CSJ - AP2536-2024(65661)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente AP2536-2024

Radicación: 65661

Acta Nr. 107 Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). ASUNTO Resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del acusado JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA, exfiscal 38 Seccional de la ciudad de Mocoa (Putumayo), contra la decisión proferida el 30 de noviembre de 2023 por la Sala Única de Tribunal Superior del mencionado Distrito Judicial, que aclaró y negó la nulidad por falta de motivación, del auto de 14 de septiembre anterior, último a través del cual, entre otras determinaciones, rechazó la práctica de algunas pruebas pretendidas por la defensa del prenombrado procesado, en trámite de la audiencia preparatoria. CUL 11001600000020190086202

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JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS HECHOS Fueron detallados en el escrito de acusación como a continuación se relacionan: «El fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACOSTA, en la época en que fungió como Fiscal 38 Seccional de la ciudad de Mocoa (Putumayo), junto con el abogado litigante WILLIAM ALEXANDER ARGOTI LAGOS habrían favorecido a un investigado en un proceso, luego de solicitarle dinero para ello, y habrían hecho incurrir en error a un Juez de la

República, e igualmente de manera individual el Fiscal habría emitido varias decisiones o conceptos manifiestamente contrarios a la ley. [...] Se pasan a precisar los eventos encontrados, respecto de los acusados

así: PRIMER EVENTO: Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA y abogado litigante WILLIAM ALEXANDER ARGOTI LAGOS.

El Fiscal 38 Seccional de Mocoa Putumayo JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA por intermedio del abogado ALEXANDER ARGOTI LAGOS, le habría solicitado dinero al señor JHONY ARMANDO SEMANATE HERNANDEZ, para beneficiarlo en investigación en su contra, e igualmente profirió decisiones y emitió conceptos manifiestamente contrarios a la ley, determinado por el dinero prometido o entregado por el abogado. Ello habría ocurrido toda vez que JHONY ARMANDO SEMANATE HERNÁNDEZ fue capturado el 23 de junio de 2015 en el Sector San Miguel Puente Internacional frontera Colombo Ecuatoriana, en virtud de orden de captura, (y de una notificación azul de Interpol), solicitada por el Fiscal 38 Seccional de Mocoa Dr. JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA, dentro de la investigación No. 860016000500201300039, por delitos de captación masiva y habitual de dineros ART. 316 C.P., en concurso con negativa de reintegro ART. 316A C.P., fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en CUL 11001600000020190086202

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JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS establecimiento carcelario el 24 de junio de 2015 por el Juez Primero Penal Municipal de Mocoa. El día 29 de julio del mismo año 2015 SEMANATE HERNÁNDEZ le otorgó poder al abogado ALEXANDER ARGOTI LAGOS, quien le manifestó a SEMANATE ser amigo íntimo del fiscal a cargo de la investigación, acordaron sus honorarios de diez Millones de pesos ($10.000.000.00) de los cuales se pagó el 50% y el saldo al finalizar el caso. El profesional del derecho ARGOTI LAGOS le dijo a SEMANATE que se había contactado con el Fiscal JULIO CÉSAR en busca de una posible solución y preguntó a SEMANATE HERNÁNDEZ con cuánto dinero contaba, la respuesta fue que no contaba con dinero, a lo cual le indicó que ahí si iban a tener problemas porque a JULIO le gustaba la plata, que él no se movía sin plata, y el abogado ARGOTI LAGOS le dijo que hablara con la mamá, le insistía que consiguiera plata, primero le pidió VEINTE MILLONES DE PESOS, luego bajó a CATORCE MILLONES y finalmente le dijo que al menos OCHO MILLONES, que con eso el fiscal JULIO CÉSAR le aseguraba la domiciliaria y al mes la condicional, el detenido recibió presiones del abogado para que diera una respuesta, indicándole que si decía que no la situación se le complicaba. Queda claro que esta suma de dinero o solicitud del abogado, es diferente e independiente a los honorarios profesionales pactados; a su vez el abogado le hizo firmar letras de

