CSJ - AP2540-2024(59487)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente AP2540-2024 Radicación No. 59487 Acta No. 107 Bogotá, D. C., ocho (08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). ASUNTO La Sala de Casación Penal resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas, contra la preclusión de la investigación dispuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla a favor de Clementina Godín Ojeda, por el punible de prevaricato por acción, en providencia del 25 de febrero de 2021. HECHOS De acuerdo con el auto impugnado, para el mes de agosto del año 2016 la Dra. Clementina Godín Ojeda se CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda desempeñaba como Juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla. En tal condición, conoció de un proceso verbal reivindicatorio de menor cuantía, identificado con el radicado No. 0800 1310300920150013100 promovido por la sociedad Famapán del Caribe Ltda., en contra de Rafael Arias Uribe y Sonia Torres Rivera que pretendía la restitución de la propiedad raíz de la demandante, ubicada en la carrera 28 No 28-03 Lote 2 e identificada con la matrícula inmobiliaria No 040-361935 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, que se hallaba en poder de los demandados. La juez denunciada emitió el 5 de febrero de 2018

sentencia en favor de la demandante, por medio de la cual: i. ordenó a los demandados Rafael Arias Uribe y Sonia Torres Rivera, restituir el inmueble a la sociedad Famapán del Caribe Ltda., a través de su representante legal, José Leonardo Bonilla Botía. Con fundamento en lo anterior, Rafael Arias Uribe y Sonia Torres Rivera presentaron denuncia penal en contra de la Dra. Clementina Godín Ojeda, por la supuesta comisión del delito de prevaricato por acción, la cual se asignó a la Fiscalía Séptima Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que, luego de realizar el programa metodológico y recolectar algunas evidencias, consideró que, las decisiones de la funcionaria CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda no eran manifiestamente contrarias a la ley y por ello solicitó la preclusión en favor de la misma.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 10 de diciembre de 2020, la Fiscalía Primera Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, solicitó la preclusión de la investigación.

2. Mediante auto de 25 de febrero de 2021, cuya lectura se llevó a cabo el 21 de abril del mismo año, el A quo precluyó la indagación que se adelantaba en contra de Clementina Godin Ojeda, por atipicidad objetiva del delito de prevaricato por acción.

3. Dicha determinación, fue objeto de apelación por el apoderado de víctimas.

4. Concedido el recurso ante la Sala de Casación Penal

de esta Corporación, fue remitido el expediente a efectos de resolver la alzada. DE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN La Fiscalía Primera Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, solicitó la preclusión de la investigación al amparo de la causal 4 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 250 numeral 4 de la Constitución Política. CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda En respaldo de ello, depreca la cesación de la actuación en favor de Clementina Godín Ojeda, Juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla, argumentando que, para el caso, existe atipicidad del hecho investigado, por las siguientes razones: i La fiscalia no hall6 elemento material probatorio alguno que funde la acusacion en contra de la juez, dado que no detectó ninguna irregularidad sustancial en las actuaciones de la funcionaria en el proceso adelantado por Famapán del Caribe Ltda. contra Rafael Arias Uribe y Sonia Torres Rivera. ii. El denunciante se basó en que, otrora, José Leonardo Bonilla Botía, actuando como representante legal de Famapán Del Caribe Ltda., transfirió a título de compraventa el inmueble de matrícula inmobiliaria No 361935, a favor de José Vicente Páez Granados. iii. Tras referirse ala narración fáctica de la denuncia, al señalamiento que los quejosos hicieron contra la jueza, así como a las pretensiones de la noticia criminal, relación de pruebas, víctimas, perjuicios, anexos y datos de notificación

de la denunciada, destacó cómo la jurisprudencia ha establecido con claridad que, para efectos del delito de prevaricato, se debe identificar cuáles son los actos irregulares de la decisión judicial, que el denunciante considera tienen esa naturaleza y que conducen a imputar esa conducta. CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda iv. En el sub examine, resalta el fiscal, no se especifica, siquiera, una sola fecha que permita identificar la o las decisiones supuestamente irregulares, por cuanto, se trata de una denuncia generalizada sobre las decisiones de la juez en punto de diversos aspectos.

