CSJ - AP2726-2022(55443)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente AP2726-2022 Radicado no.° 55443 Acta 137 Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022) ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 8 de mayo del 2019, proferido por la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, mediante el cual aceptó la solicitud de preclusión de la investigación seguida en contra de ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. C.U.I. 15693600021920170001201

SEGUNDA

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA HECHOS En la decisión de primera instancia se resumen de la siguiente manera: “1°. Que el doctor ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA, quien funge como [Fiscal Décimo Seccional de Duitama], adelantó el proceso penal radicado al número 152386000212201201922 por el delito de hurto calificado y agravado en contra de Naty Mariela Díaz Medina y Oscar Iván Becerra, actuación en la que el 27 de enero de 2014 ante el Juez Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Duitama, se les formuló imputación e imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, respecto de la primera, cuya duración fue de trece meses hasta tanto se obtuvo la libertad por vencimiento de términos. 2°. Que en la citada audiencia el doctor ARISTÓBULO CARRILLO

BECERRA presentó como elementos materiales probatorios sendos extractos bancarios del Banco de Bogotá pertenecientes al denunciante y a su menor hijo sin que mediara aprobación por parte de juez de control de garantías por virtud de la búsqueda selectiva en base de datos, o que constituyó prueba ilegal al ser obtenida con vulneración de los derechos de habeas data y de intimidad. 3°. Que con tal proceder el fiscal ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA desconoció lo dispuesto en los artículos 29 y 250 de la Constitución Política, y 244 y 245 de la Ley 906 de 2004. Actuar que continuó en la celebración de la audiencia de acusación que tuvo lugar el 16 de abril de 2014, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama, en donde le fueron descubiertos a la defensa técnica copia de los extractos bancarios. 2 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA 4°. Que, con posterioridad, en sede de audiencia preparatoria y contrariando las reglas frente al descubrimiento probatorio, el fiscal denunciado corrió traslado de documentos no descubiertos en su oportunidad a la defensa aduciendo que habían sido entregados por la víctima, así como solicitó la práctica de otros testimonios no mencionados en el escrito de acusación, comportamientos con los que faltó a la verdad e hizo incurrir al juez en error, cuando lo cierto era que al percatarse de su actividad ilegal y en forma habilidosa y extemporánea impartió nuevas órdenes a Policía Judicial para recolectar las mismas

pruebas y en esa oportunidad si acudió al juez de control de garantías para que impartiera autorización previa y control posterior” (subrayas fuera del texto original). ACTUACIÓN PROCESAL El 2 de mayo de 2017, OSCAR IVAN BECERRA DÍAZ presentó denuncia en contra de ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA, Fiscal Décimo Seccional de Duitama, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal1. El 18 de octubre de 2017, la Fiscalía 2° Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja elaboró el programa metodológico y ordenó a Policía Judicial (i) identificar, individualizar y elaborar arraigo del investigado, (ii) acreditar su calidad de funcionario judicial, (iii) obtener 1 Folios 1-47, C-1 Fiscalía. 3 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA copia de la documentación aportada en el juicio dentro de la noticia criminal No. 152386000212201201992, seguida en contra de NATY MARIELA DÍAZ MEDINA y OSCAR IVÁN BECERRA, y (iv) recibir entrevista a OSCAR IVÁN

BECERRA2.

El 20 de octubre de 2017, NATY MARIELA DÍAZ MEDINA coadyuvó la denuncia presentada inicialmente por

OSCAR IVÁN BECERRA3.

El 27 de noviembre de 2017 el funcionario de policía judicial, encargado de cumplir las órdenes dispuesta por la

Fiscalía, presentó Informe de Investigador de Campo -FPJ11-4. El 17 de noviembre de 2017, OSCAR IVÁN BECERRA rindió entrevista en la que concretó los cargos formulados en

contra de ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA5.

El 22 de enero de 2018, luego de cumplidas las órdenes libradas a Policía Judicial, la Fiscalía profirió nuevos mandatos, en los cuales dispuso a Policía Judicial allegar copia del proceso No. 152386000212201201992 y copia de la acción de tutela No. 2015-00194-00 donde era accionante

OSCAR IVAN DÍAZ BECERRA6.

