CSJ - AP2652-2024(57148)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente AP2652-2024 Radicación No 57148 Aprobado Acta No. 114 Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). ASUNTO Estudia la Corte la legalidad formal de las demandas de casación presentadas por el representante de víctimas y la Fiscalía 20 Seccional de Medellín, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de esa ciudad el 13 de noviembre de 2019, confirmatoria de la decisión de primera instancia que absolvió por el delito de estafa agravada a Hugo Toscano Heredia y Wilson Javier Caro Landinez. HECHOS Y ACTUACIÓN RELEVANTE En el mes de septiembre de 2012, Hugo Toscano Heredia, como representante legal de la empresa Idrojet SRL, solicitó a C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro Bancolombia un crédito por un valor de $9.500°000.000 de pesos, con la finalidad de financiar la ejecución del contrato MA0010785 que le había sido adjudicado por ECOPETROL, previa licitación. El Banco determinó como garantía y fuente de pago de dicho préstamo el mencionado contrato, para lo cual era necesario que Ecopetrol autorizara la cesión de derechos económicos de éste y que el direccionamiento del dinero producto del mismo, se llevara a cabo mediante la fiduciaria de Bancolombia. Entre otros documentos exigidos por el Banco, se remitió a Toscano Heredia un formato de cesión, el cual fue entregado a

Ecopetrol y previo el visto bueno de la gestora jurídica del contrato MA0010785, fue suscrito por el administrador del referido contrato Wilson Javier Caro Landinez y entregado a Toscano Heredia, quien lo presentó al Banco, entidad que produjo el desembolso del préstamo. Como quiera que tal documento no fue suscrito por el Presidente de Ecopetrol o la persona autorizada por éste, como debía suceder de acuerdo con negocios jurídicos de igual naturaleza celebrados con anterioridad entre la entidad bancaria y Ecopetrol, no se constituyó la cesión del contrato, ni la garantía. Por estos hechos, el 26 de mayo de 2015, ante el Juzgado 50 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, D.C., se formuló imputación en contra de Hugo Toscano Heredia y Wilson Javier Caro Landinez, a título de coautores, por la comisión de la conducta punible de estafa agravada, con la C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro circunstancia de mayor punibilidad consistente en “obrar en coparticipación criminal”. Bajo la misma denominación jurídica y ámbito de hechos jurídicamente relevantes, el 10 de junio de 2015 se cumplió la audiencia de formulación de acusación. Adelantada la audiencia preparatoria, que se cumplió en seis sesiones corridas entre en 14 de septiembre de 2016 y el 17 de abril de 2017, se abrió paso al juicio oral, mismo practicado en 21 sesiones a partir del 24 de julio de 2017, hasta el 6 de

agosto de 2019, cuando se anunció el sentido absolutorio del fallo. Una vez emitidas las sentencias absolutorias en las dos instancias, conforme quedó reseñado, en contra de las mismas han recurrido en casación el apoderado de víctimas y la Fiscalía General de la Nación. DEMANDAS Demanda en representación de la víctima Anticipa el apoderado de BANCOLOMBIA, que la infirmación de la sentencia procurada a través del recurso invocado, lo es respecto del imputado Hugo Toscano Heredia, pues no encuentra reparo alguno en relación con la absolución dispuesta en favor de Wilson Javier Caro Landinez. Sobre tal base anuncia una única censura contra el fallo impugnado, que dice sustentarse en violación directa de la ley 3 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro sustancial, derivada de errónea interpretación del art. 246 del C.P. Como introduccién del cargo, resena los hechos objeto de acusacion, asi como extensos apartes de la sentencia, en sus dos instancias, haciendo notar que los procesados sabian que los documentos aportados al Banco a efecto de obtener el préstamo, no tenian fuerza vinculante, pues Caro Landinez carecia de competencia para suscribir la cesión y tal entidad sabía muy bien que él era el administrador del contrato y no el funcionario autorizado. También que, acorde con el Tribunal, el proceder de Toscano Heredia impone considerar que empleó acciones engañosas para que los funcionarios de ECOPETROL expidieran el documento con el que logró que el crédito fuera desembolsado. Sin embargo, se

