandante. La Sala ha dicho reiteradamente que los errores que se pueden materializar cuando se trata del análisis probatorio, son de hecho o de derecho. Los primeros ocurren al desconocer la situación fáctica por incurrir en falsos juicios de existencia, de identidad o raciocinio. La demostración de este último exige que el recurrente precise qué dice el medio probatorio de manera objetiva, en qué consistió la inferencia que se hizo de este medio en la sentencia cuestionada, cuál fue el mérito persuasivo otorgado por el fallador y el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia desconocida por el fallo. En este caso, además, debe señalar cuál sería su correcta consideración y la trascendencia del error. Para terminar, le atañe

indicar cuál debe ser la correcta inferencia de la prueba y señalar cómo la enmienda del error evidenciado, apoyado en el examen conjunto de todos los medios probatorios, daría lugar a una declaración de derecho esencialmente diversa y opuesta a la cuestionada (CSJ AP3209-2019 y CSJ AP5321-2022). En el caso que se examina, sin embargo, el casacionista incumplió la carga demostrativa mencionada. En su lugar, reiteró los fundamentos del recurso de apelación relativos a la inadecuada apreciación de las pruebas que se practicaron en el juicio y que llevaron a la errada convicción sobre la 13 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN intencionalidad del procesado de afectar la armonía de su núcleo familiar cuando, lo verdaderamente acreditado, lleva a considerar que su comportamiento se encaminó a proteger a sus hijos del peligro que representaban las pautas de crianza y castigo implementadas por su esposa. De esta manera, denunció que la sentencia demandada desconoció el principio lógico de razón suficiente. Este, ha definido la Sala, es «aquel que reclama, en aras de reconocer el valor positivo de verdad de un enunciado, un motivo apto o idóneo para que ello sea así y no de cualquier otra forma» (CSJ SP, 12 sep. 2012, Rad. 36824). En otras palabras, es el que «alude a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición» CCSJ SP, 13 feb. 2008, Rad. 21844) o «a la aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida»

(CSJ SP, 12 sep. 2012, Rad. 36824). Para verificar la trasgresión del mencionado principio es necesario examinar cada caso de manera particular de acuerdo a la lógica de lo razonable, pues no existen modelos universales que faciliten su comprobación. Así lo ha dicho la Corte: Por supuesto, no todo enunciado, ya sea de índole fáctica o jurídica, exige una condición del mismo tipo para concluir su correspondencia con lo verdadero. De lo contrario, el principio de suficiencia llevaría, en todos los eventos, a una regresión infinita, esto es, a que cada proposición explicativa de otra demande a su vez una que la justifique. Son las circunstancias del asunto las que, desde la perspectiva de lo razonable, determinarán el debate acerca de "la aptitud o idoneidad del contenido del medio probatorio como 14 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN fundamento que bastase para predicar la verdad del enunciado". Es decir, mientras que el principio de no contradicción (al igual que otros principios de la lógica como los de tercero excluido e identidad) se refiere a la correcta forma de razonar desde un punto de vista formal, el de razón suficiente concierne de manera directa al contenido del objeto de conocimiento o, mejor dicho, al fundamento de verdad de los enunciados que se predican, por lo que tendría más vínculos con la epistemología que con la lógica de cuña aristotélica (CSJ SP, 13 feb. 2008, Rad. 21844). En el presente asunto el censor no logró evidenciar el desconocimiento de esa regla y, en contravía de la senda de

reproche escogida, insistió en anteponer su criterio en la apreciación de las pruebas con el propósito de exponer su personal interpretación de la verdad a la que ellas condujeron. De esta manera, pretende sostener que son insuficientes para satisfacer el estándar de conocimiento de una sentencia condenatoria —art. 381 de la Ley 906 de 2004—, en tanto dan cuenta de que el acusado actuó bajo la extrema necesidad de proteger la integridad de sus hijos. Así dejó formulada la hipótesis alternativa y plausible de los acontecimientos objeto de acusación que, a su juicio, fue desconocida por las instancias en la decisión condenatoria. Sin embargo, las razones expuestas por el Tribunal distan mucho de este particular discernimiento. Según consta en el fallo controvertido, Johana Álvarez Botero declaró lo siguiente: 15 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN (…) se casó con EDUARDO MANTILLA SERRANO el 21 de abril de 2007. Refirió que, a medida que pasaba el tiempo, éste empezó a tener comportamientos ofensivos con ella, pero cuando quedó embarazada de su segundo hijo J.I.M.A. -quien, de acuerdo con el registro civil, nació el 12 de junio de 2012-, la violencia se fue acentuando. Contó que durante el embarazo padeció una alergia respiratoria muy fuerte, por lo que tosía mucho y le costaba dormir; ante eso EDUARDO MANTILLA le decía “maldita, váyase al baño, déjeme dormir, desgraciada”.

