CSJ - AP2420-2024(57084)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado Ponente AP2420-2024 Segunda Instancia No. 57084 Acta No. 107 Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior de Cali contra la decisión proferida el 30 de enero de 2020 por la Sala Penal de esa Corporación, mediante la cual negó la preclusión solicitada en favor de GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA, entonces Juez Segundo Civil del Circuito del mismo distrito judicial, con relación a la investigación preliminar que se sigue en su contra por el punible de prevaricato por acción.

CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084

GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA

II. ANTECEDENTES 2.1 Facticos El 12 de enero de 2016, Reinert Montoya Lopez presentó demanda de tutela contra las determinaciones adoptadas por la Unión Sindical Emcali (USE), consistentes en: (i) retirarlo del cargo que ocupaba en la Junta Directiva de ese sindicato para el periodo 2015-2020, y (ii) convocar a elecciones para suplir el cargo que ocupaba en esa organización, con fundamento en lo decidido en la Asamblea General de Afiliados del sindicato del 29 de septiembre de 2015.

La acción correspondió al Juzgado 13 Civil Municipal

de Cali, autoridad que, mediante fallo del 25 de enero de 2016, declaró la improcedencia de la acción por incumplir el requisito de subsidiariedad. El doctor GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA, entonces Juez Segundo Civil del Circuito de Cali, por medio de decisión del 19 de febrero siguiente, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, amparó de manera transitoria los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, dispuso: (i) ordenar al sindicato USE que en el término de 48 horas, contados desde el día siguiente a la notificación del fallo, devolviera a Reinert Montoya López las garantías que venía disfrutando como afiliado y directivo sindical nombrado para el periodo 20152020, para lo cual la agremiación sindical debía revertir CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA todas aquellas actuaciones que hubiesen conculcado los derechos del tutelante, y (ii) otorgar al accionante un término de 2 meses para que acudiera a la jurisdicción ordinaria, con el fin de que fuera el juez natural quien dilucidara de fondo el conflicto planteado, haciéndole saber que transcurrido este tiempo quedaria sin efecto el amparo constitucional. Notificado el fallo de segunda instancia y previo a que el proceso de tutela fuera remitido a la Corte Constitucional para su eventual revision, José Joaquin Arroyo Angulo, mediante memorial del 25 de febrero de 2016, solicitó al juzgado de segunda instancia la nulidad de lo actuado dentro

de la acción de tutela, por haberse omitido su vinculación como tercero con interés en el asunto, lo. cual impidió que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción a pesar de ser la persona elegida mediante el proceso electoral convocado por el sindicato para ocupar el cargo dejado vacante por el accionante. Mediante auto del 10 de marzo de 2016, el otrora juez GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA decretó la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la acción de tutela y ordenó devolver el expediente al Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, con el fin de que notificara en debida forma a José Joaquín Arroyo Angulo y a todos aquellos que pudieran verse afectados con la decisión. Por medio de fallo del 29 de marzo de 2016, el Juzgado 13 Civil Municipal de Cali, después de rehacer el trámite CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA constitucional con la vinculación del tercero con interés, resolvió amparar los derechos fundamentales del accionante. Por estar inconformes con esa decisión, impugnaron la organización sindical USE y el tercero vinculado Joaquín Arrojo Angulo. Con acta de reparto del 7 de abril de 2016, el asunto correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito, por conocimiento previo. En fallo del 21 de abril de 2016, el doctor GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA, en su condición de juez

constitucional de segunda instancia, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, negó la acción de tutela. Las diligencias fueron -remitidas a la Corte Constitucional, autoridad: que, mediante auto del 11 de agosto de 2016, las excluyó de revisión. Reinert Montoya López interpuso denuncia penal por estimar que el doctor GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA incurrió en el delito de prevaricato por acción al resolver en segunda instancia la acción de tutela promovida contra la organización sindical USE, puntualmente al emitir las siguientes providencias: (i) El auto del 10 de marzo de 2016, por medio del cual decretó la nulidad del trámite constitucional por indebida integración del contradictorio. Para el denunciante, esta decisión es manifiestamente contraria a la legalidad porque: (a) se emitió cuando el fallo de segunda instancia, CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA mediante el cual se amparaban sus derechos fundamentales, ya se encontraba ejecutoriado. Por tanto, el indiciado, ademas de que no estaba autorizado para invalidar su propia sentencia, no podía emitir algún pronunciamiento por haber perdido competencia, (b) se adoptó sin que le corrieran traslado en su condición de accionante de la solicitud de nulidad, y (c) no había lugar a invalidar el trámite porque José Joaquín Arroyo no era tercero con interés para intervenir en la actuación. (ii) La sentencia del 21 de abril de 2016, mediante la

