CSJ - AP2671-2020(53293)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente AP2671-2020 Radicación # 53293 Acta 214 Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020).

Vistos: Se pronuncia la Sala sobre la petición de extinción de la acción penal por indemnización integral presentada por la

apoderada de Juan Carlos Pachón Prieto. Antecedentes fácticos y procesales: 1.- El 28 de enero de 2014, Juan Carlos Pachón Prieto golpeó a Jenny Carolina Moreno Torres. La agresión fue el epílogo de la discusión ante el reclamo que le hiciera su ex Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto compañera, por haberle escriturado a Flor Prieto de Pachón, el inmueble adquirido durante su convivencia. 2.- El 26 de noviembre de 2015, ante el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá, la Fiscalía Séptima le imputó a Juan Carlos Pachón Prieto el delito de violencia intrafamiliar. El imputado no aceptó el cargo. La fiscalía presentó el escrito de acusación el 20 de julio de 2016. 3.- La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016 y el juicio oral el 18 de septiembre de 2017, audiencia en la cual la Fiscalía modificó la acusación para imputarle el delito de lesiones personales en vez del de violencia intrafamiliar. 4.- El 20 de septiembre de 2017 el Juzgado absolvió al acusado de los cargos formulados.

5.- Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, el Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 22 de mayo de 2018, condenó por primera vez a Juan Carlos Pachón Prieto como autor del delito de lesiones personales, a la pena principal de veinte meses de prisión, cuya ejecución suspendió condicionalmente. 2 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto 6.- La defensora de Pachón Prieto interpuso contra dicha determinación recurso extraordinario de casación. En el mismo escrito solicitó la extinción de la acción penal por indemnización integral. En relación con éste último tema, la defensora invocó el principio de favorabilidad para solicitar la extinción de la acción penal por indemnización integral con fundamento en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. Aclaró que si bien se ha considerado que la aplicación de este precepto supone que la indemnización integral se haya hecho efectiva, no se ha precisado qué sucede cuando no existe acuerdo en el precio y si es posible establecer el valor a indemnizar por peritos contratados a instancias del acusado. Explica que pese a la voluntad de indemnizar, no fue posible llegar a un acuerdo en la diligencia de conciliación realizada el 15 de junio de 2018, debido a la pretensión desmedida de la víctima, quien exigió 40 millones de pesos, la renuncia a la custodia de su hijo, el pago de una suma de alimentos y la partición de bienes. Ante esa situación, el acusado contrató un perito por su cuenta, quien con fundamento en los diez días de incapacidad determinada por el Instituto de Medicina Legal,

3 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto valoró los perjuicios en $ 940.000.00, suma que consignó en la cuenta de depósitos judiciales. En consecuencia, solicita la extinción de la acción penal por indemnización integral. Consideraciones de la Corte Primero. La reparación del daño en el sistema procesal. El proceso penal acusatorio contiene un conjunto de instituciones que pretenden evitar el juicio oral. La solución a través de acuerdos en los que el imputado acepta los cargos atribuidos a cambio de la disminución de la pena, la eliminación de agravantes, exclusión de cargos específicos, o la adecuación típica favorable de la conducta, es el principal instrumento de justicia consensuada (artículos 349, 351y 352 de la Ley 906 de 2004). En estos casos, cuando el sujeto activo de la conducta obtiene un incremento patrimonial producto del delito, no se puede celebrar el acuerdo o allanarse hasta tanto no se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el pago del 4 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto remanente.1 El pago, en esas circunstancias, además de reparar el daño, evita el juicio y es un presupuesto esencial para obtener beneficios punitivos (artículo 349 Ley 906 de 2004). En la misma línea de evitar el juicio, la causal primera del principio de oportunidad –otras lo hacen por distintos motivos—, permite durante la investigación y “hasta antes de la audiencia de juzgamiento, suspender, interrumpir o renunciar” a

la persecución penal por delitos sancionados con una pena máxima que no exceda de seis (6) años de prisión o multa, “siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada.” (Artículos 323 y 324 de la Ley 906 de 2004) Una tercera modalidad de solución consensuada es la “justicia restaurativa”. En los términos del artículo 518 de la Ley 906 de 2004, por justicia restaurativa se entiende, “todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador.” Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.” 1 SP del 27 de septiembre de 2017, Radicado 39831. 5 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto Son mecanismos de justicia restaurativa la mediación, la conciliación preprocesal y la conciliación en el incidente de reparación integral. La conciliación preprocesal procede frente a delitos querellables y es condición de procedibilidad de la acción penal. Si hay acuerdo se archivan las diligencias (artículo 516 Ley 906 de 2004). En la mediación, un tercero neutral, particular u oficial, busca la solución al conflicto entre las partes. Puede referirse

