CSJ - AP1584-2024(61609)

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente AP1584-2024 Radicación No. 61609 (Acta No. 064) Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolverá el recurso de apelación presentado por la defensa de VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA contra la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de esta misma Corporación, por medio de la cual se pronunció sobre las solicitudes probatorias elevadas por las partes en el curso de la audiencia preparatoria.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA

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II. HECHOS

1. El 1° de octubre de 2012, mediante el decreto n.° 1193 de esa misma fecha, VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA, en su calidad de gobernador del Departamento del Caquetá1, creó el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno, adscrito a su despacho. Para este empleo, se establecieron los siguientes dos requisitos: (i) ser abogado (entre otras profesiones) y (ii) contar como mínimo con tres años de experiencia relacionada en asuntos de control interno, según lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 8 de la Ley 1474 de 20112.

2. El 29 de octubre de 2012, RAMÍREZ LOAIZA nombró a Álvaro Anehyder Ávila Silva en el cargo de jefe de la Oficina

de Control Interno de la Gobernación del Caquetá3. Ávila desempeñó este empleo hasta el 30 de septiembre de 2014 pese a que, a juicio de la Fiscalía General de la Nación, el funcionario no cumplía con los requisitos exigidos, ya que en la hoja de vida que presentó para tomar posesión en el referido cargo no acreditó tres años de experiencia relacionada con asuntos de control interno. 1 El señor RAMÍREZ LOAIZA fue electo para el periodo 2012-2015 por el Movimiento Independiente de Renovación Cristiana –MIRA. 2 Esa norma, que para la fecha de los hechos estaba en vigencia, disponía lo siguiente: “PARÁGRAFO 1. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno”. 3 Mediante los decretos 1277 del 29 de octubre de 2012 y 1381 del 26 de diciembre de 2013, el gobernador RAMÍREZ LOAIZA designó a Ávila Silva en el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Caquetá. 2 CUI 18001600000020150004202

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III. ANTECEDENTES PROCESALES

3. El 17 de noviembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA. Esta diligencia se surtió ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá

con funciones de control de garantías.

4. El 10 de junio de 2019, la Fiscalía General de la Nación acusó, en audiencia celebrada ante la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia, a RAMÍREZ LOAIZA como presunto autor del delito de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 433 del Código Penal4, en concurso homogéneo y sucesivo. 4.1. El 13 de mayo de 2021, en el marco de la audiencia preparatoria, tanto la Fiscalía como el apoderado del acusado presentaron sus respectivas solicitudes probatorias. La representación de las víctimas y el delegado del Ministerio Público se abstuvieron de ello.

5. Para una mejor comprensión del caso, la Sala solo se referirá a las pruebas solicitadas por el defensor de RAMÍREZ LOAIZA y que, como se explicará más adelante, fueron objeto de controversia por parte del mismo abogado. 4 Ley 500 de 2000. Artículo 413. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

3 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 5.1. Entre otros elementos materiales probatorios, el

apoderado del acusado solicitó como prueba documental la certificación suscrita por la representante legal del Movimiento Político Mira el 8 de octubre de 2012 que describe las funciones que Álvaro Anehyder Ávila Silva desempeñó como secretario de campaña de la colectividad, entre el 1° de febrero de 2008 y el 20 de diciembre de 2011. Argumentó que con ese elemento demostraría que esa persona sí contaba con la experiencia requerida para ocupar el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Caquetá, dado que, en el pasado, había desempeñado funciones relacionadas con ese cargo. Esto, además, en atención a que el referido partido político era el competente para certificar tanto las labores cumplidas en ese empleo como el tiempo que prestó sus servicios para esa colectividad. 5.2. También solicitó la admisión en juicio de la certificación del Movimiento Político Mira del 4 de octubre de

2016. En ese documento se enuncian las funciones que Ávila Silva desempeñó como secretario de campaña para ese partido del 1° de febrero de 2008 al 20 de diciembre de 2011.