cambio a la señora madre de SEMANATE HERNÁNDEZ por suma de cinco millones de pesos y al día siguiente en audiencia salió en domiciliaria, luego de ello ARGOTI constantemente le decía que tenía que cumplirle al doctor JULIO CÉSAR. Igualmente, la señora madre de SEMANATE le entregó al abogado la suma de tres millones quinientos mil pesos, en efectivo, que el abogado ARGOTI LAGOS le pidió para ayudarle a su hijo. SEMANATE HERNÁNDEZ en el año 2016 luego de una audiencia, le dice al Fiscal que le colabore resolviéndole su situación, ante lo cual el Fiscal JULIO CÉSAR le pide que hable con ARGOTI, que se vuelva a hablar con él, a sabiendas de que ya para ese momento ARGOTI no era su defensor, ante lo cual SEMANATE le manifiesta al fiscal JULIO CUL: 11001600000020190086202

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS CESAR que él no tiene dinero, y asegura que por no tener dinero no ha logrado resolver su caso, continuando en el año 2018 en detención domiciliaria. Se estima que el comportamiento antes reseñado se encuentra subsumido por la descripción típica del delito de CONCUSIÓN consagrado en el artículo 404 del Código Penal, en el cual JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA en su calidad de servidor público, para la fecha de los hechos Fiscal 38 Seccional es AUTOR y el abogado WILLIAM ALEXANDER ARGOTI LAGOS, al no reunir las calidades

exigidas para el sujeto activo lo es a título de INTERVINIENTE, conforme al artículo 30 del Código Penal, la modalidad es dolosa, dado que como profesionales del derecho conocían que solicitar dinero para beneficiar a una persona en un proceso penal es delito, y pudiendo y teniendo el deber de comportarse respetando la Constitución y la Ley, decidieron voluntariamente apartarse de ella, afectando gravemente el bien jurídicamente tutelado de la Administración Pública. Es de mencionar que la sola solicitud de dinero, es delito. Aunada a la exigencia dineraria y al parecer determinado por el dinero entregado o prometido por el abogado ARGOTI LAGOS, el Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ realizó un preacuerdo (resolución) que la Fiscalía estima es manifiestamente contrario a la ley; igualmente habría emitido conceptos manifiestamente contrarios a la ley para beneficiar a SEMANATE, actuaciones ilegales en las cuales igualmente intervino el abogado ARGOTI de manera mancomunada, de común acuerdo con el fiscal, que se pasan a precisar: 1.- La primera actuación que se cuestiona su legalidad por ser manifiestamente contraria a la ley, es el preacuerdo celebrado el 24/08/2015 (resolución), en el cual el Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ retira el delito de "negativa de reintegro", argumentando que de los EMP, la EF y la ILO no es posible afirmar con probabilidad de verdad que JHONY ARMANDO SEMANATE HERNÁNDEZ se hubiera apropiado de los dineros que las víctimas le entregaron, sino que entregados los mismos eran transferidos de manera inmediata al

señor CARLOS FERNANDO RAMÍREZ JAMIOY, quien figura como 4 CUL 11001600000020190086202

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS cabeza de la actividad delictiva, que SEMANATE HERNANDEZ no gozó de ningún incremento patrimonial producto de la actividad ilegal y por ende no resulta admisible exigirle el reintegro del dinero captado; por ello dijo, no es aplicable la prohibición del artículo 349 de la Ley 906 de 2004. Indica que como el imputado ACEPTA EL DELITO DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS previsto en art. 316 C.P., a cambio la FGN le reconoce la figura de la marginalidad y pobreza extrema ART. 56 Ley 599 de 2000, tasando la pena principal en 36 meses de prisión, preacuerdo que fue negado el 30 de noviembre de 2015 por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Mocoa, por inobservancia del artículo 349 del C.P.P., decisión apelada y confirmada por la Sala Penal del Tribunal el 27 de abril de 2017. Significa lo anterior, que el Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ, con la intervención del abogado ARGOTTI LAGOS habrían celebrado el anterior preacuerdo (resolución) violando de manera manifiesta la normatividad penal vigente, en varios tópicos: a. El desconocimiento arbitrario del mandato contenido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 (declarado exequible en sentencia C-059 de 2010), que establece: "no se podrá celebrar