cual revocó la protección constitucional ordenada en primera instancia y, en su lugar, negó la acción de tutela. De acuerdo con el denunciante, esta decisión es prevaricadora porque el indiciado sin explicación justificable presentó argumentos contradictorios con los consignados en el primer fallo de segunda instancia, por medio del cual había amparado sus derechos antes de decretar la nulidad. 2.2 Procesales Luego de agotado el programa metodológico de rigor, la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior de Cali, al amparo de la causal cuarta del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, solicitó ante la Sala Penal de esa Corporación audiencia de preclusión de la investigación por atipicidad del delito de prevaricato por acción. CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA Mediante providencia del 30 de enero de 2020, el a quo negó la preclusion solicitada. Esta decisión se apeló por el delegado del ente instructor.

III. DE LA AUDIENCIA DE PRECLUSION 3.1. De la intervención de la Fiscalía Para el delegado de la Fiscalía las decisiones denunciadas por Reinert Montoya Lopez como prevaricadoras, realmente no lo son.

En cuanto al auto del 10 de marzo de 2016, sostuvo que esta decision no es manifiestamente contraria a derecho por cuanto (i) responde a la solicitud de nulidad presentada el 25 de febrero de 2016 por José Joaquin Arroyo, (ii) fue adoptada el 10 de marzo de esa anualidad, pocos dias después de

emitirse el primer el fallo de segunda instancia y antes de que las diligencias fueran remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión, (iii) estuvo soportada en una interpretación razonable del marco legal que regula la acción de tutela y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual el trámite de tutela adelantado sin la debida integración del contradictorio está viciado de nulidad y, por ello, debe rehacerse. Manifestó que el indiciado, aun cuando aparentemente ya había perdido competencia por definir el asunto al dictar y notificar la sentencia de segunda instancia, adoptó la decisión cuestionada en aras de que el tercero pudiera CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA intervenir en el tramite constitucional y ejerciera sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que la actuación que estaba conociendo no se trataba de un proceso ordinario, sino constitucional en el que quiso privilegiar lo sustancial sobre lo formal. Agregó que en el evento de considerarse que esta decisión es manifiestamente contraria a la ley, al haberse adoptado después de definirse la controversia propuesta mediante la sentencia de segunda instancia, en todo caso sería atípica por ausencia de dolo. Esto, porque estuvo sustentada en una interpretación razonable de los autos de la Corte Constitucional y los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del tercero con interés en el asunto, lo cual descarta la intención del indiciado de querer vulnerar el bien jurídico de la administración pública.

En relación con la sentencia del 21 de abril de 2016, refirió que si bien el indiciado inicialmente amparó de manera transitoria los intereses constitucionales del accionante y luego, cuando volvió a conocer de la tutela en virtud de la nulidad decretada, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó la acción, ese cambio de postura no configuraba, per se, el delito de prevaricato por acción, en la medida en que el indiciado cada vez que asumió el conocimiento del asunto tomó la decisión con los elementos probatorios con los que contaba la actuación y con fundamento en ellos resolvió. CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA Precisó que el exjuez en la segunda oportunidad en que conoció de la acción de tutela encontró probado, a partir de la valoración de las pruebas aportadas por las partes y el tercero vinculado: (i) que el accionante pidió licencia en el cargo que ocupaba como directivo del sindicato USE, (ii) que luego renunció al cargo que desempeñaba como trabajador oficial en EMCALI para aspirar al Concejo Municipal de esa ciudad, y (iii) que la asamblea del sindicato decidió adelantar un proceso electoral para ocupar la vacante dejada por el accionante, en tanto se había vencido el periodo de licencia sin que se reintegrara al sindicato y tampoco había asistido a cuatro reuniones de Junta Directiva. Sostuvo que el indiciado, después de analizar estas circunstancias, concluyó que existían otros mecanismos de