1. No obstante, tras hacer el recuento de los hechos que originaron el proceso reivindicatorio y esta causa penal, asi como de las actuaciones de la indiciada en el primero, dedujo que las decisiones de la togada, amén de que se profirieron en el marco de la autonomia e independencia judicial, se emitieron de conformidad con la normatividad que rige la materia en garantia del debido proceso. vi. Corolario, la denuncia carece de cualquier fundamento factico, para que la fiscalia llame a juicio a la funcionaria denunciada por el delito de prevaricato por acción, dado que, por su orfandad argumental, no se encuentra actualizada la descripción típica del artículo 413 del Código Penal, desde sus aspectos objetivo ni subjetivo, comoquiera que no se individualizó acto alguno manifiestamente contrario a la ley, ni tampoco se describe de qué modo la juez dirigió su actuación de una manera

determinada, consciente y voluntaria a realizar la conducta.

EL AUTO RECURRIDO

1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, partió por señalar que, de cara a las causales establecidas CUI 08001600125710160454700

N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda en el artículo 332 del C.P.P, para que se extinga la acción penal la fiscalía cuenta con la posibilidad de solicitarlo incluso antes de formularse imputación, propósito en el cual le asiste la carga de exponer, con suficiente precisión y claridad las razones para ello, atendiendo no sólo los elementos fácticos y jurídicos que configuran la causal de preclusión que invoca [la cuarta, en este caso], sino los que integran el tipo penal respecto del cual se pretende la terminación anticipada del proceso.

2. Conforme con la jurisprudencia, el delito de prevaricato por acción, explicó el A quo, se refiere a la emisión de una providencia manifiestamente contraria a la ley; ello supone, de un lado, la expresión dolosa de una conducta que de forma consciente quiere realizar esa contradicción, la cual, de otro, debe ser evidente y detectable sin mayores elucubraciones. De manera que, las providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley, son excluidas del reproche penal, independiente de que se demuestre equivocación de sus asertos, pues, su configuración no recae en el acierto, sino en la legalidad de la determinación.

Así como, desde el punto de vista axiológico, continuó, implica que el análisis de la conducta se realiza a partir de

una valoración ex ante del comportamiento y con fundamento en el problema jurídico identificado por el servidor judicial, no por su acusador o juzgador. CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda

3. Bajo ese entendimiento, para el Tribunal la denuncia penal en contra de la implicada es evidentemente anfibológica, en su intento de identificar las decisiones que considera contrarias a la ley y el concepto específico de ilegalidad de estas. 3.1. Sin embargo, con sustento en los alegatos del representante de la víctima, es posible individualizar las providencias de 4 de diciembre de 2015 (mediante el cual la juez rechazó, por extemporaneidad, la contestación de la demanda, las excepciones y los recursos); y de 3 de mayo de 2016, que negó la nulidad del proceso. 3.2. Para el A quo, esos proveídos no estructuran el delito de prevaricato por acción, por cuanto, si en gracia de discusión se admitiera su incorrección, no poseen la característica de ser ostensiblemente contrarios a la ley. 3.3. Según la víctima, la juez prevaricó porque no aplicó el Código General del Proceso que, a su juicio, le era más favorable en relación con el término para contestar la demanda. Frente a ello, argumentó el Tribunal, el principio de favorabilidad, comúnmente utilizado en otras ramas del derecho distinta a la civil, busca la aplicación de la norma procesal que beneficie al administrado. Empero, en la actualidad «no existe en el derecho civil (...) en la medida en que en