ocupó de analizar la idoneidad del medio desplegado, ámbito dentro del cual encontró inaceptable que los funcionarios del Banco no cumplieron con la obligación de revisar y verificar la legalidad de la fuente de pago, enfocando el asunto dentro de las acciones a propio riesgo o auto puesta en peligro por parte de la víctima. A manera de segunda parte, con base en doctrina y antecedentes de la Corte sobre el tema, se detiene en la estructura del delito de estafa y su ámbito de protección, así como su concreción típica, haciendo notar que si bien la Sala durante cierto lapso jurisprudencial abrió la posibilidad de considerar en el delito de estafa la teoría de la acción a propio riesgo o auto puesta en peligro, a partir del año 2016 (Rad. 4 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro 42548), descartó su aplicación tratándose de este atentado contra el patrimonio económico, bajo el criterio que admitirlo implicaría introducir un requisito ajeno a su descripción normativa. Como desarrollo del cargo, reitera la secuencia de los hechos bajo el entendido según el cual Toscano Heredia solicitó a Bancolombia un préstamo por $9.500°000.000 para financiar la ejecución del contrato MA0010785 que previa licitación le había sido adjudicado por Ecopetrol. Para aprobar el crédito se le exigió la cesión de los derechos económicos y que el direccionamiento del dinero se hiciera a través de la Fiduciaria de Bancolombia. Con miras a ese propósito se expidieron esos documentos con el conocimiento de

que no tenían fuerza vinculante, pues Caro Landinez no podía suscribir la cesión, para de esta manera obtener el desembolso de los recursos. Reitera entonces con amplitud los argumentos expuestos en las dos instancias para absolver a los procesados y aun cuando el Tribunal destacó las maniobras engañosas desplegadas por Toscano Heredia para obtener de Ecopetrol el certificado aportado ante el Banco, consideró que el medio utilizado carecía de idoneidad para llevarlo a error, encontrando que no se cumplió con la competencia de revisar y verificar la legalidad de la fuente de pago, obrándose con suma ligereza, de manera negligente, incurriendo en una acción a propio riesgo, cuya teoría, según lo advertido jurisprudencialmente, no tiene cabida cuando se trata del delito de estafa. C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro Así las cosas, reclama el demandante se case el fallo impugnado, toda vez que las sentencias se equivocaron al absolver a Toscano Heredia, porque exigieron la presencia de un elemento negativo en dicho tipo penal, esto es, la ausencia (0 no presencia), de acciones a propio riesgo o de auto puesta en peligro por parte de la víctima, requisito que no aparece contemplado por el art. 246 del C.P., máxime cuando a pesar de acciones que pudieran catalogarse como negligentes por parte de la víctima, el despliegue de un medio engañoso que lleve a error al afectado es suficiente para estructurar el delito de estafa. En este caso, confluyen todos los elementos constitutivos

del delito de estafa imputado: -el despliegue de un artificio, que en este caso consistió en la presentación del documento del 8 de octubre de 2012 por parte de Toscano Heredia a Bancolombia; - el error pues Bancolombia consideró que ya estaba perfeccionada la cesión de derechos del contrato MA0010785 celebrado entre Idrojet SRL y Ecopetrol; la obtención de provecho ilícito, pues Bancolombia produjo el desembolso del crédito; el correlativo perjuicio en esa misma suma y el nexo causal entre el artificio y el error y consiguiente provecho injusto, sin que tenga cabida un análisis sobre el obrar o no negligente por parte de la entidad Bancolombia. Por ende, se violó directamente la ley sustancial, por interpretación errónea del art. 246 del C.P., toda vez que se le dio un alcance que no tiene, considerados los antecedentes destacados, cuando estimó la sentencia que no existe responsabilidad penal por parte de Toscano Heredia sobre la base C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro de que el artificio creado por éste no habría resultado idóneo sin la participación a propio riesgo de la víctima. Sobre esta base, solicita se infirme parcialmente la sentencia impugnada y condene a Toscano Heredia por el delito de estafa por el que fue acusado. Demanda propuesta por la Fiscalía Para la Fiscalía impugnante, mientras la decisión de primera instancia afirma que la Fiscalía no logró demostrar el artificio y engaño y que todo se reduce al incumplimiento de un contrato civil, el Tribunal estimó que si bien medió un artificio, la