defensa judicial para atacar la decisión del sindicato de convocar a elecciones para suplir el cargo que ocupaba el accionante y nombrar en su reemplazo a quien había sido elegido mediante el proceso electoral, sin que avizorara la vulneración de sus derechos fundamentales, ni la configuración de un perjuicio irremediable para que la tutela procediera como mecanismo transitorio. Para la Fiscalía, la conclusión a la que arribó el indiciado es razonable en tanto se adoptó con fundamento en una valoración ponderada del material probatorio existente en el expediente constitucional, situación que demostraba que la decisión cuestionada no es manifiestamente contraria a la ley y, por ende, la atipicidad objetiva del delito de prevaricato por acción. CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA 3.2. De la intervención en condición de víctima de Reinert Montoya López Sostuvo que el doctor GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA sí incurrió en el delito de prevaricato por acción. En sustento de su manifestación, además de reiterar lo expuesto en la denuncia, dijo que la sentencia del 21 de abril de 2016 es abiertamente contraria a la legalidad, porque el indiciado volvió a conocer en segunda instancia la tutela, sin que el asunto haya sido sometido a reparto, lo cual consideró extraño. Además, porque los argumentos que allí se presentaron se contradicen con los que sirvieron para conceder la tutela en la primera oportunidad. Explicó que el exjuez en el inicial

fallo amparó sus derechos fundamentales al considerar que la renuncia a la empresa no equivalía a renunciar al sindicato, lo cual estimó acertado y ajustado a derecho, no solo porque la organización USE es un sindicato de industria, sino porque el Decreto 1072 de 2015!, en su artículo 2.2.2.2.2, establece que “la terminación del contrato de trabajo no extingue, por ese solo hecho, el vínculo sindical del trabajador”. En la segunda decisión el indiciado, para negarle el derecho, además de desconocer la aludida norma, argumentó que si él, en su condición de afiliado y miembro de la junta directiva, consideraba que el actuar del sindicado afectaba sus intereses, debía impugnar las decisiones que se 1Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA emitieron en la asamblea del 29 de septiembre de 2015. Argumento que, en su criterio, es equivocado, porque las determinaciones alli adoptadas son inexistentes al no haber existió el quórum requerido para deliberar y decidir convocar a elecciones para suplir el cargo que nunca dejó vacante. 3.3. De la intervención del representante de víctimas Reiteró los argumentos de su representado y agregó que el prevaricato se configura en la segunda decisión reprochada cuando el indiciado de manera caprichosa abandonó su tesis inicial y el análisis integral de las pruebas, acogiendo únicamente las allegadas por el supuesto tercero

con interés. 3.4. De la intervención del Ministerio Público En cuanto al auto del 10 de marzo de 2016, el delegado del Ministerio Público consideró que el doctor GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA se equivocó al decretar la nulidad del trámite constitucional con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, pero que ese error no puede llevarse al extremo de afirmar que se cometió la conducta delictiva de prevaricato con la intención de afectar a la administración de justicia, en tanto lo pretendido por el indiciado era proteger un derecho fundamental de un tercero al advertir que no se integró debidamente el contradictorio por vía pasiva. 10 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA Respecto de la sentencia del 21 de abril de 2016, el delegado del Ministerio Público señaló que la acción de tutela la volvió a conocer en segunda instancia el indiciado puesto que el trámite debía asumirse necesariamente por el juez que inicialmente lo invalidó. Luego, indicó que esta decisión no es manifiestamente contraria a la legalidad, porque a raíz de la nulidad del trámite de tutela dejaron de existir los fallos adoptados con anterioridad a que se invalidara la actuación. Por tanto, en su criterio, realmente no existen dos decisiones contradictorias, pues la nulidad, bien o mal decretada, eliminó del mundo jurídico la primera decisión. 3.5. De la intervención del indiciado

