CSJ - AP350-2022(58087)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente AP350-2022 Radicación No. 58087 (Aprobado Acta No. 22) Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022)

1. ASUNTO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor y por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, contra el auto del 13 de febrero de 2020, mediante el cual el Tribunal Superior de Bogotá resolvió inadmitir la práctica de algunas de las pruebas testimoniales y documentales, así como negar las solicitudes de exclusión y rechazo, reclamadas por los impugnantes.

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Segunda instancia n.º 58087

REINALDO HUERTAS

2. ANTECEDENTES FÁCTICOS De acuerdo al escrito de acusación y al auto de pruebas, se sintetizan en: 2.1. En el año 2015 la compañía coreana Hyundai Motor Company tomó la decisión de retirar el derecho de distribución exclusiva de sus vehículos en Colombia a la empresa nacional Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era el señor CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO. 2.2. Ante esta situación, MATTOS BARRERO junto con su abogado LUIS DAVID DURÁN ACUÑA contactaron a DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, y por intermedio de éste último a REINALDO HUERTAS, titular de dicho despacho judicial, para ofrecer dinero a cambio de favorecer los

intereses de la empresa de MATTOS BARRERO con el decreto de una medida cautelar en un proceso civil que prohibiera a la compañía coreana la negociación de sus productos con personas jurídicas distintas a la empresa Hyundai Colombia Automotriz. 2.3. Una vez aceptado el ofrecimiento, entre dichas personas se llevaron a cabo diversas reuniones dirigidas a planear y ejecutar el entramado criminal. Para proyectar y decretar la medida cautelar era necesario manipular el sistema de reparto y lograr que la demanda fuera asignada al despacho judicial a cargo de REINALDO HUERTAS, motivo por el cual RODRÍGUEZ NIÑO contactó a EDWIN FABIÁN 2

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS MACÍAS CASTAÑEDA, ex empleado judicial que a su vez vinculó al plan criminal a RAMÓN ORLANDO RAMÍREZ FUENTES, ingeniero jefe de sistemas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –DESAJ-. 2.4. RAMÍREZ FUENTES dio instrucciones a sus subalternos EDWIN ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ Y WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ orientadas a la manipulación técnica del sistema de reparto. Labor a la que se sumaron CARLOS ARTURO LÓPEZ LARA, ingeniero de sistemas que instruyó a PATIÑO RODRÍGUEZ acerca del manejo del sistema, manipulación y borrado de evidencia; y WILMAR ANDREY CASAS MENDOZA, auxiliar administrativo de la DESAJ quien aportó su usuario y clave de acceso. 2.5. Luego de coordinar la entrega de dineros, se

manipuló el reparto desde un terminal remoto conectado al sistema de la rama judicial, esto es, un equipo portátil que recibió el nombre de “VENTANILLA09” por parte del sistema de reparto, y utilizado de manera ilícita para acceder a las redes de comunicaciones de la DESAJ. 2.6. Una vez superado un intento fallido, la demanda verbal de mayor cuantía contra Hyundai Motor Company fue presentada el 29 de febrero de 2016, y efectivamente direccionada al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. Dicho despacho judicial decretó la medida cautelar acordada el 6 de abril de ese año. 2.7. De acuerdo con la formulación de acusación, REINALDO HUERTAS, a cambio de remuneración ilícita 3

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS entregada a partir de diciembre de 2015 y durante todo el 2016, se comprometió a decretar y mantener en el tiempo una medida cautelar favorable a los intereses económicos de CARLOS MATTOS BARRERO, la cual se concretó el 6 de abril de 2016. Igualmente, fue parte activa en la estructuración de toda la manipulación del sistema de reparto judicial, dando sus opiniones y consejos a los señores MATTOS BARRERO, DURÁN ACUÑA, RODRÍGUEZ NIÑO y MACÍAS CASTAÑEDA, para garantizar que la demanda ingresara a su despacho. 2.8. REINALDO HUERTAS fue acusado1 en calidad de determinador de los siguientes delitos: a. Utilización ilícita de redes de comunicacionesart. 197 de la Ley 599 de 2000. Mediante el uso ilícito de un equipo de cómputo portátil externo -“VENTANLLA09”-, por parte de WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ, el cual fue vinculado al sistema de reparto de la Rama Judicial, se manipuló la base de datos “SARJ”, y luego se eliminaron los registros de esas actuaciones irregulares de la memoria “Bitácora”. Con esta acción se pretendía lograr que la demanda civil interpuesta por Hyundai Colombia Automotriz en contra de la compañía coreana Hyundai Motor Company fuera intencionalmente dirigida al despacho de REINALDO HUERTAS, en su condición de Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, quien hizo parte de una estructura criminal conformada por servidores de la Rama Judicial, ex servidores 1 Como así se verifica en el escrito de acusación, su adición y en la audiencia de formulación correspondiente (fls. 1-10, 49-70, 71-73 c. o. 1 Tribunal CD). 4