el preacuerdo con la FGN hasta tanto no se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remante". Y vulneró dicha normatividad dado que la imputación se realizó en calidad de COAUTOR de los delitos de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS Y NEGACIÓN DE REINTERGO, y si en gracia de discusión se dijera que solo se presentaba el primer delito, dada la calidad de COAUTOR tiene implícito un incremento en el patrimonio. b. Concedió un doble beneficio en contravía del artículo 351 del C.P.P., inciso 2, pues de un lado suprimió el delito de negativa de reintegro ART. 316 A C.P., y concedió rebaja o beneficio adicional de la figura de la marginalidad y pobreza extrema Art. 56 Ley 599 de 2000. Este no era el escenario para suprimir delitos, si el Fiscal consideraba que no se adecuada 5

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS algún delito Imputado, lo procedente era solicitar la preclusion de la investigación, y carece de lógica que creyera que no existía el delito que elimina, después de más de dos años de haber solicitado capturas en el caso y luego de vencidas solicitó prórroga por los mismos delitos. e. Llegó a conclusiones opuestas a la realidad del proceso, para eliminar un delito imputado, sin referir en concreto un elemento material probatorio que le permitiera llegar a tal

conclusión y de los elementos con los que contaba a esa época, no le permitían concluir la inexistencia del mismo, actualizando el delito de prevaricato por acción en el aspecto fáctico. 2.- La segunda actuación que se estima manifiestamente contraria a la ley, en este evento, se realizó el 15 de septiembre de 2015 en audiencia para sustitución de medida de aseguramiento solicitada por el defensor ALEXANDER ARGOTI LAGOS, en la cual el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por domiciliaria. Es de mencionar que este beneficio era uno de los aspectos que el Fiscal JULIO CÉSAR garantizaba de entrada, con la solicitud de dinero al investigado SEMANATE a través del abogado ARGOTI, que se vislumbra estaba cumpliendo, emitiendo conceptos manifiestamente contrarios a la ley. Como sustento de la solicitud el defensor ARGOTI adujo que el imputado no se apropió directamente de dineros, que su actuar fue de intervención, en consecuencia no tenía que reintegrar dineros a las víctimas, es decir, utilizó términos consignados en el preacuerdo ilegal realizado el 24/08/2015; además argumentó que SEMANATE tenía arraigo y cumpliría la domiciliaria en la casa de su señora madre. El fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ en su intervención manifestó no tener reparo, y confirmó veracidad de lo dicho por el defensor ARGOTI, vulnerando de manera palmaria la ley, pues desconoció los elementos materiales probatorios que tenía en la carpeta investigativa, como son:

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS - La imputación no fue realizada en calidad de interviniente sino de COAUTOR, de CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO y negativa de reintegro. En cuanto al delito de captación masiva, por si solo implica incremento patrimonial. - El arraigo realizado con ocasión de la captura, daba cuenta que el imputado trabajaba como Mesero en el Bar La Bombonera de Ecuador, y su lugar de residencia en el Barrio Acacias de Mocoa; pero en audiencia de solicitud de medida la Fiscalía precisó que no tenía arraigo en dicha población, pues residía en Ecuador y se encontraba huyendo dado que tenía orden de captura, el defensor dijo que SEMANATE había ingresado varias veces al país a visitar a su familia, y el Juez al decretar la medida de aseguramiento intramural adujo que se acreditó que el señor SEMANATE vivía en Ecuador. Para la audiencia de sustitución se allegó arraigo similar al realizado al momento de la captura, en cuanto al lugar de residencia, el cual dado el debate de la audiencia de medida de aseguramiento no se podía tener en cuenta, por haber quedado claro que residía en Ecuador y desde la captura había estado privado de su libertad. 3.- Una tercera actuación que se estima manifiestamente contraria a la ley, se realizó en audiencia realizada los días 29 de febrero y 1 de marzo de 2016 por solicitud de la defensa para revocatoria de la medida de aseguramiento la cual fue negada por el Juez Primero Penal