El doctor. GUILLERMO DE JESÚS URAZÁN PEÑA

sostuvo que las providencias reprochadas las adoptó en apego al ordenamiento jurídico, siempre aplicando la justicia y siendo equitativo con lo que estaba resolviendo. Nunca tuvo algún interés en beneficiar o perjudicar a alguien con sus decisiones, su única intención era fallar en derecho. En lo atinente al auto del 10 de marzo de 2016, refirió que decretó la nulidad del trámite constitucional tras advertir que Arroyo Angulo no tuvo la oportunidad de intervenir en la actuación a pesar de ser un tercero con interés, pues sería desplazado del cargo reclamado por el accionante ante el amparo ordenado en el inicial fallo de segunda instancia. 11 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA Indicó que la acción de tutela no se resuelve mediante un proceso ordinario en el que deben cumplirse todas las ritualidades previstas en los diferentes estatutos procesales para su resolución, sino a través de un trámite constitucional que debe evacuarse de manera rápida, en cumplimiento de unos términos. Frente a la sentencia del 21 de abril de 2016, argumentó que cambió su postura inicial al advertir que en el fondo las partes y el tercero vinculado discutían aspectos de orden legal, que debían debatirse mediante los mecanismos judiciales ordinarios, no a través de la acción de tutela.

IV. DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA La Sala Mayoritaria del Tribunal hizo un recuento de lo acontecido en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Reinert Montoya López y luego entró a determinar si

había lugar a decretar la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta de prevaricato por acción respecto de las decisiones cuestionadas por el denunciante. En lo atinente al auto interlocutorio del 10 de marzo del 2016, por medio del cual se declaró la nulidad de lo actuado dentro del trámite constitucional, indicó que compartía la postura del denunciante cuando tildaba de irregular esa decisión, por cuanto fue proferida por el indiciado después de que emitió la sentencia de segunda instancia del 19 de febrero de 2016, es decir, cuando ya había agotado su competencia funcional de juzgador de tutela y solo tenía la 12 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA facultad de remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, autoridad llamada a corregir cualquier yerro en el trámite. Precisó que el indiciado, pese a su larga trayectoria en la Rama Judicial como juez civil, al declarar la nulidad de todo lo actuado y, por ende, revocar su propia sentencia, desconoció flagrantemente el artículo 285 del Código General del Proceso, según el cual "La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció". En cuanto a la sentencia de segunda instancia del 21 de abril de 2016, por medio de la cual el indiciado negó el amparo invocado por Reinert Montoya Lopez, la Sala Mayoritaria del Tribunal indicó que no surgía claro el fundamento para el cambio de criterio del indiciado con respecto al sostenido en la sentencia del 19 de febrero de ese

año, dictada antes de decretar la nulidad de lo actuado, donde sí accedió a la protección de los derechos del accionante, siendo que, «al parecer», el material probatorio recaudado era el mismo. Refirió que, hasta el momento, no encontraba una explicación clara acerca de por qué el indiciado tomó decisiones tan diametralmente opuestas, pese a los argumentos tan radicales plasmados en la sentencia inicial para tomar una decisión de fondo en el asunto puesto a su consideración, tales como la imposibilidad de aceptar una «renuncia tácita», que una licencia no equivale a una renuncia y que era un desatino pensar que el accionante había perdido 13 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA su condición de afiliado al sindicato por no tener vínculo laboral con EMCALI. Indicó que el exjuez en la decisión cuestionada, sosteniendo que había prueba nueva, que en esencia consistió en un concepto del Ministerio del Trabajo, ya no había actuado con tanta contundencia y énfasis respecto a los derechos fundamentales del actor. Por tanto, negó la solicitud de preclusión y señaló que era necesario que la Fiscalía ahondara en la indagación para establecer con certeza la existencia o no de un actuar doloso.

V. DE LA IMPUGNACIÓN Y DE LA INTERVENCIÓN

DE LOS NO RECURRENTES 5.1 Fiscalía En cuanto a la primera decisión, refirió que el indiciado no desconoció el artículo 285 del C.G.P., pues el auto que decretó la nulidad de todo lo actuado no se emitió al interior