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS y particulares e incentivada por CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO para lograr una decisión judicial favorable a sus intereses. b. Acceso abusivo a un sistema informático -art. 269 A del Código Penal. Con el propósito de efectuar la asignación ilícita de la demanda al Juzgado Sexto Civil del Circuito, cuyo titular era el procesado, el usuario “wcasaam” asignado a WILMAR ANDREY CASAS MENDOZA para ingresar al

sistema de reparto de la Rama Judicial, fue utilizado por WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ sin estar facultado para ello. c. Daño informático -art. 269 D del Código Penal. Una vez realizada la manipulación respectiva al sistema de reparto se borraron los ingresos indebidos a la base de datos “SARJ”2, que habían sido almacenados en la memoria del sistema -“Bitácora”-. Respecto de los últimos dos punibles, se imputaron las agravantes de los numerales 1º y 2º del artículo 269 H ibídem al acusado, por tratarse de redes o sistemas informáticos o de las comunicaciones estatales u oficiales, y por la calidad de servidor público en ejercicio de sus funciones. d. Cohecho impropio -art. 406 de la Ley 599 de 2000. En el último trimestre de 2015, el acusado aceptó promesa remuneratoria luego de ser contactado por el empresario CARLOS MATTOS BARRERO, el abogado LUIS DAVID DURÁN ACUÑA y el oficial mayor DAGOBERTO RODRÍGUEZ 2 Sistema de Administración Reparto Judicial. 5

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS NIÑO. Como producto de ese ofrecimiento recibió dinero entre diciembre de 2015 y durante el año 2016 en diferentes pagos y escenarios a través de RODRÍGUEZ NIÑO y DURÁN ACUÑA en un monto del orden de 1100 a 1200 millones de pesos, para realizar actos propios de su cargo como juez de la República, tales como avocar el conocimiento de la

demanda interpuesta por MATTOS BARRERO contra Hyundai Motor Company el 29 de febrero de 2016, decretar la medida cautelar de prohibición de venta u otras actividades de comercio a favor de Hyundai Colombia Automotriz el 6 de abril de 2016, y decidir los recursos contra la misma manteniendo su vigencia, según lo acordado y planificado previamente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 3.1. La audiencia preparatoria se adelantó el 30 de noviembre de 20183, 11 de febrero4, 11 de marzo5, 10 y 24 de abril6, 6, 9, 14, 17 de mayo7, 14, 20, 25, 27 y 28 de junio8, 31 de julio9, 14, 16 y 20 de agosto10, 16 y 23 de octubre11, 25 y 28 de noviembre12, 12 y 13 de diciembre, todos de 201913, y 14 de febrero de 2020. En esta última, se leyó la decisión adoptada sobre las pretensiones probatorias postuladas por la Fiscalía y la defensa, en el sentido de: (i) negar la solicitud de 3 Fls. 98-99 c. o. 1 Tribunal CD. 4 Fl. 135 ibidem CD. 5 Fl 166 ib. CD. 6 Fls. 167-168 ib. CD. 7 Fls. 169-171, y 173 ib. CD. 8 Fls. 184-188 ib CD. 9 Fl. 195 ib CD. 10 Fls. 196-199 ib CD 11 Fl. 289 y 296 ib CD. 12 Fls 301 y 312 ib CD 13 Fls. 4-6 c. o. 2 Tribunal CD.