Municipal de Garantías de Mocoa el 1 de marzo de 2016, apelada fue confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma población el 22 de julio de 2016. En el trámite de la audiencia de revocatoria el Fiscal JULIO CÉSAR manifestó (emitió conceptos) que la información suministrada por la defensa es real y consecuente con los acercamientos que las partes han hecho en virtud de preacuerdo, que aunque este haya sido improbado se encontraba apelada la decisión, y que la FGN pretende seguir buscando mecanismos de terminación anticipada, pues se dan los presupuestos para que acceda a algún beneficio teniendo en 7 CUL 11001600000020190086202

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS cuenta la colaboración con la justicia, aunque esa colaboración no ha dado los frutos esperados; sin embargo, con ella se ha logrado encaminar la investigación y ha desencadenado una serie de órdenes de capturas, entre ellas las de los cabecillas de la banda delincuencial. Solicitó mantener la medida, pero estudiar una no restrictiva de la libertad.- Los conceptos emitidos antes referidos son manifiestamente contrarios a la ley, y con ellos vulneró el artículo 162-4 de la Ley 906 de 2004, que establece como requisitos de las providencias: "Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas...”, lo que significa que sus decisiones y conceptos debían reflejar y ser consecuencia de la actividad probatoria, pero el Fiscal

realizó valoraciones probatorias opuestas a la realidad del proceso, e inclusive inexistentes a los elementos con que se contaba en la carpeta investigativa. En este último concepto, es grosera la forma como se aparta de los elementos materiales probatorios pues no era cierto que con la colaboración de SEMANATE HERNÁNDEZ logró encaminar la investigación y desencadenó una serie de órdenes de captura contra los cabecillas, pues el mismo Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA, desde el 8/04/2014 (casi dos años atrás) habia solicitado audiencia para orden de captura en contra de CARLOS FERNANDO RAMÍREZ JAMIOY, LENNY JANETH ORDOÑEZ GUERRERO, y JHONY ARMANDO SEMANATE HERNÁNDEZ, existiendo constancia de audiencia realizada el 22 de abril de 2014 en la cual se accedió a lo peticionado; posteriormente el 13/04/2015 el mismo fiscal solicitó renovación de las mismas tres órdenes de captura, y acorde al preacuerdo en el mismo asunto el 24/08/2015 se dice que el líder de la organización al señor CARLOS FERNANDO RAMÍREZ JAMIOY, a quien, se itera, casi dos años atrás le había solicitado orden de captura. Aunado a ello los interrogatorios realizados a SEMANATE HERNÁNDEZ, en presencia del abogado ARGOTI, y al parecer 8

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direccionados por él, no conllevó a solicitar ninguna orden de captura adicional a las que ya había solicitado casi dos años atrás. Se estima entonces que los comportamientos reseñados se encuentran subsumidos por la descripción típica del delito de PREVARICATO POR ACCIÓN consagrado en el artículo 413 del Código Penal, en el cual JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA en su calidad de servidor público, Fiscal 38 Seccional es AUTOR y el abogado WILLIAM ALEXANDER ARGOTI LAGOS, DETERMINADOR como interviniente, conforme al artículo 30 del Código Penal. Los indiciados son abogados, tenían el deber de respetar la Constitución y la Ley, pero decidieron voluntariamente apartarse de ella, afectando gravemente el bien jurídicamente tutelado de la Administración Pública. Esto ocurrió en tres oportunidades diferentes en este asunto, lo que implica un

CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO.

SEGUNDO EVENTO: Fiscal, abogado litigante y Juez Penal

Municipal. El Fiscal 38 Seccional de Mocoa Putumayo JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA habría proferido resoluciones y emitió conceptos manifiestamente contrarios a la ley para favorecer a la procesada LUZ DENY VILLOTA ALVEAR, en los cuales participó el abogado WILIAM ALEXANDER ARGOTI LAGOS, como defensor de confianza, y en calidad de determinador (Interviniente); igualmente en el afán de favorecer a la misma señora, el fiscal y el abogado defensor utilizaron un preacuerdo ilegal realizado, para hacer inducir en error al Juez 2°

Penal Municipal de Mocoa y obtener decisión favorable mediante la cual se sustituyó medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario por la domiciliaria a la señora VILLOTA

ALVEAR.