a la “reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados” (artículo 523 ibídem). En cuanto a la oportunidad, la mediación procede: “Desde la formulación de imputación y hasta antes del juicio oral en relación delitos perseguibles de oficio cuya pena mínima no exceda de cinco (5) años de prisión, siempre que el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa. En los delitos con pena superior a cinco (5) años será considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o relacionados con la dosificación de la pena, o el purgamiento de la sanción.” (Se resalta) 6 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto Respecto a sus consecuencias, los resultados de la mediaciónpueden ser valorados en relación con el ejercicio de la acción penal,la selección de la coerción personal y la individualización de la pena. Eso significa que los efectos de la mediación apuntan en dos direcciones. En lo concerniente a la responsabilidad civil, lo cual significa que excluye el ejercicio de la acción civil de manera independiente y el incidente de reparación integral. Respecto a la responsabilidad penal, la acción puede extinguirse, en el caso que se trata, con base en el principio de oportunidad. En este sentido, el numeral 7 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 prevé que el principio indicado es admisible “cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa, y como consecuencia de éste se

cumplan con las condiciones impuestas” En cuarto lugar se tiene el incidente de reparación integral después de la ejecutoria del fallo condenatorio (artículo 102 de la Ley 906 de 2004).2 La conciliación que pueda 2 El artículo 102 de la Ley 906 de 2004 dispone: En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante. (Se resalta) 7 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto lograrse en relación con el tema indemnizatorio pone fin al incidente. No incide en la declaración de responsabilidad ni en la pena. De lo expuesto se puede concluir que la reparación del daño fue desarrollada íntegra, completa y sistemáticamente en la Ley 906 de 2004, así: (i).- En la conciliación preprocesal como condición de procedibilidad de la acción penal en relación con conductas querellables. Realizado el acuerdo se archiva la actuación, (ii) como causal de aplicación del principio de oportunidad, permitiendo renunciar a la persecución penal, entre otras causales, cuando se indemniza o repara integralmente el daño causado a la víctima conocida o individualizada, (iii) en la mediación, la reparación, restitución o reparación de los perjuicios extingue la acción civil y permite la renuncia a la

acción penal por vía del principio de oportunidad, (iv) como presupuesto para realizar acuerdos y allanamientos en delitos en los cuales el sujeto activo obtiene incrementos patrimoniales, y (v) en el incidente de reparación integral, posterior a la ejecutoria de la sentencia condenatoria, con efectos patrimoniales que extinguen el trámite incidental. La reparación del daño es, como se puede observar, un programa estructurado a partir de distintas alternativas y 8 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto mucho más elaborado que el previsto en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, cuya aplicación se reduce a delitos que admiten el desistimiento de la acción penal, el homicidio culposo simple, contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.3 En ese esquema, es entendible que la ley 906 de 2004 no haya previsto, en la estructura de principios y de finalidades, la posibilidad de extinguir la acción durante el juicio, eventualidad que la Sala entendió que podía solventarse con la aplicación favorable del 42 de la Ley 600 de 2000. Segundo. Jurisprudencia relevante sobre la aplicación favorable del artículo 42 de la Ley 600 de 2000. Dos decisiones de la Sala son significativas en relación con la aplicación por favorabilidad del artículo 42 de la ley 600 de 2000 al sistema procesal de la Ley 906 de 2004: la SP del 13 de abril de 2001, radicado 35946 y el AP del 5 de

octubre de 2016, radicado 47990. 3 En la SP del 13 de abril de 2001, radicado 35946, se decidió que la indemnización integral como causa de extinción de la acción penal procede para los delitos contra los derechos de autor, al examinar la contradicción normativa interna del artículo 42 de la Ley 600 de 2000. 9 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto En la primera, la Sala reconoció que podía aplicarse por favorabilidad a los trámites de la Ley 906 de 2004 la extinción de la acción penal por indemnización integral en los términos del artículo 42 de la Ley 600 de 2000, con dos precisiones: primera, que su reconocimiento “no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo”, y segunda, que “la solicitud de extinción de la acción penal por indemnización integral puede presentarse hasta antes de que se profiera fallo de casación.” En torno a este punto en la sentencia aludida la Sala señaló: “En el caso de la especie, como ya se dijo, de lo que se trata es de establecer si resulta procedente acudir al instituto de la reparación integral consagrado en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, como causal de extinción de la acción penal, para momentos posteriores a la audiencia de juzgamiento o de juicio oral cuando ya ha expirado la posibilidad de tramitarlo por la vía del principio de oportunidad, esto último en la medida en que se cumplan sus condicionamientos, según lo ya visto. Para la Corte, la aplicación de esta figura en las condiciones