A esta solicitud fueron agregados dos documentos anexos: de una parte, la copia auténtica del contrato de trabajo a término indefinido que el referido ciudadano suscribió con el representante legal del Partido Mira. De otra parte, la certificación auténtica del 4 de octubre suscrita por María Claudia Rodríguez Cruz, sin que el abogado explicara el contenido de este escrito. 4 CUI 18001600000020150004202

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Rad. 61609 5.3. Manifestó que esas pruebas le permitirían demostrar que el señor Ávila Silva sí contaba con la experiencia requerida al momento de tomar posesión del cargo. También el tipo de vinculación laboral que tuvo con el mencionado Partido Político, el tiempo de servicio, las funciones cumplidas, entre otros. Estos documentos serían incorporados por la testigo de acreditación Nidia Marlén Zambrano Farfán, asesora jurídica del Partido Mira. 5.4. En igual sentido requirió el concepto emitido por la directora de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública del 11 de enero de 2015 en el que se explica qué debe entenderse como experiencia relacionada para el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno. Este documento fue remitido por la referida funcionaria al Tribunal Administrativo del Caquetá en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que Ávila Silva instauró contra la Nación (Procuraduría General de la Nación). El defensor del procesado argumentó que con esa prueba desvirtuaría los supuestos fácticos de la acusación, dado que ese concepto demuestra que esa persona sí cumplía con los requisitos para desempeñar el aludido cargo en la Gobernación del Caquetá. 5.5. Demandó la admisión del Manual Específico de Funciones y Requisitos y Competencias para los empleados de la planta de personal de la Gobernación del Departamento del Caquetá (Decreto 002625 del 30 de diciembre de 2010). Sustentó que en este documento están contenidas las 5

CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 funciones a cargo del gobernador, por lo que permitiría demostrar en el juicio oral si le asistía o no el deber de revisar las hojas de vida de las personas que ingresarían a integrar su equipo de gobierno. 5.6. Finalmente, la defensa de RAMÍREZ LOAIZA solicitó la admisión de la comunicación de la Comisión Nacional de Servicio Civil que el acusado obtuvo, después de requerirla para que le indicara la forma en que la Gobernación debía proceder para proveer el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno. Esto para demostrar que el procesado actuó de manera diligente, solicitando el acompañamiento de las autoridades competentes para proceder con la creación del cargo y que su único interés fue el de respetar los parámetros establecidos en la normatividad.

IV. El AUTO APELADO

6. El 1° de septiembre de 2022, la Sala a quo resolvió, mediante auto, decretar varias de las pruebas solicitadas por las partes dentro del proceso penal seguido contra RAMÍREZ LOAIZA. También negó e inadmitió otras. 6.1. Refirió, de manera general, que las pruebas documentales que tuvieran la calidad de documentos públicos podrán introducirse directamente por las partes en el curso de la audiencia del juicio oral, toda vez que gozan de presunción de legalidad, de conformidad con el artículo 425 de la Ley 906 de 2004.

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Rad. 61609 6.1.1. En lo ateniente a las solicitudes probatorias de la defensa, concretamente, de los documentos solicitados, el a quo negó la práctica de la certificación del Movimiento MIRA del 4 de octubre de 2016, así como sus documentos anexos (ut supra párr. 5.2), al considerar que se trataba de documentos repetitivos y dilatorios. 6.1.2. Argumentó que tanto la certificación como el contrato de trabajo de Ávila Silva con el mencionado partido político guardaban estrecha relación con la certificación suscrita por la representante legal del Partido Mira, pues ese escrito también da cuenta de las funciones que desempeñó esa persona como secretario de la campaña de la colectividad del 1° de febrero de 2008 al 20 de diciembre de 2011 (prueba 1). Este elemento, además, fue decretado en favor de la defensa y, en el desarrollo del juicio oral, sería incorporado a través del testimonio de la referida representante legal. 6.1.3. Eso demuestra que ambos documentos corresponden, tanto en su descripción, como en lo relacionado con su pertinencia, con la prueba que sí fue decretada por la Sala. En especial, porque con ellas la defensa intenta demostrar que Ávila Silva, para el momento de su posesión como jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Caquetá, sí contaba con la experiencia relacionada con el cargo. Lo anterior se dio sin que el defensor explicitara “un elemento diferenciador entre una y otra que justifique el decreto conjunto, en cuanto al tiempo desempeñado, funciones y cargo”. 7 CUI 18001600000020150004202

VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 6.1.4. También señaló que la copia del contrato de trabajo no rebatía ningún hecho contenido en la acusación ni servía para descalificar la teoría de la Fiscalía en este caso. Sobre todo, porque el ente acusador nunca ha puesto en tela de juicio la vinculación laboral del señor Ávila Silva con partido político Mira. 6.1.5. En lo relativo al segundo documento anexo, esto es, la admisión de la certificación del 4 de octubre de 2016 (prueba 2.2.), el a quo reconoció que se trataba de un documento auténtico y contaba, además, con una testigo de acreditación para su eventual incorporación al juicio. Sin embargo, rechazó su práctica en el debate, atendiendo a que el defensor omitió indicar la información que ese medio probatorio contiene y no expresó la contribución que esa certificación ofrece a su teoría del caso o qué hecho materia de la acusación intentaba rebatir o, por lo menos, hacerlo menos probable, por lo que “ante su inutilidad, tampoco será admitida su práctica”. 6.2. También negó el concepto emitido el 11 de enero de 2015 por la directora de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública. Reconoció que ese documento era público y resultaba pertinente para la teoría del caso expuesta por la defensa, pues desvirtuaría la tesis de la Fiscalía de que el señor Ávila Silva no cumplía con la experiencia requerida para ocupar el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Caquetá. No

8 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 obstante, consideró que el defensor erró en la manera en que solicitó su práctica en juicio, ya que, por tratarse de un concepto, esto es, de un escrito de carácter declarativo, su introducción debía hacerse a través de la prueba testimonial. A pesar de haber sido emitido por una funcionaria pública, toda vez que “(…) contiene un estudio y/o análisis referido a la “experiencia relacionada”. 6.2.1. Agregó que el artículo 429A del Código de Procedimiento Penal dispuso que los elementos materiales probatorios producidos por las autoridades administrativas en el marco de sus actuaciones, como es el caso de conceptos, informes, experticias y demás medios de conocimiento, pueden ser ingresados al juicio, pero por intermedio de quien los suscribió o participó en la actuación administrativa correspondiente. 6.2.2. También señaló que aceptar la incorporación de esa prueba como documental y no testimonial, la cual, además, fue practicada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento iniciado por Ávila Silva contra la Nación, conllevaría al equivocado renacimiento de la prueba trasladada en el marco del proceso penal acusatorio, desconociendo los principios de inmediación, publicidad y contradicción que caracterizan ese procedimiento penal. 6.3. Con respecto al Manual Específico de Funciones y Requisitos de Competencias para los empleados de planta de personal de la Gobernación del Departamento del Caquetá (ut supra párr. 5.5), la Sala Especial de Primera Instancia

9 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 reconoció que había lugar a su admisión, ya que con esa prueba la defensa fundamentaría su teoría del caso, en cuanto a la inocencia del procesado. Sin embargo, fijó algunas reglas respecto de su práctica en juicio, atendiendo que ese mismo medio había sido ordenado en favor del ente acusador. Así las cosas, dispuso que: 6.3.1. Si la Fiscalía incorpora de manera integral el referido manual, a través de su exhibición y lectura, de conformidad con el artículo 431 de la Ley 906 de 2004, para la defensa resultaría innecesario su aducción en juicio, pues podría utilizarlo para los fines que estime pertinentes “como interrogar a su respectivo testigo de acreditación, si existiera”. 6.3.2. Por el contrario, si el delegado fiscal solo verbaliza parcialmente el contenido del manual, la defensa del exgobernador podría introducir, a partir de su lectura, los apartes no referidos por su adversario “que resulten de interés, acorde con el criterio de pertinencia autorizado por la Sala, en beneficio de su teoría del caso”. 6.4. Finalmente, la Sala consideró que la comunicación de la Comisión Nacional de Servicio Civil, brindada al acusado el 23 de julio de 2012, resultaba pertinente, ya que probaría que el entonces gobernador obró diligentemente, respetando los parámetros establecidos en la normatividad legal vigente. Razón por la que admitió su práctica durante el juicio.