2 Folios 54-65, C-1 Fiscalía. 3 Folios 66-87, C-1 Fiscalía. 4 Folios 89-93, C-1 Fiscalía. 5 Folios 94-98, C-1 Fiscalía. 6 Folios 123-124, C-1 Fiscalía. 4 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA El 23 de febrero de 2018, la Fiscalía ordenó diligencia de inspección a Policía Judicial para que allegara copia de la decisión de segunda instancia, adoptada el 16 de marzo de 2017 por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo7. El 7 de noviembre de 2018, la Fiscalía dispuso que la Policía Judicial allegara copia de la noticia criminal 152386000212201201992, adelantada en la Fiscalía 10 Seccional de Duitama, y arrimara copia de las actas de las

audiencias y demás documentos relacionados con las diligencias de formulación de imputación y medida de aseguramiento surtidas en contra NATY MARIELA DÍAZ y

OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ8.

El 23 de noviembre de 2018, el funcionario de Policía Judicial presentó informe de investigador de campo FPJ-11, mediante el cual dejó constancia de la inspección realizada, conforme a las órdenes impartidas por la Fiscalía 2 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. El 28 de febrero de 2018, la mencionada Fiscalía radicó solicitud de preclusión ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el cual realizó audiencia de sustentación de la solicitud de preclusión, disponiendo precluir la investigación adelantada contra ARISTÓBULO 7 Folios 131-132, C-1 Fiscalía. 8 Folios 135-136, C-1 Fiscalía. 5 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA CARRILLO BECERRA, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. DECISIÓN IMPUGNADA El a quo aceptó la solicitud de preclusión con base en los siguientes argumentos:

1. Manifestó que el primer reproche penal que se le formuló a CARRILLO BECERRA consistió en haber ordenado a Policía Judicial la consecución de extractos bancarios del Banco de Bogotá pertenecientes a OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ, NATY MARIELA DÍAZ MEDINA y su hijo, los cuales,

una vez conseguidos, fueron exhibidos ante el Juez 3 Penal Municipal de Duitama en audiencias preliminares de imputación y medida de aseguramiento, sin someter la orden y los extractos bancarios obtenidos a control previo y posterior, respectivamente. Consideró que el hecho de que el Fiscal hubiera inobservado la obligación de someter la orden y los documentos ante juez de garantías “no conlleva per se que su actuación sea considerada como prevaricato”. Lo anterior, arguyó, porque se advirtió que existían distintas fuentes proveedoras de la documentación que no se llevó a control de garantías, como los extractos aportados 6 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA por el denunciante y elementos materiales probatorios recolectados en sede de indagación. Indicó que la imposición de la medida de aseguramiento se sustentó en la inferencia razonable de autoría que provenía de los señalamientos realizados por el denunciante y de sus extractos bancarios, en los que se advertían las transferencias realizadas a cuentas no autorizadas, las cuales resultaron ser de su compañero BECERRA DÍAZ y del hijo de DÍAZ MEDINA. Expuso que el tipo de medida de aseguramiento se sustentó de forma diferente para cada uno de los procesados, sin que los extractos bancarios sirvieran de sustento para la imposición de las medidas provisionales. Aseguró que en el caso de NATY MARIELA DÍAZ MEDINA se advirtió sentencia condenatoria en firme por el delito de estafa, razón por la

cual se le impuso medida de aseguramiento intramural. Por otro lado, dijo que, en el caso de OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ, ante la carencia de antecedentes penales y su calidad de cómplice en el delito, se le impuso medida no privativa de la libertad. Aceptó que aun cuando pudo existir omisión en el funcionario investigado en cuanto a la obtención de la información reservada sin acudir a un juez de garantías, tal irregularidad resulta intrascendente, porque no fue el sustento de la imposición de la medida de aseguramiento. 7 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA

2. De otro lado, indicó que otro de los reproches penales era que el procesado CARRILLO BECERRA al presentar escrito de acusación, en desarrollo de la audiencia correspondiente descubrió los extractos bancarios pertenecientes a los acusados, sin que estos hubieran sido sometidos a control de garantías.

Consideró que era obligación de la Fiscalía en esa etapa procesal descubrir los elementos de prueba que tuviera en su poder, sin que fuera obligatorio llevarlos a juicio, por lo que “ninguna ilicitud se asoma en su comportamiento al descubrir los mentados extractos bancarios”.