reseñadas, no sólo no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. “Ello se refleja porque resulta compatible con el modelo de justicia restaurativa inmerso en el sistema acusatorio, no sólo porque en el Libro VI se regula un programa en tal sentido, sino porque tal propósito es latente en las siguientes disposiciones de la Ley 906, con carácter de principio rector.” La sentencia en referencia no pretendió llenar un vacío conceptual respecto de la extinción de la acción penal por 10 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto indemnización integral, sino ampliar la oportunidad para solicitarla, hasta antes de dictarse el fallo de casación, plazo no previsto en la ley 906 de 2004. En la segunda decisión, esto es, el AP del 5 de octubre de 2016, radicado 47999, la Sala sostuvo lo siguiente cuando no existe acuerdo sobre el monto a indemnizar: “Por tanto, cuando el deseo de la parte defendida es el de que, ante el desacuerdo con la víctima, se tasen los perjuicios, lo cual solo puede hacerse por vía judicial, debe acudir a proponer el debate probatorio respectivo ante el juez de conocimiento, obviamente cuando el asunto se encuentre en una instancia que lo permita, que no es otra diferente a la del incidente de reparación integral. Para proponer y debatir pruebas con el alcance de que se trata no puede acudirse a la fase del juicio, como que esta se encuentra diseñada por el legislador para debatir probatoria y jurídicamente la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del

sujeto pasivo de la acción penal, luego esta instancia no puede ser habilitada para controvertir temas ajenos a ella, máxime si para estos se previó una etapa concreta, que debe acatarse.” (Se subraya) La última decisión pone en evidencia las dificultades de trasladar mecánicamente instituciones de un sistema a otro. En este sentido, es contradictorio que se acepte que se pueda solicitar la extinción de la acción penal hasta antes de fallar el recurso extraordinario (porque se inadmite la demanda o se falla de fondo), pero que se impida tasar su monto en el curso del juicio, relegando esa posibilidad al 11 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto incidente de reparación integral. Desde ese punto de vista esa alternativa es ineficaz, puesto que con la indemnización integral se pretende extinguir la acción penal, un propósito impracticable si se considera que el incidente de reparación integral se tramita con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia condenatoria (Artículo 102 del Código Penal). Tercero. Una nueva visión de la indemnización integral del artículo 42 de la Ley 600 de 2000 y de sus efectos en la Ley 906 de 2004. 3.1.- Al margen de otras finalidades -la verdad, por ejemplo—, en el derecho procesal penal contemporáneo se han formulado –en especial frente a graves infracciones a los derechos humanos—, procedimientos tendientes a disminuir la victimización primaria y secundaria, y medidas que permitan dar una satisfacción a la víctima, en todo o en parte, incluso al margen o en sustitución de la pena, como castigo total al infractor. Desde esa perspectiva, las teorías

de la reparación, sea cuales sean las formas, materiales o simbólicas, que el derecho procesal penal pueda adoptar, aparecen en primer plano.4 En esa línea, con la reparación del daño, la Ley 906 de 2004 pretende alcanzar el triple objetivo de proteger a la 4 Queralt, Joan. Víctimas y garantías. En Política Criminal y Nuevo Derecho Penal. Ed. J.M. Bosch. Editor. 12 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto víctima, impedir su revictimización y evitar el juicio oral, finalidades que no se pueden menospreciar al interpretar alternativas de solución al conflicto, como la conciliación, la mediación, o el principio de oportunidad, que propenden por salidas menos traumáticas de las que implica la imposición de una pena, sobre todo tratándose de conflictos menores, articulando ese objetivo al de evitar juicios como garantía de éxito del sistema. Aún cuando en la Ley 600 de 2000 también se prevé ese tipo de opciones, en especial la indemnización integral, la concepción de ese instituto no responde a la misma filosofía de la Ley 906 de 2004, puesto que la idea de evitar el juicio y la revictimización no comulgan con la posibilidad de que la indemnización integral se pueda proponer en cualquier momento, incluso hasta antes de decidir el recurso de casación, sea con el fallo de fondo o con la inadmisión de la demanda, como lo ha venido aceptando la jurisprudencia de la Sala. 3.2. Las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 señalan las conductas, el método, la oportunidad y consecuencias que conlleva la reparación del daño, pero bajo principios

