CSJ - AP2963-2025(60493)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente AP2963-2025 Radicación N° 60493 Acta 111. Medellín (Antioquia), dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025). ASUNTO Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la demanda de casación presentada por el defensor de AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS, contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó, con modificaciones, la decisión del Juzgado 43 Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, mediante la cual condenó a la implicada por el concurso homogéneo del delito de falsa denuncia contra persona determinada, en concurso heterogéneo con el punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS

2 HECHOS El 13 de mayo de 2014, al interior de las instalaciones del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, ubicado en la ciudad de Bogotá, el profesor Mauricio Esteban Ospina González decomisó el celular de una alumna del grado 11-B, María Camila Tinjacá, en el cual encontró una fotografía de los estudiantes Sergio David Urrego Reyes y Danilo Esteban Pinzón Valdés, quienes aparecen dándose un “pico”, pues, tenían una relación de noviazgo. La situación fue comunicada a las directivas de la

los estudiantes Sergio David Urrego Reyes y Danilo Esteban Pinzón Valdés, quienes aparecen dándose un “pico”, pues, tenían una relación de noviazgo. La situación fue comunicada a las directivas de la institución, al tiempo que se instó a los tres estudiantes a presentar una versión libre de los hechos. Dicho suceso generó una serie de actos arbitrarios efectuados por parte de las directivas de la institución educativa, con los cuales se restringió e impidió el pleno ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso, educación, intimidad y libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes Sergio David Urrego Reyes y Danilo Esteban Pinzón Valdés. Concretamente, luego de rendidas las versiones libres, el 14 de mayo de 2014, Sergio David Urrego Reyes y Danilo Esteban Pinzón Valdés fueron remitidos a la oficina de psicología y orientación –dirigida por Ibonn Andrea ChequeCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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3 Acosta–, en la que se les otorgó un trato discriminatorio, diferente al entregado a las parejas heterosexuales. Posteriormente, el 11 de junio de 2014, la rectora del plantel, AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS, no obstante conocer la existencia de la relación consentida entre los dos estudiantes, condicionó la continuidad en el colegio del joven Danilo Esteban Pinzón Valdés, a que sus padres pusieran en conocimiento de las autoridades competentes

obstante conocer la existencia de la relación consentida entre los dos estudiantes, condicionó la continuidad en el colegio del joven Danilo Esteban Pinzón Valdés, a que sus padres pusieran en conocimiento de las autoridades competentes que Sergio Urrego lo acosaba sexualmente y que por ello debían solicitar una “caución de protección”. Así mismo, de acuerdo con la acusación, se conoció que Danilo Esteban Pinzón y sus progenitores optaron por reunirse en privado con CASTILLO CORTÉS, días antes de la reunión oficial, dispuesta para el 20 de junio de 2014, a la cual comparecerían también el joven Sergio David Urrego y sus padres. En esa primera oportunidad determinaron que Danilo Pinzón cambiaría de salón, al de 11-A, y asistiría a terapia psicológica. Llegado el 20 de junio, AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS no quiso atender a Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, pero le hizo saber que su hijo no podría entrar a clase sino hasta después de culminadas las vacaciones de mitad de año, siempre y cuando asistiera durante todo el semestre a terapia psicológica externa.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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4 Al cabo de pocos días, el 12 de julio de 2014, en compañía de otros directivos del centro educativo, CASTILLO CORTÉS le informó a los padres de Sergio David acerca del acoso sexual que supuestamente ejerció contra Danilo Pinzón, por lo cual, les fue exigida a éstos la presentación de

compañía de otros directivos del centro educativo, CASTILLO CORTÉS le informó a los padres de Sergio David acerca del acoso sexual que supuestamente ejerció contra Danilo Pinzón, por lo cual, les fue exigida a éstos la presentación de certificación de “psicoterapia”, como condición para el acceso del joven al colegio. Pese a que el 14 de julio siguiente, Sergio David Urrego presentó la certificación exigida, no le fue permitido entrar al plantel, bajo la excusa de que el documento no cumplía con las expectativas del colegio. El 22 de julio de 2014, AMANDA AZUCENA CASTILLO radicó escrito de denuncia ante la URI, Alcaldía, Estación de Policía, Comisaría e ICBF, todas autoridades de la localidad de Engativá, a través de la cual dio a conocer sobre el presunto abuso sexual desplegado por Sergio Urrego contra Danilo Pinzón, pese a conocer que la relación entre ambos operaba de mutuo consentimiento. Ahora bien, el 25 de julio de 2014, se hizo efectiva la coacción ejercida por AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS, sobre Henio Pinzón y Luz Dary Valdés, padres de Danilo Esteban Pinzón, pues, estos radicaron el escrito de denuncia penal, redactado por ella, llamado “derecho de petición”, por el supuesto acoso sexual, ante las mismas autoridades.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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5 En forma paralela, el 27 de julio de 2014, AMANDA