3. El último alegato penal de la denuncia fue que en audiencia preparatoria se conoció que ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA, tardíamente, acudió al juez de control de garantías para legalizar los extractos bancarios, de lo cual supuestamente se deduce el delito de fraude procesal.

Consideró el a quo que no se advierte el despliegue de medios engañosos idóneos, con capacidad de inducir en error, porque el hecho de que CARRILLO BECERRA haya acudido al juez de control de garantías a realizar audiencia para legalizar elementos materiales probatorios no tiene la entidad de delito. Manifestó que para que se configure el tipo penal de fraude procesal se requiere la conciencia y la voluntad del sujeto pasivo para obtener el resultado propuesto y el 8 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA conocimiento sobre la aptitud del medio utilizado para engañar al servidor público, lo cual no se logra acreditar. Por los anteriores motivos, el juez de primer grado concluyó que existe atipicidad de las conductas, por lo que aceptó la solicitud de preclusión de la investigación. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO La defensa de las víctimas, con el fin de sustentar el recurso de apelación interpuesto, expuso los siguientes argumentos: Manifestó que la documentación y las pruebas sobre la consulta de extractos bancarios fueron recolectados en el programa metodológico y se tuvieron en cuenta por el Fiscal para desarrollar la inferencia razonable de autoría que exige el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, para solicitar la privación de la libertad de NATY MARIELA DÍAZ MEDINA. Indicó que desde la audiencia de imputación se utilizaron las documentales ilegalmente obtenidas -extractos bancariospara exponer la situación fáctica endilgada a

NATYMARIELA DÍAZ MEDINA y OSCAR IVÁN BECERRA

DÍAZ. Agregó que le puso de presente en la audiencia de acusación al Fiscal que los elementos materiales probatorios consistentes en los extractos bancarios obtenidos sin control 9 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA de garantías no podían ser utilizados, sin embargo, el ente acusador descubrió los elementos de convicción. Arguyó que en audiencia preparatoria también le indicó al Fiscal que los extractos bancarios no podían ser utilizados por haber sido obtenidos de manera ilegal, pero, este continuó insistiendo, con dolo, que se tuvieran en cuenta como elementos probatorios. Manifestó que en la audiencia preparatoria el Fiscal procesado indicó que la totalidad de los elementos probatorios fueron entregados por la víctima, omitiendo de manera dolosa que parte de esos documentos fueron recolectados por investigador de campo, sin el control previo y posterior que requerían, lo cual confundió al juez porque este decretó los elementos de prueba. No obstante, indicó que en el juicio el Fiscal enjuiciado desistió de los elementos materiales probatorios consistentes en los extractos bancarios. En ese sentido, adujo que no se puede catalogar el actuar del procesado como una ligereza, porque su actuar fue doloso, de manera que existió una conducta irregular que le interesa al derecho penal. 10 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA TRASLADO NO RECURRENTES La Fiscalía Delegada para el asunto manifestó que,

contrario a lo dicho por la recurrente, con la información recibida por el denunciante o víctima fue que el Fiscal del caso realizó la inferencia razonable para sustentar la medida de aseguramiento. Por último, consideró que, en la etapa del juicio, a diferencia de lo dicho por la recurrente, el Fiscal no uso esos elementos materiales probatorios. Asimismo, indicó que la recurrente no demostró cual fue la decisión que estuvo sustentada con elementos probatorios ilegales. La representante del Ministerio Público consideró que se debe confirmar la decisión adoptada por el a quo, toda vez que no se demostró que se cumpla con el aspecto objetivo de la conducta de prevaricato que se investigó, porque no hay una decisión manifiestamente contraria a la ley y, más bien, pudo haber un error judicial que por sí solo no genera un delito. CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer lugar, con el fin de resolver el recurso de apelación instaurado, la Sala formula el siguiente problema jurídico a resolver: ¿Está demostrado que en el asunto de la 11 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA investigación se configuró la causal de preclusión por atipicidad del hecho investigado? Para resolver ese problema jurídico y responder el recurso de apelación planteado, la Sala estudiará lo siguiente: (i) la competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de apelación formulado; (ii) las causales de preclusión; (iii) la

atipicidad del hecho investigado; (iv) estructura jurídica del delito de prevaricato por acción; (v) estructura jurídica del delito de fraude procesal; y, por último, (vi) se estudiará el caso concreto.