entidad bancaria no aplicó los protocolos de precaución y cuidado, decisión con la cual se vulneran los derechos a la verdad, la justicia y reparación de la víctima. Sobre esta base, precisa que el cometido del recurso incoado, es que se respeten las garantías de los intervinientes en el proceso penal, se reparen sus agravios y como consecuencia de la emisión de una sentencia condenatoria, se ordene la devolución en favor de Bancolombia de los títulos judiciales que se encuentran con medidas cautelares, para lo cual se deben dilucidar los elementos que estructuran la aplicación de la teoría del riesgo. Sentadas estas bases, invoca la causal primera del art. 181 del C. de P.P., acusando violación directa de la ley sustancial, derivada de interpretación errónea. C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro Enfatiza la demandante, en que el Tribunal se equivoca al no consultar la literalidad de la ley al referirse a conductas omisivas por parte de la entidad Bancolombia, las cuales no están descritas en el tipo objetivo de estafa, toda vez que si bien alude al documento del 8 de octubre de 2012 como el que utilizó Toscano Heredia para presentarlo al Banco a manera de ardid, la idoneidad para inducir en error la hizo depender de la falta de cuidado por parte de la víctima. De esta manera, la sentencia “desconoce varios aspectos centrales”, que califica de “errores de derecho”, tales como: el contenido de la prueba comunicado del 8 de octubre de 2012; la estructura dogmática del delito de estafa; que la actuación de los

sujetos procesales se produjo durante la ejecución del punible; además es contradictoria la tesis del Tribunal, cuando le atribuye culpa a la víctima, pues esto tendría que suponer un acuerdo entre procesados y empleados de Bancolombia. La sentencia se equivoca en el proceso hermenéutico y le confiere a la ley unos alcances que no tiene y unos requisitos que no están contenidos en ella, conforme dice derivarse de profusas transcripciones de dicha decisión. Con la aplicación de los presupuestos de la teoría de la imputación objetiva, señala, las conclusiones del Tribunal van en contravía con la realidad fáctica, jurídica y probatoria, que sustenta un análisis dogmático de la estructura de la conducta punible en general, vulnerándose el principio de tipicidad estricta, considerado el antecedente Rad. 42548 de 2016 (cuya amplia cita reproduce), en donde se afirmó que resulta extraño al 8 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro tipo penal de estafa, reprochar a la víctima comportamientos de carácter omisivo que no están descritos en el tipo penal. Para la recurrente, el Tribunal incurre en varias contradicciones “que permiten considerar una interpretación errónea de la norma”. Al respecto destaca que la solicitud de préstamo fue iniciativa de Toscano Heredia y no de la entidad bancaria a través de sus empleados, como también, que aduciendo que se trataba de un formato, lo presenta ante el Banco y obtiene el desembolso, de modo que si este proceder se califica de artificio, hasta acá la sentencia debió ser condenatoria,