autoridades.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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5 En forma paralela, el 27 de julio de 2014, AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS ofició a la Comisaría de Familia de Engativá y solicitó la revisión de la custodia de Sergio Urrego, aduciendo que era víctima de “abandono afectivo y físico”, y de violencia intrafamiliar, lo que, señaló, trajo como consecuencia el acoso sexual ejecutado sobre un compañero. Este hecho, sumado a los anteriores, obligó a los padres de Sergio Urrego a retirarlo del Colegio, 4 meses antes de su graduación. Con posterioridad a las vacaciones de mitad de año, AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS y Rosalía Ramírez Rodríguez, veedora de la institución, presionaron a Camila Tinjacá -alumna del plantel en cuyo celular se halló la foto que motivó todo lo referido en precedenciapara que cambiara lo que había narrado en la versión libre rendida ante las directivas del plantel educativo. Fue así como, el contenido de esa versión inicial fue destruido y la alumna procedió a referir una versión distinta a la inicial, de acuerdo con lo que le dictó la Veedora de la institución, Rosalía Ramírez Rodríguez. En esa misma época, CASTILLO CORTÉS efectuó un llamado de atención a la directora del curso 11-B, Diana Castelblanco, para que plasmara en la bitácora de Sergio

En esa misma época, CASTILLO CORTÉS efectuó un llamado de atención a la directora del curso 11-B, Diana Castelblanco, para que plasmara en la bitácora de Sergio Urrego, conductas que guardaran relación con alguna de las faltas consagradas en el manual de convivencia, enCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 6 particular, era necesario reseñar allí que Sergio Urrego estaba denunciado por acoso sexual y que había realizado manifestaciones públicas de afecto hacia Danilo Pinzón, dentro del plantel. Ello, pese a que Diana Castelblanco le mencionó que no le constaban tales hechos. Adicionalmente, la docente y directora de curso fue coaccionada por CASTILLO CORTÉS, para que plasmara en la bitácora que a Sergio Urrego no se le había negado en ningún momento el derecho a la educación. El acceso a los documentos contentivos del expediente correspondiente a Sergio Urrego y a las actuaciones adelantadas por las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, con ocasión de la foto ya mencionada, fue negado a la Fiscalía en 3 oportunidades en las cuales se trató de realizar inspección judicial, por directriz de CASTILLO

CORTÉS, para lo cual se esgrimieron excusas referidas a que los documentos estaban en poder de la rectora pero que ella se encontraba ausente del lugar, o que lo único que reposaba en la sede era la versión libre de Sergio Urrego; finalmente, se adujo que la documentación estaba en poder del abogado de la institución o que se almacenaban en la otra sede del colegio. ANTECEDENTES PROCESALES El 15 de mayo de 2015, ante el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se formuló imputación de cargos contra AMANDACasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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7 AZUCENA CASTILLO CORTÉS –rectora–, Ibonn Andrea Cheque Acosta–psicóloga– y Rosalía Ramírez Rodríguez –veedora–, así: Contra AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS e Ibonn Andrea Cheque Acosta, a título de coautoras, por los delitos de actos de racismo o discriminación (artículo 134-A) agravado por haberse cometido en contra de adolescentes (artículo 134-C, numeral 5), falsa denuncia contra persona determinada (artículo 436) y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (artículo 454-B). Contra Rosalía Ramírez Rodríguez, a título de coautora de actos de racismo o discriminación (artículo 134-A) agravado por haberse cometido en contra de adolescentes