Estos hechos ocurrieron al interior de la investigación 860016099053201400201 en contra de LUZ DENY VILLOTA ALVEAR, dentro de la cual el día 2 de septiembre de 2014 el Fiscal 38 Seccional de Mocoa Dr. JULIO CÉSAR SANCHEZ ACUÑA solicitó orden de 9 CUL 11001600000020190086202

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS captura en contra de dicha señora por hechos ocurridos eL 19/04/2014 cuando dos menores de 7 y 1 años de edad habian ingresado a centro hospitalario con diagnóstico de intoxicación con plaguicida, con información inicial que la madre de los menores LUZ DENY VILLOTA habría consumido arroz con veneno junto con sus hijos porque se quería morir con ellos. Capturada el día 30 de enero de 2015, una vez legalizada la captura, el mismo fiscal SÁNCHEZ ACUÑA imputó el delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa, [...]. Primer Prevaricato. El Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ junto con el abogado ALEXANDER ARGOTI LAGOS, a quien la investigada le otorgó poder el 26 de marzo de 2015, realizaron un preacuerdo (resolución) el 3/09/2015, presentado en el Centro de Servicios

Judiciales de Mocoa el 21 de septiembre de 2015, preacuerdo en el que el Fiscal indicó que de los elementos materiales probatorios, la evidencia fisica y la información legalmente obtenida, asi como los aportados por la defensa no es procedente indicar que la conducta es dolosa, que la intención fue de lesionar de manera leve en un momento de alteración emocional, y varió el delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa que fue imputado, por el delito de Homicidio Preterintencional en grado de tentativa, se plasmó que hay concurso homogéneo porque fueron víctimas los dos hijos menores de edad y que la imputada LUZ DENY VILLOTA ALVEAR ACEPTA EL DELITO previsto en el art. 105 C.P., y a cambio de la aceptación le reconoce la figura de haber obrado en circunstancias de ira e intenso dolor ART. 5 7 Ley 599 de 2000, indicando que acorde al art. 199 de la ley 1098 de 2006 el Homicidio agravado en modalidad de "preterintencional" no tiene prohibición de subrogados. Segundo Prevaricato. El 5 de abril de 2016 se realizó un nuevo preacuerdo (resolución) en el cual la Fiscalía de manera unilateral varía la calificación de Tentativa de Homicidio Agravado a Lesiones Personales Dolosas artículo 112 de la Ley 599 de 2000, y se indica que la acusada acepta los cargos como autora en modalidad dolosa 10 CUL 11001600000020190086202

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JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS del delito de lesiones personales agravado arts. 112, 1141, 19 inciso segundo, a cambio de la aceptación la Fiscalía le reconoce a LUZ DENY VILLOTA ALVEAR haber obrado en modalidad culposa, señalando que la pena sería de 12 meses de prisión, pero en virtud del concurso homogéneo y sucesivo por ser dos las víctimas, fijan la pena definitiva en 16 meses de prisión. Se hace referencia al artículo 199 de la ley 1098 de 2006 y 68A de la ley 1709 de 2014, pero solamente para señalar que la conducta de lesiones personales culposas no tiene prohibición de subrogados. En este evento, además se observa que el preacuerdo ilegal realizado el 3 de septiembre de 2015 de TENTATIVA DE HOMICIDO AGRAVADO TENTATIVA HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, el cual nunca fue legalizado ante juez de conocimiento, fue utilizado el 9 de septiembre de 2015 por el abogado de confianza ALEXANDER ARGOTI LAGOS, y por el fiscal JULIO CÉSAR SANCHEZ ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Mocoa, como medio engañoso para deprecar la revocatoria de medida de aseguramiento y de manera subsidiaria sustitución de la misma. Si bien el Fiscal dijo que se oponía a la revocatoria de la medida de aseguramiento, porque hay necesidad de una medida como protección a los menores, conceptuó que lo más adecuado era la sustitución de la medida de aseguramiento, sin

analizar que al ser la agresora la madre de los menores, al otorgar la sustitución de la medida que conceptuaba, era lógico entender iría a convivir en la misma residencia con los menores hijos agredidos, por lo que ninguna protección a los menores perseguía tal sustitución.

