CSJ - AP1571-2024(64442)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente AP1571-2024 Radicación # 64442 Acta 064 Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS: La Corte resuelve el recurso de apelación promovido por la Fiscalía y el defensor de DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, contra el auto proferido por la Sala Especial de Primera Instancia el 23 de junio de 2023, mediante el cual decidió declarar la nulidad solicitada en la audiencia de formulación de acusación por los defensores de los procesados DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA (ex Gobernadores del Meta), a partir de cuando se impartió legalidad a la imputación realizada el 20 de abril de 2021, además de no impartir legalidad a la formulación de acusación de la Fiscalía.

1 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA

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HECHOS: Según se planteó en la acusación, durante los años 2010 y 2011, cuando DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ era Gobernador del Departamento del Meta, se tramitó y celebró el contrato de obra 081 del 29 de abril de 2011 en el Instituto de Desarrollo del Meta (IDM1), establecimiento adscrito a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, para la construcción de ocho aulas, dos alojamientos, un comedor,

una lavandería y obras exteriores, por valor de $4.109’696.970, con el fin de mejorar el Internado Nuestra Señora de la Macarena, sede San Juan León de la vereda Brisas del Guayabero, municipio de La Macarena, con origen en el proyecto 641 de 2010. En los estudios previos se concluyó que no era necesario el permiso ambiental, pues se contaba con la “ficha o guía de manejo”. El contrato fue suscrito por Gilberto Toro (Gerente del IDM), facultado por la junta directiva, y por Hernando Betancourt Riveros (Representante legal del Consorcio Internado Sierra de La Macarena), cuya ejecución y liquidación se realizó en la administración del Gobernador ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA (2012-2015), pero el 16 de octubre de 2012, durante la ejecución del contrato, la Dirección Territorial Orinoquía de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales (DTO) abrió indagación preliminar de carácter administrativo-ambiental-sancionatorio, y el 29 de abril de 1 Hoy corresponde a la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM). 2 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 2013 impuso medida preventiva de suspensión de la obra de construcción en el internado porque se invadió un área de especial importancia ecológica y se produjo un daño grave al ecosistema.

ACTUACIÓN PROCESAL: El 20 de abril de 2021, ante un Magistrado del Tribunal

de Bogotá, la Fiscalía imputó a VÁSQUEZ SÁNCHEZ y a JARA URZOLA, la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautoresintervinientes, así como de daño en los recursos naturales agravado en condición de coautores (artículos 410 y 331-2-3 del Código Penal), con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-10 de aquella legislación (coparticipación criminal) y la de menor punibilidad establecida en el artículo 55-1 del mismo ordenamiento (ausencia de antecedentes). La Fiscalía radicó el escrito acusatorio el 6 de agosto de 2021 y en la audiencia de formulación de acusación realizada el 3 de agosto de 2022, los defensores solicitaron la invalidación de lo actuado desde la formulación de imputación, cubriendo, desde luego, la acusación, por considerar que no se reunían los requisitos formales propios de tal audiencia. Con auto del 23 de junio de 2023, la Sala Especial de Primera Instancia decidió declarar la nulidad solicitada por los defensores desde cuando se impartió legalidad a la 3 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 imputación del 20 de abril de 2021, además de no impartir legalidad a la formulación de acusación de la Fiscalía y, en consecuencia, devolver el escrito acusatorio a dicha entidad. Contra esta decisión, el defensor de DARÍO VÁSQUEZ

SÁNCHEZ interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación. A su vez, el apoderado de víctimas (Unidad de Parques Nacionales) y la Fiscalía interpusieron recurso de apelación. Mediante providencia del 18 de julio de 2023 se resolvió la reposición promovida por la defensa, manifestando la Sala de primer grado que la nulidad únicamente cobija el acto jurisdiccional del Magistrado de Control de Garantías, no la imputación realizada por la Fiscalía, en cuanto se trata de un acto de parte y se rige por los principios de independencia e imparcialidad. En la misma decisión negó el recurso de apelación instaurado por el apoderado de la Unidad de Parques Nacionales por carecer de interés al no haberse pronunciado a favor o en contra de la nulidad planteada por los defensores. Igualmente, concedió los recursos de apelación promovidos por la Fiscalía y el defensor de DARÍO VÁSQUEZ. 4 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA

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PROVIDENCIA IMPUGNADA Mediante auto del 23 de junio de 2023, la Sala Especial de Primera Instancia decidió declarar la nulidad solicitada en la audiencia de formulación de acusación por los defensores de los procesados DARÍO VÁSQUEZ y ALAN JARA, con base en las siguientes consideraciones: Comenzó por citar jurisprudencia sobre la declaratoria de nulidad y los principios que la rigen, así como sobre la

trascendencia de la imputación y la acusación y el principio de congruencia, además del control formal y material del juez sobre la imputación y la acusación, especialmente en cuanto se refiere a los hechos jurídicamente relevantes, sobre los cuales ahondó para concluir que “en el proceso ordinario el control material puede cubrir dos aspectos: (i) las razones suficientes para acusar y (ii) la calificación jurídica de los hechos jurídicamente relevantes; los cuales se extienden a la imputación”, de manera que “según la jurisprudencia tanto el control formal como el material a la imputación y a la acusación tienen una relación directa con los hechos jurídicamente relevantes. Adicionalmente, cuando existen errores groseros en la calificación jurídica, el juez está habilitado para ejercer el control material”. Ahora, al analizar el caso concreto, la Sala Especial inicialmente advirtió que respecto de los hechos jurídicamente relevantes, en la audiencia de imputación no se cumplió con las exigencias establecidas por la 5 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 jurisprudencia, circunstancia con trascendencia en la calificación jurídica provisional de las conductas imputadas. En tal sentido, encontró que el contenido de la imputación es contradictorio y no satisface la exigencia de expresar los hechos de manera clara, circunstanciada y concisa, de cara a las hipótesis típicas deducidas y a la forma de participación de los imputados. Así, se atribuyó a los

indiciados la calidad de coautores-intervinientes, a pesar de reconocer que tienen la condición de servidores públicos, máxime si al mismo tiempo se les atribuyó un proceder activo y omisivo, de manera que se vulneraron sus derechos al debido proceso y defensa, como lo ha señalado la Sala de Casación en varias oportunidades. Desde la imputación (20 de abril de 2021) el defensor de VÁSQUEZ SÁNCHEZ solicitó que no se impartiera legalidad al acto pues la Fiscalía no cumplió los parámetros del artículo 288 de la Ley 906 de 2004 con relación a los hechos jurídicamente relevantes, en cuanto no concretó las conductas imputadas. Por su parte, el defensor de JARA URZOLA consideró la imputación como deficitaria pues en tales hechos no se precisó si se trató de una acción o de una omisión. A su vez, los imputados manifestaron no comprender por qué les atribuyen los delitos dentro del contexto fáctico referido por la Fiscalía. El Ministerio Público dejó constancia en la audiencia de imputación de que aquellos no entendieron los cargos porque no se concretó su 6 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 participación, máxime si no intervinieron en el proceso contractual. Los defensores expresaron en la primera parte de la audiencia de formulación de acusación que el escrito acusatorio era una copia de la imputación, persistiendo los mismos errores de esta, de manera que la Fiscalía no corrigió

los yerros ya anunciados, motivo por el cual el 3 de agosto de 2022 solicitaron la nulidad antes de que la Sala declarara que la acusación había quedado formalizada. Respecto de DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, se dijo en la decisión apelada con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales:

1. De manera contradictoria se le atribuyó la calidad de coautor-interviniente, ignorando que por ser gobernador, pese a haber delegado la función de contratar, preservaba el carácter de servidor público, circunstancia que se opone a la de particular que caracteriza al interviniente.

Además, en la primera parte se imputó una acción, referida a actualizar los verbos tramitar y celebrar, pero, en la segunda, le fue imputada la omisión de ejercer los deberes de control y vigilancia derivados de la delegación. VÁSQUEZ SÁNCHEZ mantenía la atribución de contratar, así estuviera delegada y, por lo tanto, en él concurrían la condición de sujeto activo calificado, resultando abiertamente contradictorio que a la vez le fuera 7 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 imputada la calidad de interviniente, que se caracteriza justamente porque el sujeto activo actúa sin dicha condición, como particular. La Fiscalía atribuyó a DARÍO VÁSQUEZ las condiciones especiales del sujeto agente con dominio funcional de la conducta punible al señalar que era el ordenador del gasto y jefe de la administración departamental con facultades en

todas las fases de la contratación, pero a la vez, lo despojó de ellas para aducir que no contaba con la calidad jurídica exigida al atribuirle el carácter de interviniente.