Contra Rosalía Ramírez Rodríguez, a título de coautora de actos de racismo o discriminación (artículo 134-A) agravado por haberse cometido en contra de adolescentes (artículo 134-C, numeral 5), y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (artículo 454-B). Ninguna de las implicadas aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía. El escrito de acusación se radicó el 3 de septiembre de 2015 y la subsiguiente audiencia se instaló el 3 de diciembre del mismo año. En desarrollo de la misma, la defensa solicitó la declaratoria de nulidad de la actuación, a partir de la audiencia de formulación de imputación, inclusive. El Juzgado 39 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, no accedió a tal postulación, por lo que la defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido ante el TribunalCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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8 Superior de Bogotá. El Ad quem confirmó la decisión del juzgado de primera instancia, mediante auto del 9 de septiembre de 2016. Una vez regresó el expediente al despacho de origen, pero antes de realizarse la audiencia de acusación, concretamente, el 30 de septiembre de 2016, la fiscal delegada radicó en el despacho acta de preacuerdo, en relación con Rosalía Ramírez Rodríguez. El 10 de octubre de 2016, fecha dispuesta para la

el 30 de septiembre de 2016, la fiscal delegada radicó en el despacho acta de preacuerdo, en relación con Rosalía Ramírez Rodríguez. El 10 de octubre de 2016, fecha dispuesta para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía socializó el preacuerdo que suscribió con la implicada Rosalía Ramírez Rodríguez y, seguidamente, acusó a las restantes coprocesadas. El 30 de noviembre siguiente, el estrado judicial declaró la legalidad del preacuerdo celebrado y, en consecuencia, decretó la ruptura de la unidad procesal respecto de AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS e Ibonn Andrea Cheque Acosta. El impedimento exteriorizado por la titular del estrado judicial para continuar conociendo de las diligencias ordinarias contra CASTILLO CORTÉS y Cheque Acosta, fue declarado fundado por el Tribunal Superior de Bogotá el 17 de febrero de

2017. Así, el conocimiento del asunto correspondió al homólogo 51 de Bogotá, ante el cual se celebró preacuerdo entre FiscalíaCasación acusatorio N° 60493

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9 e Ibonn Andrea Cheque Acosta. La verificación de los términos del preacuerdo tuvo lugar el 3 de octubre de 2017 y, una vez se determinó su legalidad y se emitió la correspondiente sentencia, la titular del juzgado se declaró impedida para continuar conociendo del asunto contra

AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS.

Aceptado el impedimento, el asunto fue repartido al

se emitió la correspondiente sentencia, la titular del juzgado se declaró impedida para continuar conociendo del asunto contra

AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS.

Aceptado el impedimento, el asunto fue repartido al Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que el 1º de diciembre de 2016, previa solicitud de la defensa, decretó la extinción de la acción penal por prescripción, en relación con el delito de actos de discriminación, agravado. El 1 de abril del 2019 se dio inicio a la audiencia preparatoria, culminada el 14 de febrero de 2020. La audiencia de juicio oral fue se desarrolló en sesiones adelantadas entre el 25 de junio del 2020 y el 30 de abril de 2021. El 3 de mayo del mismo año se emitió la sentencia de primera instancia, a través de la cual se condenó a AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS a 130 meses de prisión y multa equivalente a 500 s.m.l.m.v., así como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, negándole la concesión del subrogado de la ejecución condicional de la pena y la prisión domiciliaria, como autora y determinadora, delCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 10 delito de falsa denuncia contra persona determinada1, en concurso heterogéneo con el punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en calidad de coautora. El 14 de mayo de 2021, el Tribunal Superior del Distrito

concurso heterogéneo con el punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en calidad de coautora. El 14 de mayo de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación incoado por la defensa, modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de imponer a la acusada ciento seis (106) meses de prisión, multa equivalente a 500 s.m.l.m.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad, al paso que le concedió la prisión domiciliaria, como sustitutiva de la prisión en establecimiento cancelario. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la defensa interpuso el recurso extraordinario de casación, cuya demanda fue presentada dentro del término y es objeto del presente pronunciamiento por parte de la Sala. LA DEMANDA Previa identificación de los hechos, partes e intervinientes, la actuación procesal y la finalidad del recurso extraordinario, el libelista postuló dos cargos, que sustentó de la siguiente forma:

1 Como autora, por la denuncia que ella radicó el 22 de julio de 2014 y como determinadora por la denuncia que Henio Pinzón Burgos radicó el 25 de julio de 2014.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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Primer cargo: Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de identidadnumeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 -.