otros sistemas se busca favorecer a una parte débil en la relación jurídico procesal como lo es el procesado en el área penal o el trabajador en el CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda campo laboral, pero es inaplicable en materia civil donde se parte de la igualdad de las partes involucradas». Así, si bien existe un sector que propugna por tal implementación, la no aplicación del referido axioma no puede considerarse por sí sola prevaricador. Aunado al hecho que, la aplicación del referido principio se presenta ante la coexistencia de normas, lo que ni siquiera es predicable del sub lite, dado que el quejoso pretendía la aplicación de un régimen legal que no había entrado en vigencia. De otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia no puede catalogarse a una decisión judicial como manifiestamente ilegal, cuando se está frente a una situación de difuso entendimiento que, por tal, acepta interpretaciones diversas. En ese orden, no basta una interpretación disímil a la predominante para concluir que se está frente a un prevaricato; tampoco una interpretación desafortunada o el desacierto de una determinación, implican su existencia objetiva, dada la ausencia del elemento normativo “manifiestamente contrario a la ley”, necesario para estructurar el tipo penal descrito en el art. 413 del C.P. 3.4. Acerca de la segunda determinación, indicó que similares consideraciones podían hacerse, pues no se observa un acto ostensiblemente contrario a la ley de la juez, CUI 08001600125710160454700

N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda al rechazar de plano la nulidad pretendida por la parte demandada en el proceso civil. Dado que, de conformidad con el principio de taxatividad, las partes y el juzgador no pueden emplear una causal de nulidad que no se encuentre consagrada en el estatuto procesal civil. Además, para que ésta sea procedente, quien la alega debe probar su supuesto fáctico. Por lo que, una solicitud de nulidad que no cumpla con esos presupuestos, constituye una falta a los deberes que legalmente se imponen a las partes, suficiente para que el juez la rechace, tal como ocurrió en este asunto.

4. En conclusión, para la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla no podría tenerse por configurada la conducta punible de prevaricato por acción, dada la atipicidad objetiva del comportamiento de la juez investigada.

EL RECURSO El representante judicial de las víctimas, sustentó su inconformidad, de cuya confusa exposición, la Corte puede extractar las siguientes ideas: i Recuerda que, el denunciante vendió la posesión sobre el inmueble, luego de que aceptó la retractación del negocio y el vendedor no entregó la totalidad del dinero. CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda ii. El auto no analizó de fondo el asunto y no estudió uno solo de los “documentos” que se señalaron como fundamento del delito denunciado. Al respecto, indica, se

denunció que se haya admitido la demanda sin que se cumpliera con el requisito de la etapa conciliatoria, toda vez que, el documento aportado con ese objeto, fue declarado por la juez denunciada como no apto para agotar ese requisito preprocesal y sin que se haya considerado que ya en dos oportunidades precedentes la demanda había sido rechazada, no obstante contener los mismos documentos necesarios para superar la etapa conciliatoria, primero por la extemporaneidad para iniciar la acción y, luego, por no cumplirse los requisitos legales. Por ello, en su sentir, desconocer ambas situaciones es reprochable penalmente y debe ser conocido por una «autoridad que realmente se meta en el cuento, a leer el expediente, a mirar las pruebas que (...) la fiscalía en más de tres años (...)» ha recaudado, pese a que no ha recibido los testimonios que debió escuchar para «demostrar el acto fuera de ley, el acto reclamado» como prevaricador. Tales pruebas son «el documento, la prueba documental de la compraventa (...) la prueba del Código Civil, que señala dentro de qué término debe presentarse una demanda». La juez denunciada, para emitir su sentencia, dice el recurrente, se basó en “el acta de conciliación que una juez de la República había declarado no apta para los efectos de continuar una acción de . . . , Ls » cualquier naturaleza, inclusive, porque no cumplía con los requisitos legales”. 10 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda En su sentir, además, se ha desconocido que existió