sin embargo el Tribunal dirige el reproche hacia la víctima, exonerando a quien inició la acción. Entiende la censora, que al “momento de proyectar la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del acusado, se deben probar todas las aristas que conforman las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la consumación del hecho. En la sentencia, se debe referir, porque la prueba incriminatoria, analizada en conjunto, no logra desvirtuar la que se utiliza para absolver”, por lo que acá tiene incidencia la omisión de pruebas documentales por parte de la sentencia de primer grado, con lo cual se contradice la realidad probatoria. Razón por la cual encuentra necesario relacionar “las pruebas con su número y su incidencia en la demostración de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del acusado”. Alude entonces al contenido del comunicado del 8 de octubre de 2012 en donde se afirma que Ecopetrol acepta la cesión de los derechos económicos y en el contrato de fiducia C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro aparece igualmente la firma de Toscano Heredia. Por lo demás, ni Caro Landinez, ni Toscano Heredia, informaron a pagaduría para que consignara los dineros producto del contrato a la fiducia. Solicita, finalmente, se condene a Hugo Toscano Heredia, como representante legal de Idrojet Colombia SRL, por el delito de estafa agravada y se ordene hacer entrega de los títulos judiciales cuya medida cautelar se dispuso en este trámite.

CONSIDERACIONES

1. A través de cuatro lustros, ha tenido oportunidad la Corte

de clarificar de manera profusa y reiterada, que pese a la fisonomía que al recurso de casación introdujo la Ley 906 de 2004 al definirlo como un instrumento de impugnación extraordinario y de control constitucional protector de los derechos contemplados en la Carta Política y los Tratados de Derechos Humanos de aquellos sujetos que intervienen dentro del proceso penal, dada su particular naturaleza, continúa siendo un medio de contradicción estrictamente reglado y para cuyo ejercicio son exigibles presupuestos lógico-jurídicos de postulación que por tanto descartan considerarlo un recurso más.

2. Igualmente, que el mérito positivo de valor de un libelo reside en tener la aptitud para desvirtuar los principios de acierto y legalidad que respaldan las sentencias judiciales recurridas, puesto que siguen primando en él condiciones exigentes para su correcta presentación y argumentos demostrativos, emergiendo

10 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro en tales circunstancias como un imperativo además del interés jurídico para recurrir, que los motivos aducidos estén orientados a la realización de alguno los objetivos consagrados en el artículo 180 del C. de P.P., en forma tal que se precise del fallo de fondo para cumplir con las finalidades del recurso, esto es, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías conculcadas, la reparación de los agravios inferidos y la unificación de la jurisprudencia, toda vez que de no concurrir el libelo resulta inadmisible.

3. Tal caracterización y rasgos que lo particularizan como

extraordinario, hace consecuente que se exija de un libelo el cumplimiento adecuado de la enunciación de los motivos y el desarrollo de las causales invocadas, bajo el claro entendido que no solamente la demanda no es un escrito de libre formulación, sino que debe la Corte advertir como insustituible el imperativo de pronunciarse de fondo para restaurar la legalidad vulnerada y la consecuente realización de la teleología inmersa en el recurso de casación.

4. La Sala, en perfecta armonía y correspondencia con este marco general de principios orientadores de la casación y con el propósito de evitar su desnaturalización, ha tenido oportunidad de observar igualmente que al interior de este recurso, cada causal obedece a un ámbito de impugnación y consiguiente temática particular y propia, que no es admisible soslayar con argumentos al margen del contenido y alcance que corresponde a cada una; razón por la cual todo ataque debe comprender los presupuestos mínimos de una demanda en forma a través de la

11 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro cual se procura una decisión de fondo, con sujeción al estricto alcance de la vía aducida como correlato de la infracción a la ley.

5. Pese a la consolidación teórica y constante iteración de estas directrices generales, es manifiesto en la praxis judicial que las mismas sean desapercibidas por los actores en casación, a través de una escueta formulación de los distintos reproches que nada tienen que ver con la fundamentación que dice justificarlos frente a alguna de las causales escogidas o en los diversos

sentidos de violación en la especie que es anunciada; muchas veces entremezclando conceptos teóricos de una vía con argumentos propios de otra diametralmente adversa, o estableciendo consecuencias sobre lo sustancial o procesal que tampoco se compadecen con los fundamentos de los motivos aducidos, o, en fin, el desafuero más generalizado, reduciendo los escritos de demanda a simples expresiones de inconformidad con la sentencia impugnada, todo lo anterior, como si ante esta sede fuera suficiente con expresar discrepancias - teóricas, conceptuales o valorativas de las pruebas, para acceder al recurso extraordinario y con respaldo en lo cual, de esta manera, motivar una sentencia de fondo por parte de la Corte.