2. Le fue atribuida de manera simultánea una acción y una omisión de una misma conducta punible.

No hay precisión acerca de si VÁSQUEZ SÁNCHEZ tramitó o celebró un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, o si fue otro servidor público quien lo hizo por estar delegadas en él esas etapas, las cuales eran controladas por el imputado. O si incumplió el deber legal de vigilancia y control sobre estas (comisión por omisión), derivado de la delegación. Al imputar una acción que implica actividad, pero a la vez una pretermisión por no ejercer el deber legal, la Fiscalía violó el principio de no contradicción, conforme con el cual una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo, por rigor lógico-jurídico. 8 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 “En conclusión, la imputación es lesiva para el procesado y la víctima porque su evidente indeterminación e incoherencia socava el derecho de defensa. No hay certeza acerca de los hechos y categorías de intervención en el delito, y tampoco es clara la modalidad de la conducta si es activa u omisiva”. Con fundamento en lo anterior, la Sala de Primera Instancia declaró “la nulidad de lo actuado a partir de la impartición de legalidad a la imputación para que se realice

con cabal respeto de las garantías fundamentales, por lo tanto, no se impartirá legalidad a la formulación de acusación”. También con relación a DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, pero respecto del delito de daños a los recursos naturales, se expresó en la providencia impugnada: La Fiscalía, pese a señalar que VÁSQUEZ SÁNCHEZ con la acción positiva “de tramitar y celebrar” el contrato dañó el medio ambiente, al tiempo le atribuyó omitir los deberes de vigilancia y control derivados de la delegación, esto es, por no ejercer control y tutela sobre la actividad contractual realizada por el gerente del IDM, frente al cual tenía posición de garante. Así las cosas, se imputó una acción y omisión a la vez, lo que imposibilita la labor defensiva. “En conclusión, la imputación contra VÁSQUEZ SÁNCHEZ no cumplió con su finalidad de comunicar de manera clara tanto los hechos como su valoración 9 CUI 11001600010220170040801

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y

ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 jurídica relevante en lenguaje comprensible, por lo tanto, es procedente la nulidad desde el acto jurisdiccional que impartió legalidad a la imputación de 20 de abril de 2021”. En cuanto atañe a ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA se adujo en el auto objeto de impugnación que fue incongruente llamarlo a “responder como servidor público y al tiempo como coautor-interviniente”, además de imputarle “una

acción y una omisión respecto de un mismo comportamiento”.

1. Con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se advirtió que no se determinaron los presupuestos fácticos de tal punible, pues la Fiscalía concluyó que JARA ARZOLA como jefe de la administración y ordenador del gasto tenía el control, la orientación y la tutela del gerente del IDM, quien liquidó el contrato 081 de 2011 con vulneración de los requisitos legales esenciales, relacionando extensamente las normas que fundamentan el deber de control y vigilancia del imputado. Es decir, que mantenía la función contractual que fue delegada en otro servidor público.

Pese a ello, los hechos jurídicamente relevantes denotan los mismos defectos referidos respecto del otro procesado, pues aunque se indicó que el verbo rector infringido fue el de liquidar un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con lo cual admite la Fiscalía que tenía la atribución legal, a continuación sostiene ilógicamente que actuó como interviniente, es decir, que no tenía las calidades requeridas 10 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 para el sujeto activo calificado, sin tener en cuenta que pese a la delegación no se había desprendido de la función, en cuanto era su deber ejercer control y vigilancia del actuar del director del IDM. En efecto, no puede ser coautor-interviniente un servidor público que al delegar la función de liquidar mantiene dicha atribución, de manera que la Fiscalía incurrió en una contradicción al enunciar los hechos

jurídicamente relevantes. Si era servidor público y por ello tenía el control y vigilancia de la actividad contractual delegada del gerente del IDM, quien liquidó el contrato con vulneración de requisitos legales esenciales, ALAN JARA no podía ser coautor-interviniente.

2. Se atribuyó a JARA URZOLA una acción y una omisión sobre un mismo comportamiento, pues la Fiscalía le atribuyó la acción de liquidar y la omisión de vigilancia y control para que tal acto fuera realizado de acuerdo a la ley.