1. Competencia La Sala es competente para resolver este asunto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por tratarse de la apelación contra la decisión adoptada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en el curso de una actuación penal de primera instancia.

2. De las causales de preclusión De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a adelantar las investigaciones de los hechos que lleguen a su conocimiento que tengan las características de un delito, sin que pueda renunciar, interrumpir o

12 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA suspender la persecución penal, salvo en los casos que la ley establece para la aplicación del principio de oportunidad. También, en ejercicio de sus funciones, el fiscal puede solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación. Por su parte, los artículos 331 y 332 prevén dos oportunidades para realizar tal solicitud: (i) en los periodos de indagación o investigación, donde únicamente el representante del ente acusador está facultado para pedir al juez de conocimiento la preclusión de la investigación por cualquiera de las causales previstas en la referida norma; y, (ii) en la etapa de juzgamiento, oportunidad en la que la

petición puede ser elevada por la Fiscalía, el Ministerio Público y el defensor, pero sólo cuando se trate de las causales previstas en los numerales 1° y 3° del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. El artículo 331 de la Ley 906 de 2004 -después de proferida la sentencia C-591 de 2005 por la cual fue declarada inexequible la expresión “a partir de la formulación de imputación”-, dispone que “en cualquier momento, el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar”, lo cual habilitó la posibilidad de formularla en la fase de indagación. A su turno, el artículo 332 de la norma en cita, señala las siguientes causales que, estando acreditadas, permiten la preclusión de la investigación: 13 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA “1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código.

PARÁGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el

Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. Dada la trascendencia del decreto de preclusión de la investigación, en el sentido de que hace tránsito a cosa juzgada, el órgano competente para proferirla es el juez de conocimiento9, y su pronunciamiento debe restringirse a la causal invocada por la Fiscalía, el Ministerio Público o la defensa, según la etapa procesal donde se presente la solicitud. De manera que, por regla general, el juez no debe adoptar decisión alguna en relación con causales no alegadas, so pena de vulnerar el debido proceso establecido en la Ley 906 de 2004 para ese instituto jurídico. En este sentido, si la causal alegada se encuentra probada, el juez debe disponer la preclusión, aun cuando considere que la terminación del proceso también procede por 9 Al respecto pueden verse las sentencias C-872 de 2003, C-591 de 2005 y C-920 de 2007 emitidas por la Corte Constitucional. 14 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA motivo diferente. Por el contrario, si la decisión consiste en negar la existencia de la causal propuesta “no pueden los jueces entrar a hacer juicios de valor sobre otras causales que no le han sido puestas de presente, porque en tal caso se estaría desbordando la actividad judicial al entrar a resolver cuestiones que no le han sido planteadas y tampoco debatidas”10. Por excepción, cuando los elementos de conocimiento base de la solicitud permiten establecer la procedencia de la

preclusión por algún motivo diferente al invocado, por economía procesal debe decretarse, siempre que sus componentes estructurales así lo determinen11.

3. De la causal de atipicidad del hecho investigado La Sala ha precisado que la Ley 906 de 2004 establece como causal de preclusión de la investigación, la “atipicidad del hecho investigado”, tal y como puede verse, la norma no distingue entre la atipicidad objetiva y la subjetiva, por lo que la interpretación literal y sistemática de dicho precepto obliga concluir que incluye ambas categorías12.

En efecto, debe recordarse que, una de las diferencias entre el archivo y la preclusión de la investigación, radica, 10 Sobre el particular pueden verse las siguientes providencias: CSJ AP 8 de febrero de 2008, Rad. 28908; AP 15 de julio de 2009, Rad. 31780; AP 18 de mayo de 2011, Rad. 35826 y AP 5 de octubre de 2016, Rad. 45851, entre otras. 11 CSJ AP, 6 de diciembre de 2012, Rad. 37370 y AP, 19 de agosto de 2015, Rad. 45891.