distintos. Sin embargo, para aplicar por favorabilidad el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 e integrarlo a Ley 906 de 2004, en la SP del 13 de abril de 2001, radicado 35946, se sostuvo: 13 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto “la aplicación de esta figura en las condiciones reseñadas, no sólo no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo.” No es una afirmación exacta. En efecto, ese enunciado se opone a la filosofía de la Ley 906 de 2004 que pretende, según se explicó antes, con múltiples alternativas, evitar los juicios, hacer de la víctima el centro de la solución y no dejarla al margen de la terminación del conflicto. En ese sentido, la lectura de la Corte en la sentencia indicada, antepone los efectos prácticos, desconociendo el programa procesal de la reparación del daño, desarrollado, como se indicó, metodológicamente y en detalle, en la Ley 906 de 2004, según finalidades explícitas, distintas a las de la Ley 600 de 2000. Al respecto, véase que el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 dispone lo siguiente: “En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio

económico, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado. 14 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado.” (Se subraya) Si de aplicar el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 se trata, el avalúo pericial se constituye en la regla para establecer el monto a indemnizar, y el acuerdo en excepción, de manera que la víctima queda relegada a una situación marginal. Ante la posibilidad de imponer el avalúo sobre su pretensión, que puede ser incluso simbólica -como pedir perdón—, y no necesariamente económica, su intervención queda en un plano secundario, como se infiere de la aplicación total del precepto.

En concreto: prefiriendo los efectos pragmáticos del

artículo 42 de la ley 600 de 2000 a los principios de los sistemas procesales, la Sala decidió que soluciones de ese tipo pueden proponerse hasta antes de decidir el fallo de 15 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto casación5 -un tema bastante espinoso y discutible—, pese a que la filosofía de la Ley 906 de 2004 es la contraria: sortear el juicio y evitar costos reales y simbólicos para las víctimas de la conducta punible al hacer de ellas el centro de la solución, por lo cual la afirmación de que su aplicación “no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio” es desacertada. Cuarto. La comparación entre el sistema integral de la Ley 906 de 2004 y el previsto en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, permite demostrar que el primero es más amplio e incluye múltiples formas de solución consensuadas con la intervención de las partes. (i). El artículo 42 de la Ley 600 de 2000 admite la terminación del proceso por reparación integral en los siguientes eventos: “en los delitos que admiten desistimiento, y en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico.” 5 SP del 24 de febrero de 2000, radicado 13711, y 10 noviembre de 2005, radicado. 24032;

y AP del 26 septiembre de 2007, radicado 26999, 20 enero de 2014, radicado 41668; y 27 de agosto de 2014 radicado 43719, entre otros. 16 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto (ii). A partir de ese enunciado se debe precisar lo siguiente: (a). En la Ley 600 de 2000 se admite la indemnización integral como forma de solución al conflicto para las conductas desistibles. En la Ley 906 de 2004 la conciliación es parte del programa de justicia restaurativa tratándose de delitos querellables (desistibles). Una manera de conciliar es a través de la reparación del daño. (b). En la Ley 600 de 2000, los procesos por delitos de homicidio culposo, sin agravantes, pueden terminarse por indemnización integral. En la Ley 906 de 2004 las actuaciones por estos delitos no admiten esa solución, ni la aplicación del principio de oportunidad por reparación del daño, pues la pena máxima de 108 meses para este tipo de comportamientos (artículo 109 del Código Penal), excede de seis (6) años de prisión, límite máximo establecido para aplicar el principio de oportunidad por reparación integral del daño (artículo 324 numeral 1 de la Ley 906 de 2004). Sin embargo, la mediación, uno de los pilares estelares de la justicia restaurativa, (artículos 523 y 524, inciso primero de la 17 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto Ley 906 de 2004), favorece en conjunto con el principio de oportunidad (numeral 7 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004), una

salida similar en sus efectos a los de la Ley 600 de 2000. Según el inciso segundo del artículo 523 indicado: “La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón. (Se resalta) Y, conforme al inciso primero del artículo 324: “La mediación procede desde la formulación de la imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa.” (Se subraya) De otra parte, conforme al numeral 7 del artículo 324 de la misma Ley, el principio de oportunidad procede: “Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.” 18 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto La diferencia, entonces, entre la Ley 600 de 2000 y 906 de 2004, es de método. En la Ley 600 de 2000 se prevé la terminación del proceso por indemnización integral en relación con el homicidio culposo sin agravantes. En la Ley 906 de 2004 mediante la combinación de la mediación y el principio de oportunidad. (c). En cuanto al delito de homicidio culposo agravado