Indicó que en diciembre del año 2013 le dijo que quería separarse y el procesado le dijo que se fuera, pero sin los hijos, y a partir de ese momento, la agresión se hizo más fuerte. El acusado le decía que no sabía ser mamá, ni ser ama de casa; ni siquiera sabía hacer mercado, razón por la que, posteriormente, buscó reemplazarla con varias empleadas. También le decía que le agradeciera porque le daba un plato de comida. En una ocasión, aseguró, EDUARDO MANTILLA le dijo “perra, desgraciada, casquivana, puta, prostituta”. Asimismo, Eliana Rocío Santacruz, quien trabajó como empleada doméstica interna de la familia en el año 2013 describió detalladamente el comportamiento del acusado con su esposa. En lo esencial, resaltó que éste la trataba muy bien en el ámbito público, pero no en la esfera privada. De ahí, que por la naturaleza de su vínculo laboral, pudo presenciar, a diferencia de los testigos restantes, cómo la humillaba, tachaba de mala madre, criticaba su apariencia física y hacía sentir menos por dedicarse al cuidado de los hijos cuando se encontraban en la intimidad del hogar. 16 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN Sumado a lo anterior, advierte la Sala que las circunstancias modales planteadas por la víctima ubican las primeras agresiones durante la etapa de gestación de su segundo hijo. Con este sólo hecho, se desvanece la tesis alternativa que sobre la conducta de EDUARDO MANTILLA SERRANO pretende introducir el libelista.

Además, como acertadamente señaló el Tribunal, dentro de las violencias que se presentan al interior de las familias la psicológica tiene connotaciones especiales por las dificultades que apareja su demostración, pues «se ejerce a partir de pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros» (CC T-462 de 2018 citada por el Tribunal). Por tal motivo, la configuración del injusto no puede valorarse a partir del comportamiento público del procesado. Por otra parte, la segunda instancia abarcó las manifestaciones de los testigos de la defensa. Sin embargo, a diferencia de lo esgrimido por el demandante, concluyó que apreciados en conjunto y de manera individual no solo no lograban restar credibilidad a los testigos de cargo sino que evidenciaban algunos prejuicios y estereotipos sobre el comportamiento esperado de una mujer y la manera en que este ideal era desatendido por Johana Álvarez Botero. En ese orden, la describieron como fanática religiosa, hipocondriaca, distraída, acelerada, imprudente y descuidada en su apariencia personal, sumado a que no se vestía de manera adecuada según las ocasiones y no encajaba en el grupo de amigos del acusado. Estos señalamientos, aunque resultan impertinentes de cara al objeto de análisis, ponen de manifiesto el contexto en que desenvolvía el matrimonio Mantilla Álvarez y la 17 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238 CASACIÓN forma en que era percibida la víctima. Por otra parte, mírese que, si bien María Victoria Mantilla y Armando Gómez declararon que la afectada «tenía un

temperamento fuerte», este hecho se muestra irrelevante de cara a las agresiones verbales y psicológicas que se le atribuyen. En otras palabras, no tiene la virtualidad de excusar su comportamiento. En lo tocante a las empleadas domésticas María Yolanda Piragauta y Eudith Moncada, el Tribunal fue muy preciso al señalar que, según sus dichos, los turnos en que trabajaban en la casa de la pareja no coincidían con los momentos en que EDUARDO MANTILLA SERRANO y Johana Álvarez Botero estaban juntos, motivo por el que no pudieron percibir personalmente cómo era la relación entre estos. También quedó demostrado que el procesado dio órdenes precisas para despojar a su esposa de la posibilidad de tomar cualquier decisión sobre quién ingresaba a su domicilio. En concreto, entregó una lista de las personas que podían entrar a la vivienda —en su mayoría miembros de su familia—, con lo cual no sólo mermó de manera sustancial su independencia, sino que dejó claro la superioridad de sus mandatos, al tiempo que la retrajo de su círculo cercano y propició su aislamiento. Esta incomunicación, pese a lo sostenido en la demanda, no concilia con la pregonada necesidad de proteger a los hijos comunes. Sobre el particular, la defensa sólo atinó a tachar como nociva para los menores la presencia de uno de los miembros de la comunidad católica Caballeros de la Virgen, pero no la necesidad de salvaguardia tantas veces aludida. Así lo dijo la 18 CUI 11001650078620150082701 Número Interno 64238

CASACIÓN corporación judicial de segunda instancia: Este, sin lugar a dudas, es un acto de dominación, pues la residencia era compartida por la pareja y, por ende, podían decidir, en igualdad de condiciones, quién ingresa y quién no. Si al procesado le preocupaba que alguno de los miembros de la comunidad Caballeros de la Virgen ingresara al apartamento porque consideraba que ponía en riesgo a sus hijos -como afirmó el apelante-, le bastaba prohibir el ingreso de esa persona específica, y no establecer una prohibición general de ingreso de cualquier persona distinta a su familia y, mucho menos, enviar la instrucción de que él sería el único avalado para dar autorización. Esta medida se muestra exagerada si quería proteger a sus hijos de una persona especifica. Claramente coartó la libertad de Johana Álvarez de recibir las visitas que quisiera o, incluso, la ayuda que requiriera para realizar algún arreglo. Sumado a lo anterior, las empleadas doméstic