12 CSJ AP368-2018, Rad. 51049.

15 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA justamente, en que el primero sólo es procedente por causales objetivas, como, por ejemplo, cuando los hechos no existieron, y/o que los acontecimientos no configuran ningún hecho punibleatipicidad objetiva-; mientras que la segunda, lleva consigo la discusión sobre aspectos subjetivos de la

tipicidad13. Por otro lado, la Corte ha indicado que la atipicidad del hecho investigado se ha entendido como la falta de adecuación del comportamiento a la descripción de un tipo previsto en la parte especial de la Ley penal, pues en el proceder cuestionado no concurren los elementos que configuran la conducta punible, es decir, el actuar humano no encuentra correspondencia plena y cabal con ningún precepto previsto en el Estatuto Punitivo14. Lo anterior, porque la falta de adecuación de la conducta con la descripción normativa especial debe resultar de una valoración y correlación, tanto de los diferentes elementos objetivos y subjetivos previstos en la disposición, como de las consideraciones fácticas, jurídicas y probatorias que acreditan la necesidad de extinguir la acción penal por la referida causal15. 13 Ibidem.

14 CSJ, AP5877-2017, Rad. 50640.

15 Ibidem. 16 C.U.I. 15693600021920170001201

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4. Estructura jurídica del delito de prevaricato por acción El artículo 413 de la Ley 599 de 2000, frente al tipo penal de prevaricato por acción, dispuso lo siguiente: “ARTICULO 413. PREVARICATO POR ACCION. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de

cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.” De acuerdo con lo anterior, la Sala tiene decantado que el comportamiento punible desde el punto de vista objetivo se descompone en los siguientes elementos: “(i) un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de servidor público; (ii) que profiera resolución, dictamen o concepto; y (iii) que este pronunciamiento sea manifiestamente contrario a la ley, esto es, no basta que la providencia sea ilegal -por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia-, sino que la disparidad del acto respecto de la comprensión de los textos o enunciados -contentivos del derecho positivo llamado a imperar- “no admite justificación razonable alguna””16. 16 CSJ. AP. 29 de julio de 2015, radicado No. 44031 y CSJ SP134-2016. 17 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA Ahora, sobre el ingrediente normativo “manifiestamente contrario a la ley”, la Corte ha precisado lo siguiente: “(…) para que la actuación pueda ser considerada como prevaricadora, debe ser “ostensible y manifiestamente ilegal,” es decir, “violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la

norma”17, dependiendo siempre de su grado de complejidad, pues resulta comprensible que del grado de dificultad para la interpretación de su sentido o para su aplicación dependerá la valoración de lo manifiestamente ilegal, de allí que, ciertamente, no puedan ser tenidas como prevaricadoras, todas aquellas decisiones que se tilden de desacertadas, cuando quiera que estén fundadas “en un concienzudo examen del material probatorio y en el análisis jurídico de las normas aplicables al caso”18. Se concluye, entonces, que para que el acto, la decisión o el concepto del funcionario público sea manifiestamente contrario a la ley, debe reflejar su oposición al mandato jurídico en forma clara y abierta, revelándose objetivamente que es producto del simple capricho, de la mera arbitrariedad, como cuando se advierte por la carencia de sustento fáctico y jurídico, el desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo”19. Entonces, cuando de prevaricato por acción se trata, es indispensable acreditar que hay contradicción manifiesta entre el ordenamiento jurídico que resolvía el caso y la decisión adoptada por el servidor público o el incumplimiento de los demás elementos constitutivos del tipo, verbigracia, el dolo –necesario para incurrir en la infracción—. 17 CSJ SP, 24 jun. 1986, rad. 406.598, GJ CLXXXV n.° 2424, pág. 438 – 442. 18 CSJ SP, 24 jun. 1986, rad. 406.598, GJ CLXXXV n.° 2424, pág. 438 – 442.

19 CSJ SP4620-2016

18 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA De esa manera, en este tipo penal no encuadran las providencias que resulten del examen complejo de las distintas disposiciones que regulen el asunto propuesto ante el funcionario, respecto de las cuales exista la posibilidad de distintas opciones interpretativas razonables, toda vez que en éste el juicio no es de acierto sino de legalidad.

5. Estructura jurídica del delito de fraude procesal La conducta punible de fraude procesal está definida en el artículo 453 del Código Penal, en los siguientes términos: El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años.