TERCER EVENTO: Se atribuyen prevaricatos independientes a los fiscales EDELBERTO ZAPATA MUNOZ y JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA, presuntamente motivado por móvil económico, en investigación No. 860016107562201580041.

En dicha investigación el 10 de enero de 2015 hacia las 22:25 horas fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la 11 CUL 11001600000020190086202

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JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS Nación GILBERTO GÓMEZ GRANDA y EDGAR YEDAN ROSERO PANTOJA, quienes son sorprendidos por la Policía Nacional, cuando trasladaban en un camión 28 llantas avaluadas en la suma de veinticinco millones de pesos, y otros elementos que acababan de ser hurtados en una bodega de la empresa ZONACOL, ubicada en la vereda los Guaduales de Mocoa. Dentro de la misma investigación 860016107562201580041, el Fiscal 38 Seccional de Mocoa Putumayo JULIO CÉSAR SANCHEZ ACUÑA profirió decisiones y emitió conceptos manifiestamente contrarios a la ley, con el ánimo de beneficiar a FRANCISCO JAVIER MURIEL

CAICEDO alias "Chon". Dicha investigación fue asignada a la Fiscalía 38 Seccional luego de remisión por competencia que ordenó el Fiscal 21 Local el 1 de febrero de 2015, posterior a ser materializada la captura de FRANCISCO JAVIER MURIEL CAICEDO, legalizada y formulada imputación en calidad de AUTOR en modalidad DOLOSA de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación tráfico o porte de armas de fuego art. 365 agravado por el numeral 5, cuya pena va de 18 a 24 años de prisión, y le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Actualizó el fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA el delito de Prevaricato por acción, en el acta de preacuerdo realizada el 26 de febrero de 2015, luego de referirse a la imputación procede a modificar la imputación, donde indicó: "No obstante la imputación inicial se procederá primeramente a realizar una modificación de la imputación en lo relacionado a la calidad con la que actuó FRANCISCO JAVIER MURIEL CAICEDO pues no se trata de un COAUTOR de los delitos de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y DEL PORTE ILEGAL DE ARMAS, sino que su actuar se encuadra en la complicidad y por ello deberá en esa calidad de COMPLICE realizarse la imputación; de acuerdo a los elementos materiales probatorios y evidencia física con la que cuenta la Fiscalía". El anterior aspecto por sí solo, muestra el querer delictivo 12 CUL 11001600000020190086202

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS del fiscal JULIO CÉSAR de beneficiar al procesado, pero el fiscal además de conceder el beneficio de complicidad, reconoció marginalidad y pobreza extrema contenido del artículo 56 del Código Penal y tasa la pena en 19 meses de prisión. Se estima entonces que los comportamientos reseñados se encuentran subsumidos por la descripción típica del delito de PREVARICATO POR ACCIÓN consagrado en el artículo 413 del Código Penal, en el cual JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA en su calidad de servidor público, para esa época Fiscal 38 Seccional es AUTOR, y como se hace referencia a dos realizados y ambos ilegales, se trata de un CONCURSO HOMOGÉNEO SUCESIVO, el doctor SÁNCHEZ ACUÑA es conocedor de la ley, además de ser abogado desde el año 1999, fue vinculado a la Fiscalía como Profesional Especializado en el año 2005, y se ha desempeñado como Fiscal Delegado desde julio del año 2010, por ello se considera que voluntariamente decidió vulnerar bienes jurídicamente tutelados como es la administración pública, sin ignorar que alias "Chon" da a conocer que para la libertad y su preacuerdo se entregó dinero, lo que explicaría con claridad la motivación que conllevó al Fiscal SÁNCHEZ ACUÑA a incurrir en esta modalidad delictiva.

CUARTO EVENTO: Se atribuye al Fiscal 38 Seccional de Mocoa y al

Juez Segundo Penal del Circuito de Mocoa.