una alteración de la cuantía por parte de los abogados que, apartándose de la legalidad, elevaron la cuantía del negocio de veintidós a cien millones de pesos, aspecto que el fiscal no puede desconocer y que constituye “un fraude procesa”. En consecuencia, concluye, la providencia cuestionada no se ajusta a derecho, violenta normas sustantivas y procedimentales, pues admite la presentación de una demanda extemporánea y el agotamiento irregular de sus requisitos legales. La demanda, que resultaba extemporánea, no debía admitirse porque se estaba solicitando la reivindicación de una posesión que ya no se detentaba, pues el demandante la vendió, aunado a que lo hizo por fuera del término dado por el Código de Procedimiento Civil de cinco años; luego, la acción no tenía «ni pies ni cabeza», porque «está fundada en una mentira, en una falsedad». Además, se debía solicitar la resolución del contrato conforme a los términos de la ley. Por ello, la juez actuó de manera irregular. iii. A la juez, al tramitar la acción civil y ante la alternativa de aplicar el Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, le correspondía dar aplicación al segundo estatuto, porque se trataba de un nuevo proceso ya vigente, más concretamente en relación con el término para contestar la demanda y presentar excepciones. 11 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda Sin embargo, afirma, la aplicación del anterior cuerpo normativo, en el asunto denunciado, se realizó de «manera alevosa» y «por capricho» de la autoridad, con un actuar

doloso y con la intención de dañarlo a él, como abogado litigante y a la víctima. Por ello, critica las decisiones, tanto en el proceso civil como de parte de la fiscalía y el Tribunal, porque desconocen la lógica y favorecen de forma injusta a una parte, en desmejora de sus representados. iv. En su criterio, no debió correrse el traslado de la demanda por diez días, sino de veinte que establece el art. 368 del C.G.P. y como las excepciones se presentaron a los 16 días, “todo eso se tiene que ir abajo porque hay una ilegalidad”, la sentencia debe ser declarada nula, a consecuencia de lo cual ha de ordenarse que las cosas vuelvan a su estado anterior, previa indemnización de todos los perjuicios ocasionados a su representado.

1. Finalmente, el abogado se dedicó a descalificar al demandante en el proceso reivindicatorio, a sus abogados y a los funcionarios judiciales que conocieron del mismo, así como al delegado de la fiscalía, señalando como un mal actuar el emprendido contra su representado, reprochable desde el punto de vista ético, pues la decisión aquí tomada “ampara la maldad” y desprecia la humildad de la víctima, más aun cuando aportó la totalidad de las pruebas al expediente, que el fiscal desconoció, de modo que «está

12 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda haciendo un favor a los abogados que alevosamente (...) asumieron y aumentaron la cuantía del negocio», no obstante

lo cual y sobre la base de ese desconocimiento, se está precluyendo la investigación. vi Solicita, por tanto, se revoque la providencia recurrida.

NO RECURRENTES

1. El delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó mantener la decisión de preclusión, haciendo eco en que la Fiscalía realizó el programa metodológico para establecer la existencia del delito denunciado, sin que haya sido jurídicamente posible. Aunado a eso, el abogado de la víctima lo recusó argumentando que no practicó unas pruebas que sí recolectó, lo que significa que no ignoró los medios de conocimiento ni excedió sus funciones.

Arguyó que, la providencia apelada goza de acierto y que los argumentos que ahora trae el recurrente debió exponerlos en el proceso civil, por ser el escenario propicio para ello. Asimismo, acerca de los términos procesales empleados por la juez en punto de la contestación a la demanda, el auto recurrido indicó que sea uno u otro escenario, no constituye una decisión prevaricadora pues esta no es una conducta dolosa y ostensiblemente contraria a la ley; al paso que, el 13 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda impugnante no indicó por qué debería considerarse lo contrario. En todo caso, el impugnante no sustentó en debida forma el recurso de apelación pues omitió analizar los argumentos de la providencia, no la controvirtió y dejó de lado relacionar los reparos frente a la misma, por lo que

solicitó que el recurso se declare desierto.

2. El defensor de la indiciada, a su turno, manifestó compartir los criterios expuestos por el representante del ente acusador, pues el recurrente, en efecto, omitió precisar los reparos contra la providencia apelada.

Mostró su conformidad con los argumentos de la decisión refutada y destacó que, en el proceso reivindicatorio se llamó a los denunciantes como demandados, fueron notificados del traslado de la demanda y del auto que la admitió, sin que la parte demandada la contestara, y se emitieron las decisiones concernientes al asunto las cuales fueron confirmadas por el Tribunal, todo lo cual evidencia el intento de instrumentalizar a la Fiscalía para corregir sus errores «enlodando o ensuciando el nombre de un funcionario» judicial.