6. La reseña de estos parámetros una vez más emerge inevitable en casos como el presente, pues conforme será visto frente a cada uno de los dos libelos presentados, a través de los cuales subyace un mismo objeto de discrepancia y se han enfocado bajo similar causal y fundamento -de los que se ocupará la Corte de manera simultánea dada la identidad de la vía de ataque aducida y el fin pretendido-, su contraste posibilita valorar si los mismos concurren para hacer aceptable las demandas incoadas, o

12 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro si por el contrario se está frente a aquéllos supuestos en que resulta determinante su inviabilidad y por ende consecuencia de ello su inadmisibilidad; cometido para el cual hará prevalecer la Sala que la instauración de la sistemática acusatoria no derrumbó

las exigencias de fundamentación propias del recurso extraordinario de casación, en tanto como ya se advirtió, el fallo de segundo grado llega a este escenario prevalido de una doble condición de acierto y legalidad que solo puede desvirtuarse cuando de forma lógica, con argumentos suficientes sustentados en los hechos, el decurso procesal y las normas jurídicas aplicables al caso, se demuestra un error evidente, con la trascendencia suficiente como para que la Corte entre por vía de casación a revocar o modificar lo decidido por las instancias.

7. Encaminado a tal propósito, en lo que respecta a la causal primera de casación, imperioso resulta memorar que si el impugnante reclama como desacierto la violación directa de la ley sustancial, debe aceptar los hechos, las pruebas legal y oportunamente allegadas al interior del diligenciamiento y la valoración que de ellas se hizo en las instancias, sin que sea dable postular aparentes planteamientos teóricos cuando verdaderamente subyace a los mismos una comprensión de la realidad fáctica justipreciada en forma conveniente a los intereses del recurrente y en todo caso divergente a la asumida por la sentencia.

Lo anterior, porque el debate por violación de una norma de derecho sustancial ha de ser de estricto contenido jurídico, en los sentidos de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Como se recuerda, en los dos primeros 13 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro casos, el error se presenta en la selección de la norma y en el

último, en su interpretación, o sentido y alcance. Es por tanto suficientemente conocido que el supuesto de quebranto directo de la ley sustancial repele cualquier controversia de índole probatoria y exige fundarse en razones exclusivamente de derecho sobre la hermenéutica de los preceptos sustanciales que sirvieron de base para adoptar la decisión controvertida.

8. En orden a la imprescindible confrontación de estos supuestos con los libelos aducidos, la Sala anticipa que inadmitirá las demandas de casación promovidas por el representante de víctimas y la Fiscalía, por no reunir aquellos requisitos determinadores de su estudio de fondo, ni satisfacer los presupuestos basilares y de orden sustancial con miras a la realización de los fines del recurso.

9. En esta dirección, lo primero que emerge ostensible de cara al fundamento central de la demanda promovida por el representante de víctimas, es que contrariando el propio presupuesto objetivo contenido en las piezas jurídicas de imputación y acusación que signaron el objeto de deliberación en el juicio y fueron materia de valoración probatoria en la sentencia -bajo el criterio que los procesados Toscano Heredia y Caro Landinez son coautores-, de manera confusa y no menos desacertada dada la naturaleza del reproche invocado en la especie de quebranto directo de la ley sustancial, que como se sabe repele discrepancias fácticas y valorativas, se sostenga ante

14 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro esta sede que éste último no tomó parte en los hechos constitutivos del delito estafa y por ende que es inocente.