En desarrollo del cargo, el censor adujo que el yerro denunciado deviene del cercenamiento de las pruebas aportadas en el debate, en punto del hecho indicador a partir del cual se estructuró el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Concretamente, para señalar el elemento material probatorio objeto de distorsión, hizo referencia al documento suscrito el 22 de julio de 2014 por AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS, dirigido a la Fiscalía General de la Nación, Alcaldía, a la Estación de Policía de Engativá, Comisaría de Familia e ICBF, y advierte que las instancias judiciales le otorgaron un alcance diverso al de un simple derecho de petición, que en realidad le correspondía. Criticó que el ad quem, con soporte en el artículo 436 del Código Penal, asumiera dicho escrito como una denuncia, pese a carecer de la manifestación “bajo la gravedad del juramento” y a presentarse con la única finalidad de solicitar medidas de protección a favor de los menores S.D.U.R y Danilo Esteban Pinzón Valdés.

Asevera que la Ley 1755 de 2015, reglamentaria de los componentes del “derecho de petición”, permite determinar queCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 12 el documento aludido es, en efecto, una petición y no una denuncia, en la medida en que, contiene: (i) la designación de la autoridad a quien se dirige; (ii) los nombres y apellidos completos del solicitante, indicando el documento de identidad, la dirección, teléfono, fax y e-mail; (iii) el objeto de la petición; (iv) las razones en que se apoyan; (v) la relación de los documentos que presenta para iniciar el trámite, y (vi) la firma del peticionario. En refuerzo de la conclusión esbozada, el libelista se refirió a los testimonios de Henio Pinzón, Luz Dary Valdés e Ibonn Cheque, personas que, al conocer a la procesada y hallarse enteradas de la existencia del documento, pudieron afirmar que “se concibió, entendió y presentó, ante las distintas autoridades, como un derecho de petición”. En ese mismo sentido declaró la investigadora Karen Ofelia, quien reconoció que “el documento no es una denuncia” y que difiere del concepto de medida de protección. Reiteró que de los testimonios ya referidos y los demás medios de prueba practicados en juicio oral –sin especificar cuáles -, se colige la naturaleza del documento como derecho de petición y no a título de denuncia. De ahí, precisamente, deriva

Reiteró que de los testimonios ya referidos y los demás medios de prueba practicados en juicio oral –sin especificar cuáles -, se colige la naturaleza del documento como derecho de petición y no a título de denuncia. De ahí, precisamente, deriva la trascendencia de la distorsión probatoria, pues, de no haberse producido, la conclusión de las instancias hubiese sido la de absolver por atipicidad de la conducta, sentido en el cual solicita que se case la sentencia.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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Segundo cargo: Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de existencia - numeral 3º del artículo 181 de la Ley 906 de

2004 -. El censor acusó la sentencia de segundo grado de infringir indirectamente los artículos 9, 10, 11 y 436 del Código Penal, como también los artículos 372, 380 y 381 de la Ley 906 de 2004. Apoyado en extensa jurisprudencia de la Sala en punto del contenido de la causal incoada, el libelista se refirió al error de hecho “en relación con la hipótesis del delito de ocultamiento, alteración o destrucción del elemento material probatorio; toda vez que el juez de segunda instancia supuso el ocultamiento y alteración de unos elementos materiales probatorios y evidencias físicas que el mismo tribunal enumera en su sentencia, todo con el fin de sustentar su argumento de condena”. Luego de considerar oportuno aludir a que el derecho

evidencias físicas que el mismo tribunal enumera en su sentencia, todo con el fin de sustentar su argumento de condena”. Luego de considerar oportuno aludir a que el derecho penal es de acto y no de autor, destacó cómo el argumento central de la condena guarda relación con “los supuestos actos de ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios de los que presuntamente ella es coautora”, más no con actos que CASTILLO CORTÉS haya efectuado o ejecutado.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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14 En otros términos, agregó, pese a que la responsabilidad penal respecto de dicho punible se consolidó bajo la premisa de que AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS supuestamente destruyó, ocultó y alteró unos elementos materiales de prueba, ello es falaz, en la medida en que, los mismos sí hicieron parte del acervo probatorio y fueron tenidos en cuenta como elementos de convicción. En ese orden, destacó, la condena por este punible emerge contradictoria y vulnera los derechos fundamentales a la dignidad humana y al debido proceso, al tiempo que, agregó, es constitutiva de error de hecho por falso juicio de existencia, dado que las instancias supusieron un ocultamiento que no existió y ni siquiera determinaron las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrió ello, o precisaron cuál o cuáles documentos fueron objeto del delito. Expresó que el ocultamiento de los documentos que reposaban en el expediente administrativo sancionatorio al que