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS exclusión y rechazo formulada por la última; (ii) inadmitir algunas de las pruebas solicitadas por ambas partes; y, (ii) admitir las demás14. 3.2. En virtud del aislamiento preventivo dispuesto por las autoridades nacionales por la pandemia de Covid-19, se dispuso la interposición y sustentación de los recursos correspondientes por escrito y, en tal sentido, ambas partes presentaron recursos de reposición y apelación. Así, la defensa recurrió la decisión de admitir algunas de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la que negó la exclusión probatoria que había requerido. 3.3. La representación de las víctimas NEOCORP S.A.S y GLOBAL CAR WORLD S.A.S, que también ejercía la vocería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial15 – Rama Judicialpresentó recurso de reposición. Sin embargo, en sesión de audiencia preparatoria del 18 de agosto de 2020, renunció al reconocimiento de tal condición, manifestó el compromiso de aquellas de no constituirse nuevamente como intervinientes ni participar en la actuación. El Tribunal aceptó y las partes e intervinientes no presentaron recursos contra esta determinación. Por su parte, la defensa renunció al recurso de apelación interpuesto contra la decisión que reconoció a las aludidas empresas como víctimas, lo cual suscitó que esta Sala se 14 Fls. 9106 ib. 15 Fls. 107-110 ib. 7

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REINALDO HUERTAS abstuviera de resolverlo por carencia de objeto (CSJ AP, 9 sep. 2020, rad. 56804)16. 3.4. Con auto del 19 de agosto de 2020, el tribunal resolvió los recursos de reposición interpuestos, explicó la improcedencia de la apelación presentada por la defensa contra la decisión a través de la cual se admitieron pruebas a favor de la Fiscalía, y dispuso: Primero: Aclarar los numerales 1.12 y 1.13 del acápite de decisión del auto de 13 de febrero de 2019 proferido por esta corporación, en el entendido de, inadmitir el informe de auditoría de la Rama Judicial presentado por la ingeniera Luz Stella Morales Pérez y firmado por el Auditor General de la Rama Judicial José Luis Gómez Sarmiento, el cual no tiene anexos, igualmente, inadmitir los anexos de la denuncia efectuada por Yenny Andrea Barrios Barrera el 8 de marzo de 2016.

Segundo: En los aspectos que fueron objeto de los recursos de reposición, el referido proveído se mantiene en firme.

Tercero: Conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión que negó las solicitudes de exclusión y rechazo, deprecadas por el defensor del procesado (numeral 1.10.1 de la decisión atacada), en efecto suspensivo ante la Sala Penal de la

H. Corte Suprema de Justicia.

Cuarto: Conceder, en el efecto suspensivo, los recursos de apelación interpuestos en contra de la decisión que inadmitió las pruebas que fueron objeto de los recursos de reposición

interpuestos por los sujetos procesales.

Quinto: Negar el recurso de apelación planteado por la defensa de Reinaldo Huertas contra la decisión que admitió el uso y práctica de las pruebas solicitadas por la Fiscalía; contra esta última disposición procede el recurso de queja conforme el artículo 179 B y siguientes de la Ley 906, adicionado por el artículo 93 de la Ley 1395 de 2010.17 3.5. Una vez leída la decisión en sesión de audiencia preparatoria del 20 de agosto de 2020, las partes e intervinientes no manifestaron su oposición18. 16 Fls. 23-32 c. o. 1 Corte. 17 Fls. 143-184 c. o. 2 Tribunal 18 Fl. 185 ib.

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4. LA DECISIÓN RECURRIDA 4.1 En auto del 13 de febrero de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunció sobre las solicitudes probatorias de la delegada de la Fiscalía General de la Nación y del defensor del procesado. Para los efectos de esta decisión, sólo se relacionarán las que resultan necesarias para resolver el recurso de apelación. 4.1.1 Decisión del Tribunal con relación a la prueba inadmitida a la Fiscalía Frente a las pruebas 1.5., 1.9.3., 1.9.6., 1.15 y 1.1719, el Tribunal consideró que no fueron solicitadas en debida forma, y en ese sentido las inadmitió.