Aunque no especificó que la manera como podría ser introducido, ya fuera directamente o por medio de un testigo de acreditación. 10 CUI 18001600000020150004202

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V. RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN

7. El 2 de noviembre de 2021, en el marco de la audiencia en la que el a quo se refirió la parte resolutiva del auto que atendió las solicitudes probatorias de las partes, el abogado de confianza de RAMÍREZ LOAIZA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra esa decisión. 7.1. Argumentó que la Sala desconoció el principio de igualdad de armas que inspira el sistema penal acusatorio5, así como el derecho a la igualdad, ya que mientras el delegado de la Fiscalía quedó facultado para introducir directamente en el juicio las pruebas documentales que tuvieran la calidad de documentos públicos, eso mismo le fue negado la defensa. En ese sentido, solicitó que el a quo le permitiese la incorporación directa de ese tipo de documentos que fueron decretados durante la audiencia preparatoria. Concretamente, (i) el concepto emitido por la directora de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública; (ii) el Manual de Funciones de los empleados de planta de la Gobernación del Caquetá, y (iii) la respuesta de la Comisión Nacional de Servicio Civil respecto a la forma en la que la Gobernación debía proveer el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno. 7.2. Enfatizó que el concepto rendido por la directora de

Gestión y Desempeño Institucional de las Función Pública (ut 5 El abogado defensor refirió que este principio tiene fundamento en los artículos 4 y 8 de la Ley 906 de 2004, así como en el artículo 13 de la Constitución Política. También citó la sentencia C-779 de 2005. 11 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 supra párr. 5.1.3.) debía ser introducido directamente en el juicio. Sin que para ello fuese necesario la práctica de un testimonio, ya que cumple con todas las características para ser considerado como un documento público, según lo dispuesto en el artículo 423 del Código General del Proceso. 7.3. También solicitó la admisión del certificado del Movimiento Político Mira del 4 de octubre de 2016, sus documentos anexos (ut supra párr. 5.2), así como la declaración con la que esos elementos serían incorporados en el juicio oral, ya que, por tratarse de una prueba común para ambas partes, debió ordenar su práctica en favor de la defensa. En especial, porque con ella demostraría la inocencia del acusado, mientras que la Fiscalía haría lo contario. 7.4. Agregó que la Sala debió actuar de la misma forma como lo hizo respecto el decreto del Manual de Funciones de Funciones de los empleados de planta de la Gobernación del Caquetá (ut supra párr. 6.3 y ss.), pues, atendiendo que este medio probatorio había sido solicitado tanto por la Fiscalía como por la defensa, ordenó la prueba para ambas partes, fijando algunas reglas respecto de su práctica en la audiencia

de juicio oral.

NO RECURRENTES

5. La Fiscalía General de la Nación solicitó, de manera principal, declarar desierto el recurso, dado que el recurrente no lo sustentó en debida forma ni tampoco controvirtió los

12 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 argumentos que expresó la Sala para adoptar la decisión objeto de debate. 5.1. Subsidiariamente, requirió confirmar la decisión. Señaló que el defensor no explicó la razón por la cual la Sala habría incurrido en una distinción de trato. En especial, porque el a quo reconoció que tales documentos tenían el carácter de documentos públicos. Sin embargo, atendiendo que el contenido del concepto emitido por la directora de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Publico es de índole declarativo, este no podía ser incorporado en el juicio como prueba documental, so pena de vulnerar los principios de contradicción e inmediación. Aunado a que el defensor se abstuvo de controvertir los argumentos con los que la Corte fundamentó el carácter declarativo del documento y la necesidad de que fuese introducido en juicio por medio de un testigo de acreditación. 5.2. Igualmente, resaltó que los elementos que la Sala negó por considerar repetitivos tenían relación directa con otra prueba ordenada a la defensa y no a la Fiscalía, como lo adujo el recurrente, concretamente, con la certificación suscrita por la representante legal del MIRA. Esto sin que, además, el abogado controvirtiera esa determinación. 5.3. La representante de víctimas solicitó confirmar la

decisión, acogiéndose a los argumentos expresados por la Fiscalía. Mientras que el delegado del Ministerio Público se abstuvo de pronunciarse respecto de la solicitud del 13 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 recurrente, a fin de conservar su postura ecuánime durante el trámite.