de un proceso ordinario, caso en el cual sería aplicable la norma citada por la Sala Mayoritaria del Tribunal, sino que se profirió dentro de un trámite constitucional de tutela. Indicó que la sentencia dictada por el indiciado en segunda instancia aún no había hecho tránsito a cosa juzgada material, toda vez que el trámite de tutela se agota con la revisión de la Corte Constitucional y en el momento en que estaba pendiente de remitirse las diligencias a esa 14 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA Corporación es que el tercero elegido en reemplazo del accionante pone en conocimiento del juez que no fue vinculado a la actuación. Consideró, entonces, que era viable jurídicamente la decisión de nulidad del trámite constitucional, por cuanto se adoptó por el indiciado no con la intención de vulnerar el bien jurídico de la administración pública y su deber funcional de administrar justicia, sino con el propósito de privilegiar lo sustancial sobre lo formal, después de advertir que la decisión de segunda instancia afectaba el debido proceso de un tercero con interés por una indebida integración del contradictorio y teniendo en cuenta que el trámite constitucional no se había agotado en debida forma. Respecto de la sentencia de segunda instancia, por medio de la cual el indiciado revocó la de primer orden y, en su lugar, negó el amparo constitucional solicitado, el delegado de la Fiscalía indicó que si bien esa decisión aparentemente sería contradictoria con respecto al inicial

fallo en el que se había concedido la acción de tutela, lo cierto era que esas diferencias de criterio no alcanzaban a configurar una conducta prevaricadora, máxime cuando del examen de la sentencia tildada de ilegal se podía evidenciar que estuvo soportada no solo con nuevas respuestas como la del tercero, sino con nuevos elementos de prueba que no habían sido aportados en el trámite viciado de nulidad y, por ende, que no habían sido valorados por el indiciado para adoptar la primera decisión de tutela. 15 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA Sostuvo que el indiciado en la segunda sentencia de tutela de manera razonable negó el amparo constitucional, no porque avalara una renuncia tácita, sino porque el expediente de tutela, como lo destacó en la audiencia en la que solicitó la preclusión, informaba sobre varios datos que conducían a pensar que el accionante dejó acéfalo el cargo que ocupaba en la junta directiva. Por estas razones, insistió en señalar que la decisión cuestionada no es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y, por ende, que el delito de prevaricato por acción es atípico objetivamente. Con todo, refirió que en el caso hipotético de aceptarse que esa decisión no era viable jurídicamente porque, como lo consideró la Sala Mayoritaria del Tribunal, se fundamentó en un concepto del Ministerio del Trabajo que no era vinculante, en todo caso la conducta sería atípica subjetivamente, porque en ese evento

lo que existiría es un problema de culpa, consistente en que el juez se equivocó al valorar las pruebas por darle un alcance más allá del permitido a un concepto. Con fundamento en los argumentos presentados, solicitó a la Corte que revoque la providencia impugnada y, en su lugar, acceda a la solicitud de preclusión en el entendido que no existió alguna decisión que contrarie el ordenamiento jurídico. 16 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA 5.2 El Ministerio Piblico y la Defensa material Solicitaron que se revoque la providencia de la Sala Mayoritaria del Tribunal para, en su lugar, acceder a la solicitud de preclusion del delegado de la Fiscalia al compartir sus planteamientos.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 6.1 Competencia De conformidad con el numeral 2° del articulo 235 de la Constitución Politica2, la Corte es competente para conocer del recurso de apelacion interpuesto contra la decision proferida por la Sala Mayoritaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en virtud de la calidad foral que le asiste a GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA, por cuanto su condición de Juez Segundo Civil del Circuito de esa ciudad para la época de los hechos fue acreditada en la actuación, sin que exista controversia al respecto. 6.2 Aspectos generales de la preclusión y de la causal invocada De conformidad con los artículos 250 de la Carta

Políticas y 200 de la Ley 906 de 2004, el ejercicio de la acción penal y la prosecución de la indagación e investigación de los hechos que revistan las características de una conducta 2 Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018. 3 Artículo modificado por el canon 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. 17 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA punible esta en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. En el marco de esta función, el legislador la facultó para solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación cuando, con arreglo a la ley, no hubiere mérito para acusar. La fase de la indagación tiene como propósitos, (i) establecer la ocurrencia de los hechos llegados al conocimiento del ente persecutor, (ii) determinar si constituyen o no infracción a la ley penal, (iii) identificar o individualizar a los presuntos autores o partícipes de la conducta punible, y (iv) asegurar los medios de convicción que permitan ejercer debidamente la acción punitiva del Estado. Si la Fiscalía, al sopesar los resultados obtenidos, deduce de las evidencias físicas, o de los elementos materiales de prueba, o de la información acopiada legalmente, la realización de la conducta punible e identifica o individualiza en términos de inferencia razonable al posible autor o partícipe, debe formular la imputación ante el juez de control de garantías. Pero si encuentra configurada alguna de las causales previstas en el canon 332 del Código Procesal Penal, o de