El Fiscal 38 Seccional de Mocoa Putumayo JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA habría proferido decisiones y emitido conceptos manifiestamente contrarios a la ley, con el ánimo de beneficiar a BRAYAN STEVEN CARVAJAL MUÑOZ y en este caso el Juez Segundo Penal del Circuito habría emitido decisiones manifiestamente contrarias a la ley, en las cuales el fiscal es determinador. Ello ocurrió dentro del Rad. 860016107562201581042, la (sic) cual se adelantaba por los delitos de Secuestro Simple, Hurto Calificado y Agravado y Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de armas de fuego, donde fue capturado en flagrancia BRAYAN STEVEN CARVAJAL 13

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS MUÑOZ entre otros, y como víctimas del secuestro se registran menores de edad. La actuación contraria a la ley por el fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ se presentó en dos preacuerdos realizados el 20/06/2016 a las 8:00 AM, en calidad de Fiscal 38 Seccional de Mocoa (Putumayo), con el procesado BRAYAN STEVEN CARVAJAL MUÑOZ, dentro del cual CARVAJAL MUNOZ acepta los cargos imputados y a cambio de esa aceptación la Fiscalía le reconoce al figura de la marginalidad y pobreza extrema ART. 56 Ley 599 de 2000, pactando la pena en el primer preacuerdo en 5 años de prisión, la cual individualiza así: Por

el delito de porte ilegal 3 años, secuestro simple 1 año, hurto calificado y agravado 1 año. En el segundo preacuerdo hallado no en la carpeta de la Fiscalía, sino en la del Centro de Servicios Judiciales de Mocoa - Putumayo, se diferencia únicamente en la pena y su tasación, pues se pacta la pena ya no en 5 sino en 6 años de prisión, la cual individualiza así: Por el delito de porte ilegal 3 años, secuestro simple 2 años, hurto calificado y agravado 1 año. Los dos preacuerdos vulneran el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que exige reintegro al menos del 50 por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente, lo cual es requisito previo a la celebración de un preacuerdo.

QUINTO EVENTO: Fiscal.

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA, actuando como Fiscal 38 Delegado ante Jueces de Circuito de Mocoa (Putumayo) en la NC 860016000503201700020 habría emitido concepto manifiestamente contrario a la ley, ante Juez penal municipal con función de control de Garantías, donde acudió precipitadamente a sustentar legalización de captura de 3 ciudadanos dejados a disposición, quienes fueron capturados en situación de flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 14

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INTERLOCUTORIO SEGUNDA INSTANCIA JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA Y OTROS fuego, accesorios, partes o municiones, sin contar con dictamen

técnico respecto del arma incautada. El Fiscal JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA, luego de solicitar audiencias de control de legalidad de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento el día 6 de febrero de 2017 acudió ante el Juzgado Penal Municipal con función de control de Garantías respectivo, sin contar con el dictamen balístico o EMP que permitieran acreditar la materialidad de la conducta típica, (acreditar idoneidad del arma, para determinar antijuridicidad o la afectación del bien jurídicamente tutelado), comportamiento que desplegó con pleno conocimiento de su actuar contrario a la ley y para ello exigió la entrega del informe relacionado con los actos urgentes sin el dictamen balístico, e igualmente desatendió requerimiento realizado por la Directora Seccional de Fiscalías Dra. ALIX AIDE APARICIO CALDERÓN para retirar la audiencia y esperar al rendición de dicho dictamen, al contarse con término suficiente para la legalización de las capturas, solicitud que le fue realizada dado que la Directora tuvo conocimiento del presunto favorecimiento que se iría a dar a los capturados. [...] Se estima entonces que en este evento JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ACUÑA en su calidad de servidor público, Fiscal 38 Seccional, actualizó el tipo penal de PREVARICATO POR ACCIÓN consagrado en el artículo 413 del Código Penal, en este caso acudiendo de manera apresurada ante un Juez de garantías, sin contar con los EMP establecidos en la ley y necesarios para sustentar las solicitudes de la fiscalía, con pleno conocimiento de ello, incluso desatendiendo

solicitud de la Directora Se