En la modalidad activa, el supuesto de hecho se contrae a la conducta de un servidor público que entre sus atribuciones debe intervenir en el proceso de contratación e incumplió los presupuestos sustanciales, en este caso, en la liquidación, u omitió verificar su concurrencia. En el ámbito pasivo (comisión por omisión) los supuestos de hecho del contrato sin cumplimiento de requisitos legales son diferentes, esto es, no ejercer los deberes de control y 11 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 vigilancia respecto de la liquidación, todo lo cual debe ser claramente planteado en los hechos jurídicamente relevantes. “En conclusión, la imputación es confusa y ambigua pues sostienen hipótesis contradictorias, al atribuir la calidad de coautor-interviniente cuando JARA URZOLA tenía la condición de servidor público y a la vez la niega. De igual modo, se describe una acción (liquidar) y una omisión impropia (infracción de un deber), lo que conlleva una imputación ambigua, obstaculizando en grado sumo la

defensa la adecuación típica del comportamiento del procesado, violando el principio de no contradicción, pues una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo”. Igualmente, respecto de ALAN JARA URZOLA, con relación al punible de daños a los recursos naturales, se expuso en el auto de primer grado: La Fiscalía le atribuyó a la vez la acción de “liquidar” el referido contrato 081 de 2011 que dañó el medio ambiente, y una omisión respecto de la misma conducta, referida a pretermitir los deberes de vigilancia y control derivados de la delegación. Resulta evidente la ambigüedad al atribuir la acción de dañar con la liquidación del contrato y al tiempo imputar la omisión impropia como garante de la misma liquidación, por no haber cumplido con los deberes de control y vigilancia. 12 CUI 11001600010220170040801

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Así, se concluyó que en el marco expuesto, el acto procesal de imputación contra JARA URZOLA no cumplió el requisito de comunicar claramente tanto los hechos como su valoración jurídica relevantes en lenguaje comprensible, siendo viable la nulidad solicitada desde el acto jurisdiccional que impartió legalidad a la imputación el 20 de abril de 2021. Conforme a lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia resolvió declarar la nulidad solicitada por los defensores de los procesados DARÍO SÁNCHEZ VÁSQUEZ y ALAN JARA URZOLA a partir del acto jurisdiccional que

impartió la legalidad a la imputación de 20 de abril de 2021 por parte del Magistrado de Control de Garantías, a la vez que no impartir legalidad a la formulación de acusación de la Fiscalía. Y, en consecuencia, devolver el escrito de acusación a esa entidad.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

1. La Fiscalía adujo fundamentalmente que la Sala de Primera Instancia realizó un control material de su actuación y anticipó declaraciones que son propias del debate oral, máxime si los hechos jurídicamente relevantes fueron expuestos de manera clara y entendible conforme a los requisitos previstos en los artículos 288-2 y 337 de la Ley 906 de 2004, sin confusión alguna, de modo que las consideraciones fácticas y jurídicas plasmadas en el auto atacado resultan sesgadas y desbordan la competencia de la

Corte. 13 CUI 11001600010220170040801

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2. El defensor de DARÍO VÁSQUEZ adujo que si bien en la parte resolutiva se anuló el acto jurisdiccional que impartió legalidad a la imputación, se debe aclarar si sus efectos abarcan todo el acto procesal de imputación porque la construcción semántica puede generar duda. Es decir, precisar si la invalidación también cobijó la formulación de imputación realizada por la Fiscalía, o solo el auto del Magistrado de Control de Garantías que se pronunció sobre ella.

TRASLADO A NO RECURRENTES.

Con relación a la apelación promovida por la Fiscalía, los defensores solicitaron a esta Sala confirmar la decisión de primera instancia, pues no se consiguió desvirtuar su fundamentación y, por el contrario, la Corte acertó al identificar la contradicción entre la imputación de coautorinterviniente y la condición de servidor público en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, además de que se atribuyó una acción y una omisión al mismo tiempo, defecto que también se produjo respecto del delito de daños en los recursos naturales. Agregaron que en el auto impugnado no se efectuó valoración normativa o fáctica alguna, sino que fueron detectados los defectos de la imputación que vulneraron el principio de no contradicción. 14 CUI 11001600010220170040801