Para ello recordó que los informes de investigación

contienen información miscelánea con vocación probatoria, puesto que pueden reunir hechos conocidos en forma directa por los investigadores, esto es, los relacionados con labores realizadas y su representación en un documento; y otros, conseguidos en forma indirecta, como el contenido de una conversación oída o analizada, la declaración hecha por un 19 Análisis de llamadas entrantes y salientes del celular de Reinaldo Huertas, labor efectuada por la investigadora Diana Ximena Pérez Muñoz y plasmada por ella en el Informe de investigador de campo del 12 de octubre de 2016 (1.5); Informe de investigador de campo No. 11-235606 del 29 de agosto de 2018, firmado por el investigador José Eliécer Mora Cárdenas, referente a una prórroga en búsqueda selectiva en bases de datos (1.9.3); Informe de investigador de campo No. 11-233477 del 1 de agosto de 2018, firmado por el investigador José Eliécer Mora Cárdenas(1.9.6); Informe de investigador de campo del 6 de marzo de 2018 sobre la inspección judicial que se hizo al proceso 3025 y del que se obtuvo, entre otros, el informe presentado por José Eliécer Mora Cárdenas, correspondiente al análisis que este funcionario realizó a las comunicaciones telefónicas sostenidas entre los diversos miembros del plan criminal (1.15) y; Informe de investigador de campo No. 11-226339 del 24 de abril de 2018, suscrito por José Eliécer Mora Cárdenas(1.17). 9

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REINALDO HUERTAS tercero, el elemento material probatorio recaudado. Por ello, para su introducción a un juicio debía evaluarse la pertinencia y utilidad del documento como tal y de las declaraciones allí vertidas. Por lo anterior, en caso de considerarse relevantes las tareas investigativas, es el testimonio del investigador el medio por el que se lleva al juez el conocimiento lo percibido, siempre permitiendo su contradicción por las partes al someterse al interrogatorio cruzado. Indicó que, si lo importante es otro medio de conocimiento contenido en el informe, el investigador no podrá testificar sobre lo allí comprendido, ni sobre su existencia, porque para ello deberá hacerse la incorporación al juicio oral de las fuentes directas, conforme a la naturaleza de cada medio de prueba: testimonio, elemento material probatorio adjunto al reporte, etc. En tal circunstancia, los informes de los investigadores se consideran declaraciones hechas por fuera del juicio, que se inscriben en la prohibición general de aducir pruebas de referencia en el proceso penal, conforme lo establece el artículo 437 de la Ley 906 de 2004, a menos que se agote el procedimiento excepcional de admisión definido por el artículo 438 de la misma normatividad. Concluyó que los informes citados por asimilarse a declaraciones hechas fuera de juicio no debían admitirse porque su fuente en sí misma no tiene calidad de prueba. No obstante, autorizó que los informes fueran utilizados para refrescar memoria o impugnar credibilidad de quienes fueron 10

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REINALDO HUERTAS citados como testigos al juicio oral, para lo cual bastaría con que los referidos documentos hayan sido debidamente descubiertos a la contraparte. Sobre las pruebas periciales solicitadas 1.7.1., 1.7.2., 1.10., 1.10.1., 1.11. y 1.12.20, el Tribunal consideró que no todas las auditorías practicadas sobre un sistema de base de datos deben ser tratadas como prueba pericial. Estimó que, dentro del proceso penal, el perito debe ser designado por las partes acudiendo a los organismos públicos o privados que cuenten con personal calificado para cumplir con un análisis o investigación específica, mientras que el testigo experto a pesar de su cualificación especial, sigue siendo un testigo que percibe los hechos objeto de controversia u otros relacionados directa o indirectamente con aquellos. Para el caso concreto consideró, que quienes efectuaron la auditoría interna conforme al requerimiento del Consejo Superior de la Judicatura para la fecha de los hechos, tienen 20 Informe de auditoría interna UA 16-032 realizada al reparto del proceso 201600069 (1.7.1); informe de investigador de laboratorio 11-224149 de 15 de marzo de 2018, suscrito por Adolfo Hernando Vásquez, referente al análisis de la copia de la imagen forense del sistema de reparto de la rama judicial (1.7.2.); informe de investigador de campo del 4 de febrero de 2018, firmado por los investigadores Adolfo Hernando Vásquez Téllez y Jefferson Rolando Rojas Rodríguez -obtención de imagen forense del sistema de reparto de la rama judicial (1.10)-; Un CD marca Seagate que contiene la

imagen forense y logs del servidor de dominio HP PROLIAN G5 S/N:BRC710NOJN del reparto judicial de edificio Hernando Morales Molina(1.10.1); Informe de investigador de laboratorio 11-224149 del 15 de marzo de 2018, firmado por el investigador Adolfo Hernando Vásquez Téllez (1.11.); Informe de auditoría de la rama judicial presentado por la ingeniera Luz Stella Morales Pérez y rubricado por el Auditor General de la rama judicial José Luis Gómez Sarmiento (1.12). 11