modo y lugar en que ocurrió ello, o precisaron cuál o cuáles documentos fueron objeto del delito. Expresó que el ocultamiento de los documentos que reposaban en el expediente administrativo sancionatorio al que alude la investigadora Karen Ofelia Padilla, no ocurrió en realidad, dado que esos documentos sí fueron incorporados al proceso penal. En este sentido, acota, la conclusión a la que arriba el Tribunal mal puede deducirse a partir de no haberlos obtenido en unas específicas fechas, pues, a la investigadora se le informó que los documentos estaban en poder del abogado delCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 15 colegio; pese a ello, la investigadora no lo contactó para obtener la entrega del expediente. De todas maneras, agregó, no fue CASTILLO CORTÉS quien atendió la diligencia de inspección judicial a las instalaciones del plantel educativo, realizada por Karen Ofelia Padilla los días 10 y 17 de septiembre y 20 de noviembre de 2014, como tampoco se conoció cuáles fueron los documentos que, se afirma, CASTILLO CORTÉS alteró, ni en qué circunstancias modales sucedió ello, pues, ningún testigo pudo dar cuenta del tema. En consecuencia, pide a la Corte la emisión de una sentencia de reemplazo, en el sentido de absolver a AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS del delito de ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio. Cargo subsidiario. Vulneración del debido proceso

sentencia de reemplazo, en el sentido de absolver a AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS del delito de ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio. Cargo subsidiario. Vulneración del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes, por violación del principio de congruencia –numeral 2º del artículo 181 de la ley 906 de 2004–. El censor planteó una disonancia entre los hechos objeto de acusación y los que fueron deducidos en el fallo de segunda instancia, que soslaya flagrantemente el principio de congruencia.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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16 El demandante discurrió sobre tal aspecto y, seguidamente, descendió al caso concreto para señalar que las instancias modificaron el grado de participación de CASTILLO CORTÉS, como coautora –en acusación–, por el de autora y determinadora, “conforme y lo sentenciaron el mismo Juez de Instancia y el Honorable Tribunal frente al delito de falsa denuncia en persona determinada, en relación con la situación fáctica del escrito presentado por los padres del menor DEVP”2, lo que configura una afectación sustancial al debido proceso. No es cierto, como lo afirma el Tribunal en la sentencia atacada, que la Fiscalía hubiese imputado, a título de determinadora, la participación de CASTILLO CORTÉS, pues, en el acápite del escrito de acusación denominado

atacada, que la Fiscalía hubiese imputado, a título de determinadora, la participación de CASTILLO CORTÉS, pues, en el acápite del escrito de acusación denominado “adecuación típica”, manifestó que acusaba a Ibonn Andrea Cheque Acosta y AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS, a título de coautoras del delito de falsa denuncia contra persona determinada. Esa forma de participación fue atribuida por la Fiscalía de manera intencional, pues, “ sabía que si utilizaba y manifestaba, de una manera clara e inequívoca, que la señora AMANDA AZUCENA era determinadora, el determinado o determinados (autores materiales) eran el señor HENIO PINZÓN y su señora esposa, LUZ DARY VALDÉS”, lo que impedía utilizarlos como testigos de cargo.