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CONSIDERACIONES DE LA CORTE: La Sala de Casación Penal es competente para resolver las impugnaciones de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2018, que modificó el artículo 215 de la Constitución Política, al facultarla para conocer de “los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala

Especial de Primera Instancia”. Para comenzar se tiene que los hechos jurídicamente relevantes corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Corresponde a la Fiscalía precisar con nitidez cuáles son los hechos que pueden subsumirse en el respectivo tipo penal, lo cual

implica definir las circunstancias de tiempo y lugar, la conducta (acción u omisión) que imputa y los elementos estructurales del delito2. En tal sentido, ha dilucidado la Corte3 que “el juicio sobre la relevancia de los hechos atribuidos al imputado o acusado en verdad es un filtro de pertinencia de la realidad fenomenológica, en contraste con referentes normativos”. Al atribuirle al procesado la comisión de una conducta o la omisión de un deber que por ministerio de la ley se reputan punibles, ha de identificarse cuáles son los enunciados de hecho (proposición fáctica) que, en el plano normativo, se 2 Cfr. CSJ SP, 8 mar. 2017. Rad. 44599. CSJ SP, 3 ene. 2019. Rad. 50419 y CSJ SP, 13 feb.

2019. Rad. 49386, entre muchas otras. 3 Cfr CSJ SP, 2 nov. 2022. Rad 54239 y CSJ SP, 25 ene. 20023.

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 ajustarían el tipo penal concernido, así como los presupuestos de las demás categorías de la responsabilidad penal. A partir de ellos, tendrá que filtrarse o depurarse la realidad fenomenológica investigada para formular los enunciados de hecho -particulares y concretosque integrarán la hipótesis delictiva. Esas proposiciones deben ser, por una parte, pertinentes, es decir, pertenecientes o correspondientes a los

enunciados de hecho fijados -de manera general y abstractaen la norma contentiva del tipo penal; por otra, suficientes, esto es, que basten para que la hipótesis fáctica encuentre una total correspondencia en la hipótesis normativa4.

1. Conforme al artículo 410 del Código Penal, el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales debe ser cometido por un servidor público “por razón del ejercicio de sus funciones” y tiene dos ámbitos en su comisión. Una, el incumplimiento de los requisitos legales sustanciales en el trámite. La otra, su celebración o liquidación sin acatar las exigencias legales esenciales para su perfeccionamiento.

Se ha precisado que la delegación y la desconcentración no conducen a la ausencia de responsabilidad del delegante, pues la función de adjudicación está a su cargo. 4 Cfr. CSJ SP, 22 nov. 2023. Rad 58432. 16 CUI 11001600010220170040801

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También se ha reconocido que es posible la omisión impropia, cuando el trámite y la celebración del contrato se delega por el ordenador del gasto, quien adquiere posición de garante en los términos del artículo 25 del Código Penal, cuando deliberadamente no asume los deberes jurídicos de dirección, coordinación, vigilancia y control. 1.1. En este asunto, en la audiencia de imputación, la Fiscalía atribuyó a los ex gobernadores la calidad de coautores-intervinientes, de modo que de forma ambigua e ilógica, desconoció su carácter de servidores públicos, en

cuanto esa es la condición que el legislador señala en el inciso final del artículo 30 del Código Penal, al definir que es interviniente quien “no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización”. En tal sentido, manifestó la Fiscalía en la referida audiencia: “Para el doctor DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ se le imputa en calidad de coautor-interviniente el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 410 del Código Penal, verbos o acciones ‘tramitar y celebrar’ respecto del contrato N°. 081 de abril 29 de 2011 (…)”. Respecto de ALAN JARA lo imputó como: “autor-interviniente, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales del artículo 410 del Código Penal, 17 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 verbo o acción, ‘liquidar’ (…) respecto del contrato 081 de 29 de abril de 2011…”. “En el departamento del Meta, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2015, el ingeniero ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA, se desempeñó como gobernador (…). Según la Constitución Política, el gobernador será el jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, es agente del presidente de la República”. En forma contradictoria, la Fiscalía atribuyó a VÁSQUEZ SÁNCHEZ y JARA URZOLA, de manera simultánea, las condiciones especiales del sujeto agente con