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS la calidad de testigos expertos por ser empleados dependientes del Consejo Superior de la Judicatura, cuyas labores están asignadas de manera continua por la misma, y que en todo caso percibieron lo sucedido con el sistema de reparto. Así, por tratarse de testigos expertos, se excluye el tratamiento como prueba pericial, y por tanto la auditoría es inadmitida por el Tribunal. De otro lado, admitió incorporar la prueba 1.10.1 correspondiente a un disco duro de 500 gigabytes21 -GB-, marca Seagate que contiene la imagen forense y logs del servidor de dominio HP PROLIAN G5 S/N:BRC710NOJN del reparto judicial de edificio Hernando Morales Molina dada su pertinencia. Adicionalmente consideró que la base de datos del sistema de reparto de la Rama Judicial no contiene datos privados de las personas que ameriten un control previo para posibilitar su extracción por parte de la Fiscalía, y que en la audiencia preparatoria la judicatura únicamente conoce

aquello que las partes aseguran sobre los medios de conocimiento que pretenden emplear. Tal incorporación puede cumplirse hasta en el juicio oral y público, donde de cara a la autenticación o acreditación, compete a la parte interesada demostrar que el elemento es aquello que aseguró ser durante la vista 21 Según el Diccionario Histórico de la Lengua Española significa: “Unidad de medida de la capacidad de memoria o del tamaño de los datos equivalent e a 1024 megabytes (2 30 bytes). Símbolo: GB”. 12

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS preparatoria22 - garantizándose el principio de contradicción a la defensa (CSJ. AP4281-2019. Rad 55798, 2 de octubre de 2019). En ese sentido, el Tribunal admitió la prueba, pero advirtió que en el evento de que su contenido sea nuevo o distinto, se estudiará la viabilidad de su rechazo a solicitud de la parte interesada. 4.1.2 Decisión del Tribunal con relación a la prueba inadmitida a la defensa El a quo denegó las pruebas 3.14.1, 3.14.2., 3.14.3., 3.15.1., 3.15.2., 3.15.3., 3.15.4., 3.15.5., 3.15.6., 3.15.7., 3.15.8. y 3.15.9.23, 3.16., 3.17., 3.34., 3.44., 3.43., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., y 4.10.24, bajo los siguientes

argumentos: 22 Que aloja el mismo contenido almacenado en los otros dos dispositivos (los datos registrados por el sistema de reparto para 26, 28, 29 de febrero y 1º de marzo de 2016), con la adición de la información relacionada con los registros correspondientes a un periodo de 6 meses en el que se enmarcan esas fechas. 23 Pliego de cargos del 28 de agosto de 2017, (3.14.1); auto por el cual se decretó la nulidad del pliego de cargos de 20 de junio de 2018 (3.14.2.); pliego de cargos del 8 de marzo de 2019 (3.14.3.), todos ellos proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá dentro de actuación disciplinaria adelantada contra el acusado; oficio CSBTVJ16-3446 de 11 de octubre de 2016 dirigido al procesado requiriendo información sobre el trámite del proceso 2016-00269 (3.15.1.); informe de 18 de octubre de 2016 presentado por Reinaldo Huertas en virtud de lo anterior (3.15.2.); auto de 10 de noviembre de 2016, por medio del cual se decide no abrir vigilancia administrativa (3.15.3); oficio PSA16-3919 de 16 de noviembre de 2016 (3.15.4.); auto de 17 de noviembre de 2016, por el cual se da apertura al trámite de vigilancia administrativa al expediente (3.15.5.); acta de visita al juzgado de 21 de noviembre de 2016 (3.15.6.); informe de auditoría de octubre de 2016, suscrito por José Luis