VI. DECISIÓN QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE

REPOSICIÓN Y CONCEDIÓ LA APELACIÓN

6. El 27 de abril de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia no repuso la providencia cuestionada por el defensor de RAMÍREZ LOAIZA y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación, en el efecto suspensivo. Fundamentó su decisión en los siguientes argumentos: 6.1. En primer lugar, aclaró que no impidió el acceso directo a juicio del Manual de Funciones de los empleados de planta de la Gobernación del Caquetá. Todo lo contrario, reconoció su calidad de documento público y fijó algunos parámetros previendo si la Fiscalía lo verbalizaba integral o parcialmente, con el fin de que la defensa lo pudiese utilizar de la manera más próxima a su estrategia de defensa. 6.2. En segundo lugar, reconoció que si bien no fue expresa respecto a la manera como la comunicación de la Comisión Nacional de Servicio Civil del 23 de julio de 2012 debía ser introducida en el juicio oral, en la parte general de la providencia recurrida explicó que los documentos públicos decretados como prueba, independientemente si correspondían a solicitudes probatorias de la Fiscalía o de la

14 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 defensa, podrían ser ingresados directamente durante la audiencia de juicio por la parte interesada. Sin que, entonces, hubiese vulnerado principios característicos del sistema penal acusatorio o las garantías fundamentales del acusado, pues, se insiste, “desde el inicio del proveído se dejó sentada la forma en que serían incorporados los documentos públicos decretados en juicio”. 6.3. En tercer lugar, expuso que el defensor no brindó ninguna argumentación para concluir que la Certificación del Movimiento Político Mira del 4 de octubre de 2016 y sus respectivos anexos se diferenciaban de la prueba decretada previamente a su favor y que, a juicio de la Sala, resultaban ser similares. Es decir, la falta de motivación le impidió al juez de primera instancia “advertir la necesidad de su incorporación a juicio, que demostrara una disparidad entre una y otra, y que su pertinencia para la teoría de la defensa llevara a la Corte a tomar una decisión diferente”. 6.4. También afirmó que no era cierto que la negativa de esas tres solicitudes probatorias se debiera a que esos mismos elementos ya habían sido decretados en favor de la Fiscalía, sino que esa determinación se adoptó porque guardaban relación con una prueba anterior admitida al mismo defensor; esto es, la certificación suscrita por la representante legal del MIRA que describe las funciones desempeñadas por Ávila Silva como secretario de campaña. Aunado a que el defensor no sustentó por qué esos escritos resultaban diferentes al documento que sí fue aceptado

practicar en juicio. 15 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 6.5. En cuarto lugar, advirtió que el recurrente no controvirtió las razones que llevaron a concluir que el concepto de la directora de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública es un documento público, pues si bien requirió que los documentos públicos recibieran un mismo trato por parte del a quo, olvidó “atacar las razones de la Corte para abstenerse de conceder la prueba, no se encuentran argumentos para volver a examinar la pertinencia de la prueba controvertida, se mantendrá incólume la decisión objeto de reproche”.

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Competencia

7. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de RAMÍREZ LOAIZA contra el auto proferido el 1° de setiembre de 2022, en razón a que fue proferido por la Sala Especial de Primera Instancia de esta misma Corporación, acorde con el numeral 6.° del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2018, en consonancia con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004.

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Rad. 61609 Problemas jurídicos

8. En esta oportunidad, la Sala deberá resolver las siguientes cuestiones: (i) si, como lo afirmó el recurrente, el

a quo vulneró el principio de igualdad de armas, al no permitírsele la inclusión directa en el juicio de una serie de documentos públicos solicitados por la defensa del procesado en el marco de la audiencia preparatoria; (ii) si el juez de primera instancia debió admitir a favor de la defensa una prueba documental, a pesar de que ese mismo medio ya había sido ordenado por solicitud de la Fiscalía, y (iii) si el a quo erró al considerar que un documento público de índole declarativo no podía ser incluido directamente en juicio, sino que lo procedente era introducirse en el juicio mediante una prueba testimonial.

9. Para resolver las anteriores cuestiones, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la relevancia del principio de igualdad de armas en el sistema penal acusatorio; (ii) las particulares que rigen el decreto de pruebas de interés común para las partes, y (iii) las reglas que operan respecto la introducción al juicio de documentos públicos declarativos.