Y que se haga sobre el novedoso supuesto de que tanto Caro Landinez como Ecopetrol también fueron objeto de engaño por parte del otro co procesado, cuando quiera que una tal hipótesis desfasa el propio espectro de los actos que han determinado la acusación y el juicio, pues como bien se ha observado, la única teórica construcción de los hechos imputados, cobró sentido sobre la base de considerar que Toscano Heredia y Caro Landinez actuaron de consuno y en coautoría. En efecto, la imputación y la acusación se sustentaron sobre la comprensión del devenir fáctico en el hecho de que los procesados obraron en coautoría, haciendo residir como exclusiva y única maniobra engañosa, la presentación del documento expedido por Caro Landinez a Toscano y que éste aportó ante el Bancolombia para acreditar falsamente la cesión de derechos del contrato de Ecopetrol. Lo anterior, toda vez que se trató de explicar de esta manera, dentro del contexto fáctico de los hechos jurídicamente relevantes, que Caro Landinez hubiera expedido un documento sin competencia para hacerlo, consignando en él la aceptación de la cesión de los derechos del contrato MA0010785 a favor de Bancolombia, cuando tal poder certificador sólo lo tenía el Presidente de Ecopetrol o la persona a quien éste directamente autorizara para el efecto.

10. Los libelos aportados por el representante de víctimas y la Fiscalía, acusan quebranto directo de la ley sustancial,

15 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148

Casación Hugo Toscano y Wilson Caro centrando el objeto de su discrepancia en que la atipicidad de la conducta desplegada por los imputados Toscano Heredia y Caro Landinez, se dedujo por la sentencia impugnada en la tesis según la cual Bancolombia actuó a propio riesgo, al no tomar las medidas indispensables para evitar ser engañada, cuando habiéndosele aportado el referido documento del 8 de octubre de 2012, entendió que a través del mismo se consolidaba legalmente la aceptación por parte de Ecopetrol de la cesión de derechos sobre el contrato que había obtenido la empresa Idrojet SRL Italia y ordenó sucedáneamente el desembolso del préstamo tramitado. El anterior criterio, para los demandantes, pasa por alto que a partir de la decisión 42548 de 2016, la Corte abandonó la idea de aplicar la teoría de la acción a propio riesgo al juicio de tipicidad del delito de estafa, bajo el concepto según el cual, dicha figura introduce en el tipo penal una exigencia extraña a su propia estructura, sin que la misma tolere comportamientos de carácter omisivo por parte de la víctima.

11. La referida decisión, sentada sobre un breve estudio de aquellos antecedentes en que la Corte encontró dogmáticamente justificada la aplicación de aquellos conceptos insertados en el desarrollo que a la teoría del delito aportó la imputación objetiva y las denominadas acciones a propio riesgo, enfocados en el proceder de la víctima en el delito de estafa (Radicados 16636 y 17196 de 2003; 28693 de 2008 y 36824 de 2012, entre otros),

rechaza su pertinencia por estimar que un tal elemento desborda la descripción de este punible. Se trata, ciertamente, de doctrina jurisprudencial a partir de entonces reiterada por la Sala. 16 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro Pero esta misma sentencia no dejó margen a dudas, como no podría ser de otro modo dado que es un elemento exigible desde la propia enunciación clásica de esta clase de atentados a los bienes patrimoniales, en que la idoneidad del medio engañoso sigue siendo un componente sine quanon e imprescindible para la consolidación típica del delito de estafa.

Allí se anotó: “Ahora bien, frente a la estructuración de la mencionada conducta punible, no se discute hoy en día que el medio engañoso debe tener idoneidad para inducir en error a la víctima y obtener de esa manera provecho patrimonial ilícito con perjuicio ajeno”.