(artículos 109 y 110 del Código Penal), el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 prohíbe terminar el proceso por indemnización integral. La Ley 906 de 2004, en principio, tampoco admite esa solución, pero permite emplear otras opciones, mediante la combinación del principio de oportunidad (numeral 6 del artículo 324 de la Ley 906 e 2004) y la mediación (artículos 523 y 524 ibídem), siempre y cuando la pena mínima no exceda de cinco (5) años de prisión, el bien jurídico no sobrepase la órbita personal del perjudicado y la víctima y el imputado o acusado acepten someter el conflicto a la justicia restaurativa. Todas las modalidades de homicidio culposo agravado admiten esta opción, salvo la del numeral 6 del artículo 110 del Código Penal, pues en el caso de otras conductas consideradas graves, como las de cometer la conducta “bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su 19 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena”, la pena mínima es de 48 meses (numeral 1 artículo 210 del Código Penal), o cuando “el agente estuviese conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1o o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, y ello haya sido determinante para su ocurrencia”, la pena mínima es de 53 meses (numeral 5 ibidem).

(d). Respecto del delito de lesiones personales hay que distinguir. Las lesiones culposas sin agravantes, en ambos sistemas son conciliables. Las lesiones culposas agravadas están excluidas en el artículo 42 de la ley 600 de 2000. En la Ley 906 de 2004, por el monto de la pena, admiten en algunos eventos la aplicación del principio de oportunidad por reparación del daño (numeral 1 artículo 324 de la Ley 906 de 2004). En este sentido, las lesiones culposas agravadas seguidas de incapacidad para trabajar (artículo 112 Ley 599 de 20 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto 2000), con deformidad física transitoria y permanente (artículo 113 Ley 599 de 2000), perturbación funcional transitoria y permanente (artículo 114 ibídem), y perturbación síquica transitoria, pueden someterse a dicho procedimiento, al no superar en su extremo máximo de punibilidad, los seis (6) años de prisión. Las lesiones culposas agravadas seguidas de perturbación síquica permanente, (artículo 110, 114 y 120 de la Ley 599 de 2000), y las seguidas de pérdida anatómica (artículos 110, 116 y 120 ibídem) pueden solucionarse a través de la mediación y el principio de oportunidad (numeral 7 del artículo 324 de la ley 906 de 2004)., teniendo en cuenta que la pena mínima prevista no supera los cinco (5) años de prisión. Véase, por ejemplo, que en el caso de lesiones seguidas de pérdida anatómica (artículo 116), aun en el caso de la

agravante del numeral 6 del artículo 110 del Código Penal, caso en el cual la sanción se incrementa de las 2/3 partes al doble de la pena, la pena mínima no supera ese mínimo punitivo. (ii) Por último, las lesiones personales dolosas con incapacidad inferir a sesenta días, deformidad física y perturbación funcional transitorias son querellables (artículo 74 Ley 906 de 2004) y por lo tanto conciliables. 21 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto Teniendo en cuenta la pena mínima, en el sistema de la Ley 906 de 2004, las lesiones personales dolosas con perturbación funcional permanente, pueden solucionarse a través de la mediación y de la ulterior aplicación del principio de oportunidad (numeral 6 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004). En cambio, el artículo 42 de la ley 600 de 2000, excluye las lesiones personales culposas agravadas y las dolosas con secuelas permanentes, de la posibilidad de terminar el proceso por vía de la reparación integral, siendo, por lo visto, mayor la amplitud de soluciones consensuadas previstas en la Ley 906 de 2004. (d) En el sistema de la Ley 600 de 2000, los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión, admiten la terminación del proceso por indemnización integral, sin importar la cuantía. En la Ley 906 de 2004, los delitos de hurto simple cuya cuantía no supere los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (artículo 239 inciso 2o);

alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (artículo 246 inciso 3o); emisión y transferencia ilegal de cheques 22 Casación 53293 Juan Carlos Pachón Prieto (artículo 248); abuso de confianza (artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito ( artículo 252); y alzamiento de bienes (artículo 253), son querellables. Por lo tanto, admiten la conciliación como solución al conflicto penal. Para aquellos caso en que el objeto material de la conducta de hurto simple y estafa supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena mínima sería de 42 meses y 20 días, por lo que siguiendo la línea indicada, y el monto de la pena mínima, en estos eventos es posible la aplicación combinada de la mediación y el principio de oportunidad, con base en la causal 7 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. De esa manera se equiparan los efectos de las soluciones previstas en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 frente a estos comportamientos. (e). En la Ley 600 de 2000, los delitos contra los derechos de autor, todos, quedan incluidos dentro d