Sobre esa conducta típica, la jurisprudencia de la Sala ha sido pacifica en establecer que para su estructuración el actor debe tener conocimiento y voluntad -dolode que su comportamiento fraudulento tiende a obtener una decisión derivada del engaño al que sometió a un servidor público. En concreto, para la configuración del fraude procesal, según lo decantado por la Sala, se exige la concurrencia de 19 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA los siguientes elementos: (i) el uso de un medio fraudulento; (ii) la inducción en error a un servidor público a través de ese medio; (iii) el propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; y, (iv) que el medio tenga la capacidad para inducir en error al servidor público20.

6. Caso Concreto 6.1. Para establecer si en el presente asunto se dan los presupuestos para precluir la investigación por la causal de “[a]tipicidad del hecho investigado”, es necesario, en primer lugar, dilucidar la realidad fáctica derivada de los elementos de juicios obrantes en el plenario, de la siguiente manera:

(i) En audiencia de formulación de imputación del 27 de enero de 2014, ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA, en calidad de Fiscal 10° Seccional de Duitama, imputó a NATY MARIELA DÍAZ MEDINA, en calidad de autora, y OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ, en calidad de cómplice, del delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo. En la imputación el Fiscal del caso manifestó que NATY MARIELA DÍAZ MEDINA siendo secretaria de gerencia de la empresa Construcciones y Montajes Electroduitama y autorizada para manejar las cuentas de esa empresa en el Banco de Bogotá, en octubre de 2011, se asoció con su 20 Sentencia SP8032-2015, del 24 de junio de 2015, Rad. 39703. 20 C.U.I. 15693600021920170001201

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ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA compañero permanente OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ, abriendo cuatro cuentas en el Banco de Bogotá a donde realizó transferencias por un valor de $160.437.484 desde las cuentas de la empresa de las que tenía el manejo, para apropiarse del dinero y adquirir un tracto camión de placas SQA-469. Como elementos probatorios puso de presente un informe de investigador de campo del 10 de abril de 2013, de donde establece las transferencias de las cuentas de la empresa a las cuentas de propiedad de OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ y de su menor hijo. Asimismo, la Fiscalía puso de presente respuesta del Banco de Bogotá a requerimiento realizado, en el que constan los números de cuentas abiertas por OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ y su menor hijo, donde llegaban las transferencias de la empresa. Igualmente, la Fiscalía mostró el contrato de trabajo que tenía NATY MARIELA DÍAZ MEDINA como secretaria de gerencia de la empresa Construcciones y Montajes ElectroDuitama. (ii) En audiencia de solicitud de medida de aseguramiento realizada el 27 de enero de 2014, el Fiscal solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural en contra de NATY MARIELA DÍAZ MEDINA y no privativa de la libertad en contra de OSCAR IVÁN BECERRA 21 C.U.I. 15693600021920170001201

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NÚMERO INTERNO 55443

ARISTÓBULO CARRILLO BECERRA

DÍAZ consistentes en la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante juez. Como fundamentos de la solicitud de medida de aseguramiento en contra de DÍAZ MEDINA, el Fiscal manifestó que con la evidencia documental -extractos bancariosprovenientes del Banco de Bogotá, se tiene que se dio apertura de cuentas a nombre de OSCAR IVÁN BECERRA DÍAZ y su menor hijo, a donde DÍAZ MEDINA desvió recursos de propiedad de la empresa ElectroDuitama. Asimismo, con base en el registro de antecedentes, arguyó que DÍAZ MEDINA tenía vigente sentencia condenatoria por los delitos de estafa y falsedad en documento privado, por lo cual cumple con los requisitos que establecen los artículos 308 y 310 de la ley 906 de 2004. Para sustentar la medida en contra de BECERRA DÍAZ arguyó que era necesaria la medida restrictiva para que se garantice la asistencia del procesado las diligencias. (iii) En audiencia de acusación celebrada el 16 de mayo de 2014, el Fiscal formalizó los cargos en los mismos términos fácticos y jurídicos de la formulación de imputación. En el trámite del descubrimiento probatorio relacionó algunos testimonios y como pruebas documentales señaló las siguientes: 22 C.U.I. 15693600021