3. La procesada, por su parte, expresó coadyuvar las argumentaciones del fiscal y de su defensor, agregando que, no hace bien a la administración de justicia las acciones del abogado recurrente, porque, al no poder defender la causa

14 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda conforme a derecho, se limita ahora a hacer afirmaciones injuriosas e incoherentes, sin relación con la causa ordinaria y a irrespetar y amedrentar funcionarios judiciales, actuación que ha mostrado tanto en la causa penal como la civil origen de aquella. Por eso solicitó se compulsen copias contra el abogado a efectos de que se le investigue disciplinariamente.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos y las sentencias proferidos en primera instancia por los tribunales superiores de distrito judicial, según lo dispone el artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004. Conforme al principio de limitación, de acuerdo con el cual la Corporación solo puede pronunciarse respecto de lo que es materia de disenso y de aquello que esté inescindiblemente vinculado, el estudio que emprenderá la Sala se centrará en determinar si acertó el Tribunal de Barranquilla al decretar la preclusión de la investigación penal por atipicidad de la conducta. 15 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda

2. Cuestión preliminar De manera inicial, ante petición de la indiciada y su defensor, debe indicarse ausente cualquier irregularidad o razón que inhiba la decisión del recurso por supuesta ausencia de una debida o suficiente sustentación.

Basta, como pacíficamente lo ha sostenido la Salal, una exposición en la que el recurrente manifieste los argumentos fácticos, jurídicos y/o probatorios de discrepancia con la decisión judicial, pues la norma procesal no impone solemnidades, ni formalidades determinadas para el cumplimiento de tal obligación; en concreto, se ha dicho que: «da fundamentación de un mecanismo de impugnación ordinario (reposición o apelación) no precisa de argumentaciones superlativamente elaboradas, sino claras, puntuales y lógicas, de las cuales se desentrañe sin mayor dificultad el alcance de la oposición y los aspectos que abarca la misma.» (CSJ AP2391-2015)

Con fundamento en el anterior derrotero, habilitada se encuentra la Sala para examinar la decisión recurrida, en tanto el apelante cuestiona sus fundamentos en punto a que los hechos que estructuran su denuncia por la conducta de prevaricato que endilga a la Juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla, doctora Clementina Godin Ojeda, no han sido debidamente valorados ni por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, ni por el Tribunal a quo, constituyendo tal discrepancia el aspecto medular del recurso. 1 AP2391-2015, SP973-2019, SP709-2019, SP708-2019, AP2862-2021, entre otros. 16 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda

3. De la preclusión de la investigación En atención a los postulados del artículo 250 de la Carta Política, cuyo desarrollo legal se aprecia en el artículo 200 de la Ley 906 de 2004, es claro que corresponde a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal, cometido para el cual ha de ejecutar los actos propios de indagación e investigación de los hechos que lleguen a su conocimiento y revistan las características de una conducta punible, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la probable existencia de la misma.

Sin embargo, dado que existen determinados eventos en los cuales no se satisfacen las exigencias legales para acusar, el legislador reguló en los artículos 331 a 335 de la Ley Procesal Penal, el trámite relacionado con la preclusión, de

modo que es factible que, en cualquier etapa de la actuación, el Fiscal solicite al juez de conocimiento pronunciamiento en tal sentido, petición que de ser aceptada conducirá al archivo de la actuación con efectos de cosa juzgada. En tales condiciones, si la Fiscalía acredita en debida forma alguna de las causales previstas por el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, corresponde al Juez de conocimiento decretar la preclusión. Esto por cuanto constituye una figura según la cual, el Estado declara o reconoce que no existe mérito para 17 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda adelantar la acción penal contra el indiciado, imputado o acusado, siempre que la causal invocada se encuentre debidamente acreditada y motivada, tal como lo dispone el artículo 333 de la misma normativa. De ahí que, el análisis y argumentación que presente el fiscal para soportar su petición debe ser específico y detallado, puntualizando no solo los elementos que exige la causal invocada para su estructuración sino los que hacen parte del tipo penal objeto de investigación, los cuales al ser evaluados permitan colegir la necesidad de precluir la investigación.