2 Folio 79 demanda de casación.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

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17 En ese orden, agregó, si el Tribunal sabía que estaba modificando el grado de participación, “lo mínimo que debió preguntarse era quien era el autor material de esa determinación” pero, no solo no se adentró en dicho análisis, sino que, en la sentencia omitió, intencionalmente, identificar los nombres de los progenitores del menor D.E.P.V., precisamente, porque “ corresponderían a los presuntos autores materiales de la presunta determinación”. Dicho de otro modo, si de determinación se trata, deben

identificar los nombres de los progenitores del menor D.E.P.V., precisamente, porque “ corresponderían a los presuntos autores materiales de la presunta determinación”. Dicho de otro modo, si de determinación se trata, deben existir sujetos determinados, que en este caso serían los progenitores de Danilo Esteban Pinzón Valdés, es decir, Henio Pinzón y Luz Dary Valdés. En ese orden, si esta fuese la figura jurídica correcta, resulta extraño que no hayan sido objeto de proceso penal y que la judicatura no dispusiera la compulsa de copias para tal efecto. Finalmente, agregó que “la trascendencia de este yerro cometido por el Tribunal se manifiesta en la NO materialización del ejercicio del derecho de defensa y contradictorio, toda vez que no es igual y no es lo mismo, ni jurídica ni procesalmente, defenderse de una Autoría o de una Determinación”. Postula como pretensión, que se emita un fallo de reemplazo en el sentido de absolver a la procesada AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS del delito de falsa denunciaCasación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 18 contra persona determinada, pues, la calidad de

determinadora no fue deducida en la acusación. CONSIDERACIONES Al tenor de lo dispuesto en el artículo 180 del Estatuto Adjetivo de 2004, el recurso extraordinario de casación tiene como finalidad «la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia». Con tal propósito, el inciso 2º del canon 184 ejusdem fijó las reglas mínimas de admisión, estableciendo que no se seleccionará el escrito en el que i) se carezca de interés, ii) no se invoque la causal, de las contempladas en el artículo 181 ibidem, conforme a la cual se edifica el reproche iii) se omita desarrollar los cargos correspondientes o, iv) fundadamente se logre establecer que no se requiere de la sentencia para cumplir las finalidades previstas en el aludido precepto 180; lo anterior, salvo que alguno de esos propósitos permita superar los defectos técnicos que exhiba el libelo y decidir de fondo. También tiene decantado la jurisprudencia que el libelo debe ser íntegro en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que, ha de soportarse en los principios que rigen el recurso extraordinario, en especial, los de claridad, precisión,Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 19 fundamentación debida, prioridad, no contradicción,

CUI 11001600129720140002901 AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS 19 fundamentación debida, prioridad, no contradicción, corrección material, crítica vinculante y autonomía, sin que sea viable argumentar a la manera de un alegato de instancia. La proposición de los cargos exige escoger adecuadamente el motivo y el sentido de la violación y concretar el disenso en términos de trascendencia. La demanda examinada, como se explica a continuación, no satisface los requisitos mínimos que exige el referido canon 184 para su admisión, en la medida en que no se acredita la posible ocurrencia de errores susceptibles de corrección mediante el recurso extraordinario. 5.1 Aclaración previa De acuerdo con el principio de prioridad, a pesar de haber sido propuesta como petición subsidiaria la nulidad por violación al principio de congruencia, la Sala procederá a resolverla en primer lugar, en tanto, de llegar a prosperar resultaría inane proseguir con el análisis de los demás cargos. 5.2 Vulneración del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes, por violación del principio de congruencia –numeral 2º del artículo 181 de la ley 906 de 2004–.Casación acusatorio N° 60493 CUI 11001600129720140002901

AMANDA AZUCENA CASTILLO CORTÉS

20 En tratándose de la causal segunda prevista en el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, por

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20 En tratándose de la causal segunda prevista en el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, por defectos sustanciales de estructura o de garantía que tengan la entidad suficiente para invalidar la actuación, la Sala ha reiterado que no cualquier incorrección quebranta la legitimidad del proceso, pues, la afectación debe ser esencial y suficiente para socavar algún derecho fundamental de los sujetos procesales. Si bien es cierto, su acreditación no se atiene a formalidades específicas, no por ello la alegación puede representar un escrito de libre factura. La sustentación debe operar dentro del tamiz de los principios que orientan las nulidades: taxatividad, acreditación, convalidación, instrumentalidad de las formas, protección, trascendencia y residualidad, dado que, si el defecto denunciado no afecta sustancialmente la actuación, no hay lugar a la admisión de la censura. Por eso, resulta necesario que el censor, al igual que ocurre con las otras causales, fundamente su pretensión en parámetros lógicos, con el propósito de que se comprendan con claridad y precisión (i) los motivos de su dis