dominio funcional de la conducta punible al señalar que el primero era el ordenador del gasto y jefe de la administración departamental con facultades en todas las fases de la contratación, mientras el segundo era el jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, esto es, servidores públicos, pero a la vez, desconoció tales calidades para tratarlos como particulares, al imputarlos como “coutores-intervinientes”, es decir, por precisamente carecer de la condición cualificada exigida para el sujeto activo en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En efecto, así lo expresó la Fiscalía: “Este delito fue cometido en calidad de ‘coautorinterviniente’ por el doctor DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ 18 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 como gobernador del departamento del Meta, al lado del servidor público, Gilberto Toro Franco, que ostentaba directamente las funciones dispuestas por la ley para tramitar y celebrar el contrato”. (…). “Ese delito fue cometido en calidad de coautorinterviniente por el doctor ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA como gobernador del departamento del Meta, actuando al lado del doctor Gustavo Rojas Novoa, servidor público, nuevo gerente de un ente cuya designación estaba a su cargo”. En suma, constata la Sala de Casación, que asistió razón a la Corporación de primer grado al considerar que erró de manera evidente la Fiscalía al tener a los procesados como

Gobernadores del Departamento del Meta, para acto seguido imputarlos como coautores-intervinientes del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en quebranto de la claridad exigida respecto de los hechos jurídicamente relevantes en orden a garantizar su derecho al debido proceso y a la defensa. 1.2. Respecto del mismo delito mencionado, la Fiscalía imputó a los ex Gobernadores, así: “Para el doctor DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ se le imputa en calidad de coautor interviniente, el delito de contrato 19 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 410 del Código Penal, verbos o acciones ‘tramitar y celebrar’ (…). “En ese sentido, DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, en armonía del principio de coordinación administrativa (…) era la autoridad jerárquicamente superior, quien como tal tenía a cargo la orientación, vigilancia y control. Pero también, en su condición de representante legal del departamento y jefe de la administración departamental, radicaba la posición de garante de la observancia del ordenamiento jurídico vigente, en punto del proferimiento de los actos administrativos de la gobernación tendientes a regular dicha contratación”. (…). “La posición de garante para estos hechos en concreto, está reglada en el inciso primero y segundo del artículo 25 del Código Penal al encontrarse una situación en la cual tiene el gobernador el deber jurídico concreto de

obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable” (…). “Esta posición de garante, igualmente tiene relevancia en el trámite y celebración de obras del contrato N°. 081 de 2011”. (…). “El doctor ALAN JESÚS JARA URZOLA es coautorinterviniente, del delito de contrato sin cumplimiento de 20 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 requisitos legales del artículo 410 del Código Penal, verbo o acción, ‘liquidar’ (…)”. “El doctor ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA, como (…) jefe de la administración departamental, se advierte que en su administración se liquidó el 30 de diciembre de 2014, el contrato N°. 081 de 2011”. (…). “También, en su condición de representante legal del departamento y jefe de la administración departamental, radicaba la posición de garante, de la observancia del ordenamiento jurídico vigente, en punto del proferimiento de los actos administrativos de la gobernación tendientes a regular dicha contratación”. Como viene de verse, se advierte que tampoco en la definición de la conducta imputada a los procesados hubo claridad, pues respecto de DARÍO VÁSQUEZ inicialmente se trató de los “verbos o acciones ‘tramitar y celebrar’”, pero al mismo tiempo le fue imputado faltar a su posición de garante en el sentido de ejercer control y vigilancia sobre sus funcionarios respecto del referido contrato de obra, de modo

que se observa confusión en la formulación de los hechos jurídicamente relevantes sobre el particular. A su vez, con relación a ALAN JARA ocurrió algo similar, pues le fue imputada la conducta de liquidar el contrato, pero también la de tener posición de garante con relación a la 21 CUI 11001600010220170040801

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ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA SEGUNDA 64442 ejecución del mismo, proceder que revela graves contradicciones en la Fiscalía al formular los hechos jurídicamente relevantes y, desde luego, se aparta de los desarrollos que sobre los mismos ha realizado esta Sala en orden a conseguir que las imputaciones y las acusaciones por parte de esa entidad tengan claridad suficiente sobre esos hechos para salvaguardar los derechos de los procesados. Al respecto, atinadamente se precisó en el auto apelado: “En estos términos la imputación es anfibológica y contradictoria porque no se sabe si el comportamiento imputado fue una conducta activa como se obse