Por último, (iv) se resolverá el caso concreto. 9.1. El principio de igualdad de armas en el sistema penal acusatorio 9.1.1. El principio de igualdad de armas constituye uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio, ya que este se caracteriza por ser un sistema de partes enfrentadas o en 17 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 controversia, por ese motivo, tanto la Fiscalía como la defensa deben estar en la posibilidad de contar con iguales oportunidades para participar en el debate. Esto es, con “las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de

convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo (al juez) de sus pretensiones procesales” (Cfr. CSJ, AP16632022 del 27 abr. 2022, rad. 61276). 9.1.2. Precisamente, esta Corte, al referirse sobre el aludido principio, ha resaltado su trascendencia e importancia de cara a lograr procedimientos dinámicos e igualitarios entre el agente fiscal y la parte defensora. De ahí su relevancia en el marco de la audiencia preparatoria, dado que ambas partes deben conocer los medios de convicción con los que cuenta su oponente y respecto de los propios ha de justificar, en audiencia pública, por qué esos elementos resultan ser pertinentes, útiles y conducentes en relación con la teoría del caso que se quiere probar en juicio. Al respecto, en uno de los primeros pronunciamientos sobre esta máxima procedimental, se indicó que: El principio de “igualdad de armas”, el cual constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales con tendencia acusatoria, implica en nuestro ordenamiento adjetivo que la defensa debe estar en posibilidad de conocer los elementos de convicción con que cuenta la Fiscalía y que hará valer en el juicio, incluyendo las evidencias recaudadas que favorezcan al acusado, pues de ellos depende el diseño de la estrategia de la defensa; como complemento de tal prerrogativa, con el fin de que el aludido principio sea una realidad en el debate de juzgamiento, el legislador dispuso que la fiscalía debe también conocer el material de convicción recopilado por la defensa desde la formulación de la

18 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 imputación e, incluso, desde el momento en que tuvo conocimiento de la existencia de la indagación. Parafraseando a la Corte Constitucional6, el principio de “igualdad de armas” se dinamiza en dos direcciones complementarias: de un extremo, se traduce en que los contendores en el proceso deben contar con las mismas oportunidades para participar en el debate; y de otro, en términos probatorios, aquella regla implica la necesidad de que la defensa y la Fiscalía tengan acceso al mismo material de evidencia requerido para sustentar y enfrentar su teoría del caso (acto propio del acusador, no obligado para el defensor, pero que también lo puede hacer) en el debate que tendrá lugar en el juicio7. 9.1.3. Sin embargo, la materialización de este principio depende de que las partes cumplan con sus deberes procesales dentro de la actuación (Art.12 Ley 906 de 2004). Por eso, la inobservancia de tan elementales compromisos no puede ser razón para que posteriormente alguna de las partes en controversia alegue una diferenciación de trato por parte de la autoridad judicial. 9.1.4. Si, por ejemplo, el defensor no cumple con las reglas que rigen la solicitud de pruebas para que sean admisibles en juicio, entre otras, que se refieran directa o indirectamente a los hechos de la acusación – pertinenciay, por lo tanto, el medio es inadmitido por el juez en el marco de la audiencia preparatoria, tal decisión en ningún caso supone una vulneración al principio de igualdad de armas,

ya que, en realidad, esa negativa solo se debió a la propia 6 Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2005. 7 CSJ, rad. 26827, sentencia del 11 de jul. 2007. 19 CUI 18001600000020150004202 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Rad. 61609 incuria de la parte; el funcionario judicial, como un tercero imparcial, no puede desconocer el sistema de partes que rige el procedimiento acusatorio para solventar las deficiencias en la petición ni para ordenar el decreto oficioso de la prueba solicitada defectuosamente (artículo 361 del C.P.P.). 9.1.5. Es importante señalar que durante la audiencia preparatoria ocurre la depuración de los elementos solicitados por las partes, pues no solamente solicitan la admisión de los medios probatorios que serán sometidos a debate durante la audiencia de juicio oral, sino que también peticionan la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los postulados por su contradictor. De cara a lo anterior la jurisprudencia de esta Corte ha abogado para que esa audiencia concluya con una decisión integradora respecto de las solicitudes probatorias planteadas por las partes e intervinientes especiales, a fin de que quede debidamente definido el material probatorio a debatir en la audiencia de juicio oral. 9.1.6. En ese sentido, en un esquema acusatorio, esta Corporación ha dicho que no tienen cabida “decisiones confusas, ambiguas, inciertas o dudosas, menos aun cuando se trate de aquellas cuyo propósito es definir las armas probatorias con las que contaran las partes para demostrar

su particular teoría del caso”8. Tampoco decisiones implícitas respecto de la admisión o no de los medios probatorios demandados por las partes: 8 CSJ, AP5911 del 8 oct. 2015, rad. 46109. 20 CUI 180016000000