Gómez Sarmiento (3.15.7.); informe técnico del el 29 de febrero de 2016, sobre el sistema de reparto, suscrito por José Fabio Rozo (3.15.8.); auto de 5 diciembre de 2016, por el cual se ordenó el archivo de la vigilancia administrativa (3.15.9.). 24 Expediente de tutela No. 201601414-00 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (3.16); copia del expediente de tutela No. 201601828-00 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (3.17); DVD con audios de audiencias preliminares realizadas por la Fiscalía que contiene audios, videos y actas de las audiencias (3.34); y fallo de tutela No. 2016-1414 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones de Dagoberto Rodríguez Niño (4.1.), Ramón Orlando Ramírez Cifuentes (4.2.), Carlos Arturo López Lara (4.3.), Wilmar Andrey Patiño Rodríguez (4.4.), Wilmar 13

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(i) Sobre las pruebas 3.14.1, 3.14.2., 3.14.3. y 3.15.4 relacionadas con piezas procesales de la actuación disciplinaria adelantada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá contra el acusado REINALDO HUERTAS, el Tribunal consideró que no se demostró la pertinencia, conducencia y

utilidad de los elementos de prueba requeridos. Para esa colegiatura, el motivo, origen, trámite y decisiones, “son inanes para la materia de controversia de este asunto penal”. (ii) Frente a las pruebas 3.14.1., 3.15.1., 3.15.2., 3.15.3., 3.15.4., 3.15.5., 3.15.9., 3.16., 3.17. y 3.43 relativas también al proceso disciplinario anteriormente anotado, al trámite de vigilancia administrativa que el Consejo Seccional adelantó al proceso civil conocido por el acusado, y a los expedientes de tutela 2016-01414-00 y 2016-01828-00, el a quo concluyó que no constituyen objeto de prueba en esta actuación, en tanto se trata de valoraciones realizadas por otros jueces sobre los hechos investigados. Indicó que independientemente de coincidir, discrepar o compartir los criterios de otras autoridades judiciales, incorporar tales pruebas al presente proceso penal atentaría contra la autonomía e independencia de la administración de justicia. (iii) Con relación a las pruebas 3.15.2., 3.15.6., 3.15.7. y 3.15.8, el Tribunal expuso que las labores realizadas por Andrey Casas Mendoza (4.5.), Edwin Fabián Macías Castañeda (4.6.), Edwin Enrique Angulo Martínez (4.7.), Yenny Andrea Barrios Barrera (4.8) y Luis David Durán Acuña (4.10). 14

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REINALDO HUERTAS los investigadores y la información que brinden, deben ser introducidas al juicio mediante sus testimonios si fueron de su conocimiento personal y directo, pues lo percibido indirectamente requiere ser transmitido por la fuente original. Toda información que suministren previa al juicio, y a la que hayan accedido a través de terceros, sin importar su contenedor – documento, entrevista, video, audio, etc.- se constituye en prueba de referencia que mantiene la prohibición general de ser aducida al proceso, salvo causales excepcionales, las cuales no han sido demostradas en el caso concreto. De otra parte, el uso de un documento para refrescar memoria o impugnar credibilidad conforme lo establece el artículo 392 de la Ley 906 de 2004, no es un asunto que deba solicitarse en la audiencia preparatoria. iv) Con relación a la prueba 3.34 o DVD con información sobre audiencias preliminares realizadas por la Fiscalía que contiene audios, videos y actas, el Tribunal consideró que su pertinencia y utilidad feneció con la solicitud de exclusión y subsidiaria, de rechazo. v) Sobre la prueba 3.44, un concepto jurídico emitido en el proceso civil por el abogado JAIRO PARRA QUIJANO, el a quo concluyó que el derecho vigente y su interpretación no puede ser objeto de prueba. En virtud del principio de integración reglado en el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, se aplican los artículos 226 del Código General del Proceso y 236 del Código de Procedimiento Civil, 15