Presupuesto cuya actualidad emerge indiscutible y es corroborado por la Corte en posteriores estudios analíticos del delito de estafa, particularmente en lo concerniente con la exigencia referida a la idoneidad del medio engañoso, entre otras en la decisión de 6 de diciembre de 2023 (Auto 56302), cuando inequívocamente la Sala tuvo a bien recalcar que: “Como si lo anterior fuera poco, tampoco es posible admitir los cargos formulados dado que, del análisis de fondo sobre el primer ataque formulado por la vía directa, es visible que, en efecto, existe un problema a la hora de determinar el nexo causal entre

el presunto ardid y el error en el que incurrieron las víctimas. Sobre este punto es preciso traer a colación que, al margen de que la Corte hubiere desechado la exigencia de que las víctimas hubieran adoptado medidas de “autoprotección”, por considerarlas extrañas al tipo, lo cierto es que aún exige que la conducta engañosa del agente haya sido idónea para generar el error en la víctima o para mantenerla en él. (se resalta). En efecto, no cualquier mentira tiene la potencialidad de hacer caer en error a otro. Para ello es preciso que la mentira no sea completamente increíble o que no se encuentre manifiestamente contradicha por alguna circunstancia que se encuentre en 17 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148 Casación Hugo Toscano y Wilson Caro conocimiento de la víctima. Sostener la tesis contraria implicaría reconocer que cualquier tipo de engaño, por más increíble, descabellado o contradictorio que sea, tiene la potencialidad de generar una estafa, incluso a pesar de la evidencia —que la víctima debe conocerque indica la falsedad de la información. 6.2.2.2.2. En el presente caso, la representación de víctimas reprocha que el Tribunal les haya exigido a las víctimas el ejercicio de un deber de “autoprotección”, e indica que tal exigencia ha sido desechada jurisprudencialmente por la Corte. Ello puede ser cierto, pero no contradice el hecho de que el fondo del argumento del ad quem estriba en que la certificación del 31 de julio de 2008, que el Grupo Empresarial Flórez interpretó como el aval que

requerían de la Fiduciaria Alianza S.A. para poder desembolsar un dinero cuyo mutuo ya había sido negociado, no contiene en su texto literal tal aval. Por el contrario, como se ha argumentado sin debate al interior del presente proceso, en dicho documento simplemente consta que FELIPE OCAMPO HERNÁNDEZ certificó el registro de unas promesas de compraventa en el fideicomiso al que pertenecían los apartamentos que supuestamente garantizaban la deuda, nada más. El hecho de que ALEJANDRO OLIER CAPARROSO hubiera afirmado que el mismo representaba un aval, a pesar de la evidencia en contrario —evidencia que el Grupo Empresarial Flórez conocía muy bien— no lo hace responsable del delito de estafa, ni es indicativo de que él, dolosamente, hubiera estafado a la familia Flórez.”

12. A pesar de ser éste el estado actual de la jurisprudencia y desapercibiendo el contenido de la sentencia de primer grado, las demandas se enfocan en que el fundamento de la decisión absolutoria se sentó restrictivamente en considerar que Bancolombia obró a propio riesgo y que fue su conducta lo que determinó el giro del préstamo millonario a favor de la empresa Idrojet SRL Italia, sin contar con la cesión del contrato a la fiducia que se estructuraría para el manejo de los recursos.

La decisión a quo hace énfasis en que para la correcta ejecución del contrato MA0010785 cuyo beneficiario fue la empresa Idrojet SRL Italia (debiendo registrar una sucursal en 18 C.U.I. 11001600002720140015002 N.I. 57148

Casación Hugo Toscano y Wilson Caro nuestro país para obtener los pagos), Ecopetrol contrató a la empresa Ingecontrol S.A. y que el documento fechado el 8 de octubre de 2012, que en proforma el Bancolombia entregó a Toscano Heredia y éste a la petrolera para ser diligenciado, fue autorizado por parte de la Gestora jurídica del contrato MA0010785, abogada María Fernanda Peralta Castrillón, para ser rubricado por Caro Landinez —administrador de dicho contrato-, y que esa gestora depuso en el juicio entender que se trataba de un acto previo o proforma para iniciar el trámite para la obtención de recursos y preparatorio por t