4. El prevaricato por acción En ese orden de ideas, de manera previa, es necesario hacer una aproximación al tipo penal de prevaricato por acción, para que, una vez valorados los elementos materiales probatorios presentados, sea posible determinar si, como lo consideró la primera instancia, la conducta desplegada por la funcionaria judicial denunciada es atípica.

Aquél, consagrado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, se describe en términos según los cuales: «El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 18 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.» Significa que, para su estructuración, se requiere los siguientes elementos: i) Un sujeto activo calificado, en este caso un servidor público; ii) Un ingrediente normativo que consiste en que el servidor en ejercicio de sus funciones emita o profiera un dictamen o decisión (entendiéndose como tal, cualquier acto administrativo o providencia judicial, auto o sentencia), manifiestamente contrario a la ley, esto es, que, en forma clara, patente, ostensible, notoria, contravenga el ordenamiento legal. Este último elemento descarta la configuración del ilícito en aquellos casos en que la decisión censurada, aunque no se comparta o se estime equivocada, es producto de una interpretación razonable y admisible del funcionario sobre el derecho vigente, o de una valoración ponderada del material probatorio objeto de apreciación. Dicho de otro modo, el delito se estructura «cuando las

decisiones se sustraen sin argumento alguno al texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, verbi gratia, por responder a una palmaria motivación sofística grotescamente 19 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal”. También se incurre en este ilícito, cuando existe una valoración probatoria abiertamente desfasada, ajena a las reglas de la sana crítica, sesgada o notoriamente parcializadaS, tópico frente al cual esta Sala ha explicado que: “La conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico. En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigiedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución. Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de los

medios de convicción puede ser erigida en motivo de contrariedad, mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta las reglas que nutren la sana crítica, pues no debe olvidarse que la persuasión racional elemento esencial de ella permite al juzgador una libertad relativa en esa labor, contraria e inexistente en un sistema de tarifa legal. Sin embargo, riñen con la libertad relativa la apreciación torcida y parcializada de los medios probatorios, su falta de valoración o la omisión de los oportuna y legalmente incorporados a una actuación, en consideración a que por su importancia probatoria justificarían o acreditarían la decisión en uno u otro sentido a partir del mérito suasorio que se les diera o que hubiera podido otorgárseles. 2 CSJ SP, 15 oct. 2014, rad. 43.413. 3 CSJ SP, 23 oct. 2014, rad. 39.538. 20 CUI 08001600125710160454700 N.I. 59487 Segunda Instancia Preclusión Clementina Godín Ojeda Así las cosas, la manifiesta contrariedad con la ley de la decisión judicial puede provenir de alguno de los supuestos mencionados que hacen arbitraria o aparente la apreciación probatoria, los cuales -según lo dichotienen origen en la voluntad y conciencia del funcionario que decide actuar de ese modo y no en un error propio de valoración en el cual pudiera haber incurrido al apreciar un medio de prueba» Este comportamiento delictivo solo admite la modalidad dolosa y su escrutinio debe efectuarse de modo ex ante, esto

es, a partir de las circunstancias concretas en que el sujeto activo adoptó la determinación, con los elementos de juicio con los que contaba para ese momento, sin que sea admisible la valoración de la decisión como prevaricadora a partir de «la perspectiva de la cual habría actuado quien lo investiga o juzga”, sino del «derecho verdaderamente conocido y aplicado por el servidor judicial en su desempeño como tal... mediante una evaluación ex ante de su conducta». Finalmente, valga precisar, el delito de prevaricato por acción es instantáneo o de mera conducta, en el entendido que se consuma con el proferimiento de la decisión o dictamen contrario a la ley, sin que se requiera la causación efectiva de un daño o perjuicio a los destinatarios de la providencia judicial o acto administrativo o concepto emitido por el servidor público. En el mismo sentido, se actualiza el delito con independencia de la eventual revocatoria, confirmación o 4 CSJ SP, 28 may. 2008, rad. 25.658. Cit