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según los cuales no serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho. vi) Respecto de las pruebas testimoniales de interés común 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., y 4.10., no se cumplió con el deber argumentativo de pertinencia, conducencia y utilidad por parte de la defensa. No obstante, el Tribunal adujo que podría abordar el tema de su interés con el uso del contrainterrogatorio. vii) El Tribunal denegó la solicitud de exclusión y subsidiario rechazo25 elevada por la defensa porque en su criterio la obtención de la imagen forense del sistema de reparto de la Rama Judicial no afectó derecho fundamental alguno. No se trata de una base de datos personales en la que se consigne información privada que no pueda divulgarse sin previa orden judicial, sino un mecanismo de sorteo de procesos dirigido a dar mayor transparencia e imparcialidad a la administración de justicia. 25 Versó sobre las siguientes pruebas: i) la inspección al radicado terminado en 2016-03025, incluida en el informe de 5 de junio de 2018, firmada por David Alexander Ramírez, en la que se contienen unas peticiones, puntualiza la del numeral 12: informe de investigador de campo de 4 de febrero de 2018 firmado por los investigadores Adolfo Hernando Vásquez Téllez y Jefferson Rolando Rojas Rodríguez referente a la obtención de la imagen forense (disco duro de 500 GB) del sistema de reparto de la rama judicial; ii) obtención de

imagen forense del sistema de reparto de la Rama Judicial de 4 de febrero de 2018 incluida en el informe de investigador de ese mismo día, firmado por los investigadores Adolfo Hernando Vásquez Téllez y Jefferson Rolando Rojas, con el cual se anexa un disco duro marca SEAGATE que contiene la imagen forense y block del servidor de dominio del servidor HPPROLIANG5S/N: BRC710NOJN del reparto judicial (disco duro de 500 GB ZA41T1F6); iii) análisis de la imagen forense de 15 de marzo de 2018 de Adolfo Hernando Vásquez Téllez que corresponde a ese informe de investigador de laboratorio número 11224149 de 15 de marzo de 2018, sin anexos. 16

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Segunda instancia n.º 58087 REINALDO HUERTAS Si bien se consignan datos como nombre, identificación y lugar de ubicación, ello no es equiparable a una base de datos personal con reserva judicial, así esa información esté sistematizada (CSJ AP, 7 dic. 2011. Rad 37432). Adicionalmente, con relación al disco duro de 500 GB cuya exclusión se reclamaba, el a quo recordó que el descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o puesta en disposición real y efectiva de los medios probatorios, aún sin la exhibición de las evidencias y los elementos materiales probatorios, bien porque la contraparte ya los conoce, o no hace manifiesto ningún interés. Incluso, el descubrimiento no necesariamente se cumple en un solo acto y de una sola manera, lo relevante es la garantía del principio de contradicción (CSJ AP, 21 feb.

2017 Rad. 25920). En virtud de lo anterior, el Tribunal admitió la información contenida en el dispositivo electrónico anunciado, bajo la condición de que el ente acusador lo develara a la defensa, y ésta última estableciera si efectivamente es una reproducción electrónica idéntica a la que ya conoce. En ese caso, no habría ninguna sorpresa porque tan solo se trataría de otro contenedor de la misma prueba, lo que descartaría afrenta alguna al derecho de defensa y al descubrimiento probatorio. Sólo a solicitud de parte y en caso de variar el contenido se estudiaría la viabilidad del rechazo. 17

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Segunda instancia n.º 58087

REINALDO HUERTAS

5. LOS RECURSOS 5.1 Apelación de la Fiscalía General de la Nación Sobre la inadmisión de las pruebas 1.5., 1.9.3., 1.9.6., 1.15. y 1.17., correspondientes a los informes de análisis link realizados por los servidores de policía judicial DIANA XIMENA PÉREZ MUÑOZ y JOSÉ ELIÉCER MORA CÁRDENAS, el recurrente sostuvo que el informe suscrito por la investigadora PÉREZ si goza de pertinencia por referirse a un estudio en el que se consignó y analizó el registro de llamadas del abonado telefónico de REINALDO HUERTAS, y se comparó con los

teléfonos aportados en distintos actos de investigación. Según el delegado del ente investigador, tal documento busca establecer las personas con las cuales el acusado sostuvo

comunicaciones al momento de manipular el reparto para efectos de la asignación del proceso a su despacho, y de decretar la medida cautelar. Respecto a los informes rendidos por el investigador MORA CÁRDENAS, considera que son pertinentes ya que contienen las comunicaciones entre los involucrados, motivo por el que aboga por el decreto de la prueba. En este punto, advierte no perder de vista que, al tratarse de una relación de información que implica una comparación de números y coorde