extinción de la acción contempladas en el precepto 77 ibidem, se impone solicitar la preclusión de la investigación al juez de conocimiento, decisión que puede ser adoptada en la indagación, en la investigación y en el juzgamiento, aunque en este último caso por causales objetivas. 18 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA La preclusion de la investigación es una institución que permite la terminación del proceso sin el agotamiento de todas sus etapas, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva por parte del juzgador cognoscente, cuyo efecto es el de cesar la persecución penal contra el implicado respecto de los hechos objeto de investigación, por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada. Lo anterior significa que la solicitud de preclusión no sólo debe precisar con rigor la causal a la cual se acude, sino que ha de ofrecer suficientes elementos argumentales y probatorios que permitan al juez de conocimiento llegar a un estado de convicción tal, que no admitan algún resquicio de duda sobre la efectiva ocurrencia de la causal invocada. Dicho de otra manera, que respecto de ella no «exista duda o posibilidad de verificación contraria con un mejor esfuerzo investigativo» (Cfr. CSJ AP, 24 jul. 2013, rad. 41604; CSJ AP3288-2014, 18 jun. 2014, rad. 43797; CSJ AP4388-2018, 3 oct. 2018, rad. 53564; CSJ AP1718-2019, 30

abr. 2019, rad. 48492 y CSJ AP242-2020, 29 en. 2020, rad. 55753). En cuanto al evento invocado en este asunto por la Fiscalia, esto es, el previsto en el numeral cuarto del articulo 332 del Estatuto Procesal Penal, el legislador estableció como causal de preclusión de la investigación la «atipicidad del hecho investigado» sin distinguir entre las dos aristas que componen el tipo penal, de ahí que la Sala haya sostenido en forma reiterada y uniforme que ambas categorías -la atipicidad 19 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA objetiva y la subjetiva— pueden ser alegadas como soporte de preclusion. 6.3. De la tipicidad del delito de prevaricato por accion Sobre el elemento objetivo de la conducta El articulo 413 de la Ley 599 de 2000 consagra el tipo penal de prevaricato por accion, en los siguientes términos: «El servidor publico que profiera resolucién, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos Y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) anos.» Por tanto, son elementos objetivos del tipo penal: (i) un sujeto activo calificado, servidor público, (ii) que profiera una resolución, dictamen o concepto, y (iii) que la decisión tomada

sea manifiestamente contraria a la ley. El alcance del ingrediente normativo de la conducta (que sea manifiestamente contraria a la ley), ha sido precisado por la jurisprudencia de la Corte de la siguiente manera (csJ sp, 13 ago. 2003, rad. 19303, SP, 3 jul. 2013, rad. 40226, SP4620-2016, rad. 44697 y SP5394-2017, rad. 47920): (...) para que la actuación pueda ser considerada como prevaricadora, debe ser “ostensible y manifiestamente ilegal,” es decir, “violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la norma”, dependiendo siempre de su grado de complejidad, pues resulta comprensible que del grado de dificultad para la interpretación de su sentido o para su aplicación dependerá la valoración de lo manifiestamente ilegal, de allí que, ciertamente, no puedan ser tenidas 20 CUI 76001600019320162377601 Segunda Instancia No. 57084 GUILLERMO DE JESUS URAZAN PENA como prevaricadoras, todas aquellas decisiones que se tilden de desacertadas, cuando quiera que estén fundadas “en un concienzudo examen del material probatorio y en el análisis jurídico de las normas aplicables al caso. Se concluye, entonces, que para que el acto, la decisión o el concepto del funcionario público sea manifiestamente contrario a la ley, debe reflejar su oposición al mandato jurídico en forma clara y abierta, revelándose objetivamente que es producto del simple capricho, de la mera arbitrariedad, como cuando se advierte por la carencia de sustento

fáctico y jurídico, el desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo. En torno a su determinación y comprobación, la Sala ha considerado que en esta labor deben tenerse en cuenta no solo los fundamentos jurídicos o procesales consignados por el funcionario judicial en la decisión tildada de prevaricadora, o la ausencia de estos, sino tamb